Le Monde Décrypte apunta a que el caso que ha perjudicado a la Banca Privada d’Andorra cuestiona «la independencia del poder judicial y la separación de poderes en Andorra»
Cada vez hay más evidencias de las maniobras que se cometieron con el hundimiento de la Banca Privada d’Andorra (BPA): los tejemanejes que realizó la policía patriótica española revelados por los audios exclusivos de FUENTES INFORMADAS que han propiciado la imputación en Andorra del expresidente Mariano Rajoy o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por dirigir la vía andorrana de la ‘Operación Cataluña’. Una trama maquiavélica contra ese banco desarrollada entre 2012 y 2016 -supuestamente financiada por Juan Carlos I, según se desprende de los audios del comisario José Manuel Villarejo- para hacer descarrilar al independentismo catalán. Y más hechos que faltan por desvelar, los cuales se irán alumbrando a lo largo de dicho procedimiento judicial.

Pero ahora es un prestigioso instituto de investigación francés, Le Monde Décrypté, un laboratorio de ideas, quien refrenda esas tesis. El ‘caso BPA’, según este instituto de investigación, «refleja la debilidad del Estado de derecho en Andorra y la vulnerabilidad de los inversores en el país que, con una baja fiscalidad, tienen pocos medios para protegerse de una injerencia política injusta».

Después de denunciar el encarcelamiento del antiguo CEO del banco, Joan Pau Miquel, que ha durado casi dos años, se focaliza en el anormal funcionamiento de la Justicia andorrana. Insiste en «la lentitud» de ese procedimiento judicial que pone en cuestión la independencia del poder judicial y la separación de poderes en Andorra, un elemento esencial para todo país dotado de un sólido Estado de derecho.

Le Monde Décrypté (El Mundo Desencriptado) es un importante grupo de pensamiento y de influencia francés que dirige el politólogo y experto en geopolítica Gérard Vespierre. Este think tank colabora habitualmente con las instituciones europeas y elabora informes sobre la actualidad política y económica de todo el mundo, en especial en cuanto a los sectores estratégicos (energía, finanzas, armamento o conflictos).

Vespierre es el fundador de la consultora Strategic Conseils, un profesional designado por el Consejo Económico y Social europeo y colaborador habitual de los diarios Le Monde y La Tribune. La última publicación de Le Monde Décrypté se titula ‘El Estado de Derecho en el coro de Europa: como Andorra, Mónaco y Liechtenstein han vulnerado los valores de la UE’, del que se ha hecho eco el diario andorrano La Valira.

El prestigio intelectual de Vespierre avala el estudio
El informe tiene relevancia porque no se trata de cualquier persona y además está respaldado por los hechos acreditados que se han ido conociendo. El prestigio del politólogo que encabeza el think tank avala que sus análisis sean valorados por las élites europeas. Por eso, las reflexiones que hace sobre Andorra y, en concreto, sobre el caso que afecta a la BPA son una llamada de atención muy seria por la gravedad que implica para las autoridades políticas y judiciales del principado.

En este documento, Vespierre comienza construyendo un marco general para luego avanzar hacia el relato de cómo se dinamitó la BPA: la creciente e irreversible pérdida de influencia de Europa en el actual y futuro contexto económico y geopolítico mundial. Sin embargo, pone de manifiesto su liderazgo democrático. «Uno de los terrenos en los cuales Europa continuará teniendo una influencia significativa es el de la primacía del derecho. Según el Consejo de Europa, el Estado de derecho es uno de los ‘principios que constituyen el cimiento de toda democracia verdadera’». Lo considera como «el cimiento de los derechos del hombre» ya que «garantiza la responsabilidad y la transparencia, el acceso a tribunales independientes e imparciales y la no discriminación ante la ley» de ninguna índole ni razón.

«Atendida la dimensión de sus sectores bancario y financiero, estas tres naciones tienen una influencia considerable sobre los mercados financieros europeos, aunque no sean miembros de la UE. El informe demuestra que estos micro-Estados [Andorra, Mónaco y Liechtenstein], con una baja fiscalidad y poco reglamentados, han servido de marco a numerosos escándalos bancarios y políticos«. Según expone el informe, estos affaires «han perturbado la estabilidad financiera de Europa» y han vulnerado gravemente la reputación de la UE, en cuanto que referente del Estado de derecho.

«El aviso del FinCEN fue desafortunado»
Pues bien, el instituto de investigación se ha pronunciado sobre la intervención y confiscación de la BPA. «En 2015, el Tesoro americano (FinCEN) publicó un aviso señalando a la BPA como una institución financiera extranjera que suscitaba una preocupación mayor en materia de blanqueo de dinero. Las autoridades andorranas reaccionaron cogiendo el control de los activos del banco, a pesar de la preocupación de los accionistas de la entidad, que consideraban que este aviso era desafortunado«, comienza señalando el informe.

Efectivamente, lo que desencadenó la reacción del FBI fue la campaña de bulos y mentiras que puso en marcha el Gobierno español para persuadir al Ejecutivo de Estados Unidos, por medio del FBI, de que en Andorra, en general, se lavaba dinero de ciudadanos venezolanos y rusos. Algo que posteriormente se reveló como falso, pero que tenía la intención de que el organismo adscrito al Tesoro estadounidense difundiese ese notice dando la voz de alarma para la intervención de la BPA. De hecho, tal y como se hacía eco este medio, hace meses un guardia civil se ha atribuido la intervención del FinCEN contra la entidad bancaria andorrana.

«Después, el FinCEN retiró su notificación y los tribunales españoles exoneraron BPA de todo delito. Muchas informaciones han afirmado que la intervención del banco fue el resultado de un conflicto político entre España y Cataluña«, prosigue. No se equivoca el think tank francés. Se trataba de una operación de desprestigio hacia la entidad que no se correspondía con la realidad y que le trajo innumerables perjuicios económicos que le han conducido a la quiebra. De hecho, arrastra más de 500 millones en pérdidas y solo en lo que respecta a la propia BPA. El Banco de Madrid, su filial, también resultó perjudicado; pero esta vez por la intervención del Gobierno español, lo que tuvo aparejado otro montante millonario de pérdidas.

Hace unos meses, gracias a los audios y las publicaciones de FUENTES INFORMADAS que sugerían la implicación de Rajoy y Fernández Díaz, la jueza de Andorra Stéphanie Garcia reactivó una querella de accionistas de la BPA por seis delitos y decidió imputarles. Aparte de ellos, figuran como investigados Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, e Ignacio Cosidó, el antiguo director general de la Policía. Este último prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre ellos, unos 3.000 catalanes, tenían en el AndBank de Andorra, la entidad rival de la BPA. El motivo: había sospechas de que entre ellas figuraba una «del emérito» (don Juan Carlos I), conforme explica Villarejo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en otro audio divulgado en exclusiva por FUENTES INFORMADAS.

El papel de don Juan Carlos en la rama andorrana de la ‘Operación Cataluña’ destinada a frenar el independentismo sino que el comisario Villarejo, no imputado en la causa abierta en Andorra pero conocedor de la situación por su paso por los servicios de Inteligencia policiales, sugiere en una conversación con la presentadora Ana Rosa Quintana -divulgada hace unos meses por este periódico- que el emérito «pagó de su bolsillo» parte de la información antisecesionista en el principado. Y que todo se debía a un motivo lucrativo.

Casi 1.000 millones de euros les ha costado a los andorranos
Pero el caso particular del desfalco que ha hecho saltar por los aires a la BPA, según el citado informe, «ilustra cómo el no respeto al Estado de derecho y la carencia de un procedimiento regular en la reglamentación bancaria pueden poner en peligro emprendidas privadas y particulares». Asimismo, da cuenta igualmente de «la capacidad de los Estados Unidos para intervenir en el sistema bancario europeo antes de toda implicación de una institución europea».

Le Monde Décrypté también apunta que «la incapacidad de Andorra de hacer respetar el Estado de Derecho ha permitido» que estas maniobras se produzcan, máxime cuando a la postre han lastrado a uno de los bancos más solventes de Europa en términos económicos antes de la intervención del Gobierno andorrano.

Y es que el Gobierno de Andorra también aprovechó la situación cuando intervino la BPA. A su vez, el Gobierno de Rajoy intervino el Banco de Madrid, filial de la BPA, cumpliendo así la amenaza (escuchar los audios publicados en exclusiva por FUENTES INFORMADAS) de la brigada patriótica de que la BPA y el Banco de Madrid tendrían serios problemas si no les daban las cuentas de los independentistas catalanes, que en realidad no estaban en esta entidad sino en la rival, Andbank. Pero esta última entidad, sin embargo, evitó la intervención gracias a las conexiones de algunos directivos con el Gobierno del Principado.

El estudio zanja que «teniendo en cuenta las pérdidas sufridas por el Estado y las denuncias puestas contra el Gobierno, el affaire tendría que costar más de 996,4 millones a Andorra, es decir, 12.500 euros por habitante«.

Fuente: https://fuentesinformadas.com/

ortazo de la justicia al expresidente del PP Mariano Rajoy. La sección sexta de la sala del contencioso-administrativo del TSJ de Madrid ha acordado levantar la medida cautelarísima, y, por lo tanto, deniega la medida cautelar de suspensión de la ejecución para dar curso a la comisión rogatoria internacional, solicitada por la Batllia de Andorra, en la derivada de la Operación Catalunya en Andorra, según ha informado el tribunal este miércoles. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había parado de forma cautelar que un juzgado de Madrid informara a Rajoy y al exministro Jorge Fernández Díaz, que eran investigados en Andorra y que se personen con abogado, porque alegaron vulneración de derechos fundamentales, pero ahora el tribunal lo ha desestimado. En la resolución, el tribunal afirma que las argumentaciones hechas por Rajoy son “invocaciones genéricas e inconsistentes” y por eso le deniega frenar de forma cautelar la comisión rogatoria, a pesar de que avanza que el fondo del recurso lo desarrollará en la sentencia, que tiene que dictar ahora.

La comisión rogatoria de Andorra
El junio pasado, la batlle de la sección especializada 2 de Andorra, Stephanie García, citó a declarar como querellados el expresidente del gobierno español del PP Mariano Rajoy, los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de miembros de la antigua cúpula de Interior por la Operación Cataluña, tal como le había solicitado el noviembre de 2021 el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y Drets, que ejercen la acusación popular, en este procedimiento iniciado por los exdirectivos de la Banca Privada de Andorra (BPA). Se acusa a Rajoy y los ministros de presionar el gobierno andorrano para favorecer la caída de la BPA, mientras policías españoles pedían a directivos de la BPA información de la familia Pujol, de Artur Mas y de Oriol Junqueras.

A través del convenio internacional de cooperación de 1959, el Ministerio de Justicia español recibió esta solicitud de cooperación andorrana para que se informara a Rajoy, los exministros y agentes de la policía que eran querellados en Andorra, y que designaran abogado en este país vecino. Nada más por ahora. Rajoy y Fernández Díaz lo han querido bloquear por miedo que el próximo paso sea la petición de extradición si no quieren ir voluntariamente a Andorra. Las declaraciones del comisario jubilado Manuel Villarejo permitieron reactivar la investigación contra el gobierno del PP.

Los argumentos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía
En la resolución, el TSJ de Madrid expone que la Abogacía del Estado era contraria a la petición de Rajoy al asegurar que su recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Cooperación del Ministerio de Justicia del 15 de junio pasado, “no es recurrible porque no es un acto administrativo”, como ya le comunicó, además de ser “un acto de trámite”. La Fiscalía también se mostró contraria a parar la colaboración con Andorra, asegurando que Rajoy y Fernández Díaz alegaron la vulneración de derechos fundamentales, pero que en realidad lo que quería es ir contra la resolución del juzgado de instrucción 32 de Madrid y de la Audiencia de Madrid que le denegaban parar la comisión rogatoria, al sostener que era un acto de trámite.

Ahora, el tribunal de Madrid considera que Rajoy no ha desarrollado bastante la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva y de igualdad de derechos, que ha alegado para frenar la investigación andorrana. También precisa que denegar la comisión rogatoria en Andorra puede ser “perturbador” dadas las consecuencias de reciprocidad entre Estados que se deriva del convenio del Consejo de Europa de Asistencia Judicial Penal de 1959.

Los dos policías con protección diplomática
En sus argumentos, Rajoy había expuesto que el gobierno español había denegado que dos agentes de la policía española declararan en el procedimiento de Andorra porque tienen “protección diplomática”. El tribunal informa, pero, que en el expediente “no hay actuación diferenciada respecto a estos policías” y por hechos iguales o similares. Es decir, Rajoy “no ha aportado pruebas ni indicios” y por ahora el TSJC de Madrid le deniega frenar el envío de la respuesta a Andorra, a pesar de que hay pendiente la sentencia sobre su posicionamiento de fondo.