Obligará a un alud de obligaciones, todo un ‘striptease’, para controlar a las empresas. Y crea un Modelo 721 como el 720 de Montoro para bienes en el extranjero, con grandes multas

Hacienda está preparando tres Modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, que supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para empresas y particulares, sobre los que la Agencia Tributaria (AEAT) pasará a ejercer un control férreo. Vozpópuli ha accedido a los preparativos del Fisco, que prevé que los contribuyentes que tienen, proveen, operan, intermedian y custodian estas monedas virtuales declaren los saldos y detallen cada operación con numerosos parámetros a riesgo de ser sancionados, lo que puede expulsar a las empresas pequeñas de esta actividad. En paralelo, va a crear un Modelo, el 721, para las criptomonedas que se entienden situadas en el extranjero, Modelo análogo al 720 que lanzó Cristóbal Montoro en 2012 en paralelo a la amnistía fiscal, la obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero, cuyas exigencias han acarreado un expediente de la Comisión Europea contra España, asunto sobre el que se va a pronunciar próximamente el Tribunal de Justicia de la UE.

Estos Modelos se aprobarán mediante Orden Ministerial una vez que el Reglamento de desarrollo esté vigente en un Real Decreto, tras su paso por audiencia pública. Y lo harán cuando todavía no hay una Directiva que regule la cuestión, sólo un proyecto de Reglamento europeo (MiCA), y una obsoleta e imprecisa definición en la se tratan aspectos colaterales de estos activos en la Directiva antiblanqueo. A esto se suma que España no tiene una definición jurídica y/o tributaria de cripotomonedas en ninguna norma, sólo ha entrado en ello la Dirección General de Tributos en casos concretos de consultas vinculantes. La OCDE ha elaborado unas directrices genéricas y de momento Canadá y EEUUtienen proyectos y determinadas obligaciones pero que operan o lo harán para contribuyentes con capacidad económica y operaciones desde determinadas cuantías.

Los Modelos 172 y 173 los deberán presentar todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas: creadores de monedas, agencias de cambio, monederos virtuales, quienes presten servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad. Así, los obligados serán residentes en España, con independencia del lugar donde presten los servicios y de la ubicación de las monedas o de sus titulares. Se prevé que estas funciones y obligaciones también puedan afectar a personas físicas.

En el 172, las empresas e individuos afectados deben declarar los saldos de monedas virtuales propios y de sus clientes. En concreto, los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia. Se trata de los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

El 173 crea la obligación de que las empresas informen sobre todas las operaciones que realicen, tanto en España como en el extranjero: adquisición, transmisión, permuta y transferencia, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación. Idéntica obligación tendrán aquellos que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

Por otro lado, se crea el Modelo 721 a imagen del temido 720, siendo en este caso los titulares, beneficiarios a autorizados los que tienen la obligación de presentar el formulario informativo, es decir, el dueño -y autorizado- de la divisa virtual y no el que presta servicios. Con las multas por su incumplimiento que vienen acompañando al 720 desde su nacimiento. Deberán declararse las criptomonedas «situadas» en el extranjero, concepto de difícil concreción para que se entenderá para cuando se dispone u opera con ellas a través de proveedores de servicios no residentes en España. Se presupone que la obligación sólo afectará a los saldos superiores a 50.000 euros.

La sanción por incumplimiento o cumplimiento erróneo de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero «consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros». Cuando la infracción derive de un cumplimiento extemporáneo, sin requerimiento previo, o del cumplimiento por medios no electrónicos estando obligado a ello, el importe de la multa será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros.

Como ocurre con las sanciones asociadas al Modelo 720, se trata de un régimen sancionador propio, específico y con multas de elevada cuantía por incumplimientos de tipo formal, que contempla dos tipos de infracciones con base a los «datos» o «conjunto de datos» tanto por la falta de presentación en plazo o la presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos de la declaración informativa, como por la presentación de la declaración informativa por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por tales medios.

Los deberes informativos de este tipo han afectado en todo caso a sectores estratégicos, regulados o con grandes recursos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como bancos, cajas, entidades aseguradoras y entidades públicas. Ahora se incluye a un sector concreto y que, por el momento, no parece que tenga gran envergadura e importancia para la economía nacional, ni tampoco queda muy claro que sus integrantes dispongan de medios suficientes para soportar la carga informativa que ahora se les va a imponer. Así lo trasladan los expertos a los que ha consultado este periódico, que además alertan de que se van a generar duplicidades informativas.

A esto se suma que Hacienda parece no contemplar algunas realidades como los ‘monederos fríos’, los contribuyentes que prefieren custodiar ellos mismos estos activos, y con estas nuevas obligaciones puede fomentar este tipo de prácticas, alerta Emilio Pérez Pombo, economista y asesor fiscal.

‘Patada en la puerta’

Esta regulación se desarrolla a partir de lo que establece la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, en vigor desde el pasado 10 de julio. Hacienda también quiere desarrollar el régimen jurídico de la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido de las empresas que introdujo en esta norma para enmendarle la plana al Tribunal Supremo. En concreto a la sentencia de octubre de 2020 que vetó las inspecciones sin aviso. En una segunda sentencia del pasado septiembre con la Ley del Fraude ya en vigor, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su criterio. El Plan Normativo 2022 que presentó el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes sitúa esta reforma reglamentaria entre sus planes en este ejercicio.

Fuente: www.vozpopuli.com

La família Cierco ha interposat una demanda davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola contra la decisió del supervisor d’intervenir la filial de l’entitat bancària andorrana

“Tots els procediments judicials i administratius iniciats en relació amb el presumpte incompliment d’obligacions en matèria de blanqueig  de capitals per Banco Madrid  (que va ser la causa motivadora de la intervenció de l’entitat) han conclòs sense declarar l’existència de cap il·lícit per part dels seus administradors.” Aquesta és la premissa de base a partir de la qual els propietaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització i en virtut d’això, propietaris també del 75% de Banco Madrid, reclamen a l’Estat espanyol 141 milions d’euros pels danys i perjudicis soferts.

La reclamació es concreta en una demanda interposada aquest dimarts davant la sala contenciosa administrativa de l’Audiència nacional espanyola. La demanda és la resposta -l’apel·lació- a la decisió del Banc d’Espanya de desestimar la petició que inicialment va fer la família Cierco en via administrativa. L’òrgan supervisor del sistema bancari espanyol va negar la reclamació dels antics propietaris de BPA al·legant, simplement, que havia prescrit l’acció. És a dir, que la petició d’indemnització s’havia formulat fora de temps.

Banc d’Espanya en cap cas va qüestionar el fet que la família Cierco al·legui que la intervenció va ser una decisió irracional i il·lògica ni entra a valorar, tampoc, ni per bé ni per mal, la quantificació que es fa de l’empresa. Simplement, va desestimar la pretensió dels reclamants dient que havia transcorregut més d’un any des de la causació del dany suposat, que estima que hauria estat la intervenció del març del 2015. La petició es va formular ben entrat el 2020. I en la demanda ara interposada davant l’Audiència nacional espanyola, de prop de 150 pàgines, es deixa clar que no hi pot haver prescripció de l’acció perquè hi havia un procés penal obert íntimament lligat a la suposada responsabilitat dels administradors.

MOTIVACIÓ

En efecte, com s’ha dit, és el fet que s’hagin tancat a Espanya tots els processos vinculats a Banco Madrid sense cap retret ni administratiu ni penal que ha portat ara els antics propietaris de BPA i la seva filial espanyola a impulsar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Estat perquè, com es recorda en el cos de la demanda presentada, la intervenció de Banco Madrid en cap moment es va deure per problemes de liquiditat o de solvència de l’entitat. Únicament i exclusivament es va acordar intervenir el banc per suposats incompliments en matèria de prevenció de blanqueig. I els tribunals i els òrgans administratius han determinat quatre i sis anys després que això no va ser així.

La querella criminal interposada al seu dia contra els administradors de Banco Madrid finalment va ser sobreseïda pels tribunals. També es deixa constància que més recentment, l’òrgan de supervisió de les polítiques de prevenció de blanqueig de les entitats financeres a Espanya, el Sepblac, ha arxivat l’expedient que va obrir al seu dia. En tots dos casos sense cap retret al banc intervingut.

La demanda remarca que la querella criminal interposada al seu dia contra els administradors de Banco Madrid finalment va ser arxivada pels tribunals. També es deixa constància que més recentment, l’òrgan de supervisió de les polítiques de prevenció de blanqueig de les entitats financeres a Espanya, el Sepblac, ha arxivat l’expedient que va obrir al seu dia, abans fins i tot de la intervenció de la filial de BPA, determinant que no només no hi va haver blanqueig sinó que Banco Madrid havia reforçat els sistemes de control des que BPA havia adquirit l’empresa a la Kutxa.

Més encara, es recorda en l’escrit que els problemes de liquiditat i la sortida massiva de capital de Banco Madrid es va deure, justament, pel fet que el Banc d’Espanya decidís intervenir de forma precipitada l’entitat madrilenya, una de les que millor comportament tenia el 2015 a l’Estat espanyol en matèria de banca privada, atès que la decisió del regulador, fent seguidisme de les decisions adoptades pel Govern d’Andorra, va comportar una onada de pànic de totes totes injustificada per la realitat de la societat bancària. De fet, com que al final Banco Madrid es va haver de sotmetre a un procés concursal, els seus administradors van acabar determinant que la fallida de l’entitat va ser deguda per causes fortuïtes i, en cap cas, per decisions lesives que al seu dia haguessin pogut adoptar els responsables del banc sota la tutela de BPA.

És arran de tot això i molt més, que els antics propietaris del banc formulen la reclamació, deixant clar des del punt de vista jurídic, que en cap cas pot operar la prescripció de l’acció. De la petició d’indemnització. I assegurant també que Banc d’Espanya tenia l’obligació -i també els mecanismes- per haver procedit d’una forma diferent a la de la intervenció, ja que s’ha d’actuar sempre seguint el principi de menys lesivitat possible i no es va aplicar aquest comportament sinó que es va tirar pel dret com van fer també les autoritats andorranes.

DOBLE RASER

Amb tot, hi ha una clara diferència entre la visió i el procediment que s’està duent a terme a Espanya i a Andorra. Demandes de reclamació administrativa al marge, és evident que ni els organismes jurisdiccionals de l’Estat espanyol ni les autoritats administratives han acabat condemnant cap responsable de Banco Madrid, que s’havia de cenyir a uns controls molts més estrictes que la pròpia BPA per la simple lògica de la jurisdicció legal i la plaça financera on operava, i respecte dels mecanismes de prevenció de blanqueig del qual tant els tribunals com el Sepblac han acabat concloent que hi eren i que funcionaven.

La causa Emperador, per a la qual, a Espanya, amb una instrucció iniciada el 2012, encara no hi ha data de judici, en certa manera s’està jutjant al Principat on entre el 2008 i el 2011 el delicte fiscal no estava tipificat

En canvi, a Andorra, els mateixos gestors, amb el mateix model de prevenció i de govern corporatiu, i auditats històricament per companyies de la seriositat de KPMG i Deloitte, i supervisat pel regulador andorrà (INAF primer, AFA en l’actualitat), continuen sent jutjats sota l’acusació del fiscal i del propi Govern d’Andorra per uns fets vinculats a la causa Emperador, per a la qual, a Espanya, amb una instrucció iniciada el 2012, encara no hi ha data de judici i que, en canvi, en certa manera, s’està jutjant al Principat.

I això que la immensa majoria de les resolucions fermes dictades fins ara en el marc de l’esmentada causa Emperador a l’Estat espanyol s’evidencia que rere els basars xinesos que, per tant, mantenien una activitat comercial certa, l’únic que hi havia era una elevada defraudació a la hisenda espanyola. Els moviments dineraris que es van fer a BPA al tomb de l’empresari Rafael Pallardó es van produir entre el 2008 i el 2011, quan al delicte fiscal entès com s’entén majoritàriament no estava tipificat al Principat.

Amb tot, i encara que sigui rellevant, el que queda és determinar la quantitat de la indemnització, que el Banc d’Espanya en cap cas va discutir. En aquest sentit, segons recull la demanda, la valoració de l’entitat, tenint en compte el seu valor net comptable (129,498 milions d’euros) estimada pel mètode de múltiples, ascendeix, segons els demandants, a 267,855 milions d’euros. En base a tot plegat, i en funció de càlculs diversos i els nivells de participació accionarial, els perits acaben concloent que la quantitat conjunta que hauria d’indemnitzar Banc d’Espanya és de 141.604.000 euros més els interessos legals corresponents.

Font: altaveu.com

Xipre, Irlanda, Txèquia i Luxemburg també podrien ser considerats d’aquesta manera pel país veí després de l’actualització del llistat de la Unió Europea

Els tècnics del ministeri d’Hisenda d’Espanya (Gestha) han assegurat que Andorra, Xipre, Irlanda, Txèquia i Luxemburg podrien ser paradisos fiscals en la pròxima llista d’Espanya després de l’actualització del llistat de la Unió Europea (UE) que estan duent a terme els diferents ministres d’Economia i Finances. Segons aquest organisme, el trasllat de beneficis que fan les multinacionals a territoris amb baixa tributació provoca un ‘forat’ en les arques públiques espanyoles del 14% dels ingressos anuals.  

En aquest sentit, els tècnics han proposat que, per considerar si un país és un paradís fiscal, s’afegeixi el criteri de baixa o nul·la tributació als actuals, que són els de transparència -intercanvi d’informació- i de justícia fiscal -inexistència de règims fiscals perniciosos-. A més, demanen incloure en la llista aquells països que tenen una baixa tributació encara que siguin membres de la UE.

Gestha va demanar que qualsevol país amb una tributació inferior a 2/3 del tipus efectiu a Espanya sigui considerat paradís fiscal.

En aquest sentit, Gestha ha recordat que el Parlament Europeu va aprovar recentment, amb el 90% del vot favorable, una resolució en la qual es demanava a la comissió i al consell que proposessin un nivell mínim efectiu d’imposició que constituís un criteri independent per a la inclusió a la llista de paradisos fiscals de la UE.

En relació amb això, els tècnics han valorat positivament que Espanya hagi considerat aquest tercer criteri en el projecte de llei contra el frau fiscal i esperen que el Congrés estableixi el límit de què es consideraria una baixa tributació. Com a proposta, Gestha va demanar que qualsevol país amb una tributació inferior a 2/3 del tipus efectiu a Espanya sigui considerat paradís fiscal.  

Segons Jose María Mollinedo, secretari general de Gestha, “Espanya establirà pròximament la baixa o nul·la tributació com un dels criteris independents que podrien portar a un país a ser inclòs en la nostra llista de paradisos fiscals.Mentrestant, residir o utilitzar els territoris d’escassa tributació per eludir el pagament dels impostos mostra la insolidaritat dels que gaudeixen de grans ingressos, beneficis o patrimoni”.

Font:www.altaveu.com

El indicador Paying Taxes –que elabora el Banco Mundial– sitúa Andorra en la posición 20 de 191 en el ranking de países con mayor competitividad fiscal, ha informado este martes el Gobierno en un comunicado.

La auditoría ha sido realizada por PriceWaterhouseCoopers (PwC), la empresa encargada de evaluar todos los países miembros del Banco Mundial, y establece que la carga tributaria en el Principado es del 26,5%.

Esta es la cifra del total de ganancias de la empresa «que irían destinados a pagar impuestos y contribuciones sociales», ha explicado el director del Departamento de Tributos y Fronteras, Albert Hinojosa.

De esta manera, Andorra se sitúa por debajo de la media global, que es del 40,5%, y de los países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés), que es de 38,9%, informa el Gobierno andorrano.

Otros datos analizados son el tiempo destinado a cumplir con las obligaciones fiscales, que en Andorra es de 135 horas –234 de media global y 161 en la UE y EFTA– y el número de pagos a realizar, que son 10 en Andorra, frente a los 10,9 en la UE y EFTA y 23 de media global.

El indicador en el que Andorra se sitúa por encima de la media global es el relativo a la post presentación, donde el Principado tiene una puntuación de 77,4 sobre 100, cuando la media global es de 60,9 y en la UE y EFTA de 83,1.

Es en este punto que el sistema fiscal «tiene que continuar mejorando», ha manifestado el ministro de Finanzas, Eric Jover.

LAS CONCLUSIONES

Las conclusiones del estudio Paying Taxes ponen de relieve la competitividad del sistema fiscal del Principado, y demuestran que la estructura fiscal del país «puede ser un elemento clave para atraer inversión extranjera», ha destacado Jover durante la presentación.

El titular de Finanzas entiende que estos resultados son «un elemento de comunicación internacional para favorecer la inversión extranjera», además de ser una herramienta para la mejora del sistema, puesto que supone una visión objetiva y externa sobre el sistema fiscal.

EL PAYING TAXES

El Paying Taxes es una metodología desarrollada por el Banco Mundial como parte del estudio Doing Business, que utiliza un caso de estudio sobre una empresa ficticia en las mismas condiciones en todos los países.

Esto «permite comparar la fiscalidad que debería soportar una empresa mediana en distintos países, así como la complejidad administrativa asociada», según ha explicado el Ejecutivo andorrano.

 

Fuente: diariodia.es

 

El ex secretario de Estado de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, asegura en una carta que ha enviado a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) que la intervención de su entidad financiera por blanqueo de capitales, que tuvo lugar en marzo de 2015, fue una decisión de «evidente cariz político» que, además, no duda en calificar de «injustificada, desproporcionada e injusta».

La misiva de Martínez, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, está fechada el pasado 3 de noviembre y responde a una carta previa que le envió la familia Cierco en la que le pedía que les ayudara a esclarecer lo ocurrido con su banco en el Principado y con su filial en España, el Banco de Madrid.

La BPA estuvo en el foco de Interior por haber albergado la fortuna oculta de la familia Pujol en el Principado. Asimismo, Antiblanqueo denunció que se dedicaba al lavado de fondos de clientes rusos, chinos, mexicanos o venezolanos. La Justicia, sin embargo, archivó años después las investigaciones al determinar que la entidad no incumplió la normativa contra el blanqueo de capitales.

El ex número dos de Interior aceptó la petición de los financieros andorranos y les contestó que, una vez «analizados numerosos documentos » sobre la intervención de la BPA y del Banco de Madrid, su primera valoración es que «en ocasiones, no pocas, los poderes públicos causan gravísimos perjuicios con actuaciones que, a la postre, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o sencillamente injustas, como parece ser su caso».

«La lectura de los documentos andorranos permite constatar la extraordinaria rapidez con que se tramitaron las actuaciones, en tan solo unos días del mes de marzo de 2015, tanto en Andorra como en España», subraya Martínez. Una circunstancia que, asegura, «no puede ser fruto de la casualidad sino de una actuación concertada y coordinada».

«No puedo negarle que tanto la severidad de una medida como la intervención de una entidad financiera como la inusitada rapidez con la que se tramitaron los expedientes hace ver que existía una evidente y firme decisión de tomar tales medidas», prosigue el ex alto cargo del PP, imputado en estos momentos en la denominada operación Kitchen, en la que se investiga el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

«Es evidente que diversas investigaciones iniciadas en España por los correspondientes órganos jurisdiccionales impulsaron a las Fuerzas de Seguridad a obtener toda la información posible sobre cuentas de distintas personalidades en el Principado de Andorra, que pudieran albergar los pagos recibidos como consecuencia de la comisión de delitos de diversa naturaleza», abunda.

Asimismo, añade que «el conocimiento de la intención de las autoridades norteamericanas un año antes de que se emitiera la resolución correspondiente hace ver que la coordinación entre entidades de prevención del blanqueo, en España, Andorra y Estados Unidos, fue sostenida en el tiempo y condujo a la materialización de lo que en 2014 había servido para intentar provocar la colaboración de BPA en la búsqueda de la fortuna oculta de determinadas personalidades investigadas».

En este sentido, apunta que «las resoluciones judiciales posteriores han demostrado lo desproporcionado e incluso infundado de aquella actuación, en la que las entidades financieras intervenidas acabaron siendo sacrificadas en aras de una exagerada demostración de compromiso con los estándares de Estados Unidos, sin apenas posibilidad de realizar alegaciones o de defender lo que, años después, han acreditado los tribunales, cuando ya era demasiado tarde».

En cuanto a las causas que motivaron la operación judicial contra la BPA, Martínez expone su «convicción personal de que las autoridades norteamericanas de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exigían a las autoridades de Andorra muestras expresas de compromiso con la normativa en materia de prevención del blanqueo». «La forma de demostrar la disposición de tales autoridades de su país fue la entrega –si me permite la expresión– de una de las entidades financieras del país, la BPA, cuyo sacrificio se propició a modo de sobreactuación o de respuesta desproporcionada ». Todo ello para «disipar cualquier duda sobre la voluntad política de Andorra de cumplir las expectativas de Estados Unidos, aunque fuese a costa de un enorme daño personal y patrimonial». En lo que respecta a los responsables de la operación judicial contra el banco, Martínez arguye que las «decisiones» de intervenirlo, «por su alcance, sólo pudieron adoptarse por la firme voluntad política de llevarlas a cabo» y con la «necesaria coordinación de organismos competentes y responsables del más alto nivel». «Sin que sea lógico pensar que pueda tratarse de una mera respuesta a las presunciones de los órganos técnicos», afirma.

Eso sí, Martínez traslada toda la responsabilidad «a las autoridades competentes en el país donde se iniciaron los hechos» y niega que el Gobierno de Mariano Rajoy estuviera detrás de la operación. «Me sorprende que recientemente se haya ampliado una querella en Andorra contra el presidente del Gobierno español en aquellas fechas y contra el entonces ministro del Interior, así como contra mi persona, por mi cargo de secretario de Estado de Seguridad en aquella fecha».

«Creo que no es de recibo que así sea, cuando las autoridades directamente ejecutoras de la decisión y, por tanto, verdaderas portadoras de ese interés político fueron personas de su país como los Sres. (Jordi) Cinca (ex ministro de Finanzas), (Antoni) Martí (ex presidente de Andorra), (Gilbert) Saboya (ex ministro de Asuntos Exteriores), (Carles) Fiñana (responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera) o (Alfons) Alberca (fiscal general de Andorra), con quienes no he tenido trato alguno, pero de cuya intervención en las decisiones no cabe ninguna duda».

Por lo tanto, enfatiza Martínez en su misiva dirigida a la familia Cierco que «no entiende» que «la exigencia de responsabilidad se dirija contra los cargos públicos españoles cuando las decisiones de evidente cariz político se tomaron en su país y precipitaron, eso sí, la respuesta coordinada de las autoridades homólogas en España».

EL BANCO DE LOS PUJOL EXONERADO DE BLANQUEO

La Policía investigó durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la BPA y exigió a sus responsables las cuentas de los líderes nacionalistas catalanes. La operación la encabezaron el agregado de Interior en el Principado y el ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos, que pidieron la colaboración de la entidad bajo la amenaza de que el banco sería intervenido, como finalmente ocurrió en 2015. A día de hoy, los procedimientos judiciales que se abrieron en España han sido archivados. La Justicia estableció que, aunque los protocolos contra el blanqueo del banco eran «mejorables» no se puede asegurar que su control fuera inexistente o que el banco favoreciera la captación de fondos ilícitos. Martínez sostiene ante los Cierco que fue ajeno a la intervención de la Policía en este caso, cuya actuación investiga ya Andorra por coaccionar a la BPA.

Fuente: El Mundo

 

El Principado de Andorra se convierte en el 190° país miembro del FMI

 

Washington, DC: El Principado de Andorra ingresó hoy en el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando la Embajadora, Excma. Sra. Elisenda Vives Balmaña, firmó el Convenio Constitutivo del FMI en una ceremonia celebrada en Washington, D.C. Andorra solicitó su ingreso en el FMI en enero de 2020 (véase el Comunicado de Prensa 20/5 ).

La cuota inicial de Andorra [1] en el FMI es de DEG 82,5 millones (unos USD 116,4 millones).

Al término de la ceremonia de firma, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió con la Embajadora, Excma. Sra. Elisenda Vives Balmaña, en la sede del FMI.

“Me complace mucho dar la bienvenida a Andorra como país miembro número 190 del FMI”, señaló Kirstalina Georgieva. “Andorra se enfrenta a desafíos a corto y largo plazo comunes a los países europeos y a otros países miembros del FMI, los cuales se han visto agravados por la pandemia. El FMI trabajará estrechamente con las autoridades y el pueblo de Andorra para alcanzar sus objetivos de crecimiento y desarrollo pospandemia, en cooperación con otros socios de la comunidad internacional”, añadió.

 

Fuente: https://www.imf.org/

Recientemente hemos participado en el rodaje del documental de Eric Merola como representantes de la plataforma de afectados del BPA. Queremos compartir con vosotros esta película que plantea una dura visión de un caso que ha dejado a docenas de clientes enfrentados a penas de prisión por delitos de lavado de dinero que nunca existieron, y a muchas familias sin los ahorros de toda su vida.

 

Es tracta del Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu, el Banque de France i el Banco de España

Segons va informar ahir en roda de premsa el Ministre Portaveu, Eric Jover, el Govern d’Andorra té l’objectiu d’entrar al Fons Monetari Internacional properament. En aquest sentit, el 3 de gener d’aquest any l’organisme va enviar la carta formal demanant-ne l’accés.

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El formulari obliga els contribuents a declarar tots els actius que tinguin a l’estranger, com pisos i comptes, i que superin els 50.000 euros

La Comissió Europea porta Espanya al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) pel Model 720 de declaració de béns a l’estranger. Així ho ha notificat Brussel·les en una nota després d’haver emès un duríssim informe sobre aquest formulari el 2017. Espanya exigeix des de 2013 que els contribuents residents notifiquin els actius que posseeixen a l’estranger, com ara propietats o comptes bancaris. Això afecta un bon número de pisos propietat d’espanyols que no són al mercat per por a les sancions.

La Comissió Europea (CE) ha decidit aquest dijous dur a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per imposar sancions «desproporcionades» als contribuents que no notifiquen que tenen actius en altres països europeus com Andorra.

Espanya exigeix ​​que els contribuents residents en el seu territori notifiquin a Hisenda els actius que posseeixen a l’estranger mitjançant el formulari  720, com ara propietats, comptes bancaris i actius financers, sota pena d’enfrontar-se a sancions si no presenten la informació a temps i en la seva totalitat. No obstant això, aquestes sancions són superiors a les imposades per infraccions similars en una situació purament nacional, i poden fins i tot superar el valor dels actius posseïts a l’estranger, segons ha explicat l’executiu comunitari en un comunicat.

Per tant, la Comissió considera que, si bé Espanya té dret a imposar sancions, aquestes «són desproporcionades i discriminatòries» i «poden dissuadir les empreses i als particulars d’invertir o circular a través de les fronteres en el mercat únic».

Per Brussel·les, aquestes disposicions «entren en conflicte amb les llibertats fonamentals de la Unió Europea, com ara la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals». La Comissió havia obert el 2015 un procediment d’infracció contra Espanya per aquest motiu.

La Comissió considera que les sancions són desproporcionades i dsicriminatòries

El formulari 720 es va posar en marxa a finals de l’any 2012 i el febrer del 2013, l’empresa espanyola DMS Consulting va interposar una demanda contra la seva aplicació davant la Comissió Europa. Els advocats de DMS consideraven absurdes i desproporcionades les sancions i les conseqüències derivades d’aquesta obligació d’informar sobre drets i béns a l’estranger de ciutadans espanyols. La resolució jurídica incidirà en els residents espanyols que ara tenen els seus pisos “dormint” i esperen posar-lo en el mercat del lloguer si la sentència els hi és favorable.

La resolució jurídica incidirà en els residents espanyols que ara tenen els seus pisos “dormint”

S’han calculat en més de 1.000 els pisos buits per aquestes raons. Ara es troben en la situació de no poder llogar-los perquè si ho fan han de tenir un compte i també declarar-lo amb aquest model que els obliga a pagar la multa del 150% del valor del bé no declarat.

Font: www.altaveu.com

El Col·legi de Registradors espanyol crea una base de dades per donar resposta a una nova directiva europea que pretén descobrir qui hi ha realment rere les empreses

El registre de titularitats úniques creat pel Col·legi de Registradors espanyol ha permès, per ara, localitzar a Andorra 325 societats pantalla que, al final de la cadena, pertanyen a empreses o empresaris espanyols o domiciliats a Espanya. Aquesta base de dades és una eina de nova constitució en la lluita contra el blanqueig de capitals. I és possible que una part important de les esmentades societats radicades al Principat acabin sent investigades.

La creació de l’esmentat registre és la resposta de la jurisdicció espanyola a una directiva europea. Europa obliga a conèixer qui té, almenys, més del 25% d’una societat. D’aquí que l’any passat el ministeri de Justícia de l’Estat veí del soc dictés una ordre que obliga les societats a incloure la identificació del titular real en la presentació dels seus comptes anuals. Els comptes del 2017 són els primers que incorporen una nova pàgina en què hi apareix qui controla el capital social.

Els registradors espanyols ja han firmat convenis amb la fiscalia de l’Estat i amb la guàrdia civil per tal que aquestes dues institucions puguin consultar de manera automàtica consultar la base de dades. Segons que publica el diari espanyol ‘El País’, fins ara la inclusió de dades en el nou registre ha permès detectar 122.040 societats en la cadena de control d’altres. Nou de cada deu d’aquestes societats estan radicades a Espanya mateix.

Però hi ha gairebé 14.000 societats que estan domiciliades en altres estats, particularment a Holanda, Alemanya i Luxemburg. Però també en jurisdiccions, com Andorra, que els registradors espanyols marquen especialment atès que hi ha ONG que les consideren poc transparents. Al Principat, per ara, s’hi han localitzat 325 societats, a Panamà 308, a les Illes Verges Britàniques 157 o a Liechtenstein 109. Tres-centes empreses estan establertes en països que són directament considerats per la UE com a paradisos fiscals, amb Aràbia Saudita al capdavant.