EE. UU. revisa el caso BPA: ¿hubo manipulación en el cierre del banco andorrano?

El caso del banco andorrano BPA, que en 2015 sacudió el sistema financiero del pequeño país, vuelve ahora al centro del debate internacional. Esta vez, no por nuevas acusaciones de blanqueo, sino por una pregunta mucho más incómoda: ¿y si todo se basó en información engañosa?

Todo empezó cuando el organismo estadounidense FinCEN acusó a BPA de facilitar operaciones de blanqueo de dinero vinculadas a redes criminales. La reacción fue inmediata. El banco quedó prácticamente fuera del sistema financiero global y las autoridades andorranas intervinieron la entidad, lo que acabó provocando su desaparición.

Durante años, esa versión se dio por válida. Sin embargo, el relato ha empezado a resquebrajarse.

En el foco aparece la llamada “policía patriótica” española, un grupo de mandos policiales que, según distintas investigaciones judiciales, habría actuado con motivaciones políticas en plena tensión por el independentismo catalán. La sospecha es grave: que parte de la información enviada a Estados Unidos podría haber sido manipulada o exagerada para influir en decisiones clave.

Si esto se confirma, el impacto sería enorme. No solo porque cuestionaría la base sobre la que se cerró BPA, sino porque implicaría que una decisión internacional de gran alcance se tomó a partir de datos poco fiables.

En este contexto, el embajador de Estados Unidos en España ha mostrado interés en revisar el caso. El objetivo sería aclarar si las autoridades estadounidenses fueron inducidas a error y si eso derivó en consecuencias desproporcionadas, como la caída de un banco y el daño a su reputación.

Mientras tanto, el caso sigue vivo en los tribunales de España y Andorra, donde se investiga el papel de varios policías y la posible utilización política de informes e investigaciones.

Lo que en su momento se presentó como una operación contra el crimen financiero podría acabar reinterpretándose como un episodio de interferencias políticas con efectos internacionales.

/0 Comentarios/por

El govern espanyol impulsarà la desclassificació de documents de l’‘Operació Catalunya’

La setmana passada es va facilitar una part d’informació inicialment considerada com a secreta en relació amb els atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d’agost del 2017 i ara Junts reclama que el PSOE compleixi el compromís de posar sobre la taula detalls que podrien fer entendre l’atac a BPA

El govern espanyol té intenció de promoure la desclassificació de documents relatius a la denominada ‘Operació Catalunya’ que podrien fer entendre l’atac a la sobirania andorrana i la intervenció del ‘cas BPA’. De fet, alguns dels documents que s’han demanat al tomb de la comissió muntada al Congrés tenen a veure directament amb el lligam entre autoritats espanyoles i el FinCEN. Facilitar la desclassificació de documents lligats als moviments que hi va haver especialment entre el 2012 i el 2015, però també posteriors, per frenar l’auge de l’independentisme català forma part d’un compromís entre el PSOE i Junts en vista a mantenir l’estabilitat parlamentària. 

La ministra portaveu de l’executiu espanyol, Pilar Alegría, ha afirmat que “la voluntat del govern és seguir complint amb els compromisos en els dos anys que queden de legislatura”. I això inclou impulsar que deixin de ser classificats, reservats, els documents sobre l’‘Operació Catalunya’. En el marc de la comissió parlamentària es va reclamar una llarga llista de documents, que molts d’ells tenen a veure amb la derivada andorrana. La fragilitat dels suports parlamentaris, i la possibilitat que l’actual govern espanyol se’n vagi en orris, fa que el PSOE hagi d’estar molt atent a les peticions de les formacions catalanes, i especialment de Junts.

L’executiu espanyol ha anat fent passos per evidenciar als seus socis catalans la voluntat de complir allò que havia dit o les demandes que ha anat fent la corporació. De fet, avui mateix el president espanyol, Pedro Sánchez, havia donat per fet en una entrevista a RAC1, que entenia que la desclassificació dels documents sobre la policia patriòtica i les maniobres d’Interior en relació a Catalunya estava en marxa. Però després s’ha matisat una mica aquesta solució.

El que sí que està en marxa és la desclassificació de documents relatius als atemptats que hi va haver a Barcelona i Cambrils el 17 d’agost del 2017. Una part d’aquesta documentació ja va ser facilitada la setmana passada, també a petició de Junts. Però Alegria ha deixat clar que s’aniran fent passos perquè a ningú no se li escapa “la realitat parlamentària” i, per tant, cal continuar “estenent la mà” als seus socis en la governabilitat espanyola.

Font: www.altaveu.com

/0 Comentarios/por
, ,

Exclusiva de RAC1

Los correos secretos del CNI que implican a Rajoy, Andorra y EE.UU. en la operación Catalunya

Exclusiva de RAC1

Según una cadena de de correos y notas a las que ha tenido acceso ‘El Món a RAC1’,  el expresidente del gobierno y su homólogo andorrano pactaron en 2014 hacer caer a la BPA con la ayuda de Estados Unidos

Una cadena de correos electrónicos secretos y de notas informativas confidenciales obtenidas por El Món a RAC1 incriminan al expresidente del gobierno Mariano Rajoy, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido entonces por Félix Sanz Roldán, a Estados Unidos y al omnipresente excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo en una operación de grandes dimensiones pensada para provocar la caída de la Banca Privada de Andorra en el marco de la operación Catalunya contra los líderes soberanistas.

A finales de 2014, en pleno procés, la policía patriótica de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz intentaba conseguir trapos sucios de los líderes soberanistas catalanes para tratar de hacer descarrilar el movimiento que acababa de protagonizar la consulta del 9-N. Villarejo había convencido con presuntos informes secretos al gobierno que el independentismo escondía miles de millones de euros en Andorra para financiar la futura República Catalana, y según se deduce de la documentación hecha pública por RAC1, Rajoy no solo se lo tragó sino que autorizó una operación ilegal para intervenir el sistema bancario andorrano y hacerse con el control de las cuentas del independentismo.

Villarejo y otros cabecillas de la policía patriótica trabajaban en tierras andorranas desde finales del 2012 captando todo tipo de fuentes, incluso recurriendo a la extorsión, gracias a lo cual consiguieron la captura de pantalla que demostraba que la familia Pujol disponía de cuentas en Andorra. El ministerio del Interior lo filtró a El Mundo, que lo publicó en julio del 2014, provocando un gran terremoto político en Catalunya.

Pero la policía patriótica no tenía suficiente y Villarejo y sus hombres convencieron a Rajoy de que había que ir más allá. Según los correos recabados por RAC1, el entonces presidente del gobierno pactó con el entonces jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí Petit, que derribarían a uno de los cuatro grandes bancos andorranos: la Banca Privada de Andorra, que también tenía una filial en España, el Banco de Madrid. Era la entidad donde los Pujol habían guardado los fondos entre el 2010 y el 2014, no era propiedad de ninguna de las familias vinculadas tradicionalmente al sistema financiero andorrano y la policía patriótica sospechaba que escondía millones de euros del independentismo.

A diferencia de otras tramas de la operación Catalunya, las maniobras para tumbar la Banca Privada de Andorra y su filial española no las lideraría el ministerio del Interior, sino el CNI. Poco antes de la intervención de la BPA y Banco de Madrid, que tendría lugar el 10 de marzo de 2015, uno de los espías adscritos al departamento de información del CNI envió este correo electrónico secreto a Villarejo el 6 de marzo de 2015, a las 18.27h.

“Tanto tus jefes como los míos solo siguen las ordenes del PG (acrónimo de presidente del gobierno), que a la vuelta del viaje al país vecino en enero ya no tuvo dudas sobre los planes que en verano del año pasado le planteó su homólogo cuando le visitó y confirmó que era la información que tenía el BPA la que podía poner en riesgo el equilibrio institucional de ambas naciones”, dice. Este correo afirma sin lugar a dudas que es Rajoy quien ordenó sacar adelante la operación tras acordarlo con su homólogo andorrano en tres encuentros previos: dos en España, agosto y septiembre del 2014, y otro en Andorra la Vella, en enero del 2015, tres meses antes de la intervención del banco.

La alerta del Fincen de Estados Unidos

En otro fragmento del correo, el agente del CNI incluso explica cómo lo harían. En este punto, entran en juego una de las otras piezas clave de esta trama: Estados Unidos. “Al final todo se ha precipitado por el empujón al más alto nivel y por las relaciones de R1 [el sobrenombre secreto del director del CNI, Félix Sanz Roldán] con las barandas de los servicios amigos, gracias a ello el secretario del Tesoro americano, se lo pidió al Fincen, que sólo puso como condición recibir la alerta nuestra, enviada a través de nuestro colaborador BS”, informa.

Cargarse un banco para conseguir la información de los clientes no es nada fácil pues hace falta un pretexto de peso. España y Andorra acusaron a la BPA y a su filial española, Banco Madrid, de blanquear dinero de Venezuela, del cártel de Sinaloa, de la mafia china y de oligarcas rusos. Como los conceptos “Venezuela”, “narcotráfico”, “China” o “Rusia” disparan todas las alarmas en Estados Unidos, la idea era advertir al secretario del Tesoro estadounidense de que la BPA y su filial eran un guarida de basura para que la Oficina de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos, el Findem, emitiera una aletra. De esta forma, España y Andorra tendrían la excusa perfecta para intervenirlo, porque no parecería que lo hacían por su cuenta, sino que estaban obligados a ello por los estadounidenses.

El Món a RAC1 ha consultado un informe reservado que demuestra cómo el CNI dio indicaciones al servicio español contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, para que hiciera un informe que describiera las supuestas malas prácticas de la BPA y Banco Madrid y lo enviara al Fincen de Estados Unidos. La persona que habría hecho de enlace entre unos y otros es el tal BS, Basilio Sánchez Portillo, un comandante de la Guardia Civil que, según el correo, era colaborador del CNI.

La intervención

España se salió con la suya el 10 de marzo del 2015, el día que el Fincen envió la alerta y dio el pretexto necesario para intervenir a la BPA y a su filial española, liquidarlos y extraer toda la información de los clientes. Diez años después, ninguna de las acusaciones que motivaron la alerta contra la BPA se ha demostrado. En España, se han archivado todos los casos salvo uno, el de la mafia china, que ha quedado reducido a un delito de fraude fiscal. En Andorra, hay más causas abiertas, pero ninguna sentenciada.

En un correo que el CNI envió a Villarejo el 16 de marzo del 2015 queda de nuevo muy claro que la operación fue un montaje. “Te pedimos que vuelvas a hablar con tu amigo MB [acrónimo de Mark Varry, un agente del FBI destinado en España que era amigo personal de Villarejo] para que vea a sus contactos con el Tesoro y así el Fincen vuelva a emitir otra alerta que refuerce la del día 10 y aseguramos que los del banco andorrano no levanten cabeza. Si consigues que MB se mueva, R1 [alias de Félix Sanz Roldán] se quedará mas tranquilo y no tendrá que pedir nuevos favores a nuestros colegas americanos”.

Villarejo consideraba que debía irse más allá de la BPA pero las autoridades españolas obviaron la advertencia

Villarejo no hizo la gestión que su contacto del CNI le había pedido. Según RAC1, el comisario llevaba tiempo enviando notas confidenciales a los servicios secretos españoles quejándose de las gestiones que estaban llevando a cabo en Andorra. Villarejo consideraba que era necesario intervenir tanto la BPA como otro de los grandes bancos del sistema bancario del país, Andbank, pero no le hacían caso. El comisario se quejaba de ello en una nota confidencial escrita el 7 de marzo de 2015, tres días antes de la intervención de la BPA.

“El análisis de los datos recogidos en fuentes fiables no excluye la vinculación de sectores independentistas con otras entidades andorranas además del BPA. Ante el señalamiento del BPA como única entidad de riesgo para España por sus vínculos con los Pujol, se debe insistir en que decrecerá el nivel de eficacia de las gestiones en curso si persiste el interés en obviar que el objetivo primordial es el desmantelamiento del movimiento independentista y no ocultar el resto de actividades de terceros”, lamentaba.

Se deduce, según la nota, que si no se actuaba contra AndBank es porque ese banco ocultaba fondos del independentismo, pero también de otras personas que España quería proteger. Esta afirmación, que el comisario no acompañaba de ninguna prueba, iba seguida de otras que demostraban hasta qué punto las instituciones españolas habían cocinado la operación contra la BPA. De hecho, en la nota confidencial, Villarejo adelanta el argumentario que España y Andorra utilizarán para justificar la intervención del banco: “De llevarse a cabo la acción prevista en breve, deberá justificarse que, según la alerta del Fincen, de su contenido se desprenda que podrían encontrarse pruebas e indicios de delito de blanqueo”.

En el último párrafo de la nota, escrita tres días antes de la intervención del banco, Villarejo también añade. “Una vez descabezada la entidad, con la destitución y/o encarcelamiento de los responsables del BPA, los gobiernos de Andorra y España podrán disponer de tiempo suficiente para elaborar los informes que complementarían la alerta del Fincen y dar la máxima verosimilitud a las razones de la intervención”.

Este párrafo es profético porque el consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, acabó detenido y pasó 22 meses encarcelado en prisión de forma preventiva en Andorra.

En otra nota confidencial del 21 de marzo del 2015, 11 días después de la intervención, Villarejo comunica a sus superiores que están eliminando las pruebas que incriminan a España en la operación: “Tal y como ordenó la Superioridad, toda la documentación al respecto se ha entregado y, salvo en los archivos de Presidencia del Gobierno y del CNI, no quedaría rastro de la actividad, ya que se han eliminado tanto las órdenes de traslado de algunos funcionarios que se necesitaron para tal fin como los pagos con fondos reservados efectuados tanto a las fuentes andorranas como a las fuentes andorranas”.

Cierco y Miquel anuncian una querella contra Rajoy

Tras estas informaciones de RAC1, dos de las víctimas de la operación para hundir a la BPA han roto el silencio en la emisora. Higini Cierco, copropietario de la BPA, y Joan Pau Miquel, ex consejero delegado, han anunciado que presentarán una querella contra Mariano Rajoy y han denunciado una década de persecución política y judicial.

Cierco asegura que vivieron “con miedo durante diez años”, enfrentándose a amenazas constantes y a un aislamiento total por parte de las autoridades andorranas, que nunca les ofrecieron apoyo ni presunción de inocencia. En su caso, incluso tuvo que enviar a sus hijas a estudiar al extranjero ante el temor de represalias. “Fueron diez años de incertidumbre y terror institucional”, afirma.

Por su parte, Joan Pau Miquel relata su paso por prisión preventiva, donde estuvo encarcelado durante 22 meses. Recuerda que fue detenido a las tres de la madrugada y que su abogado le advirtió que se preparase para estar entre 3 y 4 semanas entre rejas. Finalmente, fueron casi dos años. Desde entonces, arrastra restricciones judiciales y sigue vinculado a más de 30 causas penales abiertas, la mayoría sin resolución tras diez años de instrucción. “Es una aberración, la justicia debe impartirse en un tiempo razonable”, denuncia.

Joan Pau Miquel ha confirmado que ya tenían sospechas de la implicación del expresidente español Mariano Rajoy: “No me ha sorprendido nada. Imaginé que esto no se podía hacer en un café entre policías. Había su implicación y la de otros miembros del gobierno; también por parte del ex ministro de Economía Luis de Guindos”. Por eso, ha asegurado que ahora tocará ampliar las causas y querellarse contra Rajoy.

Los dos dirigentes de la BPA han denunciado que no recibieron ninguna muestra de solidaridad en Andorra: ”Salieron en tromba a criminalizarnos en los medios, sin darnos ninguna oportunidad. La maldad que ha habido y hay es inimaginable». Sin embargo, esperan que ahora las nuevas informaciones tengan alguna repercusión. Una de las posibles vías que se abren es la de interponer nuevas querellas.

Cierco y Miquel han ofrecido al gobierno andorrano renunciar a cualquier compensación económica a cambio de una ley de amnistía que permita cerrar el caso y reparar su reputación. Sin embargo, hasta el momento, los partidos que dan apoyo al gobierno andorrano han rechazado esta vía.

/0 Comentarios/por
, ,

Passar pàgina a la crisi de BPA amb una solució legislativa que porti a una “reconciliació social”

Font: https://www.altaveu.com/

(AMB VÍDEO) L’amnistia que es planteja des de la família Cierco hauria de resoldre “la injusta actuació desproporcionada” que sobretot han patit molts treballadors del banc objecte d’un “acarnissament” i estalviaria qualsevol responsabilitat de directius, membres del consell d’administració i també de funcionaris o polítics

Obrir “una reflexió” que permeti trobar “una solució legislativa” per posar fi als efectes “desproporcionats” que deu anys després encara té per al conjunt del país la crisi de Banca Privada d’Andorra (BPA). I d’aquesta manera poder assolir “una reconciliació social”. Aquest és l’objectiu del treball que s’està fent des del despatx jurídic liderat per Xavier Jordana i que emana d’un plantejament impulsat per la família Cierco veient les múltiples “anomalies” que hi va haver darrere de la intervenció de BPA i la “batalla campal” que encara hores d’ara hi ha i afecta, sobretot, “de manera injusta i desproporcionada” antics treballadors de l’entitat bancària.

Així ho han exposat els advocats Xavier Jordana, Sònia Ruiz i Irina Monroy, que des de fa sis mesos treballen per fer evident que la solució legislativa, una possible amnistia “que no pas perdó i que no hauria d’abastar, per exemple, aquelles persones que hagin pogut beneficiar-se de pràctiques de blanqueig”, és possible i té un encaix constitucional evident. Des de llavors, i malgrat el “cop de porta” inicial de l’entorn demòcrata la proposta s’ha fet “madura” i s’ha pogut acostar a un centenar de persones de notòria rellevància institucional al país, sigui per les seves responsabilitats actuals o passades.

Jordana ha indicat que durant aquest temps, totes les persones amb qui s’ha demanat tractar la qüestió “ens han rebut i ens han escoltat. De reacció negativa no n’hi ha hagut cap, de positiva, tampoc. Ara, hi ha molt interès, molta atenció i molt anàlisi de si això és possible i es pot fer”. El plantejament seria que tots els grups parlamentaris impulsin una proposició de llei que resolgui “de manera quirúrgica” una situació “enquistada” i que està fent “malbé” el país.

“Ens han rebut i ens han escoltat. De reacció negativa no n’hi ha hagut cap, de positiva, tampoc. Ara, hi ha molt interès, molta atenció i molt anàlisi de si això és possible i es pot fer”

L’eventual proposta legislativa, han exposat els juristes, es podria sotmetre abans d’entrar-la a tràmit parlamentari a la Comissió de Venècia, amb l’objectiu que l’organisme del Consell d’Europa emeti un dictamen previ que l’avali i doni més força encara a la iniciativa que hauria d’estalviar “més patiment encara” al “calvari” que aquesta dècada ha suposat a molts treballadors d’un banc sobre el qual, han dit els juristes, hi ha hagut “un acarnissament desproporcionat”. La solució legal que es planteja hauria de suposar l’exempció de responsabilitats, en cas que n’hi hagués, tant per funcionaris o polítics que haguessin pogut incórrer en anomalies o ingerències i també suposar “l’oblit” per a directius i membres del consell d’administració de BPA.

En canvi, no estalviaria a les persones que eventualment s’haguessin pogut beneficiar de pràctiques de blanqueig d’haver de respondre per eventuals infraccions. I tampoc quedarien amnistiades les reclamacions civils entre particulars, subjectes a eventuals decisions judicials que s’emetin quan escaigui. El canvi la família Cierco sí que renunciaria a qualsevol petició econòmica que hagi pogut promoure. I l’entorn del grup BPA retiraria les querelles criminals en curs que afecten a unes 25 persones amb diferent grau de responsabilitat en les institucions andorranes.

PREPARAR EL TERRENY

Els juristes que estan fent el treball de camp han comparegut aquest dijous per primer cop públicament perquè consideren que després de sis mesos i més de contactes el terreny ja està preparat. I perquè com marquen els cànons legals i institucionals del dret universal, davant els processos d’amnistia també se n’ha de fer partícip la ciutadania. Així ho ha explicat l’advocada Sònia Ruiz, que ha deixat clar que una cosa és l’amnistia i una altra de ben diferent l’indult. “Se n’ha de fer ressò social”, de la possibilitat d’amnistiar. I es busca, alhora, ha afegit Jordana, “fer taca d’oli” i veure si la solució que es planteja de manera “honesta i coherent” realment acaba calant, com esperen.

“És l’única manera de poder resoldre les tensions que lluny de solucionar-se s’han intensificat tant a nivell polític com social, i s’ha amplificat a nivell judicial. Tant que els tribunals s’han inundat de causes”, han indicat els advocats, tot afegint-hi que fa la sensació que quan convé apareix una causa nova per mantenir viu “l’acarnissament” cap a BPA, l’únic banc i els únics treballadors, els seus, perseguits arreu del món d’entre les més de 250 entitats bancàries que algun dia van operar amb els mateixos clients dels quals se’n diuen maldats una rere l’altra.

Jordana i les seves col·laboradores han explicat la feina que han fet i les explicacions que han donat per fer veure que tot el que va succeir just abans i després de la intervenció de BPA ha estat “una mesura molt desproporcionada i és molt difícil que es pugui resoldre aquest empantanegament”, vist el “calvari d’aquests treballadors” que han sofert “un patiment personal i familiar irreparable, també econòmic i laboral”, havent de suportar una pena que en molts casos s’allarga més de deu anys sense ni tan sols haver estat condemnats mai.

Per això “elevar mirada”, detectar el problema i plantejar al parlament, al Consell General que representa “la democràcia directa”, que proposi “una llei d’amnistia amb un perímetre molt determinat i molt concret”. Els tres advocats del despatx Jordana, que treballen amb penalistes d’Andorra i de Catalunya, i també amb catedràtics constitucionalistes tant d’Espanya com de França, han deixat clar que la solució legislativa que es posa damunt la taula “no és arbitrària” i, en canvi, té un encaix clar en el marc constitucional. I en cap cas deixa els tribunals en mala posició.

“És l’única manera de poder resoldre les tensions que lluny de solucionar-se s’han intensificat tant a nivell polític com social, i s’ha amplificat a nivell judicial. Tant que els tribunals s’han inundat de causes”

Ben al contrari, els tres advocats, que han posat molta èmfasi en la causa general que hauria de veure sentència al juliol i que consideren que serà absolutòria, com a mínim en el 80% dels casos, han defensat en bona part el treball jurisdiccional. I també, fins i tot, la feina d’homologació que ha fet Andorra a nivell financer i bancari ja des del 2011, amb el primer Govern Martí. D’aquí que els tres juristes han deixat clar que el treball que s’està fent i el que eventualment pugui acabar fent la cambra parlamentària “no ha de posar en perill la credibilitat internacional d’Andorra”.

En paraules de Xavier Jordana, la proposició de llei que potencialment es pugui impulsar, la teòrica llei d’amnistia limitada i quirúrgica que es pretén, “no es pot plantejar com un remei o una solució que faci mal a Andorra; ha de ser sanadora”. Això vol dir que no pot fer enfurismar cap organització internacional ni tampoc països com els Estats Units, Espanya o França. De fet, amb representants d’aquests dos darrers estats, igual com amb els representants dels Coprínceps, episcopal i francès, ja s’hi ha parlat en el marc de les trobades que s’han anat fent.

I com en d’altres casos, la proposta s’ha escoltat i la justificació ha fet reflexionar més o menys. Però el que és clar és que s’han anat demanant matisos, correccions, ampliacions d’informació… De fet, els tres advocats s’han mostrat oberts a respondre les preguntes que escaigui, també de membres de la societat civil. I és que l’exposició que s’ha fet aquest dijous al despatx professional dels tres advocats ha estat d’allò més extensa i oberta a tantes preguntes com s’ha escaigut.

ANTECEDENTS I FUTUR

I una de les primeres preguntes se l’han fet els propis advocats. “La gran pregunta és per què s’ha de buscar una solució legislativa d’un cas que està judicialitzat”, s’ha qüestionat Jordana. I a grans trets, però amb una síntesi del que s’exposa als consellers generals, ministres, i autoritats diverses a les quals se’ls ha plantejat la situació, s’ha vingut a dir que la intervenció bancària va ser una anomalia que s’ha anat justificant, cada cop, amb més i més disbarats fins a crear una tensió insostenible.

Els tres advocats s’han referit a l’origen induït i gens clar del ‘Notice’ del FinCEN o a la derivada andorrana de la denominada ‘Operació Catalunya’, que cada vegada és més evident que va existir. Jordana ha apuntat la possibilitat que acabi apareixent documentació que provi una connexió entre institucions tals com la policia espanyola, la guàrdia civil o el SEPBLAC amb l’administració americana. Es considera que l’element que va ser el detonador de la investigació i la intervenció de BPA podria ser nul i lamenta que els tribunals andorrans en lloc de centrar-se en allò que deia la nota del FinCEN si és que havia de ser certa, “s’han orientat erròniament contra l’entitat bancària i el seus empleats”, no contra aquells que suposadament haurien blanquejat.

I és que en la causa general que va portar a intervenir el banc no hi ha ni un sol beneficiari de blanqueig implicat, investigat. Jordana, que no ha negat que des del banc es poguessin fer errors o desajustos administratius, ha deixat clar que en cap cas ha existit un grup organitzat ni res que se li assembli. Tot plegat formaria part d’aquesta desproporció que els tres juristes consideren que hi ha hagut i que només es pot superar amb una pacificació que ha de venir del Consell General en forma de llei d’amnistia. També per donar oxigen a la Justícia. “És ben clar que els tribunals d’Andorra estan desbordats amb aquest tema, i la Justícia no ho pot arreglar.”

“És una injustícia que això continuï en mans dels tribunals. És tan gros pel país que exigeix una reflexió i una solució de caràcter polític.” D’aquí que s’hagin estat mantenint contactes des de fa mesos per fer veure que cal “corregir una desproporció molt gran” a partir d’enterrar odis i rancúnies, que existeixen, ha remarcat Jordana, i fent renúncies per totes bandes. I d’aquesta manera mirant de passar pàgina “a la bestialitat de coses que hem vist” per tal que el país, Andorra, pugui “encarar el futur amb totes les seves debilitats i totes les seves fortaleses” però afrontant “allò que realment interessa i afecta el dia a dia”. 

 

/0 Comentarios/por
,

L’Operació Catalunya es converteix en l’Operació Andorra i el 5 de març és el dia D per destapar la conspiració contra la BPA

Font: https://lavalira.eu/

Madrid és un volcà. L’ofensiva de la “fachosfera” contra Pedro Sánchez és implacable i les “bombes” cauen sobre la Moncloa per terra, mar i aire. En aquest ambient crispat i guerracivilista que es viu al món polític de la capital espanyola, Andorra hi ha adquirit un inesperat protagonisme.

Aquest pròxim 5 de març, l’expresident Mariano Rajoy i el seu ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, han estat citats a comparèixer al Congrés dels Diputats en el marc dels treballs de la comissió parlamentària d’investigació sobre l’Operació Catalunya. Aquesta compareixença, que donarà oxigen polític a Pedro Sánchez i al PSOE en la seva aferrissada batalla contra el PP, ha estat motivada per les declaracions que va fer durant l’última sessió d’aquesta comissió d’investigació Joan Pau Miquel, exconseller delegat de la Banca Privada d’Andorra (BPA) i de la seva filial espanyola, Banco Madrid, entitats que van ser intervingudes i liquidades l’any 2015.

El PSOE passa a l’atac

D’aquesta manera, l’Operació Catalunya s’ha acabat convertint en l’Operació Andorra. Una mutació que reforçarà la programada declaració davant la comissió parlamentària, a finals de mes, d’Elisa Muxella, la presidenta de l’Institut de Drets Humans d’Andorra. Aquesta entitat és la que va presentar, l’any 2019, la querella criminal a la Batllia, admesa a tràmit, contra Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz i tots els càrrecs polítics i policials que van intervenir en la conspiració per carregar-se la BPA i Banco Madrid.

Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz figuraven en la llista inicial de testimonis proposada per alguns grups polítics per declarar davant la comissió parlamentària d’investigació. Però, en un gest de bona voluntat i distensió amb el principal partit de l’oposició, el PSOE els va excloure. Ha estat arran de l’escalada de les tensions de les últimes setmanes -amb l’assenyalament directe contra el president Pedro Sánchez pels casos Begoña Gómez, José Luis Ábalos i Álvaro García Ortiz– i, en especial, després de les contundents declaracions de Joan Pau Miquel, que el PSOE ha accedit a reintroduir Mariano Rajoy i el seu ministre de l’Interior en la relació de compareixents.

Els màxims responsables intel·lectuals i polítics

Sens dubte, la sessió del pròxim 5 de març marcarà el clímax dels treballs de la comissió d’investigació. Fins ara, hi han passat personatges de “segona fila”, encarregats d’executar la “guerra bruta” (Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas, José Luis Olivera, Francisco Martínez…), però ara sortiran a escena els seus màxims responsables intel·lectuals i polítics.

Amb el seu silenci o amb les seves declaracions, Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz aclariran les claus d’aquesta operació de les “clavegueres de l’Estat” per acabar amb l’envit independentista català. Una de les derivades més escabroses d’aquesta ofensiva va ser la intervenció de la BPA i de Banco Madrid, amb l’objectiu de demostrar l’existència de comptes a nom de la família Pujol i, tal vegada, d’altres líders sobiranistes, com Artur Mas o Oriol Junqueras.

Conseqüències traumàtiques i doloroses

El fracàs d’aquest operatiu, que va comptar amb la col·laboració determinant del FinCEN nord-americà, del Govern de Toni Martí i del fiscal general, Alfons Alberca, no va evitar que tingués conseqüències molt traumàtiques i doloroses: la confiscació de dos bancs als seus accionistes, l’empresonament durant 22 mesos de Joan Pau Miquel, l’acomiadament de 700 treballadors i l’inici d’una estalinista persecució judicial contra exempleats i exdirectius de la BPA, que encara dura fins avui, deu anys després.

En l’actual ambient polític existent a Madrid, el PSOE aprofitarà les compareixences de Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz per atacar durament el PP per l’Operació Catalunya i la seva derivada andorrana. El mateix faran els portaveus dels altres grups del bloc de la investidura -Sumar, Junts x Catalunya, ERC, Bildu…- que, sens dubte, els collaran fins a l’extenuació. Aquest 5 de març marcarà un abans i després en la llarga història de la confiscació de la BPA i de Banco Madrid, però també significarà un punt d’inflexió a Andorra.

L’hora de la veritat 

El cap de Govern, Xavier Espot, té una patata calenta que li crema les mans. La comissió parlamentària d’investigació del Congrés dels Diputats espanyol ha servit, de moment, per posar el focus en Andorra i, ben segur, les seves conclusions finals recolliran que la intervenció de la BPA va ser una ingerència inacceptable de l’Estat espanyol a la sobirania del Principat, a més d’un error polític i policial colossal. 

A partir d’aquesta constatació, que ja es pot donar per certa, quina sentència pot fer el Tribunal de Corts, presidit per Enric Anglada, sobre la primera peça jutjada del cas BPA, la de l’empresari Rafael Pallardó, quan a Espanya el cas Gao Ping, en el qual està inserit, encara està pendent de judici? Què cal fer amb l’enorme embús judicial que provoquen la seixantena de casos relacionats amb la confiscació d’aquest banc que encara s’estan tramitant a la Batllia?

L’Operació Catalunya s’ha convertit en l’Operació Andorra, però el problema no el tenen només Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz i tots els polítics i funcionaris policials que hi van intervenir. Xavier Espot i DA també hauran de donar la cara i reaccionar davant l’evidència de les múltiples complicitats i responsabilitats andorranes en aquesta conspiració criminal. Ha arribat l’hora de la veritat

/0 Comentarios/por
,

Comencen els interrogatoris a Madrid per l’Operació Catalunya i la liquidació de la BPA

Dos episodis cabdals de la història recent d’Andorra s’estan dilucidant, aquesta tardor, lluny de les valls de les Valires. D’un cantó, el Congrés dels Diputats espanyol enceta, aquest dimarts dia 15, els interrogatoris dels principals implicats, víctimes i testimonis de l’Operació Catalunya, ordida l’any 2012 pel ministeri de l’Interior del PP per escapçar el moviment independentista català.

En total, compareixeran, en les sessions programades, un total de 20 polítics, funcionaris, empresaris i periodistes, que van conèixer molt de prop, van participar o van patir les clavegueres policials de l’Estat. Una de les conseqüències de l’Operació Catalunya va ser la intervenció i posterior liquidació de la Banca Privada d’Andorra (BPA) i de la seva filial Banco Madrid, on se sospitava que destacats líders sobiranistes, com la família Pujol, tenien fortunes secretes amagades.

LA CONFESSIÓ DE “PACO BOMBA”

Per aquest dia 15 està anunciat l’interrogatori de Francisco Martínez (foto), exsecretari d’Estat de Seguretat, càrrec de confiança de l’exministre Jorge Fernández Díaz; i de l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la policia Eugenio Pino. Ambdós van tenir una intervenció molt directa en la guerra bruta contra l’independentisme català i en la conspiració que va acabar amb la BPA.

En una carta que “Paco Bomba” va publicar al diari El Mundo l’any 2020, l’exsecretari d’Estat de Seguretat confessava que, després de tenir un profund coneixement documental del cas BPA, estava convençut que la seva confiscació va tenir “un evident caire polític” i que la considerava “injustificada, desproporcionada i injusta”.

L’exsecretari d’Estat, que ara serà interrogat pels diputats, reconeixia en la seva carta que “a vegades, no poques, els poders públics causen greus perjudicis, amb actuacions que, al capdavall, es demostren injustificades, desproporcionades o, senzillament, injustes, com sembla ser en aquest cas”.

LA “SOLUCIÓ FINAL”

Per la seva banda, Eugenio Pino, comissari de policia i director adjunt operatiu (DAO) del ministeri de l’Interior amb Jorge Fernández Díaz, era el cap jeràrquic de la “policia patriòtica” que va aconseguir la imputació de tota la família Pujol per corrupció i blanqueig de diners. A partir de les informacions de Victoria Álvarez, l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, i del suposat “xivatasso” de Manuel Cerqueda, president de l’Andbank, els homes d’Eugenio Pino van arribar a la conclusió que els Pujol guardaven el “tresor” a la BPA.

El problema és que no tenien les proves necessàries perquè el jutge de l’Audiència Nacional pogués processar i condemnar l’expresident de la Generalitat i la seva família. D’aquí que orquestressin una bruta maniobra de pressió sobre els màxims executius de la BPA (Higini Cierco i Joan Pau Miquel). Però no van obtenir els documents que buscaven i van decidir que calia aplicar la “solució final”: “rebentar” el banc, amb la col·laboració dels seus contactes de confiança als Estats Units, i accedir, d’aquesta manera, als comptes.

PROTAGONISTES I TESTIMONIS CABDALS

En la segona sessió, programada per al dia 30 d’octubre, seran interrogats els policies Marcelino Martín Blas, l’enllaç amb el CNI, i Celestino Barroso, exagregat de Seguretat de l’ambaixada d’Espanya a Andorra. Aquests dos funcionaris van tenir un paper clau en l’operació contra la BPA.

Per a futures sessions, la comissió parlamentària d’investigació té previst interrogar: Higini Cierco, exaccionista de la BPA; Joan Pau Miquel, exconseller delegat d’aquesta entitat bancària; els periodistes Quico Sallés i Mayka Navarro; els exministres Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal; Soraya Sáenz de Santamaría i Cristóbal Montoro; l’expresident del Govern Mariano Rajoy; els polítics Oriol Junqueras, Artur Mas, Xavier Trias i Alicia Sánchez Camacho; l’advocat Agustí Carles; i els alts càrrecs Ignacio Cosidó (exdirector general de la Policia) i Juan Manuel Vega Serrano (exdirector del Sepblac), tots ells protagonistes i testimonis cabdals per aclarir els fets.

EL TRIBUNAL DE CORTS VA AMB PEUS DE PLOM

La comissió parlamentària d’investigació no té competències executives, però a la fi dels seus treballs emetrà unes conclusions de gran valor polític. Si es constata, entre altres extrems, que la intervenció i liquidació de la BPA va ser un “dany col·lateral” de la guerra bruta de les clavegueres policials, això tindrà un gran impacte sobre els procediments judicials que hi ha oberts a Andorra.

Aquesta pot ser la raó per la qual el Tribunal de Corts, presidit pel magistrat Enric Anglada, ha decidit posposar fins a l’estiu de l’any vinent l’emissió de la sentència sobre el cas Gao Ping, la primera peça separada del voluminós sumari de la BPA. Els tres membres del tribunal -malgrat les fortes pressions de l’exfiscal Alfons Alberca i de la batlle instructora, Canòlic Mingorance perquè dictessin ja la sentència- s’han estimat més anar amb peus de plom per no fer el ridícul, en espera del veredicte de la comissió parlamentària d’investigació.

PÀNIC AL VATICÀ PELS “DIAMANTS DE SANG”

A més de la comissió sobre l’Operació Catalunya, hi ha un segon cas que s’està investigant a Madrid i que té greus conseqüències a Andorra. Es tracta del tràfic dels “diamants de sang”, procedents de Sierra Leone i Libèria, del qual va lucrar-se l’empresa andorrana Orfund. El negoci dels “diamants de sang” està en l’origen de la guerra civil i del genocidi que va assolar aquesta zona d’Àfrica a finals del segle passat.

El magistrat de l’Audiència Nacional Luis Francisco de Jorge Mesas ha decidit, finalment, tirar endavant la instrucció d’aquest sumari, instat per un antic esclau de les mines de Sierra Leone, malgrat l’oposició inicial de la Fiscalia, que considerava que els delictes denunciats ja havien prescrit. Això vol dir que, en els pròxims dies i setmanes, seran cridats a declarar els testimonis que figuren en la querella, entre els quals hi ha 10 ciutadans d’Andorra vinculats a les activitats criminals d’Orfund.

Destaquen, en aquest sentit, els exministres Jordi Cinca –actual president del Fons de Reserva de Jubilació– i Càndid Naudi, a més de Miquel Canturri, conseller per DA del comú d’Andorra la Vella. L’impacte de l’escàndol dels “diamants de sang” provoca pànic al Vaticà, ja que esquitxa de ple el coprincipat episcopal. Monsenyor Joan Enric Vives, malgrat l’extrema gravetat dels fets, mai no va condemnar aquest genocidi.

/0 Comentarios/por
,

Un ‘think tank’ francés subraya «la vulnerabilidad de los inversores» en el ‘caso BPA’ ante «una injerencia política injusta»

Le Monde Décrypte apunta a que el caso que ha perjudicado a la Banca Privada d’Andorra cuestiona «la independencia del poder judicial y la separación de poderes en Andorra»
Cada vez hay más evidencias de las maniobras que se cometieron con el hundimiento de la Banca Privada d’Andorra (BPA): los tejemanejes que realizó la policía patriótica española revelados por los audios exclusivos de FUENTES INFORMADAS que han propiciado la imputación en Andorra del expresidente Mariano Rajoy o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por dirigir la vía andorrana de la ‘Operación Cataluña’. Una trama maquiavélica contra ese banco desarrollada entre 2012 y 2016 -supuestamente financiada por Juan Carlos I, según se desprende de los audios del comisario José Manuel Villarejo- para hacer descarrilar al independentismo catalán. Y más hechos que faltan por desvelar, los cuales se irán alumbrando a lo largo de dicho procedimiento judicial.

Pero ahora es un prestigioso instituto de investigación francés, Le Monde Décrypté, un laboratorio de ideas, quien refrenda esas tesis. El ‘caso BPA’, según este instituto de investigación, «refleja la debilidad del Estado de derecho en Andorra y la vulnerabilidad de los inversores en el país que, con una baja fiscalidad, tienen pocos medios para protegerse de una injerencia política injusta».

Después de denunciar el encarcelamiento del antiguo CEO del banco, Joan Pau Miquel, que ha durado casi dos años, se focaliza en el anormal funcionamiento de la Justicia andorrana. Insiste en «la lentitud» de ese procedimiento judicial que pone en cuestión la independencia del poder judicial y la separación de poderes en Andorra, un elemento esencial para todo país dotado de un sólido Estado de derecho.

Le Monde Décrypté (El Mundo Desencriptado) es un importante grupo de pensamiento y de influencia francés que dirige el politólogo y experto en geopolítica Gérard Vespierre. Este think tank colabora habitualmente con las instituciones europeas y elabora informes sobre la actualidad política y económica de todo el mundo, en especial en cuanto a los sectores estratégicos (energía, finanzas, armamento o conflictos).

Vespierre es el fundador de la consultora Strategic Conseils, un profesional designado por el Consejo Económico y Social europeo y colaborador habitual de los diarios Le Monde y La Tribune. La última publicación de Le Monde Décrypté se titula ‘El Estado de Derecho en el coro de Europa: como Andorra, Mónaco y Liechtenstein han vulnerado los valores de la UE’, del que se ha hecho eco el diario andorrano La Valira.

El prestigio intelectual de Vespierre avala el estudio
El informe tiene relevancia porque no se trata de cualquier persona y además está respaldado por los hechos acreditados que se han ido conociendo. El prestigio del politólogo que encabeza el think tank avala que sus análisis sean valorados por las élites europeas. Por eso, las reflexiones que hace sobre Andorra y, en concreto, sobre el caso que afecta a la BPA son una llamada de atención muy seria por la gravedad que implica para las autoridades políticas y judiciales del principado.

En este documento, Vespierre comienza construyendo un marco general para luego avanzar hacia el relato de cómo se dinamitó la BPA: la creciente e irreversible pérdida de influencia de Europa en el actual y futuro contexto económico y geopolítico mundial. Sin embargo, pone de manifiesto su liderazgo democrático. «Uno de los terrenos en los cuales Europa continuará teniendo una influencia significativa es el de la primacía del derecho. Según el Consejo de Europa, el Estado de derecho es uno de los ‘principios que constituyen el cimiento de toda democracia verdadera’». Lo considera como «el cimiento de los derechos del hombre» ya que «garantiza la responsabilidad y la transparencia, el acceso a tribunales independientes e imparciales y la no discriminación ante la ley» de ninguna índole ni razón.

«Atendida la dimensión de sus sectores bancario y financiero, estas tres naciones tienen una influencia considerable sobre los mercados financieros europeos, aunque no sean miembros de la UE. El informe demuestra que estos micro-Estados [Andorra, Mónaco y Liechtenstein], con una baja fiscalidad y poco reglamentados, han servido de marco a numerosos escándalos bancarios y políticos«. Según expone el informe, estos affaires «han perturbado la estabilidad financiera de Europa» y han vulnerado gravemente la reputación de la UE, en cuanto que referente del Estado de derecho.

«El aviso del FinCEN fue desafortunado»
Pues bien, el instituto de investigación se ha pronunciado sobre la intervención y confiscación de la BPA. «En 2015, el Tesoro americano (FinCEN) publicó un aviso señalando a la BPA como una institución financiera extranjera que suscitaba una preocupación mayor en materia de blanqueo de dinero. Las autoridades andorranas reaccionaron cogiendo el control de los activos del banco, a pesar de la preocupación de los accionistas de la entidad, que consideraban que este aviso era desafortunado«, comienza señalando el informe.

Efectivamente, lo que desencadenó la reacción del FBI fue la campaña de bulos y mentiras que puso en marcha el Gobierno español para persuadir al Ejecutivo de Estados Unidos, por medio del FBI, de que en Andorra, en general, se lavaba dinero de ciudadanos venezolanos y rusos. Algo que posteriormente se reveló como falso, pero que tenía la intención de que el organismo adscrito al Tesoro estadounidense difundiese ese notice dando la voz de alarma para la intervención de la BPA. De hecho, tal y como se hacía eco este medio, hace meses un guardia civil se ha atribuido la intervención del FinCEN contra la entidad bancaria andorrana.

«Después, el FinCEN retiró su notificación y los tribunales españoles exoneraron BPA de todo delito. Muchas informaciones han afirmado que la intervención del banco fue el resultado de un conflicto político entre España y Cataluña«, prosigue. No se equivoca el think tank francés. Se trataba de una operación de desprestigio hacia la entidad que no se correspondía con la realidad y que le trajo innumerables perjuicios económicos que le han conducido a la quiebra. De hecho, arrastra más de 500 millones en pérdidas y solo en lo que respecta a la propia BPA. El Banco de Madrid, su filial, también resultó perjudicado; pero esta vez por la intervención del Gobierno español, lo que tuvo aparejado otro montante millonario de pérdidas.

Hace unos meses, gracias a los audios y las publicaciones de FUENTES INFORMADAS que sugerían la implicación de Rajoy y Fernández Díaz, la jueza de Andorra Stéphanie Garcia reactivó una querella de accionistas de la BPA por seis delitos y decidió imputarles. Aparte de ellos, figuran como investigados Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, e Ignacio Cosidó, el antiguo director general de la Policía. Este último prohibió en 2014 al comisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que varios miles de personas, entre ellos, unos 3.000 catalanes, tenían en el AndBank de Andorra, la entidad rival de la BPA. El motivo: había sospechas de que entre ellas figuraba una «del emérito» (don Juan Carlos I), conforme explica Villarejo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en otro audio divulgado en exclusiva por FUENTES INFORMADAS.

El papel de don Juan Carlos en la rama andorrana de la ‘Operación Cataluña’ destinada a frenar el independentismo sino que el comisario Villarejo, no imputado en la causa abierta en Andorra pero conocedor de la situación por su paso por los servicios de Inteligencia policiales, sugiere en una conversación con la presentadora Ana Rosa Quintana -divulgada hace unos meses por este periódico- que el emérito «pagó de su bolsillo» parte de la información antisecesionista en el principado. Y que todo se debía a un motivo lucrativo.

Casi 1.000 millones de euros les ha costado a los andorranos
Pero el caso particular del desfalco que ha hecho saltar por los aires a la BPA, según el citado informe, «ilustra cómo el no respeto al Estado de derecho y la carencia de un procedimiento regular en la reglamentación bancaria pueden poner en peligro emprendidas privadas y particulares». Asimismo, da cuenta igualmente de «la capacidad de los Estados Unidos para intervenir en el sistema bancario europeo antes de toda implicación de una institución europea».

Le Monde Décrypté también apunta que «la incapacidad de Andorra de hacer respetar el Estado de Derecho ha permitido» que estas maniobras se produzcan, máxime cuando a la postre han lastrado a uno de los bancos más solventes de Europa en términos económicos antes de la intervención del Gobierno andorrano.

Y es que el Gobierno de Andorra también aprovechó la situación cuando intervino la BPA. A su vez, el Gobierno de Rajoy intervino el Banco de Madrid, filial de la BPA, cumpliendo así la amenaza (escuchar los audios publicados en exclusiva por FUENTES INFORMADAS) de la brigada patriótica de que la BPA y el Banco de Madrid tendrían serios problemas si no les daban las cuentas de los independentistas catalanes, que en realidad no estaban en esta entidad sino en la rival, Andbank. Pero esta última entidad, sin embargo, evitó la intervención gracias a las conexiones de algunos directivos con el Gobierno del Principado.

El estudio zanja que «teniendo en cuenta las pérdidas sufridas por el Estado y las denuncias puestas contra el Gobierno, el affaire tendría que costar más de 996,4 millones a Andorra, es decir, 12.500 euros por habitante«.

Fuente: https://fuentesinformadas.com/

/0 Comentarios/por
,

La Audiencia de Madrid rectifica y deja a Rajoy combatir su imputación en Andorra

Anula su resolución anterior, que le daba la razón, pero rechazaba su recurso al entender ya devuelta la comisión rogatoria
El tribunal sostiene ahora que ignora el estado de la petición de ayuda internacional y que, por tanto, puede impugnarse

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la resolución que dictó hace unas semanas en la que rechazaba el recurso del expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, pero a la vez le daba la razón, en el contencioso que ha iniciado para oponerse a la comisión rogatoria cursada por Andorra para comunicarle su imputación por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes, como los Pujol, el expresidente de la Generlitat Artur Mas y el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, en lo que parece formar parte de la «Operación Cataluña».

En sendas resoluciones, una por Rajoy y otra para su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también imputado en el mismo procedimiento en el principado, la Audiencia explica que cometió un error al dar por hecho que ya había sido devuelta a Andorra la comisión rogatoria que había enviado a España para comunicar a ambos y a su compañero del Consejo de Ministros Jorge Fernández Díaz la querella presentada en su contra.

Como ignora el estado en que se encuentra la solicitud de ayuda internacional, es decir, si sigue todavía en los ministerios que participan en su tramitación, los de Justicia y Asuntos Exteriores, o ya se ha devuelto a Andorra y no puede ser paralizada, procede a corregirse para permitir a ambos personarse en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, al que correspondió la tramitación e impugnarla, para oponerse así a su imputación por los delitos de los de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión coacciones a órganos constitucionales y documento falso.

Querella política
De esta forma, que si efectivamente aún no se ha devuelto a Andorra, los dos podrán oponerse a la tramitación de la comisión rogatoria con los argumentos que esgrimen, entre los que figuran la falta de jurisdicción de los tribunales andorranos para perseguirles, el interés político de la querella interpuesta y el grave daño a su imagen que supone dar simplemente curso a la reclamación.

Los tres miembros del último Ejecutivo del PP también solicitaron, finalmente sin éxito, la paralización de la comisión rogatoria a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la intención de frenar la devolución a Andorra de la documentación presentada.

La justicia andorrana admitió a trámite en 2019 una querella contra el expresidente y los dos exministros en la causa en la que investiga a varios policías por supuestas presiones al BPA.

Fuente: www.elperiodico.com

/0 Comentarios/por
,

Portazo de la justicia a Rajoy: reactiva la comisión rogatoria de Andorra por la Operación Catalunya

ortazo de la justicia al expresidente del PP Mariano Rajoy. La sección sexta de la sala del contencioso-administrativo del TSJ de Madrid ha acordado levantar la medida cautelarísima, y, por lo tanto, deniega la medida cautelar de suspensión de la ejecución para dar curso a la comisión rogatoria internacional, solicitada por la Batllia de Andorra, en la derivada de la Operación Catalunya en Andorra, según ha informado el tribunal este miércoles. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había parado de forma cautelar que un juzgado de Madrid informara a Rajoy y al exministro Jorge Fernández Díaz, que eran investigados en Andorra y que se personen con abogado, porque alegaron vulneración de derechos fundamentales, pero ahora el tribunal lo ha desestimado. En la resolución, el tribunal afirma que las argumentaciones hechas por Rajoy son “invocaciones genéricas e inconsistentes” y por eso le deniega frenar de forma cautelar la comisión rogatoria, a pesar de que avanza que el fondo del recurso lo desarrollará en la sentencia, que tiene que dictar ahora.

La comisión rogatoria de Andorra
El junio pasado, la batlle de la sección especializada 2 de Andorra, Stephanie García, citó a declarar como querellados el expresidente del gobierno español del PP Mariano Rajoy, los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de miembros de la antigua cúpula de Interior por la Operación Cataluña, tal como le había solicitado el noviembre de 2021 el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y Drets, que ejercen la acusación popular, en este procedimiento iniciado por los exdirectivos de la Banca Privada de Andorra (BPA). Se acusa a Rajoy y los ministros de presionar el gobierno andorrano para favorecer la caída de la BPA, mientras policías españoles pedían a directivos de la BPA información de la familia Pujol, de Artur Mas y de Oriol Junqueras.

A través del convenio internacional de cooperación de 1959, el Ministerio de Justicia español recibió esta solicitud de cooperación andorrana para que se informara a Rajoy, los exministros y agentes de la policía que eran querellados en Andorra, y que designaran abogado en este país vecino. Nada más por ahora. Rajoy y Fernández Díaz lo han querido bloquear por miedo que el próximo paso sea la petición de extradición si no quieren ir voluntariamente a Andorra. Las declaraciones del comisario jubilado Manuel Villarejo permitieron reactivar la investigación contra el gobierno del PP.

Los argumentos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía
En la resolución, el TSJ de Madrid expone que la Abogacía del Estado era contraria a la petición de Rajoy al asegurar que su recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Cooperación del Ministerio de Justicia del 15 de junio pasado, “no es recurrible porque no es un acto administrativo”, como ya le comunicó, además de ser “un acto de trámite”. La Fiscalía también se mostró contraria a parar la colaboración con Andorra, asegurando que Rajoy y Fernández Díaz alegaron la vulneración de derechos fundamentales, pero que en realidad lo que quería es ir contra la resolución del juzgado de instrucción 32 de Madrid y de la Audiencia de Madrid que le denegaban parar la comisión rogatoria, al sostener que era un acto de trámite.

Ahora, el tribunal de Madrid considera que Rajoy no ha desarrollado bastante la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva y de igualdad de derechos, que ha alegado para frenar la investigación andorrana. También precisa que denegar la comisión rogatoria en Andorra puede ser “perturbador” dadas las consecuencias de reciprocidad entre Estados que se deriva del convenio del Consejo de Europa de Asistencia Judicial Penal de 1959.

Los dos policías con protección diplomática
En sus argumentos, Rajoy había expuesto que el gobierno español había denegado que dos agentes de la policía española declararan en el procedimiento de Andorra porque tienen “protección diplomática”. El tribunal informa, pero, que en el expediente “no hay actuación diferenciada respecto a estos policías” y por hechos iguales o similares. Es decir, Rajoy “no ha aportado pruebas ni indicios” y por ahora el TSJC de Madrid le deniega frenar el envío de la respuesta a Andorra, a pesar de que hay pendiente la sentencia sobre su posicionamiento de fondo.

/0 Comentarios/por
,

Els antics propietaris de BPA reclamen 141 milions a Espanya pel tancament de Banco Madrid

La família Cierco ha interposat una demanda davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola contra la decisió del supervisor d’intervenir la filial de l’entitat bancària andorrana

“Tots els procediments judicials i administratius iniciats en relació amb el presumpte incompliment d’obligacions en matèria de blanqueig  de capitals per Banco Madrid  (que va ser la causa motivadora de la intervenció de l’entitat) han conclòs sense declarar l’existència de cap il·lícit per part dels seus administradors.” Aquesta és la premissa de base a partir de la qual els propietaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització i en virtut d’això, propietaris també del 75% de Banco Madrid, reclamen a l’Estat espanyol 141 milions d’euros pels danys i perjudicis soferts.

La reclamació es concreta en una demanda interposada aquest dimarts davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola. La demanda és la resposta -l’apel·lació- a la decisió del Banc d’Espanya de desestimar la petició que inicialment va fer la família Cierco en via administrativa. L’òrgan supervisor del sistema bancari espanyol va negar la reclamació dels antics propietaris de BPA al·legant, simplement, que havia prescrit l’acció. És a dir, que la petició d’indemnització s’havia formulat fora de temps.

Banc d’Espanya en cap cas va qüestionar el fet que la família Cierco al·legui que la intervenció va ser una decisió irracional i il·lògica ni entra a valorar, tampoc, ni per bé ni per mal, la quantificació que es fa de l’empresa. Simplement, va desestimar la pretensió dels reclamants dient que havia transcorregut més d’un any des de la causació del dany suposat, que estima que hauria estat la intervenció del març del 2015. La petició es va formular ben entrat el 2020. I en la demanda ara interposada davant l’Audiència nacional espanyola, de prop de 150 pàgines, es deixa clar que no hi pot haver prescripció de l’acció perquè hi havia un procés penal obert íntimament lligat a la suposada responsabilitat dels administradors.

MOTIVACIÓ

En efecte, com s’ha dit, és el fet que s’hagin tancat a Espanya tots els processos vinculats a Banco Madrid sense cap retret ni administratiu ni penal que ha portat ara els antics propietaris de BPA i la seva filial espanyola a impulsar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Estat perquè, com es recorda en el cos de la demanda presentada, la intervenció de Banco Madrid en cap moment es va deure per problemes de liquiditat o de solvència de l’entitat. Únicament i exclusivament es va acordar intervenir el banc per suposats incompliments en matèria de prevenció de blanqueig. I els tribunals i els òrgans administratius han determinat quatre i sis anys després que això no va ser així.

La querella criminal interposada al seu dia contra els administradors de Banco Madrid finalment va ser sobreseïda pels tribunals. També es deixa constància que més recentment, l’òrgan de supervisió de les polítiques de prevenció de blanqueig de les entitats financeres a Espanya, el Sepblac, ha arxivat l’expedient que va obrir al seu dia. En tots dos casos sense cap retret al banc intervingut.

La demanda remarca que la querella criminal interposada al seu dia contra els administradors de Banco Madrid finalment va ser arxivada pels tribunals. També es deixa constància que més recentment, l’òrgan de supervisió de les polítiques de prevenció de blanqueig de les entitats financeres a Espanya, el Sepblac, ha arxivat l’expedient que va obrir al seu dia, abans fins i tot de la intervenció de la filial de BPA, determinant que no només no hi va haver blanqueig sinó que Banco Madrid havia reforçat els sistemes de control des que BPA havia adquirit l’empresa a la Kutxa.

Més encara, es recorda en l’escrit que els problemes de liquiditat i la sortida massiva de capital de Banco Madrid es va deure, justament, pel fet que el Banc d’Espanya decidís intervenir de forma precipitada l’entitat madrilenya, una de les que millor comportament tenia el 2015 a l’Estat espanyol en matèria de banca privada, atès que la decisió del regulador, fent seguidisme de les decisions adoptades pel Govern d’Andorra, va comportar una onada de pànic de totes totes injustificada per la realitat de la societat bancària. De fet, com que al final Banco Madrid es va haver de sotmetre a un procés concursal, els seus administradors van acabar determinant que la fallida de l’entitat va ser deguda per causes fortuïtes i, en cap cas, per decisions lesives que al seu dia haguessin pogut adoptar els responsables del banc sota la tutela de BPA.

És arran de tot això i molt més, que els antics propietaris del banc formulen la reclamació, deixant clar des del punt de vista jurídic, que en cap cas pot operar la prescripció de l’acció. De la petició d’indemnització. I assegurant també que Banc d’Espanya tenia l’obligació -i també els mecanismes- per haver procedit d’una forma diferent a la de la intervenció, ja que s’ha d’actuar sempre seguint el principi de menys lesivitat possible i no es va aplicar aquest comportament sinó que es va tirar pel dret com van fer també les autoritats andorranes.

DOBLE RASER

Amb tot, hi ha una clara diferència entre la visió i el procediment que s’està duent a terme a Espanya i a Andorra. Demandes de reclamació administrativa al marge, és evident que ni els organismes jurisdiccionals de l’Estat espanyol ni les autoritats administratives han acabat condemnant cap responsable de Banco Madrid, que s’havia de cenyir a uns controls molts més estrictes que la pròpia BPA per la simple lògica de la jurisdicció legal i la plaça financera on operava, i respecte dels mecanismes de prevenció de blanqueig del qual tant els tribunals com el Sepblac han acabat concloent que hi eren i que funcionaven.

La causa Emperador, per a la qual, a Espanya, amb una instrucció iniciada el 2012, encara no hi ha data de judici, en certa manera s’està jutjant al Principat on entre el 2008 i el 2011 el delicte fiscal no estava tipificat

En canvi, a Andorra, els mateixos gestors, amb el mateix model de prevenció i de govern corporatiu, i auditats històricament per companyies de la seriositat de KPMG i Deloitte, i supervisat pel regulador andorrà (INAF primer, AFA en l’actualitat), continuen sent jutjats sota l’acusació del fiscal i del propi Govern d’Andorra per uns fets vinculats a la causa Emperador, per a la qual, a Espanya, amb una instrucció iniciada el 2012, encara no hi ha data de judici i que, en canvi, en certa manera, s’està jutjant al Principat.

I això que la immensa majoria de les resolucions fermes dictades fins ara en el marc de l’esmentada causa Emperador a l’Estat espanyol s’evidencia que rere els basars xinesos que, per tant, mantenien una activitat comercial certa, l’únic que hi havia era una elevada defraudació a la hisenda espanyola. Els moviments dineraris que es van fer a BPA al tomb de l’empresari Rafael Pallardó es van produir entre el 2008 i el 2011, quan al delicte fiscal entès com s’entén majoritàriament no estava tipificat al Principat.

Amb tot, i encara que sigui rellevant, el que queda és determinar la quantitat de la indemnització, que el Banc d’Espanya en cap cas va discutir. En aquest sentit, segons recull la demanda, la valoració de l’entitat, tenint en compte el seu valor net comptable (129,498 milions d’euros) estimada pel mètode de múltiples, ascendeix, segons els demandants, a 267,855 milions d’euros. En base a tot plegat, i en funció de càlculs diversos i els nivells de participació accionarial, els perits acaben concloent que la quantitat conjunta que hauria d’indemnitzar Banc d’Espanya és de 141.604.000 euros més els interessos legals corresponents.

Font: altaveu.com

/0 Comentarios/por