El indicador Paying Taxes –que elabora el Banco Mundial– sitúa Andorra en la posición 20 de 191 en el ranking de países con mayor competitividad fiscal, ha informado este martes el Gobierno en un comunicado.

La auditoría ha sido realizada por PriceWaterhouseCoopers (PwC), la empresa encargada de evaluar todos los países miembros del Banco Mundial, y establece que la carga tributaria en el Principado es del 26,5%.

Esta es la cifra del total de ganancias de la empresa «que irían destinados a pagar impuestos y contribuciones sociales», ha explicado el director del Departamento de Tributos y Fronteras, Albert Hinojosa.

De esta manera, Andorra se sitúa por debajo de la media global, que es del 40,5%, y de los países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés), que es de 38,9%, informa el Gobierno andorrano.

Otros datos analizados son el tiempo destinado a cumplir con las obligaciones fiscales, que en Andorra es de 135 horas –234 de media global y 161 en la UE y EFTA– y el número de pagos a realizar, que son 10 en Andorra, frente a los 10,9 en la UE y EFTA y 23 de media global.

El indicador en el que Andorra se sitúa por encima de la media global es el relativo a la post presentación, donde el Principado tiene una puntuación de 77,4 sobre 100, cuando la media global es de 60,9 y en la UE y EFTA de 83,1.

Es en este punto que el sistema fiscal «tiene que continuar mejorando», ha manifestado el ministro de Finanzas, Eric Jover.

LAS CONCLUSIONES

Las conclusiones del estudio Paying Taxes ponen de relieve la competitividad del sistema fiscal del Principado, y demuestran que la estructura fiscal del país «puede ser un elemento clave para atraer inversión extranjera», ha destacado Jover durante la presentación.

El titular de Finanzas entiende que estos resultados son «un elemento de comunicación internacional para favorecer la inversión extranjera», además de ser una herramienta para la mejora del sistema, puesto que supone una visión objetiva y externa sobre el sistema fiscal.

EL PAYING TAXES

El Paying Taxes es una metodología desarrollada por el Banco Mundial como parte del estudio Doing Business, que utiliza un caso de estudio sobre una empresa ficticia en las mismas condiciones en todos los países.

Esto «permite comparar la fiscalidad que debería soportar una empresa mediana en distintos países, así como la complejidad administrativa asociada», según ha explicado el Ejecutivo andorrano.

 

Fuente: diariodia.es

 

El ex secretario de Estado de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, asegura en una carta que ha enviado a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) que la intervención de su entidad financiera por blanqueo de capitales, que tuvo lugar en marzo de 2015, fue una decisión de «evidente cariz político» que, además, no duda en calificar de «injustificada, desproporcionada e injusta».

La misiva de Martínez, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, está fechada el pasado 3 de noviembre y responde a una carta previa que le envió la familia Cierco en la que le pedía que les ayudara a esclarecer lo ocurrido con su banco en el Principado y con su filial en España, el Banco de Madrid.

La BPA estuvo en el foco de Interior por haber albergado la fortuna oculta de la familia Pujol en el Principado. Asimismo, Antiblanqueo denunció que se dedicaba al lavado de fondos de clientes rusos, chinos, mexicanos o venezolanos. La Justicia, sin embargo, archivó años después las investigaciones al determinar que la entidad no incumplió la normativa contra el blanqueo de capitales.

El ex número dos de Interior aceptó la petición de los financieros andorranos y les contestó que, una vez «analizados numerosos documentos » sobre la intervención de la BPA y del Banco de Madrid, su primera valoración es que «en ocasiones, no pocas, los poderes públicos causan gravísimos perjuicios con actuaciones que, a la postre, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o sencillamente injustas, como parece ser su caso».

«La lectura de los documentos andorranos permite constatar la extraordinaria rapidez con que se tramitaron las actuaciones, en tan solo unos días del mes de marzo de 2015, tanto en Andorra como en España», subraya Martínez. Una circunstancia que, asegura, «no puede ser fruto de la casualidad sino de una actuación concertada y coordinada».

«No puedo negarle que tanto la severidad de una medida como la intervención de una entidad financiera como la inusitada rapidez con la que se tramitaron los expedientes hace ver que existía una evidente y firme decisión de tomar tales medidas», prosigue el ex alto cargo del PP, imputado en estos momentos en la denominada operación Kitchen, en la que se investiga el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

«Es evidente que diversas investigaciones iniciadas en España por los correspondientes órganos jurisdiccionales impulsaron a las Fuerzas de Seguridad a obtener toda la información posible sobre cuentas de distintas personalidades en el Principado de Andorra, que pudieran albergar los pagos recibidos como consecuencia de la comisión de delitos de diversa naturaleza», abunda.

Asimismo, añade que «el conocimiento de la intención de las autoridades norteamericanas un año antes de que se emitiera la resolución correspondiente hace ver que la coordinación entre entidades de prevención del blanqueo, en España, Andorra y Estados Unidos, fue sostenida en el tiempo y condujo a la materialización de lo que en 2014 había servido para intentar provocar la colaboración de BPA en la búsqueda de la fortuna oculta de determinadas personalidades investigadas».

En este sentido, apunta que «las resoluciones judiciales posteriores han demostrado lo desproporcionado e incluso infundado de aquella actuación, en la que las entidades financieras intervenidas acabaron siendo sacrificadas en aras de una exagerada demostración de compromiso con los estándares de Estados Unidos, sin apenas posibilidad de realizar alegaciones o de defender lo que, años después, han acreditado los tribunales, cuando ya era demasiado tarde».

En cuanto a las causas que motivaron la operación judicial contra la BPA, Martínez expone su «convicción personal de que las autoridades norteamericanas de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exigían a las autoridades de Andorra muestras expresas de compromiso con la normativa en materia de prevención del blanqueo». «La forma de demostrar la disposición de tales autoridades de su país fue la entrega –si me permite la expresión– de una de las entidades financieras del país, la BPA, cuyo sacrificio se propició a modo de sobreactuación o de respuesta desproporcionada ». Todo ello para «disipar cualquier duda sobre la voluntad política de Andorra de cumplir las expectativas de Estados Unidos, aunque fuese a costa de un enorme daño personal y patrimonial». En lo que respecta a los responsables de la operación judicial contra el banco, Martínez arguye que las «decisiones» de intervenirlo, «por su alcance, sólo pudieron adoptarse por la firme voluntad política de llevarlas a cabo» y con la «necesaria coordinación de organismos competentes y responsables del más alto nivel». «Sin que sea lógico pensar que pueda tratarse de una mera respuesta a las presunciones de los órganos técnicos», afirma.

Eso sí, Martínez traslada toda la responsabilidad «a las autoridades competentes en el país donde se iniciaron los hechos» y niega que el Gobierno de Mariano Rajoy estuviera detrás de la operación. «Me sorprende que recientemente se haya ampliado una querella en Andorra contra el presidente del Gobierno español en aquellas fechas y contra el entonces ministro del Interior, así como contra mi persona, por mi cargo de secretario de Estado de Seguridad en aquella fecha».

«Creo que no es de recibo que así sea, cuando las autoridades directamente ejecutoras de la decisión y, por tanto, verdaderas portadoras de ese interés político fueron personas de su país como los Sres. (Jordi) Cinca (ex ministro de Finanzas), (Antoni) Martí (ex presidente de Andorra), (Gilbert) Saboya (ex ministro de Asuntos Exteriores), (Carles) Fiñana (responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera) o (Alfons) Alberca (fiscal general de Andorra), con quienes no he tenido trato alguno, pero de cuya intervención en las decisiones no cabe ninguna duda».

Por lo tanto, enfatiza Martínez en su misiva dirigida a la familia Cierco que «no entiende» que «la exigencia de responsabilidad se dirija contra los cargos públicos españoles cuando las decisiones de evidente cariz político se tomaron en su país y precipitaron, eso sí, la respuesta coordinada de las autoridades homólogas en España».

EL BANCO DE LOS PUJOL EXONERADO DE BLANQUEO

La Policía investigó durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la BPA y exigió a sus responsables las cuentas de los líderes nacionalistas catalanes. La operación la encabezaron el agregado de Interior en el Principado y el ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos, que pidieron la colaboración de la entidad bajo la amenaza de que el banco sería intervenido, como finalmente ocurrió en 2015. A día de hoy, los procedimientos judiciales que se abrieron en España han sido archivados. La Justicia estableció que, aunque los protocolos contra el blanqueo del banco eran «mejorables» no se puede asegurar que su control fuera inexistente o que el banco favoreciera la captación de fondos ilícitos. Martínez sostiene ante los Cierco que fue ajeno a la intervención de la Policía en este caso, cuya actuación investiga ya Andorra por coaccionar a la BPA.

Fuente: El Mundo

 

El Principado de Andorra se convierte en el 190° país miembro del FMI

 

Washington, DC: El Principado de Andorra ingresó hoy en el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando la Embajadora, Excma. Sra. Elisenda Vives Balmaña, firmó el Convenio Constitutivo del FMI en una ceremonia celebrada en Washington, D.C. Andorra solicitó su ingreso en el FMI en enero de 2020 (véase el Comunicado de Prensa 20/5 ).

La cuota inicial de Andorra [1] en el FMI es de DEG 82,5 millones (unos USD 116,4 millones).

Al término de la ceremonia de firma, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió con la Embajadora, Excma. Sra. Elisenda Vives Balmaña, en la sede del FMI.

“Me complace mucho dar la bienvenida a Andorra como país miembro número 190 del FMI”, señaló Kirstalina Georgieva. “Andorra se enfrenta a desafíos a corto y largo plazo comunes a los países europeos y a otros países miembros del FMI, los cuales se han visto agravados por la pandemia. El FMI trabajará estrechamente con las autoridades y el pueblo de Andorra para alcanzar sus objetivos de crecimiento y desarrollo pospandemia, en cooperación con otros socios de la comunidad internacional”, añadió.

 

Fuente: https://www.imf.org/

Recientemente hemos participado en el rodaje del documental de Eric Merola como representantes de la plataforma de afectados del BPA. Queremos compartir con vosotros esta película que plantea una dura visión de un caso que ha dejado a docenas de clientes enfrentados a penas de prisión por delitos de lavado de dinero que nunca existieron, y a muchas familias sin los ahorros de toda su vida.

 

Es tracta del Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu, el Banque de France i el Banco de España

Segons va informar ahir en roda de premsa el Ministre Portaveu, Eric Jover, el Govern d’Andorra té l’objectiu d’entrar al Fons Monetari Internacional properament. En aquest sentit, el 3 de gener d’aquest any l’organisme va enviar la carta formal demanant-ne l’accés.

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El formulari obliga els contribuents a declarar tots els actius que tinguin a l’estranger, com pisos i comptes, i que superin els 50.000 euros

La Comissió Europea porta Espanya al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) pel Model 720 de declaració de béns a l’estranger. Així ho ha notificat Brussel·les en una nota després d’haver emès un duríssim informe sobre aquest formulari el 2017. Espanya exigeix des de 2013 que els contribuents residents notifiquin els actius que posseeixen a l’estranger, com ara propietats o comptes bancaris. Això afecta un bon número de pisos propietat d’espanyols que no són al mercat per por a les sancions.

La Comissió Europea (CE) ha decidit aquest dijous dur a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per imposar sancions «desproporcionades» als contribuents que no notifiquen que tenen actius en altres països europeus com Andorra.

Espanya exigeix ​​que els contribuents residents en el seu territori notifiquin a Hisenda els actius que posseeixen a l’estranger mitjançant el formulari  720, com ara propietats, comptes bancaris i actius financers, sota pena d’enfrontar-se a sancions si no presenten la informació a temps i en la seva totalitat. No obstant això, aquestes sancions són superiors a les imposades per infraccions similars en una situació purament nacional, i poden fins i tot superar el valor dels actius posseïts a l’estranger, segons ha explicat l’executiu comunitari en un comunicat.

Per tant, la Comissió considera que, si bé Espanya té dret a imposar sancions, aquestes «són desproporcionades i discriminatòries» i «poden dissuadir les empreses i als particulars d’invertir o circular a través de les fronteres en el mercat únic».

Per Brussel·les, aquestes disposicions «entren en conflicte amb les llibertats fonamentals de la Unió Europea, com ara la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals». La Comissió havia obert el 2015 un procediment d’infracció contra Espanya per aquest motiu.

La Comissió considera que les sancions són desproporcionades i dsicriminatòries

El formulari 720 es va posar en marxa a finals de l’any 2012 i el febrer del 2013, l’empresa espanyola DMS Consulting va interposar una demanda contra la seva aplicació davant la Comissió Europa. Els advocats de DMS consideraven absurdes i desproporcionades les sancions i les conseqüències derivades d’aquesta obligació d’informar sobre drets i béns a l’estranger de ciutadans espanyols. La resolució jurídica incidirà en els residents espanyols que ara tenen els seus pisos “dormint” i esperen posar-lo en el mercat del lloguer si la sentència els hi és favorable.

La resolució jurídica incidirà en els residents espanyols que ara tenen els seus pisos “dormint”

S’han calculat en més de 1.000 els pisos buits per aquestes raons. Ara es troben en la situació de no poder llogar-los perquè si ho fan han de tenir un compte i també declarar-lo amb aquest model que els obliga a pagar la multa del 150% del valor del bé no declarat.

Font: www.altaveu.com

El Col·legi de Registradors espanyol crea una base de dades per donar resposta a una nova directiva europea que pretén descobrir qui hi ha realment rere les empreses

El registre de titularitats úniques creat pel Col·legi de Registradors espanyol ha permès, per ara, localitzar a Andorra 325 societats pantalla que, al final de la cadena, pertanyen a empreses o empresaris espanyols o domiciliats a Espanya. Aquesta base de dades és una eina de nova constitució en la lluita contra el blanqueig de capitals. I és possible que una part important de les esmentades societats radicades al Principat acabin sent investigades.

La creació de l’esmentat registre és la resposta de la jurisdicció espanyola a una directiva europea. Europa obliga a conèixer qui té, almenys, més del 25% d’una societat. D’aquí que l’any passat el ministeri de Justícia de l’Estat veí del soc dictés una ordre que obliga les societats a incloure la identificació del titular real en la presentació dels seus comptes anuals. Els comptes del 2017 són els primers que incorporen una nova pàgina en què hi apareix qui controla el capital social.

Els registradors espanyols ja han firmat convenis amb la fiscalia de l’Estat i amb la guàrdia civil per tal que aquestes dues institucions puguin consultar de manera automàtica consultar la base de dades. Segons que publica el diari espanyol ‘El País’, fins ara la inclusió de dades en el nou registre ha permès detectar 122.040 societats en la cadena de control d’altres. Nou de cada deu d’aquestes societats estan radicades a Espanya mateix.

Però hi ha gairebé 14.000 societats que estan domiciliades en altres estats, particularment a Holanda, Alemanya i Luxemburg. Però també en jurisdiccions, com Andorra, que els registradors espanyols marquen especialment atès que hi ha ONG que les consideren poc transparents. Al Principat, per ara, s’hi han localitzat 325 societats, a Panamà 308, a les Illes Verges Britàniques 157 o a Liechtenstein 109. Tres-centes empreses estan establertes en països que són directament considerats per la UE com a paradisos fiscals, amb Aràbia Saudita al capdavant.

Un expert ha defensat que el dictamen de la Comissiò Europeu en contra de l’aplicació de la Hisenda espanyola per regular els béns a l’estranger ha d’afavorir que aflorin voluntàriament immobles no regularitzats. Aquesta possible entrada de més pisos al mercat immobiliari repercutiria en la baixada dels lloguers.

Luis Manuel Alonso, catedràtic en dret financer i tributari, ha animat els propietaris espanyols d’immobles no regularitzats a Andorra a posar-se al corrent amb Hisenda voluntàriament i sense por a sancions. L’expert ho raona en el dur dictamen de la Comissió Europea que considerava que les normes que aplica l’administració espanyola pel que fa a la regularització de béns a l’estranger són majoritàriament contràries al dret europeu. «En conèixer que la Comissió Europea censura obertament i profunda aquesta interpretació de la normativa espanyola, dóna peu a avançar que es pot regularitzar aplicant les declaracions complementàries que s’havien fet tota la vida, regularitzar pels rendiments. I això sí, declarar-ho tot a hisenda, que no hi hagi cap tipus d’element patrimonial que quedi ocult a la hisenda espanyola«, adverteix.

Alonso ha reconegut que desconeixia la xifra d’immobles no regularitzats a Andorra, però en tot cas si aquests pisos entressin al mercat la problemàtica dels lloguers milloraria. I és que a hores d’ara molts d’aquests immobles estan tancats o fora del mercat per por dels propietaris a declarar-los. Però creu que «en una societat de la mida de l’andorrana, si entressin en el mercat un miler de pisos, això hauria de tenir una repercussió favorable per poder llogar pisos amb preus raonables. Seria una ampliació important de l’oferta d’habitatge«.

L’expert no creu que hi hagi una campanya de la Hisenda espanyola per caçar els propietaris que no tenen regularitzats els seus béns. Alonso ha participat aquest matí amb els advocats Jorge Pérez i Daniel Roca en una conferència sobre la regularització fiscal d’immobles a Andorra, organitzada per l’Associació de Consumidors i Usuaris.

Font: .andorradifusio.ad

 

L’Alt tribunal analitzarà si es pot tolerar la implementació retroactiva de la normativa, els greuges que comporta i si s’ajusta a Dret que l’AREB no faciliti informació escudant-se en la confidencialitat

El Tribunal Constitucional (TC) analitzarà si alguns dels preceptes de la denominada ‘llei BPA’ i, especialment, l’aplicació que n’ha fet l’Agència estatal de Resolució de les Entitats Bancàries (AREB) s’ajusten al dret constitucional vigent al Principat. L’Alt tribunal estudiarà, entre altres, si les decisions que la normativa avala de manera retroactiva, les diferències patrimonials que acaba establint entre els accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) i la reiterada negació d’informació s’ajusten a dret.

El TC ha admès recentment un recurs d’empara presentat pels germans Higini i Ramon Cierco, màxims accionistes de BPA fins a la seva nacionalització, en què es posen de manifest tot un seguit de greuges que ara el tribunal passarà a examinar. El recurs d’empara té a veure amb la petició que els ara recurrents van fer fa més de dos anys a l’AREB per tal que els facilités un seguit de documentació i informació sobre el procés d’intervenció i nacionalització de BPA per poder-se defensar.

L’AREB s’hi va negar en rodó aferrant-se a la presumpta confidencialitat que, teòricament, la llei 8/2015 més coneguda com ‘llei BPA’ o ‘llei de l’AREB’, avala. La Batllia, però, va donar la raó posteriorment als germans Cierco i obligava a l’agència estatal a lliurar tot un seguit d’informació que no afectés a tercers. Més tard, la sala administrativa del Tribunal Superior va tornar a emparar els arguments que havia posat sobre la taula l’organisme dirigit per Albert Hinojosa.

Ara li tocarà al Tribunal Constitucional pronunciar-se. I haurà d’avaluar si la ‘llei BPA’ vulnera diversos principis o drets constitucionals com, per exemple, la seguretat jurídica i la no retroactivitat o l’arbitrarietat i, també, si es vulnera el dret a defensa dels recurrents i el dret a la igualtat d’armes. En certa manera, el recurs admès pel TC es divideix en tres grans blocs: la retroactivitat amb què s’ha estat aplicant la norma; el greuge patrimonial que ha suposat als recurrents i que, en canvi, salva de tot els accionistes minoritaris de BPA; i la manca d’informació.

Elements a ‘mirar’

El TC haurà d’avaluar, per exemple, si una llei aprovada 23 dies després de la intervenció de BPA és normal que avali, per se, tot un seguit de decisions adoptades amb anterioritat i que, la norma, estableixi sí o sí, com adequades tot i no estar previstes amb anterioritat a l’ordenament jurídic. O si és normal que una llei que suposadament pretén ser la transposició d’una directiva europea arran de l’Acord monetari, s’ha d’acabar dissenyant per al cas concret de la intervenció d’una entitat bancària.

L’Alt tribunal també haurà d’analitzar si s’adequa a la Constitució que sense preveure-ho altres lleis generals com la relativa a les fallides, la ‘llei BPA’ estableixi un instrument de recapitalització que, a més, imposa càrregues només als accionistes majoritaris d’una societat, i clarament, de BPA i, en canvi, en deixa fora d’altres socis, amb una forquilla que en cap cas havia previst mai Europa. La directiva comunitària, alhora, deixa clar que la informació s’ha de facilitar amb escreix a les persones -físiques o jurídiques- concernides, com considerarien els recurrents que són. I que no hi ha confidencialitat que valgui quan ets afectat en un procés.

Font: www.altaveu.com

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) puede sentar un precedente y evitar que los pisos de los no residentes españoles dejen de estar sujetos al formulario 720 y, en consecuencia, dejar de pagar una multa del 150%. Esta situación permitiría que aflorasen pisos que a día de hoy están cerrados por temor a la sanción, ya que el formulario 720 obliga a los contribuyentes a declarar todos los activos que tengan en el extranjero que superen los 50.000 euros.
En contra de esta obligación, también está la Comisión Europea, que en 2015 emitió un dictamen por el cual instaba al estado a modificar las normas sobre los activos que los residentes mantienen en terceros países, con la amenaza de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Justo a este escrito de acoge la sentencia del TSJCL que anula las multas «desproporcionadas» que la Agencia Tributaria impuso a un contribuyente en la declaración de bienes en el extranjero y condenó al estado a pagar las costas.

Fuente: Diari d’Andorra