El letrado presentó un recurso con citas de resoluciones de Supremo y del Poder Judicial que no están en las bases de datos

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado investigar “una posible falta a la buena fe procesal” de un abogado que presentó un recurso de apelación en el que citaba jurisprudencia e informes oficiales inexistentes presuntamente generados por herramientas de inteligencia artificial.

La Sala de lo Penal notificó hace unos días la sentencia que confirma la absolución de un vecino de Tenerife que fue juzgado en julio de 2025 por un supuesto delito de agresión sexual ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Según informa el TSJC en una nota de prensa, la sentencia desestimó el recurso de la acusación particular contra la absolución y el tribunal detectó que el abogado de esta parte incluyó en su recurso diversas citas de jurisprudencia supuestamente “espurias” o “apócrifas”.

“Libérrima creatividad jurídica”

El TSJC ha señalado que la normativa invocada se refiere a un posible ilícito por vulneración de las reglas de la buena fe procesal, que puede derivar en una multa si se determina que el profesional ha actuado con mala fe o ha faltado al respeto debido al Tribunal, sin perjuicio, además, de dar traslado de los hechos al colegio profesional respectivo por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

Con todo, el Tribunal refiere en la sentencia que en el recurso de apelación presentado por el letrado se detectó la cita de, al menos, siete sentencias del Tribunal Supremo “ajenas a cuanto esta Sala ha alcanzado a verificar en las bases de datos disponibles”. También expone que en el texto se encontraron “otras muchas de similar factura” que “constituyen asimismo ejercicio de libérrima creatividad jurídica”, añadiendo que el abogado las “desgrana” a lo largo de su escrito “con soltura y desparpajo”.

La resolución enfatizó que el Tribunal “tampoco tiene constancia de que exista un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad del testimonio infantil de 2019” del que también se extracta un pasaje en el recurso “con la precisión de quien copia de un original que reposa sobre su escritorio o lo extrae de un archivo informático.” Finalmente, el tribunal entendió que la presunta falta del profesional, “lejos de consistir en un mero desliz o error venial, por su reiteración, merece ser depurada”.

Exclusiva de RAC1

Los correos secretos del CNI que implican a Rajoy, Andorra y EE.UU. en la operación Catalunya

Exclusiva de RAC1

Según una cadena de de correos y notas a las que ha tenido acceso ‘El Món a RAC1’,  el expresidente del gobierno y su homólogo andorrano pactaron en 2014 hacer caer a la BPA con la ayuda de Estados Unidos

Una cadena de correos electrónicos secretos y de notas informativas confidenciales obtenidas por El Món a RAC1 incriminan al expresidente del gobierno Mariano Rajoy, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido entonces por Félix Sanz Roldán, a Estados Unidos y al omnipresente excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo en una operación de grandes dimensiones pensada para provocar la caída de la Banca Privada de Andorra en el marco de la operación Catalunya contra los líderes soberanistas.

A finales de 2014, en pleno procés, la policía patriótica de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz intentaba conseguir trapos sucios de los líderes soberanistas catalanes para tratar de hacer descarrilar el movimiento que acababa de protagonizar la consulta del 9-N. Villarejo había convencido con presuntos informes secretos al gobierno que el independentismo escondía miles de millones de euros en Andorra para financiar la futura República Catalana, y según se deduce de la documentación hecha pública por RAC1, Rajoy no solo se lo tragó sino que autorizó una operación ilegal para intervenir el sistema bancario andorrano y hacerse con el control de las cuentas del independentismo.

Villarejo y otros cabecillas de la policía patriótica trabajaban en tierras andorranas desde finales del 2012 captando todo tipo de fuentes, incluso recurriendo a la extorsión, gracias a lo cual consiguieron la captura de pantalla que demostraba que la familia Pujol disponía de cuentas en Andorra. El ministerio del Interior lo filtró a El Mundo, que lo publicó en julio del 2014, provocando un gran terremoto político en Catalunya.

Pero la policía patriótica no tenía suficiente y Villarejo y sus hombres convencieron a Rajoy de que había que ir más allá. Según los correos recabados por RAC1, el entonces presidente del gobierno pactó con el entonces jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí Petit, que derribarían a uno de los cuatro grandes bancos andorranos: la Banca Privada de Andorra, que también tenía una filial en España, el Banco de Madrid. Era la entidad donde los Pujol habían guardado los fondos entre el 2010 y el 2014, no era propiedad de ninguna de las familias vinculadas tradicionalmente al sistema financiero andorrano y la policía patriótica sospechaba que escondía millones de euros del independentismo.

A diferencia de otras tramas de la operación Catalunya, las maniobras para tumbar la Banca Privada de Andorra y su filial española no las lideraría el ministerio del Interior, sino el CNI. Poco antes de la intervención de la BPA y Banco de Madrid, que tendría lugar el 10 de marzo de 2015, uno de los espías adscritos al departamento de información del CNI envió este correo electrónico secreto a Villarejo el 6 de marzo de 2015, a las 18.27h.

“Tanto tus jefes como los míos solo siguen las ordenes del PG (acrónimo de presidente del gobierno), que a la vuelta del viaje al país vecino en enero ya no tuvo dudas sobre los planes que en verano del año pasado le planteó su homólogo cuando le visitó y confirmó que era la información que tenía el BPA la que podía poner en riesgo el equilibrio institucional de ambas naciones”, dice. Este correo afirma sin lugar a dudas que es Rajoy quien ordenó sacar adelante la operación tras acordarlo con su homólogo andorrano en tres encuentros previos: dos en España, agosto y septiembre del 2014, y otro en Andorra la Vella, en enero del 2015, tres meses antes de la intervención del banco.

La alerta del Fincen de Estados Unidos

En otro fragmento del correo, el agente del CNI incluso explica cómo lo harían. En este punto, entran en juego una de las otras piezas clave de esta trama: Estados Unidos. “Al final todo se ha precipitado por el empujón al más alto nivel y por las relaciones de R1 [el sobrenombre secreto del director del CNI, Félix Sanz Roldán] con las barandas de los servicios amigos, gracias a ello el secretario del Tesoro americano, se lo pidió al Fincen, que sólo puso como condición recibir la alerta nuestra, enviada a través de nuestro colaborador BS”, informa.

Cargarse un banco para conseguir la información de los clientes no es nada fácil pues hace falta un pretexto de peso. España y Andorra acusaron a la BPA y a su filial española, Banco Madrid, de blanquear dinero de Venezuela, del cártel de Sinaloa, de la mafia china y de oligarcas rusos. Como los conceptos “Venezuela”, “narcotráfico”, “China” o “Rusia” disparan todas las alarmas en Estados Unidos, la idea era advertir al secretario del Tesoro estadounidense de que la BPA y su filial eran un guarida de basura para que la Oficina de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos, el Findem, emitiera una aletra. De esta forma, España y Andorra tendrían la excusa perfecta para intervenirlo, porque no parecería que lo hacían por su cuenta, sino que estaban obligados a ello por los estadounidenses.

El Món a RAC1 ha consultado un informe reservado que demuestra cómo el CNI dio indicaciones al servicio español contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, para que hiciera un informe que describiera las supuestas malas prácticas de la BPA y Banco Madrid y lo enviara al Fincen de Estados Unidos. La persona que habría hecho de enlace entre unos y otros es el tal BS, Basilio Sánchez Portillo, un comandante de la Guardia Civil que, según el correo, era colaborador del CNI.

La intervención

España se salió con la suya el 10 de marzo del 2015, el día que el Fincen envió la alerta y dio el pretexto necesario para intervenir a la BPA y a su filial española, liquidarlos y extraer toda la información de los clientes. Diez años después, ninguna de las acusaciones que motivaron la alerta contra la BPA se ha demostrado. En España, se han archivado todos los casos salvo uno, el de la mafia china, que ha quedado reducido a un delito de fraude fiscal. En Andorra, hay más causas abiertas, pero ninguna sentenciada.

En un correo que el CNI envió a Villarejo el 16 de marzo del 2015 queda de nuevo muy claro que la operación fue un montaje. “Te pedimos que vuelvas a hablar con tu amigo MB [acrónimo de Mark Varry, un agente del FBI destinado en España que era amigo personal de Villarejo] para que vea a sus contactos con el Tesoro y así el Fincen vuelva a emitir otra alerta que refuerce la del día 10 y aseguramos que los del banco andorrano no levanten cabeza. Si consigues que MB se mueva, R1 [alias de Félix Sanz Roldán] se quedará mas tranquilo y no tendrá que pedir nuevos favores a nuestros colegas americanos”.

Villarejo consideraba que debía irse más allá de la BPA pero las autoridades españolas obviaron la advertencia

Villarejo no hizo la gestión que su contacto del CNI le había pedido. Según RAC1, el comisario llevaba tiempo enviando notas confidenciales a los servicios secretos españoles quejándose de las gestiones que estaban llevando a cabo en Andorra. Villarejo consideraba que era necesario intervenir tanto la BPA como otro de los grandes bancos del sistema bancario del país, Andbank, pero no le hacían caso. El comisario se quejaba de ello en una nota confidencial escrita el 7 de marzo de 2015, tres días antes de la intervención de la BPA.

“El análisis de los datos recogidos en fuentes fiables no excluye la vinculación de sectores independentistas con otras entidades andorranas además del BPA. Ante el señalamiento del BPA como única entidad de riesgo para España por sus vínculos con los Pujol, se debe insistir en que decrecerá el nivel de eficacia de las gestiones en curso si persiste el interés en obviar que el objetivo primordial es el desmantelamiento del movimiento independentista y no ocultar el resto de actividades de terceros”, lamentaba.

Se deduce, según la nota, que si no se actuaba contra AndBank es porque ese banco ocultaba fondos del independentismo, pero también de otras personas que España quería proteger. Esta afirmación, que el comisario no acompañaba de ninguna prueba, iba seguida de otras que demostraban hasta qué punto las instituciones españolas habían cocinado la operación contra la BPA. De hecho, en la nota confidencial, Villarejo adelanta el argumentario que España y Andorra utilizarán para justificar la intervención del banco: “De llevarse a cabo la acción prevista en breve, deberá justificarse que, según la alerta del Fincen, de su contenido se desprenda que podrían encontrarse pruebas e indicios de delito de blanqueo”.

En el último párrafo de la nota, escrita tres días antes de la intervención del banco, Villarejo también añade. “Una vez descabezada la entidad, con la destitución y/o encarcelamiento de los responsables del BPA, los gobiernos de Andorra y España podrán disponer de tiempo suficiente para elaborar los informes que complementarían la alerta del Fincen y dar la máxima verosimilitud a las razones de la intervención”.

Este párrafo es profético porque el consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, acabó detenido y pasó 22 meses encarcelado en prisión de forma preventiva en Andorra.

En otra nota confidencial del 21 de marzo del 2015, 11 días después de la intervención, Villarejo comunica a sus superiores que están eliminando las pruebas que incriminan a España en la operación: “Tal y como ordenó la Superioridad, toda la documentación al respecto se ha entregado y, salvo en los archivos de Presidencia del Gobierno y del CNI, no quedaría rastro de la actividad, ya que se han eliminado tanto las órdenes de traslado de algunos funcionarios que se necesitaron para tal fin como los pagos con fondos reservados efectuados tanto a las fuentes andorranas como a las fuentes andorranas”.

Cierco y Miquel anuncian una querella contra Rajoy

Tras estas informaciones de RAC1, dos de las víctimas de la operación para hundir a la BPA han roto el silencio en la emisora. Higini Cierco, copropietario de la BPA, y Joan Pau Miquel, ex consejero delegado, han anunciado que presentarán una querella contra Mariano Rajoy y han denunciado una década de persecución política y judicial.

Cierco asegura que vivieron “con miedo durante diez años”, enfrentándose a amenazas constantes y a un aislamiento total por parte de las autoridades andorranas, que nunca les ofrecieron apoyo ni presunción de inocencia. En su caso, incluso tuvo que enviar a sus hijas a estudiar al extranjero ante el temor de represalias. “Fueron diez años de incertidumbre y terror institucional”, afirma.

Por su parte, Joan Pau Miquel relata su paso por prisión preventiva, donde estuvo encarcelado durante 22 meses. Recuerda que fue detenido a las tres de la madrugada y que su abogado le advirtió que se preparase para estar entre 3 y 4 semanas entre rejas. Finalmente, fueron casi dos años. Desde entonces, arrastra restricciones judiciales y sigue vinculado a más de 30 causas penales abiertas, la mayoría sin resolución tras diez años de instrucción. “Es una aberración, la justicia debe impartirse en un tiempo razonable”, denuncia.

Joan Pau Miquel ha confirmado que ya tenían sospechas de la implicación del expresidente español Mariano Rajoy: “No me ha sorprendido nada. Imaginé que esto no se podía hacer en un café entre policías. Había su implicación y la de otros miembros del gobierno; también por parte del ex ministro de Economía Luis de Guindos”. Por eso, ha asegurado que ahora tocará ampliar las causas y querellarse contra Rajoy.

Los dos dirigentes de la BPA han denunciado que no recibieron ninguna muestra de solidaridad en Andorra: ”Salieron en tromba a criminalizarnos en los medios, sin darnos ninguna oportunidad. La maldad que ha habido y hay es inimaginable». Sin embargo, esperan que ahora las nuevas informaciones tengan alguna repercusión. Una de las posibles vías que se abren es la de interponer nuevas querellas.

Cierco y Miquel han ofrecido al gobierno andorrano renunciar a cualquier compensación económica a cambio de una ley de amnistía que permita cerrar el caso y reparar su reputación. Sin embargo, hasta el momento, los partidos que dan apoyo al gobierno andorrano han rechazado esta vía.

La querella acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes

Una juez andorrana ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al que fuera su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que les investiga a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.

La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d’Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada Operación Cataluña e incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, según han informado las entidades denunciantes.

La Batlle de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, ha expedido ahora comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da quince días para que designen representación letrada, advirtiéndoles que de no hacerlo se les nombrará uno de oficio, han explicado el Institut y Drets en un comunicado. También ha acordado la juez remitir de nuevo comisiones rogatorias al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Diez, que ya fueron citados en su día pero no se presentaron.

La querella, que inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada “policía patriótica”, se amplió posteriormente a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol. La querella, presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.

La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid (ambos ya clausurados) sino facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que “intimidaba” al Gobierno andorrano ya sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015,para precipitar el cierre de la entidad.

Fuente: https://elpais.com/

El ex secretario de Estado de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, asegura en una carta que ha enviado a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) que la intervención de su entidad financiera por blanqueo de capitales, que tuvo lugar en marzo de 2015, fue una decisión de «evidente cariz político» que, además, no duda en calificar de «injustificada, desproporcionada e injusta».

La misiva de Martínez, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, está fechada el pasado 3 de noviembre y responde a una carta previa que le envió la familia Cierco en la que le pedía que les ayudara a esclarecer lo ocurrido con su banco en el Principado y con su filial en España, el Banco de Madrid.

La BPA estuvo en el foco de Interior por haber albergado la fortuna oculta de la familia Pujol en el Principado. Asimismo, Antiblanqueo denunció que se dedicaba al lavado de fondos de clientes rusos, chinos, mexicanos o venezolanos. La Justicia, sin embargo, archivó años después las investigaciones al determinar que la entidad no incumplió la normativa contra el blanqueo de capitales.

El ex número dos de Interior aceptó la petición de los financieros andorranos y les contestó que, una vez «analizados numerosos documentos » sobre la intervención de la BPA y del Banco de Madrid, su primera valoración es que «en ocasiones, no pocas, los poderes públicos causan gravísimos perjuicios con actuaciones que, a la postre, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o sencillamente injustas, como parece ser su caso».

«La lectura de los documentos andorranos permite constatar la extraordinaria rapidez con que se tramitaron las actuaciones, en tan solo unos días del mes de marzo de 2015, tanto en Andorra como en España», subraya Martínez. Una circunstancia que, asegura, «no puede ser fruto de la casualidad sino de una actuación concertada y coordinada».

«No puedo negarle que tanto la severidad de una medida como la intervención de una entidad financiera como la inusitada rapidez con la que se tramitaron los expedientes hace ver que existía una evidente y firme decisión de tomar tales medidas», prosigue el ex alto cargo del PP, imputado en estos momentos en la denominada operación Kitchen, en la que se investiga el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

«Es evidente que diversas investigaciones iniciadas en España por los correspondientes órganos jurisdiccionales impulsaron a las Fuerzas de Seguridad a obtener toda la información posible sobre cuentas de distintas personalidades en el Principado de Andorra, que pudieran albergar los pagos recibidos como consecuencia de la comisión de delitos de diversa naturaleza», abunda.

Asimismo, añade que «el conocimiento de la intención de las autoridades norteamericanas un año antes de que se emitiera la resolución correspondiente hace ver que la coordinación entre entidades de prevención del blanqueo, en España, Andorra y Estados Unidos, fue sostenida en el tiempo y condujo a la materialización de lo que en 2014 había servido para intentar provocar la colaboración de BPA en la búsqueda de la fortuna oculta de determinadas personalidades investigadas».

En este sentido, apunta que «las resoluciones judiciales posteriores han demostrado lo desproporcionado e incluso infundado de aquella actuación, en la que las entidades financieras intervenidas acabaron siendo sacrificadas en aras de una exagerada demostración de compromiso con los estándares de Estados Unidos, sin apenas posibilidad de realizar alegaciones o de defender lo que, años después, han acreditado los tribunales, cuando ya era demasiado tarde».

En cuanto a las causas que motivaron la operación judicial contra la BPA, Martínez expone su «convicción personal de que las autoridades norteamericanas de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exigían a las autoridades de Andorra muestras expresas de compromiso con la normativa en materia de prevención del blanqueo». «La forma de demostrar la disposición de tales autoridades de su país fue la entrega –si me permite la expresión– de una de las entidades financieras del país, la BPA, cuyo sacrificio se propició a modo de sobreactuación o de respuesta desproporcionada ». Todo ello para «disipar cualquier duda sobre la voluntad política de Andorra de cumplir las expectativas de Estados Unidos, aunque fuese a costa de un enorme daño personal y patrimonial». En lo que respecta a los responsables de la operación judicial contra el banco, Martínez arguye que las «decisiones» de intervenirlo, «por su alcance, sólo pudieron adoptarse por la firme voluntad política de llevarlas a cabo» y con la «necesaria coordinación de organismos competentes y responsables del más alto nivel». «Sin que sea lógico pensar que pueda tratarse de una mera respuesta a las presunciones de los órganos técnicos», afirma.

Eso sí, Martínez traslada toda la responsabilidad «a las autoridades competentes en el país donde se iniciaron los hechos» y niega que el Gobierno de Mariano Rajoy estuviera detrás de la operación. «Me sorprende que recientemente se haya ampliado una querella en Andorra contra el presidente del Gobierno español en aquellas fechas y contra el entonces ministro del Interior, así como contra mi persona, por mi cargo de secretario de Estado de Seguridad en aquella fecha».

«Creo que no es de recibo que así sea, cuando las autoridades directamente ejecutoras de la decisión y, por tanto, verdaderas portadoras de ese interés político fueron personas de su país como los Sres. (Jordi) Cinca (ex ministro de Finanzas), (Antoni) Martí (ex presidente de Andorra), (Gilbert) Saboya (ex ministro de Asuntos Exteriores), (Carles) Fiñana (responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera) o (Alfons) Alberca (fiscal general de Andorra), con quienes no he tenido trato alguno, pero de cuya intervención en las decisiones no cabe ninguna duda».

Por lo tanto, enfatiza Martínez en su misiva dirigida a la familia Cierco que «no entiende» que «la exigencia de responsabilidad se dirija contra los cargos públicos españoles cuando las decisiones de evidente cariz político se tomaron en su país y precipitaron, eso sí, la respuesta coordinada de las autoridades homólogas en España».

EL BANCO DE LOS PUJOL EXONERADO DE BLANQUEO

La Policía investigó durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la BPA y exigió a sus responsables las cuentas de los líderes nacionalistas catalanes. La operación la encabezaron el agregado de Interior en el Principado y el ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos, que pidieron la colaboración de la entidad bajo la amenaza de que el banco sería intervenido, como finalmente ocurrió en 2015. A día de hoy, los procedimientos judiciales que se abrieron en España han sido archivados. La Justicia estableció que, aunque los protocolos contra el blanqueo del banco eran «mejorables» no se puede asegurar que su control fuera inexistente o que el banco favoreciera la captación de fondos ilícitos. Martínez sostiene ante los Cierco que fue ajeno a la intervención de la Policía en este caso, cuya actuación investiga ya Andorra por coaccionar a la BPA.

Fuente: El Mundo

 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que confirmó la absolución del expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, su socio Joan Besolí, su mujer, Marta Pineda, y otros tres acusados de delitos de blanqueo y organización criminal.

Este viernes vencía el plazo para que la Fiscalía recurriera al Supremo la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado 3 de julio confirmó la Sala de Apelación, un fallo que ordenaba la absolución de los seis acusados ante la duda razonable de que las operaciones económicas objeto de la querella fuesen en realidad transacciones lícitas.

La Fiscalía había recurrido aquel primer pronunciamiento por entender que no se habían valorado adecuadamente las pruebas y que el tribunal había motivado su decisión de forma «insuficiente e irracional», ya que en lugar de absolver por una interpretación de la ley favorable a los acusados, lo estaba haciendo por una duda cuyo origen no justificaba.

Versión exculpatoria

Sin embargo, la Sala de Apelación dio la razón al primer tribunal en contra de la postura del Ministerio Público y defendió que la sentencia absolutoria se apoyaba en «un razonamiento coherente, integrando todos los elementos de prueba» disponibles y construyendo un relato de los hechos «en que otorga mayor verosimilitud a ciertas pruebas e indicios que le inclinan por la versión exculpatoria».

En esta causa la única acusación era la ejercida por la Fiscalía, que pedía seis años de prisión para Rosell y Besolí así como multas millonarias. Al no recurrir, y en previsión de que las defensas no tendrán interés en revisar la sentencia en casación, el fallo absolutorio de la Sala de Apelación será firme.

Confirmada así la absolución, los representantes de Rosell y Besolí tendrán la puerta abierta para otra batalla legal, la reclamación por los 21 meses que ambos pasaron en prisión preventiva, desde el 25 de mayo de 2017 y hasta que ya empezado el juicio, el 27 de febrero, se dictó el auto de libertad con cautelares.

Rosell fue acusado de crear una estructura criminal con parientes y amigos para blanquear dinero procedente de comisiones ilegales que habría cobrado el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Terra Teixeira.

No obstante, la CBF no constaba como perjudicada en el procedimiento y el tribunal sentenciador consideró que no se había probado que el dinero tuviese este origen ilícito.

Tres operaciones bajo la lupa

La instrucción, a cargo de la entonces titular del Juzgado Central 3 Carmen Lamela, ponía el foco en un contrato para la venta de derechos de retransmisión de partidos de Brasil y en otro de patrocinio con una firma deportiva. Asimismo, se investigaba la venta de una empresa que Rosell tenía a medias con su esposa, BSM, en fechas previas a su candidatura a presidir el Barça.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, que en el juicio rebajó de once a seis años la petición de cárcel para Rosell, habría blanqueado cerca de 20 millones de euros con estos negocios en connivencia con el resto de acusados: su mujer, Besolí y los socios del expresidente del Barça Andrés Ramos, José Colomer y Sahe Ohannessian.

Durante las pesquisas, la defensa de Rosell y Besolí solicitó la puesta de ambos en libertad en reiteradas ocasiones, incluso ofreciendo cantidades millonarias como fianza. Lamela fue denegando las peticiones una tras otra incidiendo especialmente en la existencia de un elevado riesgo de fuga porque el expresidente del Barça es una persona conocida con contactos en distintos lugares del mundo y su socio, además, tiene nacionalidad andorrana.

La libertad fue de hecho una de las cuestiones previas que plantearon los abogados de ambos en la primera sesión del juicio y finalmente, el tribunal enjuiciador la acordó tras escucharles en declaración, dado que la medida restrictiva de la libertad ya había cumplido su misión, que era conseguir que comparecieran a disposición de la justicia.

También han sido absueltos otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol.

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  • Para aquellos de los consultados que siguen de cerca el juicio al ex presidente del FC Barcelona, no creen que la Fiscalía esté aportando pruebas contundentes que permitan condenar a Rosell

El caso del expresidente del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, preocupa a diversos sectores de la judicatura, concretamente del Tribunal Supremo y de la propia Audiencia Nacional, donde se le está juzgando por un presunto delito de blanqueo de 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Según han confirmado fuentes del Poder Judicial a cuartopoder.es, esa preocupación se debe a que, para aquellos de los consultados que siguen de cerca el juicio al ex presidente del FC Barcelona, no creen que la Fiscalía esté aportando pruebas contundentes que permitan condenar a Rosell y -lo que es peor- dudan seriamente que, al final del proceso, se justifiquen esos casi dos años de prisión preventiva que Sandro Rosell ha pasado, hasta que el propio tribunal que le juzga decidió ponerlo en libertad provisional sin fianza, en contra del criterio que habían mantenido hasta la fecha el juez instructor y la fiscalía.

Precisamente, al inicio del juicio, el abogado de Rosell, Pau Molins, se quejó amargamente de que su cliente hubiese pasado casi 2 años en prisión preventiva, mientras que otras personas, con condenas impuestas ya, estaban en la calle, en alusión a los miembros de la Manada.

Desde altas instancias de la judicatura advierten que, de confirmarse sus temores, y no demostrarse delito alguno cometido por Rosell, la imagen de la justicia española quedará en entredicho “precisamente cuando el tribunal Supremo juzga a los líderes del independentismo catalán y, seguramente, acabemos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Nadie en el mundo judicial duda a estas alturas de que la sentencia del procés acabará siendo revisada por los Tribunales europeos y que los procesados llevan meses trabajando con bufetes especializados. Argumenta esta misma fuente que “vista la capacidad de agitación y propaganda que tienen en las filas del independentismo, de terminar el caso Rosell en agua de borrajas, será un pésimo precedente que, sin duda, los independentistas esgrimirán ante instituciones y organismos europeos, para tratar de sembrar la desconfianza y la duda sobre la justicia española.”

La previsión de los expertos consultados es que la sentencia del Caso Rosell se hará pública antes de conocerse el fallo del Tribunal Supremo en el caso del Procés y que, a buen seguro, se vinculará a excesos intencionados y a la mala fe de los tribunales españoles contra todo el mundo independentista y sus símbolos.

 

Fuente: www.cuartopoder.es

Los letrados del abogado y del expresidente del FCB reiteran la petición de libertad en el primer día de juicio

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