Una decisión de la Comisión Europea suscita posturas encontradas y decisiones dispares en los tribunales

Hace ya tres (3) años, la Comisión Europea, tras un procedimiento de investigación, decidió sancionar con multas milmillonarias a todas las empresas europeas fabricantes de camiones por haber realizado, según su decisión, prácticas contrarias a la libre competencia entre 1997 y 2011, centradas en el intercambio de información sobre los precios brutos de ventas de los camiones fabricados por dichas empresas y la implementación con retraso de tecnologías de reducción de la emisión de gases contaminantes.

Esta decisión se une a otras muchas, dictadas tanto por la Comisión Europea como por las autoridades españolas de defensa de la competencia, que en los últimos años han incrementado las investigaciones de conductas consideradas anticompetitivas, tanto a nivel europeo como nacional, produciéndose no solamente un incremento en el número de expedientes abiertos sino también un incremento en la cuantía de las multas impuestas.

En la mayoría de las ocasiones, los expedientes se han iniciado a partir de la denuncia de uno de los participantes de las conductas

Y en la gran mayoría de las ocasiones, los expedientes sancionadores se han iniciado a partir de la denuncia de uno de los participantes de las conductas, que informa de las mismas a la Comisión e incluye en su denuncia a los demás operadores para, con ello, obtener el beneficio de no ser sancionado a importe alguno de multa. La empresa se acoge a lo que se denomina procedimiento de clemencia y provoca la investigación de las autoridades de defensa de la competencia, que en la mayoría de los casos terminan sancionando al resto de intervinientes.

Al igual que en ocasiones anteriores, la sanción de las autoridades de competencia, en este caso europeas, pero también ha ocurrido con las sanciones de las autoridades españolas, ha derivado en una nueva, incipiente y cada vez más numerosa litigiosidad en los tribunales, no solamente en los españoles, sino también en el resto de países europeos comunitarios.

Se han iniciado procedimientos por todas aquellas personas o sociedades que adquirieron camiones de los fabricantes sancionados entre 1997 y 2011

No nos encontramos ante procedimientos instados por consumidores contra grandes compañías por haber abusado de una posición de dominio, sino que se han iniciado procedimientos por todas aquellas personas físicas o sociedades que, prestando sus servicios o no en el mundo del transporte, adquirieron camiones de los fabricantes sancionados entre 1997 y 2011.

Los reclamantes alegan que esas prácticas por las que los fabricantes han sido sancionados han generado un sobreprecio en el pago final que tuvieron que efectuar al adquirir el camión o los camiones, así como en el perjuicio que les ha supuesto la introducción tardía de las nuevas tecnologías en materia de reducción de gases contaminantes.

Y precisamente ahí es donde comienzan las discrepancias a las que nos referimos en el título de este artículo. Y ello por cuanto han empezado a instarse demandas de reclamación en las que el cálculo de los daños difiere ostensiblemente entre cada una de ellas, dependiendo de la forma y del sistema en que se realice dicho cálculo, lo cual, evidentemente, depende del profesional que elabore el correspondiente informe de daños.

Han empezado a instarse demandas de reclamación en las que el cálculo de los daños difiere ostensiblemente entre cada una de ellas

Y, por otro lado, en el campo de los fabricantes, estos defienden que las sanciones impuestas no han producido efectos de sobreprecio en el mercado ni estos cálculos son adecuados para demostrar la existencia de daño alguno.

Por lo tanto, como podemos comprobar, ni siquiera los reclamantes de los daños y perjuicios se ponen de acuerdo sobre el importe de los daños causados y la forma de calcular los mismos, más aún cuando los fabricantes sostienen que no han existido tales daños.

Esta incipiente litigiosidad nos viene a demostrar la cada día mayor pérdida del ‘miedo a litigar’ que existe en nuestra sociedad y entre los particulares, lo que conlleva que el colapso de los juzgados se incremente exponencialmente, pues a este tema en concreto se unen otros muchos de sobra conocidos por todos (cláusulas suelohipotecas multidivisa, tipos de interés abusivos…). La congestión en los juzgados lleva camino de convertirse en algo endémico y difícilmente solucionable a corto plazo, salvo que quien tiene la responsabilidad de actuar —el poder ejecutivo— ponga los medios suficientes y adecuados para salvar la situación o, al menos, paliarla mínimamente.

Esta incipiente litigiosidad nos viene a demostrar la cada día mayor pérdida del ‘miedo a litigar’ que existe en nuestra sociedad y entre los particulares

Y, en el caso que nos ocupa, el problema se agrava por el hecho de que las divergencias existentes entre demandantes y demandados —cosa lógica— e, incluso, entre los propios demandantes, se traslada a los mismos juzgados de Primera Instancia, los cuales están dictando sentencias dispares y divergentes en cuanto a la apreciación de esos daños: unos desestiman las demandas por insuficiente acreditación y los que las estiman calculan ese sobreprecio aplicando porcentajes muy dispares.

Por tanto, tendremos que esperar la decisión de nuestro Tribunal Supremo sobre las cuestiones que se plantean. Será el momento de que se solucionen las divergencias, si bien esto ocurrirá dentro de bastante tiempo, lo cual nos abre un periodo de incertidumbre prolongada hasta la solución final.

Fuente: elconfidencial.com/

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cobro de dicho tributo en aquellos casos en los que el importe a pagar por el contribuyente sea mayor que la ganancia real obtenida

La polémica plusvalía municipal, esto es, el impuesto que se paga cuando se vende una vivienda con ganancias, vuelve a estar de máxima actualidad. El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el cobro de dicho tributo en aquellos casos en los que el importe a pagar por el contribuyente sea mayor que la ganancia real obtenida, tal y como adelantan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a).

La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Pedro González-Trevijano, argumenta que «cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE)». El tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.

También el Tribunal Supremo se ha cuestionado cómo debe aplicarse el impuesto cuando la ganancia obtenida es inferior a la que resulta de la fórmula para determinar la base imponible. De hecho, planteó el pasado mes de julio una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Esta es una cuestión que en su momento quedó pendiente en la jurisprudencia de este tribunal, que ahora viene a completar los pronunciamientos que en el pasado ha hecho el Supremo respecto a la plusvalía municipal en aquellos casos en los que la transacción genera pérdidas al vendedor.

De esta manera, tras este fallo, también quedarán exentos del pago de la plusvalía aquellos que aunque hayan tenido un incremento entre el valor de compra y el de venta, la aplicación de la fórmula matemática para calcular el impuesto resulte en una cantidad superior a la que ha ganado.

El alto tribunal planteó la cuestión de inconstitucional tras analizar el caso concreto de un matrimonio que compró una vivienda en 2002 por 149.051 euros y sobre la que realizó una reforma por otros 34.800,89 euros. En diciembre de 2015, se vendió la vivienda por 153.000 euros, girándoles la Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Zaragoza un recibo por importe de 6.902,25 euros en concepto de plusvalía municipal.

El Supremo respalda la fórmula

El matrimonio entendió que, tras el gasto de la reforma, no se había producido una plusvalía con la referida transmisión, y, por tanto, no había hecho imponible sobre el que calcular el impuesto, por lo que solicitaron la rectificación de la citada autoliquidación y la devolución de las cantidades satisfechas. Alegaban que si «añadimos al valor de adquisición inicial el coste de la reforma, estamos ante un valor muy superior al de venta en 2015»; y añadían que «aunque no sumáramos dichas cantidades, el incremento patrimonial si estamos al valor de compra en 2002 y venta en 2015 es de 3.950 euros y el pago por plusvalía como reiteramos ha sido de 6.900».

El Tribunal Supremo cuestiona la fórmula que utilizan los ayuntamientos de toda España para determinar la base imponible del impuesto, ya que considera que no tiene en cuenta la plusvalía real obtenida en la transmisión del inmueble. Esta fórmula se basa en parámetros objetivos como el valor catastral del suelo y el periodo de tenencia del inmueble, lo que estaría dando lugar a situaciones en las que la cuota del impuesto a pagar sea superior a la ganancia realmente obtenida, lo que, según los expertos consultados, podría agotar o incluso superar la capacidad contributiva del contribuyente, en una clara vulneración del principio de no confiscatoriedad.

No obstante, también es cierto que el Supremo respalda la fórmula utilizada por los ayuntamientos para calcular este impuesto, ya que considera que no es posible utilizar una fórmula de cálculo distinta a la prevista en la Ley de Haciendas Locales, rechazando que pudieran utilizarse fórmulas alternativas para el cálculo de dicho tributo.

Hay que recordar que el pasado mes de abril, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid ya planteó otra cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido, es decir, cuestionando el carácter progresivo del impuesto. Cuestión sobre la que también deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional en los próximos meses.

El Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona elevó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que se llama una “cuestión prejudicial”, una especie de consulta que los Jueces y Tribunales de los Estados Miembros de la UE pueden formular ante el Tribunal de Justicia europeo para que este declare si determinada normativa interna se ajusta o no a las normas de la Unión.

Dicha cuestión prejudicial fue expuesta con ocasión de una demanda formulada por un particular que demandó a su banco por considerar que el IRPH de su préstamo hipotecario es una cláusula abusiva al ser más caro que el EURIBOR y que el EURIBOR es el tipo aplicable en el 90% de los préstamos hipotecarios, lo que supone que deberá pagar entre 18000 y 21000 mil euros más a lo largo de la vida del préstamo que si este hubiera sido referenciado al Euribor.

Resumidamente, las preguntas que el Juez español ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relativas al IRPH de cajas, son las siguientes:

1. Si el IRPH puede ser sometido al control de transparencia y abusividad que establece la normativa de defensa de los consumidores dado que el Tribunal Supremo, en una controvertida sentencia de 2017 decía que no lo era, a groso modo, porque era un índice de referencia oficial publicado por el Banco de España, precisamente, a efectos de poder ser referenciados en los préstamos hipotecarios por las entidades financieras.

2. Si el tribunal español puede, conforme a la normativa europea e interna española vigente, entrar a valorar la abusividad de una cláusula que constituye uno de los elementos esenciales del préstamo, y lo es porque el interés del préstamo es el “precio” que el banco establece para otorgarlo. Y el precio es uno de los elementos esenciales de todo contrato oneroso1 -la ley española no prevé este control sobre los elementos esenciales del contrato a pesar de que la normativa europea, Directiva 93/13/CEE sí lo permite-.

3. Y la tercera pregunta, pero no por ello la menos importante, es si en el caso de que el IRPH del préstamo se considera abusivo, y por tanto nulo, el interés de la operación debe tenerse por no puesto –reducido a cero- o si debe ser de algún modo sustituido por el Euribor.

Ahora la prensa se ha hecho eco de lo que al respecto ha informado el Abogado General del TJUE.

Pero, ATENCIÓN, este informe NO es la Sentencia. El TJUE todavía no ha resuelto aquellas cuestiones, sino que se ha cumplido una de las etapas del proceso judicial europeo iniciado por el Juez español.

Por lo tanto, las conclusiones de las que ahora se ha hecho eco la prensa no son definitivas, aunque, ciertamente, tendrán su peso e influencia en el Tribunal Europeo a la hora de dictar la correspondiente sentencia. Pero debe indicarse que la sentencia puede apartarse, en todo o en parte, del criterio expresado por el Abogado General en cada una de las cuestiones sometidas a la consideración del TJUE.

La prensa lanzó las campanas al vuelo, saludando el informe como un “varapalo” –palabra que, de tanto usarse últimamente en los medios, empieza a resultar odiosa-, pero no lo es tanto.

¿Cuáles son las respuestas del Abogado General a las tres cuestiones formuladas?

1. En cuanto a la primera cuestión, el Abogado informa en el sentido de que el IRPH, a pesar de ser un índice oficial, sí puede ser sometido al control de transparencia porque la norma oficial que permite la aplicación del IRPH no es una norma imperativa que obligue a utilizarlo, y como no es una norma imperativa, sino una posibilidad legal que se pone a disposición de los bancos, no puede escapar al control de transparencia que emana de la normativa europea y se recoge en nuestro derecho interno.

2. En cuanto a la segunda cuestión, el Abogado General concluye que las cláusulas que delimitan los elementos esenciales y definitorios del contrato (objeto y precio, para simplificar) escapan al control judicial, EXCEPTO cuando las cláusulas que los definen y delimitan no hayan sido redactadas de manera clara y comprensible. Dicho de otro modo, el juez puede entrar a valorar la abusividad del precio si la cláusula que lo establece no es claro ni comprensible para el consumidor y ello, aunque el derecho interno no haya previsto esta excepción de manera expresa que sí viene establecida en la Directiva Europea. En relación con ello, deberá tenerse en cuenta la información facilitada, o no, por el banco, previamente a la contratación. Si existió, si fue suficiente, si era clara, etc.

En fin, que el Juzgador, en cada caso concreto, deberá analizar si el IRPH (el precio) se estableció con las debidas garantías de información previa y claridad para poder entender que dicho precio respeta la justa reciprocidad que debe regir entre las prestaciones que asume cada una de las partes.

3. En cuanto a la tercera cuestión, por la que se preguntaba qué consecuencia debería llevar aparejada la declaración de nulidad del IRPH de cajas (si dejar el préstamo sin ningún interés o, dicho de otro modo, a un interés del 0.00% o bien, si el juez podía reemplazar el IRPH por el índice más habitual, el Euribor), el Abogado General no ha respondido nada. Cero.

Como conclusión podemos decir que, desde el punto de vista del consumidor, y todos los somos en algún momento, nos gustaría que la resolución fuera clara y de aplicación general a todos los casos, si es favorable a los consumidores, naturalmente.

Pero ello no va a ser así. Y se avecinan nuevas batallas judiciales individuales, a menos que el legislador establezca lo contrario mediante una norma general –lo de la eventual eficacia de esta posible e hipotética solución legislativa lo dejaremos ya para una mejor ocasión-.

Un consejo, contacten con un abogado, nosotros a poder ser, vayamos de la mano a su oficina, e iniciemos una negociación individual, sincera y de tú a tú con su entidad.

Establece que debe tenerse en cuenta la Ley 5/2019 lo que a efectos prácticos supone una ampliación de los beneficios de la última reforma

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha decidido, en una nueva sentencia del pleno adoptada por unanimidad, acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios, en la línea de lo resuelto hace meses por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En protección del consumidor, ha sentado las bases de aplicación de estos vencimientos y fijado que debe tenerse en cuenta la Ley 5/2019. A efectos prácticos, esto supone una ampliación de los beneficios de la última reforma que ahora podrán aplicarse a los vencimientos abiertos después de 2013, y que los tribunales no puedan admitir desahucios con menos de 12 meses de impago.

En una resolución en que la sala se ha decidido por una protección reforzada más allá de lo establecido por el TJUE, los magistrados indican que la nulidad total que estableció Europa exponía al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Para evitar esto, el TJUE estableció que la cláusula se sustituyera por la disposición legal dictada en 2013, que permitía a la banca ejecutar un préstamo hipotecario con un mínimo de tres cuotas impagadas, por lo que el fallo de la Justicia europea respaldaba procedimientos de ejecución hipotecaria a partir de la cuarta cuota impagada.

No obstante, la sala ha considerado más lógico, en el momento actual, tener en cuenta la Ley 5/2019, como norma más beneficiosa, ya que modifica los mínimos legales a partir de los cuales el banco declara el vencimiento anticipado de la hipoteca, lo cual es más beneficioso para el consumidor. Esta norma regula en su artículo 24 las consecuencias de la mora del prestatario, siendo diferente según se produzca en la primera o en la segunda mitad del préstamo. En la primera mitad, operará si hay incumplimiento de más del 3% de la cuantía del préstamo y además suponga el impago de 12 cuota. En la segunda mitad, el incumplimiento ha de suponer más del 7% de la cuantía.

Orientaciones

La sentencia facilita otras orientaciones para aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en curso. Indica así que aquellos procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la ley de 2013, en la que se establecían tres meses de impago para el desahucio, deberían ser sobreseídos sin más trámite. Los procesos en que el préstamo se dio por vencido después de la entrada en vigor de esta ley, si el incumplimiento no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos, también deberían quedar sobreseídos. No así si el incumplimiento es grave.

Uno de los extremos más polémicos de la resolución especifica, además, que este sobreseimiento de los procesos no debe impedir una nueva demanda ejecutiva basada en la aplicación de la ley de 2019. Es decir, aquellos que se sobresean pueden reabrirse en función de los plazos de impago indicados en la nueva norma, con los citados 12 meses de deuda.

Con esta sentencia, el Supremo resuelve algunas cuestiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya planteó en sus últimos fallos —marzo y julio— sobre vencimiento anticipado como, por ejemplo, qué consecuencias tendría para el hipotecado que un juez declare abusiva y nula esta cláusula.

El tribunal europeo, con sus sentencias, generó dudas entre los jueces acerca de la situación en que quedaban miles de procedimientos que se encontraban suspendidos pendientes de su sentencia. Si una cláusula se declara nula y, por tanto, debe tenerse por no puesta, ¿puede subsistir el contrato sin ella? ¿Puede el juez nacional suprimir la cláusula abusiva sustituyéndola por una norma supletoria de derecho nacional, siempre y cuando no deje al consumidor en una situación más perjudicial?

Aunque en su sentencia del pasado mes de julio el TJUE dictaminó que el consumidor sería quien decidirá que se declare la nulidad de vencimiento anticipado y se archive el procedimiento, ahora el Supremo entiende que lo más beneficioso para el consumidor es que los contratos pasen a regirse por los criterios de la nueva ley hipotecaria, ya que considera que el «préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato».

  • Los asesores fiscales apoyan el modelo portugués, con el respaldo de TJUE

Hacienda estudia potenciar el arbitraje tributario para las empresas como medio para superar el actual atasco en los juzgados económico-administrativos y en los juzgados y tribunales de Justicia.

Si bien los primeros pasos vienen obligados por Bruselas, según fuentes de la Agencia Tributaria (Aeat), se estudia, como primer paso, la posibilidad de crear una corte de arbitraje tributario para las grandes empresas que han ratificado el Código de Buenas Prácticas.

El modelo portugués

El modelo para los asesores fiscales sería el del sistema vigente en Portugal, cuya corte arbitral tributaria tiene la consideración de órgano jurisdiccional, reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Como dato destacable, en el pasado mes de mayo este tribunal de arbitraje le dio la razón a un contribuyente que impugnó el pago de 5.500 euros en concepto de pago del Impuesto sobre Vehículos (ISV) en concepto de importación de un automóvil de Alemania a Portugal.

El Tribunal considera que esta figura tributaria atenta contra la libre circulación de mercancías en la UE. La consecuencia ha sido una oleada de reclamaciones.

Espacios de encuentro

En España, Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria (Aeat), ha comentado su intención de reducir la conflictividad actual y crear espacios de encuentro para resolver las discrepancias sin necesidad de acabar en los tribunales.

Entre los planes a desarrollar por Hacienda se encuentra la posibilidad de llegar a acuerdos en la vía económico administrativa e, incluso, en la jurisdicción contencioso-administrativa, y no solo en la vía administrativa como ocurre en la actualidad. Así, se reducirá la litigiosidad y se podrían dar más oportunidades para alcanzar acuerdos.

La Fundación Impuestos y Competitividad, integrada por los grandes despachos tributaristas, se muestra, en un reciente informe sobre el Impuesto sobre Sociedades, más favorable a la potenciación del Acuerdo Previo de Valoración con la Administración (APA), cada vez más demandado por las multinacionales frente al arbitraje tributario de litigios sobre precios de transferencia, que ya se encuentra en vigor en España, al considerar que les aporta más seguridad jurídica y menores costes que un procedimiento de inspección, tanto a las empresas como a la propia Administración, el correspondiente procedimiento de solución amistosa.

Otro nuevo procedimiento

Con este telón de fondo, el Ministerio de Hacienda ha iniciado los primeros pasos para transponer al ordenamiento jurídico español una Directiva ( 2017/1852) que establece que cualquier contribuyente de un Estado de la UE, que no esté de acuerdo con la interpretación o la ejecución que el Fisco de otro país comunitario realice sobre sus asuntos en materia de doble imposición de la renta o del patrimonio, podrá solicitar el inicio de un procedimiento de arbitraje específico.

En este futuro procedimiento será preciso presentar una solicitud a cada una de las autoridades competentes de cada Estado miembro afectado en el plazo de tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción que produzca o que vaya a producir el litigio, con independencia de que el contribuyente utilice o no las vías de acción judicial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afectados.

La norma busca generar un entorno empresarial propicio a las inversiones. Para ello, se incluye un procedimiento no jurisdiccional que trate de evitar el recurso a los tribunales. La decisión definitiva será vinculante para los Estados miembros afectados, pero no sentará precedente. Además, se aplicará siempre que la persona o personas afectadas acepten dicha decisión y renuncien al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales en el plazo de 60 días a partir de la fecha en la que se haya notificado la decisión definitiva, de ser el caso.

De no llegarse a este acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso se someterá a un procedimiento de resolución de litigios, que podrá adoptar la forma de una comisión consultiva compuesta por representantes de las autoridades fiscales afectadas y de personalidades independientes o podría tener la forma de una comisión de resolución alternativa de litigios. La decisión vinculante se aplicará siempre que la persona o personas afectadas acepten la decisión y renuncien al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales en el plazo de sesenta días a partir de la fecha en la que se haya notificado la decisión definitiva, de ser el caso.

Los litigios que surjan entre los Estados miembros por la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios para la eliminación de la doble imposición de la renta y del patrimonio deberán acudir a un nuevo procedimiento de arbitraje fiscal, cuya regulación se establece en la Directiva 2017/1852, cuya transposición a la normativa tributaria española ha comenzado a realizar el Ministerio de Hacienda.

La transposición conllevará la modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).

Fuente: El Economista

Despachos de litigios masivos como Arriaga entran con miles de demandas a reclamar los intereses abusivos de estas líneas de crédito. El sector espera la clarificación del Supremo

El marido de A. R., avilesina de 65 años, viajaba mucho por toda España por su trabajo en una empresa de montajes. Un día le ofrecieron una tarjeta para gastos como la gasolina, que podía ir pagando cómodamente mes a mes. “Al poco tiempo se dio cuenta de que había sido un error”, recuerda. Pero siguió abonando las cuotas. Años después, cuando el hombre falleció, la familia se encontró con que aquella tarjeta Citibank (hoy de Wizink) aún tenía 4.000 euros de deuda. Decidieron pagarla de golpe y olvidarse. Pero A. R., que conservaba “absolutamente todos los recibos, por si acaso”, se propuso demandar al banco por lo que consideraba un engaño. El juzgado le dio la razón en abril y ordenó a Wizink devolver 21.000 euros a la familia. El marido de A. R. había comprado a crédito no más de 10.000 euros, pero había pagado 21.000 en intereses.

Las condiciones de estas tarjetas de pago aplazado, llamadas revolving, empiezan a inundar los juzgados de toda España. Pequeños despachos como el de Celestino García Carreño, en Avilés, fueron los pioneros en 2016 en este tipo de demandas que buscan condenar a los bancos por usura y recuperar todos los intereses pagados de forma abusiva. El éxito de los pequeños —García Carreño asegura sumar ya 1.000 sentencias favorables— ha animado a entrar a los grandes bufetes especializados en litigios masivos, como Arriaga Asociados, que ya se anuncia en televisión con este reclamo: “¿Sigues pagando cuotas pero tu deuda no termina? Puede que tengas una tarjeta trampa”. Miguel Muñoz, abogado de Arriaga, asegura que tienen 1.500 pleitos encargados y 5.000 en estudio. Tras hacer pruebas “con cuentagotas” y comprobar que ganaban, han puesto a funcionar la fábrica de pleitos.

Según un informe reciente de la consultora Oliver Wyman, los intereses abusivos van a ser el próximo quebradero de cabeza de la banca tras las cláusulas suelo o los gastos hipotecarios, con entre seis y ocho millones de personas potencialmente afectadas que podrían reclamar en el juzgado. Este tipo de tarjetas ofrece dos opciones: pagar a fin de mes lo comprado, como cualquier tarjeta de crédito, sin comisiones ni intereses; o usar un sistema de pago aplazado que se llama revolving y permite abonar “cómodamente” cuotas fijas cada mes. Es decir, funcionan como una línea de crédito con intereses altos. El problema se presenta cuando esas cuotas no llegan a cubrir el principal y generan nuevos intereses que se acumulan.

“La deuda se convierte prácticamente en perpetua, salvo que tengas capacidad para quitarla a final de mes. Hay mucha gente atrapada”, asegura Francisco Roldán, abogado colaborador de Asufin que ha ganado en un juzgado de Córdoba contra Wizink. El magistrado consideró el interés de la tarjeta, contratada en una gasolinera, como usurario y además afeó la falta de información al cliente: el tipo de interés y el TAE estaban en la parte de atrás de la solicitud y “con una letra absolutamente microscópica”, lo que “dificulta totalmente la comprensión del consumidor”. La sentencia señala también que estas tarjetas son una forma de créditos al consumo encubiertos.

Decisiones contradictorias en segunda instancia

Esta última manifestación del juez de Córdoba es muy relevante para la batalla jurídica que ya se está librando en segunda instancia, en las audiencias provinciales. Los jueces y tribunales se están basando en la Ley de Represión de la Usura de 1908 y en una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 que abrió la puerta a las reclamaciones, al fijar que es usurario un interés remuneratorio “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado”. La sentencia del Supremo consideró usura un TAE del 24,6%, “que era más del doble del interés medio ordinario en operaciones de consumo de la época, entre 2001 y 2009”, explica José Carlos González Vázquez, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense. El contrato se consideró abusivo y, por tanto, nulo. El banco tuvo que devolver todos los intereses pagados.

La mayoría de audiencias provinciales está considerando usurarios los intereses habituales de las tarjetas revolving, que rondan el 25% de TAE, pero hay algunas (Murcia, Salamanca, Albacete) que están dando la razón a los bancos. En Madrid, por ejemplo, cada sección dice una cosa. La clave está en las estadísticas que publica el Banco de España. Antes de 2010 los datos de los intereses de préstamos al consumo se publicaban de manera unificada englobando los préstamos personales (con intereses más bajos) y los de las tarjetas revolving(más altos). Si se hacía la media, el 25% TAE era usura porque suponía más del doble.

Desde 2010 se publican por separado. “Las audiencias que desestiman que intereses de entre el 19,5% y el 26,8% sean usurarios no es porque desconozcan o contradigan la doctrina del Supremo sino porque consideran que el término de comparación para valorar si es notablemente superior al normal no debe ser los créditos al consumo en general sino los créditos revolving con tarjeta de crédito”, precisa González Vázquez. Ante esa diferencia de interpretación, el profesor de la Complutense cree que “podía ser útil y clarificador un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo”.

El cliente desistió de ir al Supremo

Estuvo a punto de haberlo el mes pasado. El 12 de junio el pleno de la sala primera del Triunal Supremo iba a deliberar sobre un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete que decidió que un interés del 22,42% no era usura al compararlo con las estadísticas del Banco de España para 2014, fecha del contrato: entonces la media de las tarjetas revolving era del 21%. Pocos días antes, el cliente de Bankia de Albacete desistió del recurso. A preguntas del EL PAÍS, su abogado, Luis Ventura Cañamares, no desveló si el banco había llegado a un acuerdo extrajudicial alegando su deber de secreto profesional. Varios abogados de clientes de revolving aseguran que los bancos podrían haber acudido al Supremo hace tiempo y no lo están haciendo porque temen un fallo que les perjudique.

Las entidades bancarias consultadas rechazaron comentar el problema del revolving. Solo Wizink accedió a dar un dato: en el primer trimestre de 2019 ha recibido 599 demandas. En los tres años anteriores fueron 800. “Estamos a la espera de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo”, señaló un portavoz. Las reclamaciones por intereses abusivos representan «un porcentaje insignificante con respecto a nuestra cartera de clientes en España», añadió.

En muchas ocasiones no están siendo los bancos sino fondos internacionales (también llamados fondos buitre) los que pleitean en los tribunales por las tarjetas revolving. Según explica César Duro, de Duroa Abogados, muchas entidades han cedido créditos impagados en grandes carteras a fondos como TTI Finance, Investcapital o Hoist Finance y son estos los que demandan a los consumidores. “Es más habitual negociar con las entidades que con los fondos porque a las entidades les interesa más llegar a acuerdos para no perjudicar su reputación con el resultado del juicio. Sin embargo, a los fondos eso no les importa”, señala. También son muy habituales, añade, los acuerdos extrajudiciales, ya que las entidades están intentando evitar la condena en costas. “Nosotros, si ofrecen un acuerdo justo para el consumidor, aceptamos y no vamos a juicio”, añadió.

EL BANCO DE ESPAÑA PIDE A LAS ENTIDADES MEJOR INFORMACIÓN

Las tarjetas revolving también preocupan al Banco de España, que en su última Memoria de Reclamaciones, de 2018 y presentada hace unos días, destaca que son “muchos” los expedientes que se refieren a esta tipología de tarjetas “de lenta amortización” en las que los clientes pagan cuotas bajas cada mes que eternizan la devolución de la deuda. Este organismo no entra a valorar si los intereses son usurarios o no —eso corresponde a los tribunales, matiza el informe— pero sí hace recomendaciones a las entidades, a modo de buenas prácticas: informar a los clientes del plazo de amortización, darles ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que representaría aumentar el importe de la cuota y facilitarles el importe de la cuota mensual que permitiría liquidar toda la deuda en el plazo de un año.

Las reclamaciones al Banco de España que más crecieron porcentualmente en 2018 respecto al año anterior fueron las relacionadas con préstamos personales (un 86,3%). Durante la presentación del informe, Fernando Tejada, director de Conducta y Reclamaciones, aseguró que su departamento había encontrado numerosos casos de tarjetas en las que venía activado por defecto el sistema revolving. El Banco de España considera que las tarjetas revolving son un tipo de crédito al consumo.

El fallo considera que el veto al plan de pagos elimina la segunda oportunidad

Hacienda no puede anular el perdón, pasados cinco años, de las deudas de una empresa concursada, incluido en un plan de pagos aprobado por el juez del concurso, al existir un error en la redacción de la Ley Concursal (LC), que daba la iniciativa al Juzgado y, al tiempo, introducía la exigencia de permiso del deudor público.

Así, lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia, de 2 de julio de 2019, en la que establece que «aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público».

En la sentencia se explica que la contradicción existente en la LC hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el artículo 178bis de la LC, que es la exoneración de deudas.

Por ello, interpreta el ponente, que a través de este artículo se permite que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda, por lo que la sentencia, bajo una interpretación finalista, dictamina que «ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas, incluido el acreedor público, sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan».

El ponente, el magistrado Sancho Gargallo, concluye que cuando el concursado opte por la exoneración inmediata, pero Hacienda considere que no se cumplen los requisitos para ello, no hay inconveniente en que opte por la alternativa del plan de pagos en cinco años, con la condición de que se cumplan las garantías legales exigibles.

La referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general del artículo 7.1 del Código Civil, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del artículo 178.3 de la LC, cuya naturaleza es heterogénea.

Existencia de buena fe

La denuncia de la inexistencia de buena fe exigida por ese artículo de la LC se debe ceñir al cumplimiento de esos requisitos y no, como subyace argumentaba Hacienda, a que en la solicitud inicial se hubiera omitido la existencia de un crédito contra la masa que luego, al oponerse la Aeat, fue admitida.

Sancho Gargallo explica que la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas. Esta condonación puede ser inmediata o en cinco años.

En ambos casos, se supedita a unas exigencias que justifiquen la condición de buena fe del deudor y a la satisfacción de un reembolso parcial de la deuda. La deuda debe tener en cuenta el interés equitativo de los acreedores y que, en la medida de lo posible, sea proporcionada a los activos y la renta embargables o disponibles del deudor concursado, pues de otro modo en la mayoría de los casos la exoneración del pasivo sería imposible, y la norma se haría prácticamente inaplicable.

En atención a estas consideraciones, estima el ponente, que la exoneración plena en cinco años está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general.

Para que se pueda eximir la deuda, la Ley Concursal exige que el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se hubiera acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso.

Y, además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata o la exoneración en cinco años, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa.

  • El juez exige justificar las pérdidas sufridas por cada titular de camión

Una nueva sentencia, esta vez de un Juzgado de Primera Instancia de Amsterdam, de 15 de mayo de 2019, sobre las reclamaciones de camioneros por el conocido como Cártel de Camiones, ha reconocido su derecho a reclamar, pero ha apercibido a los fondos de inversión que les representan legalmente por no estar bien preparada su documentación para poder demostrar que han sufrido daños por la actuación del cártel.

Entre 1997 y el 2011 los grandes fabricantes pactaron los precios de los camiones de medio y alto tonelaje. Estos importes suponían de media un alza de más de un 20 % sobre el coste real del producto. En el 2016, y tras varios años de investigaciones, Bruselas decidía sancionarlos con una multa de casi 3.000 millones.

Como ocurriese en la sentencia de la Audiencia Territorial de Stuttgart, de 18 de febrero de 2019, la demanda promovida por un Fondo de Inversión contra el cártel de fabricantes de camiones ha sido declara inadmisible.

En aquel caso, el Tribunal alemán argumentó que el objeto del fondo de inversión que representaba a los camioneros reclamantes era la prestación de servicios de naturaleza financiera, o sea, servicios no jurídicos, por lo que declaró que su intervención judicial vulneraba la ley alemana de prestación de servicios jurídicos.

Ahora, la sentencia holandesa, el tribunal se refiere a la necesidad de presentar pruebas con las particularidades y las circunstancias concretas de la compra de cada camión. Además, se plantea la necesidad de demostrar la validez y legitimidad de la cesión de las reclamaciones de los transportistas al Fondo.

Argumentan los jueces neerlandeses que los fabricantes de camiones deben estar en condiciones de poder defenderse contra las acciones emprendidas por los reclamantes, por lo que pueden invocar todas las excepciones de que dispongan contra el fundamento de la responsabilidad.

De esta forma, indican que corresponde a los demandantes presentar los hechos de tal manera que la base de la responsabilidad pueda ser evaluada y, si es posible, determinada caso por caso.

Y en el caso en litigio, la obligación de hacer una declaración en este sentido aún no había sido cumplida por todos los demandantes.

Información de cada caso

El Tribunal invita a los demandantes a que faciliten información más específica sobre aspectos de las compras, arrendamientos y usos individuales dados a los camiones, incluso si el daño final se establece en un daño procedimiento de evaluación.

El Tribunal entiende que, en el contexto de que la práctica colusoria en materia de camiones duró desde 1997 hasta el 2011, pero que la Comisión no reveló hasta 2016, es posible que ya no se disponga de la documentación correspondiente a todos los productos. camiones afectados.

Se estima que en España la cifra de afectados por el cártel de camiones se aproxima a los 100.000, dueños de este tipo de vehículos, pero las reclamaciones se están presentando en todos los países europeos.

La Comisión Europea ha anunciado una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis fabricantes de camiones, DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN, por prácticas contra la competencia, que componían el cártel.

Fuente: eleconomista.es

La norma entra en vigor el lunes 17 y las plataformas deben estar operativas

Las entidades financieras han tenido tres meses para adaptar sus contratos a la nueva norma de crédito hipotecario, así como sus sistemas informáticos. No obstante, tanto la banca, como los notarios admiten que el arranque no va a ser fácil. La nueva ley hipotecariaentra en vigor el próximo 16 de junio, que como es domingo será efectiva el próximo lunes.

Para colmo, estos días ha habido una polémica entre los notarios que defienden el uso de su plataforma propia, Ancert, para que los bancos les hagan llegar los contratos, y las asesorías y gestorías privadas y de los bancos, que apoyan el uso de plataformas de otras empresas, como Indra o grupo BC.

Las entidades financieras han tenido tres meses para adaptar sus contratos a la nueva norma de crédito hipotecario, así como sus sistemas informáticos. No obstante, tanto la banca, como los notarios admiten que el arranque no va a ser fácil. La nueva ley hipotecariaentra en vigor el próximo 16 de junio, que como es domingo será efectiva el próximo lunes.

Para colmo, estos días ha habido una polémica entre los notarios que defienden el uso de su plataforma propia, Ancert, para que los bancos les hagan llegar los contratos, y las asesorías y gestorías privadas y de los bancos, que apoyan el uso de plataformas de otras empresas, como Indra o grupo BC.

 

 

 

Nuevo panorama

Los bancos han tenido tres meses para adaptar sus sistemas informáticos a la norma

En cualquier caso, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), explica que “no podemos asumir el riesgo de que no se firmen hipotecas y generar inseguridad jurídica en un mercado tan importante”. De ahí, añade que “todas las partes están haciendo un gran esfuerzo para que las operaciones se realicen con completa normalidad desde el primer día”. En varias notarías admiten que la banca se ha apresurado a adelantar firmas ante las incertidumbres que se avecinan.

Desde Banco Santander apuntan que la ventaja de utilizar la red notarial es “la trazabilidad de los datos y los plazos, así como la velocidad de conexión”. Por el contrario, como desventaja manifiestan que “el sector tendrá que acostumbrarse a los nuevos procedimientos”. Desde el banco que preside Ana Botín no se descarta que la entrada en vigor de la nueva ley retrase algo la firma de hipotecas “hasta que las partes implicadas se acostumbren a los nuevos trámites y formas de proceder”.

Bankia ha optado por usar la plataforma del grupo BC, que en un futuro podrá conectarse con la de Ancert. No obstante, fuentes del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri admiten que se abre “un periodo transitorio” con el arranque de la nueva ley. El grupo Kutxa o el Banco Sabadell operan con distintos proveedores; mientras que en Ibercaja se sigue trabajando para acceder directamente a la red notarial.

Para Manuel L. Pandiñas, expresidente del Consejo General del Notariado, “la polémica se ha montado porque la actual dirección del Consejo de Notarios considera que la banca debe remitir a los notarios toda la información mediante su aplicación notarial”. A su juicio, “inicialmente , en la primera redacción era así: había monopolio. Después, en el texto definitivo de la
ley, cada entidad financiera puede decidir la plataforma que utilizará para enviar la información a uno de los 2.800 notarios que existen en España”.

Cambios

La ley inclina la balanza a favor del hipotecado

Según Santiago Bellver, presidente de la Asociación Española de Sociedades de Externalización de Procesos y Servicios para Entidades Financieras (Aeproser), “algunos bancos, las cajas rurales, las cooperativas de crédito y otros prestamistas de menor dimensión han optado por otras plataformas alternativas”. Mientras que desde el Consejo General del Notariado aseguran que los bancos grandes se han sumado a su iniciativa.

Desde Bankinter apuntan que “el banco está preparado para la entrada de la nueva normativa”. Y recuerdan que “asumen los gastos, salvo la tasación, desde que se anunciaron las modificaciones”. Algo similar lleva a cabo CaixaBank, entidad financiera que asumió el pago de los gastos asociados a la hipoteca desde unos días antes de que se conocieran los cambios.

La ley inclina la balanza a favor del hipotecado y, por ejemplo, obliga a los bancos a pagar todos los gastos de gestión, salvo la tasación. El resto de los gastos, léase gestoría, impuesto de actos jurídicos documentados, notaría y gastos del registro, será abonado por los bancos. Otra de las novedades importantes es que la nueva norma dice adiós a las cláusulas suelo, con el objetivo de que los clientes se puedan beneficiar de las caídas del euríbor. La nueva ley también protege más a los hipotecados en caso de embargo.

Tres años de retraso

Tras casi tres años de retrasos, la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario se aprobó el 22 de febrero. Después, se publicó en el BOE el 16 de marzo. Con una enmienda del PP se aplazó tres meses su entrada. Finalmente, el Consejo de Ministros finalizó la transposición de la directiva el 26 de abril, con el desarrollo reglamentario a través de un real decreto y una orden ministerial.

El formulari obliga els contribuents a declarar tots els actius que tinguin a l’estranger, com pisos i comptes, i que superin els 50.000 euros

La Comissió Europea porta Espanya al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) pel Model 720 de declaració de béns a l’estranger. Així ho ha notificat Brussel·les en una nota després d’haver emès un duríssim informe sobre aquest formulari el 2017. Espanya exigeix des de 2013 que els contribuents residents notifiquin els actius que posseeixen a l’estranger, com ara propietats o comptes bancaris. Això afecta un bon número de pisos propietat d’espanyols que no són al mercat per por a les sancions.

La Comissió Europea (CE) ha decidit aquest dijous dur a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per imposar sancions «desproporcionades» als contribuents que no notifiquen que tenen actius en altres països europeus com Andorra.

Espanya exigeix ​​que els contribuents residents en el seu territori notifiquin a Hisenda els actius que posseeixen a l’estranger mitjançant el formulari  720, com ara propietats, comptes bancaris i actius financers, sota pena d’enfrontar-se a sancions si no presenten la informació a temps i en la seva totalitat. No obstant això, aquestes sancions són superiors a les imposades per infraccions similars en una situació purament nacional, i poden fins i tot superar el valor dels actius posseïts a l’estranger, segons ha explicat l’executiu comunitari en un comunicat.

Per tant, la Comissió considera que, si bé Espanya té dret a imposar sancions, aquestes «són desproporcionades i discriminatòries» i «poden dissuadir les empreses i als particulars d’invertir o circular a través de les fronteres en el mercat únic».

Per Brussel·les, aquestes disposicions «entren en conflicte amb les llibertats fonamentals de la Unió Europea, com ara la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals». La Comissió havia obert el 2015 un procediment d’infracció contra Espanya per aquest motiu.

La Comissió considera que les sancions són desproporcionades i dsicriminatòries

El formulari 720 es va posar en marxa a finals de l’any 2012 i el febrer del 2013, l’empresa espanyola DMS Consulting va interposar una demanda contra la seva aplicació davant la Comissió Europa. Els advocats de DMS consideraven absurdes i desproporcionades les sancions i les conseqüències derivades d’aquesta obligació d’informar sobre drets i béns a l’estranger de ciutadans espanyols. La resolució jurídica incidirà en els residents espanyols que ara tenen els seus pisos “dormint” i esperen posar-lo en el mercat del lloguer si la sentència els hi és favorable.

La resolució jurídica incidirà en els residents espanyols que ara tenen els seus pisos “dormint”

S’han calculat en més de 1.000 els pisos buits per aquestes raons. Ara es troben en la situació de no poder llogar-los perquè si ho fan han de tenir un compte i també declarar-lo amb aquest model que els obliga a pagar la multa del 150% del valor del bé no declarat.

Font: www.altaveu.com