Le Monde Décrypte apunta a que el caso que ha perjudicado a la Banca Privada d’Andorra cuestiona «la independencia del poder judicial y la separación de poderes en Andorra»
Cada vez hay más evidencias de las maniobras que se cometieron con el hundimiento de la Banca Privada d’Andorra (BPA): los tejemanejes que realizó la policía patriótica española revelados por los audios exclusivos de FUENTES INFORMADAS que han propiciado la imputación en Andorra del expresidente Mariano Rajoy o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por dirigir la vía andorrana de la ‘Operación Cataluña’. Una trama maquiavélica contra ese banco desarrollada entre 2012 y 2016 -supuestamente financiada por Juan Carlos I, según se desprende de los audios del comisario José Manuel Villarejo- para hacer descarrilar al independentismo catalán. Y más hechos que faltan por desvelar, los cuales se irán alumbrando a lo largo de dicho procedimiento judicial.

Pero ahora es un prestigioso instituto de investigación francés, Le Monde Décrypté, un laboratorio de ideas, quien refrenda esas tesis. El ‘caso BPA’, según este instituto de investigación, «refleja la debilidad del Estado de derecho en Andorra y la vulnerabilidad de los inversores en el país que, con una baja fiscalidad, tienen pocos medios para protegerse de una injerencia política injusta».

Después de denunciar el encarcelamiento del antiguo CEO del banco, Joan Pau Miquel, que ha durado casi dos años, se focaliza en el anormal funcionamiento de la Justicia andorrana. Insiste en «la lentitud» de ese procedimiento judicial que pone en cuestión la independencia del poder judicial y la separación de poderes en Andorra, un elemento esencial para todo país dotado de un sólido Estado de derecho.

Le Monde Décrypté (El Mundo Desencriptado) es un importante grupo de pensamiento y de influencia francés que dirige el politólogo y experto en geopolítica Gérard Vespierre. Este think tank colabora habitualmente con las instituciones europeas y elabora informes sobre la actualidad política y económica de todo el mundo, en especial en cuanto a los sectores estratégicos (energía, finanzas, armamento o conflictos).

Vespierre es el fundador de la consultora Strategic Conseils, un profesional designado por el Consejo Económico y Social europeo y colaborador habitual de los diarios Le Monde y La Tribune. La última publicación de Le Monde Décrypté se titula ‘El Estado de Derecho en el coro de Europa: como Andorra, Mónaco y Liechtenstein han vulnerado los valores de la UE’, del que se ha hecho eco el diario andorrano La Valira.

El prestigio intelectual de Vespierre avala el estudio
El informe tiene relevancia porque no se trata de cualquier persona y además está respaldado por los hechos acreditados que se han ido conociendo. El prestigio del politólogo que encabeza el think tank avala que sus análisis sean valorados por las élites europeas. Por eso, las reflexiones que hace sobre Andorra y, en concreto, sobre el caso que afecta a la BPA son una llamada de atención muy seria por la gravedad que implica para las autoridades políticas y judiciales del principado.

En este documento, Vespierre comienza construyendo un marco general para luego avanzar hacia el relato de cómo se dinamitó la BPA: la creciente e irreversible pérdida de influencia de Europa en el actual y futuro contexto económico y geopolítico mundial. Sin embargo, pone de manifiesto su liderazgo democrático. «Uno de los terrenos en los cuales Europa continuará teniendo una influencia significativa es el de la primacía del derecho. Según el Consejo de Europa, el Estado de derecho es uno de los ‘principios que constituyen el cimiento de toda democracia verdadera’». Lo considera como «el cimiento de los derechos del hombre» ya que «garantiza la responsabilidad y la transparencia, el acceso a tribunales independientes e imparciales y la no discriminación ante la ley» de ninguna índole ni razón.

«Atendida la dimensión de sus sectores bancario y financiero, estas tres naciones tienen una influencia considerable sobre los mercados financieros europeos, aunque no sean miembros de la UE. El informe demuestra que estos micro-Estados [Andorra, Mónaco y Liechtenstein], con una baja fiscalidad y poco reglamentados, han servido de marco a numerosos escándalos bancarios y políticos«. Según expone el informe, estos affaires «han perturbado la estabilidad financiera de Europa» y han vulnerado gravemente la reputación de la UE, en cuanto que referente del Estado de derecho.

«El aviso del FinCEN fue desafortunado»
Pues bien, el instituto de investigación se ha pronunciado sobre la intervención y confiscación de la BPA. «En 2015, el Tesoro americano (FinCEN) publicó un aviso señalando a la BPA como una institución financiera extranjera que suscitaba una preocupación mayor en materia de blanqueo de dinero. Las autoridades andorranas reaccionaron cogiendo el control de los activos del banco, a pesar de la preocupación de los accionistas de la entidad, que consideraban que este aviso era desafortunado«, comienza señalando el informe.

Efectivamente, lo que desencadenó la reacción del FBI fue la campaña de bulos y mentiras que puso en marcha el Gobierno español para persuadir al Ejecutivo de Estados Unidos, por medio del FBI, de que en Andorra, en general, se lavaba dinero de ciudadanos venezolanos y rusos. Algo que posteriormente se reveló como falso, pero que tenía la intención de que el organismo adscrito al Tesoro estadounidense difundiese ese notice dando la voz de alarma para la intervención de la BPA. De hecho, tal y como se hacía eco este medio, hace meses un guardia civil se ha atribuido la intervención del FinCEN contra la entidad bancaria andorrana.

«Después, el FinCEN retiró su notificación y los tribunales españoles exoneraron BPA de todo delito. Muchas informaciones han afirmado que la intervención del banco fue el resultado de un conflicto político entre España y Cataluña«, prosigue. No se equivoca el think tank francés. Se trataba de una operación de desprestigio hacia la entidad que no se correspondía con la realidad y que le trajo innumerables perjuicios económicos que le han conducido a la quiebra. De hecho, arrastra más de 500 millones en pérdidas y solo en lo que respecta a la propia BPA. El Banco de Madrid, su filial, también resultó perjudicado; pero esta vez por la intervención del Gobierno español, lo que tuvo aparejado otro montante millonario de pérdidas.

Hace unos meses, gracias a los audios y las publicaciones de FUENTES INFORMADAS que sugerían la implicación de Rajoy y Fernández Díaz, la jueza de Andorra Stéphanie Garcia reactivó una querella de accionistas de la BPA por seis delitos y decidió imputarles. Aparte de ellos, figuran como investigados Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, e Ignacio Cosidó, el antiguo director general de la Policía. Este último prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre ellos, unos 3.000 catalanes, tenían en el AndBank de Andorra, la entidad rival de la BPA. El motivo: había sospechas de que entre ellas figuraba una «del emérito» (don Juan Carlos I), conforme explica Villarejo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en otro audio divulgado en exclusiva por FUENTES INFORMADAS.

El papel de don Juan Carlos en la rama andorrana de la ‘Operación Cataluña’ destinada a frenar el independentismo sino que el comisario Villarejo, no imputado en la causa abierta en Andorra pero conocedor de la situación por su paso por los servicios de Inteligencia policiales, sugiere en una conversación con la presentadora Ana Rosa Quintana -divulgada hace unos meses por este periódico- que el emérito «pagó de su bolsillo» parte de la información antisecesionista en el principado. Y que todo se debía a un motivo lucrativo.

Casi 1.000 millones de euros les ha costado a los andorranos
Pero el caso particular del desfalco que ha hecho saltar por los aires a la BPA, según el citado informe, «ilustra cómo el no respeto al Estado de derecho y la carencia de un procedimiento regular en la reglamentación bancaria pueden poner en peligro emprendidas privadas y particulares». Asimismo, da cuenta igualmente de «la capacidad de los Estados Unidos para intervenir en el sistema bancario europeo antes de toda implicación de una institución europea».

Le Monde Décrypté también apunta que «la incapacidad de Andorra de hacer respetar el Estado de Derecho ha permitido» que estas maniobras se produzcan, máxime cuando a la postre han lastrado a uno de los bancos más solventes de Europa en términos económicos antes de la intervención del Gobierno andorrano.

Y es que el Gobierno de Andorra también aprovechó la situación cuando intervino la BPA. A su vez, el Gobierno de Rajoy intervino el Banco de Madrid, filial de la BPA, cumpliendo así la amenaza (escuchar los audios publicados en exclusiva por FUENTES INFORMADAS) de la brigada patriótica de que la BPA y el Banco de Madrid tendrían serios problemas si no les daban las cuentas de los independentistas catalanes, que en realidad no estaban en esta entidad sino en la rival, Andbank. Pero esta última entidad, sin embargo, evitó la intervención gracias a las conexiones de algunos directivos con el Gobierno del Principado.

El estudio zanja que «teniendo en cuenta las pérdidas sufridas por el Estado y las denuncias puestas contra el Gobierno, el affaire tendría que costar más de 996,4 millones a Andorra, es decir, 12.500 euros por habitante«.

Fuente: https://fuentesinformadas.com/

Anula su resolución anterior, que le daba la razón, pero rechazaba su recurso al entender ya devuelta la comisión rogatoria
El tribunal sostiene ahora que ignora el estado de la petición de ayuda internacional y que, por tanto, puede impugnarse

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la resolución que dictó hace unas semanas en la que rechazaba el recurso del expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, pero a la vez le daba la razón, en el contencioso que ha iniciado para oponerse a la comisión rogatoria cursada por Andorra para comunicarle su imputación por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes, como los Pujol, el expresidente de la Generlitat Artur Mas y el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, en lo que parece formar parte de la «Operación Cataluña».

En sendas resoluciones, una por Rajoy y otra para su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también imputado en el mismo procedimiento en el principado, la Audiencia explica que cometió un error al dar por hecho que ya había sido devuelta a Andorra la comisión rogatoria que había enviado a España para comunicar a ambos y a su compañero del Consejo de Ministros Jorge Fernández Díaz la querella presentada en su contra.

Como ignora el estado en que se encuentra la solicitud de ayuda internacional, es decir, si sigue todavía en los ministerios que participan en su tramitación, los de Justicia y Asuntos Exteriores, o ya se ha devuelto a Andorra y no puede ser paralizada, procede a corregirse para permitir a ambos personarse en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, al que correspondió la tramitación e impugnarla, para oponerse así a su imputación por los delitos de los de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión coacciones a órganos constitucionales y documento falso.

Querella política
De esta forma, que si efectivamente aún no se ha devuelto a Andorra, los dos podrán oponerse a la tramitación de la comisión rogatoria con los argumentos que esgrimen, entre los que figuran la falta de jurisdicción de los tribunales andorranos para perseguirles, el interés político de la querella interpuesta y el grave daño a su imagen que supone dar simplemente curso a la reclamación.

Los tres miembros del último Ejecutivo del PP también solicitaron, finalmente sin éxito, la paralización de la comisión rogatoria a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la intención de frenar la devolución a Andorra de la documentación presentada.

La justicia andorrana admitió a trámite en 2019 una querella contra el expresidente y los dos exministros en la causa en la que investiga a varios policías por supuestas presiones al BPA.

Fuente: www.elperiodico.com

ortazo de la justicia al expresidente del PP Mariano Rajoy. La sección sexta de la sala del contencioso-administrativo del TSJ de Madrid ha acordado levantar la medida cautelarísima, y, por lo tanto, deniega la medida cautelar de suspensión de la ejecución para dar curso a la comisión rogatoria internacional, solicitada por la Batllia de Andorra, en la derivada de la Operación Catalunya en Andorra, según ha informado el tribunal este miércoles. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había parado de forma cautelar que un juzgado de Madrid informara a Rajoy y al exministro Jorge Fernández Díaz, que eran investigados en Andorra y que se personen con abogado, porque alegaron vulneración de derechos fundamentales, pero ahora el tribunal lo ha desestimado. En la resolución, el tribunal afirma que las argumentaciones hechas por Rajoy son “invocaciones genéricas e inconsistentes” y por eso le deniega frenar de forma cautelar la comisión rogatoria, a pesar de que avanza que el fondo del recurso lo desarrollará en la sentencia, que tiene que dictar ahora.

La comisión rogatoria de Andorra
El junio pasado, la batlle de la sección especializada 2 de Andorra, Stephanie García, citó a declarar como querellados el expresidente del gobierno español del PP Mariano Rajoy, los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de miembros de la antigua cúpula de Interior por la Operación Cataluña, tal como le había solicitado el noviembre de 2021 el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y Drets, que ejercen la acusación popular, en este procedimiento iniciado por los exdirectivos de la Banca Privada de Andorra (BPA). Se acusa a Rajoy y los ministros de presionar el gobierno andorrano para favorecer la caída de la BPA, mientras policías españoles pedían a directivos de la BPA información de la familia Pujol, de Artur Mas y de Oriol Junqueras.

A través del convenio internacional de cooperación de 1959, el Ministerio de Justicia español recibió esta solicitud de cooperación andorrana para que se informara a Rajoy, los exministros y agentes de la policía que eran querellados en Andorra, y que designaran abogado en este país vecino. Nada más por ahora. Rajoy y Fernández Díaz lo han querido bloquear por miedo que el próximo paso sea la petición de extradición si no quieren ir voluntariamente a Andorra. Las declaraciones del comisario jubilado Manuel Villarejo permitieron reactivar la investigación contra el gobierno del PP.

Los argumentos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía
En la resolución, el TSJ de Madrid expone que la Abogacía del Estado era contraria a la petición de Rajoy al asegurar que su recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Cooperación del Ministerio de Justicia del 15 de junio pasado, “no es recurrible porque no es un acto administrativo”, como ya le comunicó, además de ser “un acto de trámite”. La Fiscalía también se mostró contraria a parar la colaboración con Andorra, asegurando que Rajoy y Fernández Díaz alegaron la vulneración de derechos fundamentales, pero que en realidad lo que quería es ir contra la resolución del juzgado de instrucción 32 de Madrid y de la Audiencia de Madrid que le denegaban parar la comisión rogatoria, al sostener que era un acto de trámite.

Ahora, el tribunal de Madrid considera que Rajoy no ha desarrollado bastante la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva y de igualdad de derechos, que ha alegado para frenar la investigación andorrana. También precisa que denegar la comisión rogatoria en Andorra puede ser “perturbador” dadas las consecuencias de reciprocidad entre Estados que se deriva del convenio del Consejo de Europa de Asistencia Judicial Penal de 1959.

Los dos policías con protección diplomática
En sus argumentos, Rajoy había expuesto que el gobierno español había denegado que dos agentes de la policía española declararan en el procedimiento de Andorra porque tienen “protección diplomática”. El tribunal informa, pero, que en el expediente “no hay actuación diferenciada respecto a estos policías” y por hechos iguales o similares. Es decir, Rajoy “no ha aportado pruebas ni indicios” y por ahora el TSJC de Madrid le deniega frenar el envío de la respuesta a Andorra, a pesar de que hay pendiente la sentencia sobre su posicionamiento de fondo.

La família Cierco ha interposat una demanda davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola contra la decisió del supervisor d’intervenir la filial de l’entitat bancària andorrana

“Tots els procediments judicials i administratius iniciats en relació amb el presumpte incompliment d’obligacions en matèria de blanqueig  de capitals per Banco Madrid  (que va ser la causa motivadora de la intervenció de l’entitat) han conclòs sense declarar l’existència de cap il·lícit per part dels seus administradors.” Aquesta és la premissa de base a partir de la qual els propietaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització i en virtut d’això, propietaris també del 75% de Banco Madrid, reclamen a l’Estat espanyol 141 milions d’euros pels danys i perjudicis soferts.

La reclamació es concreta en una demanda interposada aquest dimarts davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola. La demanda és la resposta -l’apel·lació- a la decisió del Banc d’Espanya de desestimar la petició que inicialment va fer la família Cierco en via administrativa. L’òrgan supervisor del sistema bancari espanyol va negar la reclamació dels antics propietaris de BPA al·legant, simplement, que havia prescrit l’acció. És a dir, que la petició d’indemnització s’havia formulat fora de temps.

Banc d’Espanya en cap cas va qüestionar el fet que la família Cierco al·legui que la intervenció va ser una decisió irracional i il·lògica ni entra a valorar, tampoc, ni per bé ni per mal, la quantificació que es fa de l’empresa. Simplement, va desestimar la pretensió dels reclamants dient que havia transcorregut més d’un any des de la causació del dany suposat, que estima que hauria estat la intervenció del març del 2015. La petició es va formular ben entrat el 2020. I en la demanda ara interposada davant l’Audiència nacional espanyola, de prop de 150 pàgines, es deixa clar que no hi pot haver prescripció de l’acció perquè hi havia un procés penal obert íntimament lligat a la suposada responsabilitat dels administradors.

MOTIVACIÓ

En efecte, com s’ha dit, és el fet que s’hagin tancat a Espanya tots els processos vinculats a Banco Madrid sense cap retret ni administratiu ni penal que ha portat ara els antics propietaris de BPA i la seva filial espanyola a impulsar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Estat perquè, com es recorda en el cos de la demanda presentada, la intervenció de Banco Madrid en cap moment es va deure per problemes de liquiditat o de solvència de l’entitat. Únicament i exclusivament es va acordar intervenir el banc per suposats incompliments en matèria de prevenció de blanqueig. I els tribunals i els òrgans administratius han determinat quatre i sis anys després que això no va ser així.

La querella criminal interposada al seu dia contra els administradors de Banco Madrid finalment va ser sobreseïda pels tribunals. També es deixa constància que més recentment, l’òrgan de supervisió de les polítiques de prevenció de blanqueig de les entitats financeres a Espanya, el Sepblac, ha arxivat l’expedient que va obrir al seu dia. En tots dos casos sense cap retret al banc intervingut.

La demanda remarca que la querella criminal interposada al seu dia contra els administradors de Banco Madrid finalment va ser arxivada pels tribunals. També es deixa constància que més recentment, l’òrgan de supervisió de les polítiques de prevenció de blanqueig de les entitats financeres a Espanya, el Sepblac, ha arxivat l’expedient que va obrir al seu dia, abans fins i tot de la intervenció de la filial de BPA, determinant que no només no hi va haver blanqueig sinó que Banco Madrid havia reforçat els sistemes de control des que BPA havia adquirit l’empresa a la Kutxa.

Més encara, es recorda en l’escrit que els problemes de liquiditat i la sortida massiva de capital de Banco Madrid es va deure, justament, pel fet que el Banc d’Espanya decidís intervenir de forma precipitada l’entitat madrilenya, una de les que millor comportament tenia el 2015 a l’Estat espanyol en matèria de banca privada, atès que la decisió del regulador, fent seguidisme de les decisions adoptades pel Govern d’Andorra, va comportar una onada de pànic de totes totes injustificada per la realitat de la societat bancària. De fet, com que al final Banco Madrid es va haver de sotmetre a un procés concursal, els seus administradors van acabar determinant que la fallida de l’entitat va ser deguda per causes fortuïtes i, en cap cas, per decisions lesives que al seu dia haguessin pogut adoptar els responsables del banc sota la tutela de BPA.

És arran de tot això i molt més, que els antics propietaris del banc formulen la reclamació, deixant clar des del punt de vista jurídic, que en cap cas pot operar la prescripció de l’acció. De la petició d’indemnització. I assegurant també que Banc d’Espanya tenia l’obligació -i també els mecanismes- per haver procedit d’una forma diferent a la de la intervenció, ja que s’ha d’actuar sempre seguint el principi de menys lesivitat possible i no es va aplicar aquest comportament sinó que es va tirar pel dret com van fer també les autoritats andorranes.

DOBLE RASER

Amb tot, hi ha una clara diferència entre la visió i el procediment que s’està duent a terme a Espanya i a Andorra. Demandes de reclamació administrativa al marge, és evident que ni els organismes jurisdiccionals de l’Estat espanyol ni les autoritats administratives han acabat condemnant cap responsable de Banco Madrid, que s’havia de cenyir a uns controls molts més estrictes que la pròpia BPA per la simple lògica de la jurisdicció legal i la plaça financera on operava, i respecte dels mecanismes de prevenció de blanqueig del qual tant els tribunals com el Sepblac han acabat concloent que hi eren i que funcionaven.

La causa Emperador, per a la qual, a Espanya, amb una instrucció iniciada el 2012, encara no hi ha data de judici, en certa manera s’està jutjant al Principat on entre el 2008 i el 2011 el delicte fiscal no estava tipificat

En canvi, a Andorra, els mateixos gestors, amb el mateix model de prevenció i de govern corporatiu, i auditats històricament per companyies de la seriositat de KPMG i Deloitte, i supervisat pel regulador andorrà (INAF primer, AFA en l’actualitat), continuen sent jutjats sota l’acusació del fiscal i del propi Govern d’Andorra per uns fets vinculats a la causa Emperador, per a la qual, a Espanya, amb una instrucció iniciada el 2012, encara no hi ha data de judici i que, en canvi, en certa manera, s’està jutjant al Principat.

I això que la immensa majoria de les resolucions fermes dictades fins ara en el marc de l’esmentada causa Emperador a l’Estat espanyol s’evidencia que rere els basars xinesos que, per tant, mantenien una activitat comercial certa, l’únic que hi havia era una elevada defraudació a la hisenda espanyola. Els moviments dineraris que es van fer a BPA al tomb de l’empresari Rafael Pallardó es van produir entre el 2008 i el 2011, quan al delicte fiscal entès com s’entén majoritàriament no estava tipificat al Principat.

Amb tot, i encara que sigui rellevant, el que queda és determinar la quantitat de la indemnització, que el Banc d’Espanya en cap cas va discutir. En aquest sentit, segons recull la demanda, la valoració de l’entitat, tenint en compte el seu valor net comptable (129,498 milions d’euros) estimada pel mètode de múltiples, ascendeix, segons els demandants, a 267,855 milions d’euros. En base a tot plegat, i en funció de càlculs diversos i els nivells de participació accionarial, els perits acaben concloent que la quantitat conjunta que hauria d’indemnitzar Banc d’Espanya és de 141.604.000 euros més els interessos legals corresponents.

Font: altaveu.com

La entidad tendrá que devolver 380.000€ más intereses

La sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a un preferentista de Banca Privada de Andorra (BPA) que llevó a la justicia la entidad por unas acciones que compró el julio del 2011. El Superior ha desestimado el recurso presentado por el banco, intervenido a raíz de la nota de la FinCEN de marzo del 2015, contra la decisión del Tribunal de Alcaldes de agosto del año pasado de estimar la demanda del preferentista, y dar lugar a la nulidad de los contratos de adquisición de las participaciones por carencia de información clara y suficiente y adaptada al perfil del demandante por unos importes de 300.000 y 80.000 euros. La sentencia condenaba a BPA a reintegrar la inversión enmendada, incrementada con el ineterés legal desde la fecha en la que se realizó este cargo, julio de 2011, y disminuida de las cantidades que por dividendos o intereses se hubieran cobrado.

BPA, a través del AREB, presentó en enero pasado un recurso a la sala civil del Tribunal Superior de Justicia contra esta decisión donde se pedía la revocación de la sentencia y que se desestimase íntegramente la demanda interpuesta por el preferentista.

Los magistrados, para desestimar el recurso y confirmar la sentencia de la Batllia, recuerdan que el objeto esencial se centra en saber si la entidad defendiendo incurrió en alguna negligencia informativa respecto al producto que ofreció a su cliente antes de su contratación. La sentencia señala que no se trataba de un cliente profesional, que no se sabe que información recibió de BPA porque ni se ha propuesto la prueba e confesión ni se ha escuchado como testimonio a ningún empleado de la entidad, que no se le hizo ningún test de adecuación y que a pesar que le hicieron dos de idoneidad, el banco no tubo en cuenta que el cliente indicó que buscaba un horizonte temporal de liquidez de 1 a 3 años, que quería obtener alguna rentabilidad aunque asumiera algún tipo de riesgo, que tenía estudios medios y que no tenía, ni tiene una profesión vinculada al sistema financiero, asegurador o similar en el último año.

Recuerdan, en el momento de valorar la prueba, «que esta sala ha establecido una doctrina, contenida en varias sentencias, según la cual el deber de información y comunicación que corresponde a las entidades financieras hacia sus clientes, aun no estar previsto explícitamente en el contrato, se justifica en el deber de buena fe o de equidad. Esto significa que «hacia falta dejar constancia de los riesgos de las acciones preferentes que son especialmente elevados porque ponen en riesgo el capital invertido, algo que aleja a los inversores conservadores». de haberlo hecho, se «tenía que dejar constancia escrito»

 

Fuente: DiariAndorra

 

 

L’Alt tribunal analitzarà si es pot tolerar la implementació retroactiva de la normativa, els greuges que comporta i si s’ajusta a Dret que l’AREB no faciliti informació escudant-se en la confidencialitat

El Tribunal Constitucional (TC) analitzarà si alguns dels preceptes de la denominada ‘llei BPA’ i, especialment, l’aplicació que n’ha fet l’Agència estatal de Resolució de les Entitats Bancàries (AREB) s’ajusten al dret constitucional vigent al Principat. L’Alt tribunal estudiarà, entre altres, si les decisions que la normativa avala de manera retroactiva, les diferències patrimonials que acaba establint entre els accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) i la reiterada negació d’informació s’ajusten a dret.

El TC ha admès recentment un recurs d’empara presentat pels germans Higini i Ramon Cierco, màxims accionistes de BPA fins a la seva nacionalització, en què es posen de manifest tot un seguit de greuges que ara el tribunal passarà a examinar. El recurs d’empara té a veure amb la petició que els ara recurrents van fer fa més de dos anys a l’AREB per tal que els facilités un seguit de documentació i informació sobre el procés d’intervenció i nacionalització de BPA per poder-se defensar.

L’AREB s’hi va negar en rodó aferrant-se a la presumpta confidencialitat que, teòricament, la llei 8/2015 més coneguda com ‘llei BPA’ o ‘llei de l’AREB’, avala. La Batllia, però, va donar la raó posteriorment als germans Cierco i obligava a l’agència estatal a lliurar tot un seguit d’informació que no afectés a tercers. Més tard, la sala administrativa del Tribunal Superior va tornar a emparar els arguments que havia posat sobre la taula l’organisme dirigit per Albert Hinojosa.

Ara li tocarà al Tribunal Constitucional pronunciar-se. I haurà d’avaluar si la ‘llei BPA’ vulnera diversos principis o drets constitucionals com, per exemple, la seguretat jurídica i la no retroactivitat o l’arbitrarietat i, també, si es vulnera el dret a defensa dels recurrents i el dret a la igualtat d’armes. En certa manera, el recurs admès pel TC es divideix en tres grans blocs: la retroactivitat amb què s’ha estat aplicant la norma; el greuge patrimonial que ha suposat als recurrents i que, en canvi, salva de tot els accionistes minoritaris de BPA; i la manca d’informació.

Elements a ‘mirar’

El TC haurà d’avaluar, per exemple, si una llei aprovada 23 dies després de la intervenció de BPA és normal que avali, per se, tot un seguit de decisions adoptades amb anterioritat i que, la norma, estableixi sí o sí, com adequades tot i no estar previstes amb anterioritat a l’ordenament jurídic. O si és normal que una llei que suposadament pretén ser la transposició d’una directiva europea arran de l’Acord monetari, s’ha d’acabar dissenyant per al cas concret de la intervenció d’una entitat bancària.

L’Alt tribunal també haurà d’analitzar si s’adequa a la Constitució que sense preveure-ho altres lleis generals com la relativa a les fallides, la ‘llei BPA’ estableixi un instrument de recapitalització que, a més, imposa càrregues només als accionistes majoritaris d’una societat, i clarament, de BPA i, en canvi, en deixa fora d’altres socis, amb una forquilla que en cap cas havia previst mai Europa. La directiva comunitària, alhora, deixa clar que la informació s’ha de facilitar amb escreix a les persones -físiques o jurídiques- concernides, com considerarien els recurrents que són. I que no hi ha confidencialitat que valgui quan ets afectat en un procés.

Font: www.altaveu.com

Benvolguts clients,

Mitjançant el present ens complau informar-li sobre la recent sentència emesa pels Tribunals Andorrans, condemnant a la Banca Privada d’Andorra (BPA) a la restitució de les inversions que nostre representat va invertir en accions preferents del banc, estimant que el consentiment prestat pel client estava viciat atès que no tenia el perfil inversor adequat per a l’adquisició d’aquest producte de risc, i per tant declara la nul·litat del contracte de compravenda d’accions preferents i l’obligació de l’entitat comercializadora de restituir el capital invertit més interessos més comissions de custòdia, altres despeses i condemnant en costes a la mateixa.

Com a novetat d’aquesta resolució judicial, destacar que acorda com data inici del període de prescripció per a la reclamació de la inversió, la data en què el AREB va adoptar l’acord d’amortització de les preferents, el 21 d’abril del 2016. Això ens permet concloure que els clients que van adquirir el producte d’inversió de risc i el seu perfil no era l’adequat per a la compra del mateix (clients minoristes, sense experiència financera…), mantenen visqui la possibilitat d’exercir l’acció judicial descrita en els mateix termes.

Finalment matisar que aquesta sentència ha estat emesa en primera instància pel que resta pendent per a la seva fermesa que no es present apel·lació dins del termini i en la forma escaient.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. Aprofitem l’ocasió per saludar-los,
Molt atentament,

LA PLATAFORMA

Les declaracions de Bartumeu al documental ‘Las cloacas de Interior’ provoquen nous neguits als clients de l’entitat.

La Plataforma d’Afectats de BPA liderada per les advocades Anna Solé i Gema Martínez està estudiant interposar accions judicials contra les persones que presumptament haurien autoritzat que organismes policials espanyols s’emportessin les dades bancàries dels clients de Banca Privada d’Andorra (BPA). La reacció de la plataforma se centra en les declaracions que l’excap de Govern, Jaume Bartumeu, va fer en el documental Las cloacas de Interior en què afirmava que «algú que no em consta que fos la Fiscalia andorrana deixa entrar a Andorra uns organismes policials espanyols, i mitjançant el procediment informàtic de buidat dels arxius s’emporten tots els arxius de tots els comptes dels clients de Banca Privada d’Andorra».

Tal com va explicar Martínez, després de l’emissió del documental van rebre moltes trucades de clients preocupats pels fets denunciats i indignats per la possibilitat que les seves dades hagin circulat sense permís. Per ara, la Plataforma està investigant els fets i no descarta emprendre accions per revelació de secrets, ja que recorda que en aquell moment no hi havia intercanvi automàtic d’informació fiscal.

la sentència espanyola / D’altra banda, la lletrada es va mostrar contenta per la darrera sentència del Tribunal Suprem espanyol que deixaria clar que els diners que arribaven a BPA procedents de comerços xinesos emmarcats en el cas Emperador no tenien cap vincle amb els suborns, els tràfics d’influències o la revelació de secrets. Per Martínez, la resolució deixa amb «poca força» els arguments que van fonamentar la intervenció de l’entitat bancària, molt lligats al presumpte blanqueig de capitals provinents de Gao Ping i lligats al crim organitzat, i debilita també la causa principal del cas BPA. «Si la conclusió és que no hi havia blanqueig, tot cau perquè queda merament amb un cas d’evasió fiscal, acció que no era delicte a Andorra en aquell moment», va indicar.

De la mateixa manera, la resolució espanyola també donaria força a la primera acció que va interposar la Plataforma demanant responsabilitats als reguladors andorrans i al Govern pels danys i perjudicis que havien causat als clients amb la intervenció del banc, segons les advocades, injustificada. A partir d’aquí, van apuntar, la resta d’accions que van venir després –la nacionalització del banc, els problemes amb les preferents, la venda a Vall Banc, etcètera– quedaria en entredit.

 

El alto tribunal considera que se produjo una negligencia informativa.

El Tribunal Superior ha vuelto a desestimar un recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BPA y a dar la razón a uno de los clientes que firmó un contrato de compraventa de acciones preferentes con esta entidad bancaria. El conflicto derivado del acuerdo contractual ya se había resuelto favorablemente al cliente en primera instancia y en aquella ocasión el Tribunal de Alcaldes condenaba la entidad bancaria a restituir la cantidad de 50.000 euros que el cliente había invertido más los intereses. El banco recorrió esta decisión pero su petición ha sido desestimada, tal como reflejaba una sentencia del pasado 30 de octubre hecha pública justo ayer.

Mismos argumentos
Tal como recordaron desde la plataforma de afectados de BPA, este no se trata del primer caso sobre las preferentes que se ha ganado. Se suma a muchos otros en que la justicia ha reconocido el error de la entidad bancaria y la ha condenado a devolver al cliente el dinero invertido. En la nueva sentencia, el tribunal argumenta un golpe más que desde BPA no se informó el cliente del riesgo real –muy elevado y complejo– que representaba la compra de acciones preferentes.

Fuentes de la plataforma explicaron que en estos casos es el banco quien tiene la carga de la prueba y quien tiene que demostrar que ha informado debidamente el cliente que ha firmado el contrato. De todas maneras, la entidad bancaria todavía nunca ha llegado a probarlo y la jurisprudencia está diciendo que por mucho que el cliente dispusiera de dinero y se dedicara a hacer inversiones estos elementos no presuponen que tenía conocimientos económicos para ser consciente del alcance del contrato que estaba firmante. Y, de hecho, el perfil mayoritario de los clientes que compraron acciones preferentes a BPA coincide con el de un minorista, conservador, ahorrativo, sin estudios superiores y con ninguna inversión previa.

A pesar de que se están ganando la mayoría de los pleitos, las resoluciones todavía están pendientes de ejecución, pero desde la plataforma confían que este mismo año empiecen a cobrarse el dinero retenido hasta ahora.