• Para zanjar las contradicciones entre la doctrina española y la comunitaria.

El Tribunal Supremo ha formulado una batería de preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a fin de que revise y aclare su postura sobre las comisiones de apertura en préstamos y créditos hipotecarios, para acabar con las contradicciones entre la doctrina española y la comunitaria.

En un auto, la sala de lo Civil se remite a la sentencia dictada en julio del año pasado por Luxemburgo, que insistía en que dicha comisión no puede considerarse una prestación esencial de la hipoteca sólo por estar incluida en su coste total, y advertía del importante desequilibrio entre las partes que podría causar.

En el caso concreto que eleva el Supremo, el consumidor firmó una hipoteca de 130.000 euros con La Caixa (ahora CaixaBank) en 2005, que incluía una comisión de apertura de 845 euros.

Años más tarde, en 2018, el cliente solicitó la nulidad de esta cláusula y la devolución de las cantidades abonadas de más, una petición que fue atendida tanto en primera instancia como por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, y recurrida por el banco en casación.

Ahora el Supremo percibe ciertas controversias entre la jurisprudencia nacional y la europea, y recuerda que, en el Derecho español, existe un «tratamiento diferenciado entre la comisión de apertura y las restantes comisiones bancarias».

Así, mientras que, conforme a la ley, las de apertura en préstamos o créditos hipotecarios sobre viviendas se devengan una sola vez y engloban cualquier gasto de «estudio, concesión o tramitación» de la entidad, el resto de comisiones «deben responder a un servicio específico».

El alto tribunal se refiere a su sentencia de 2019, en la que consideró que «la comisión de apertura era una partida del precio» ya que «constituye una de las principales retribuciones que recibe la entidad por conceder el préstamo», motivo por el cual «no puede ser objeto de control cuando es transparente».

Por tanto, continúa la sala, para justificarla, no puede exigirse al banco que «tuviera que probar, en cada préstamo, la existencia y el coste» de ciertos trámites como el estudio de la viabilidad, de la solvencia del deudor o del estado de cargas de la vivienda.

Sin embargo, el TJUE dictaminó que el juez nacional debía controlar el carácter claro y comprensible de esta cláusula puesto que podía generar un desequilibrio importante cuando la entidad no demostrara que la comisión respondía a servicios prestados.

Inseguridad jurídica

En su escrito a la justicia europea, el Tribunal Supremo sostiene que si el TJUE respondió de esa manera fue porque la cuestión prejudicial que planteó en su momento el juzgado de Mallorca expuso la normativa interna y la jurisprudencia nacional «de una manera distorsionada». Por ello, pide acabar con una «inseguridad jurídica» que «obstaculiza seriamente» su labor como tribunal de casación, y formula tres preguntas.

Entre otras cuestiones, solicita a Luxemburgo que aclare si una doctrina que contemple la regulación nacional sobre la comisión de apertura como retribución de servicios tales como el estudio, la concesión o la tramitación del préstamo o crédito hipotecario, es conforme o no al Derecho de la Unión Europea.

En una nota de prensa, la asociación de consumidores Asufin reprocha la postura del Supremo, que «parece olvidar que las entidades no pueden cobrar por funciones que forman parte de su desempeño y observancia normativa».

«Es una pena que en lugar de acatar las decisiones de la justicia europea, nuestro más alto tribunal alargue la litigiosidad bancaria a favor de las entidades y en contra de los consumidores», lamenta la presidenta de la agrupación, Patricia Suárez.

El Derecho de la Competencia ha cambiado mucho tras la publicación de la Directiva de Daños de 2014, que introduce un nuevo sistema que permite preparar el conjunto del proceso y el acceso a los datos necesarios para la cuantificación del daño sufrido por los perjudicados. Sobre este asunto hablamos con Eduardo Pastor, juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, quien participará en septiembre en el Madrid Competition Litigation Seminar:

¿Por qué la litigación sobre la Competencia se masifica?

Hay todo un contexto general y proclive a la masificación de la litigación civil en España. Este fenómeno es cada vez más corriente en diversas materias, por la mayor conciencia de los consumidores sobre la dimensión económica de sus derechos, la proliferación de plataformas de reclamación y la falta de mecanismos de acciones colectivas. Para el caso del Derecho de la Competencia, se ha dado un efecto llamada ante los nuevos desarrollos de la legislación y la jurisprudencia comunitarias, como la irrupción de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, conocida como Directiva de Daños.

¿Qué tipo de litigio es el que más se plantea en Competencia?

Hasta 2014, los casos más corrientes eran de restricciones verticales (como los problemas asociados al abanderamiento de gasolineras) y abusos de posición de dominio. Estos pleitos estaban centrados fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Con la llegada de la Directiva de Daños, la litigación más frecuente es la de los cárteles.

¿Y qué pasa con los procedimientos sobre cárteles?

Ahora llega la litigación en masa por daños por cárteles, que afectan de una manera más generalizada al conjunto del territorio. Durante los últimos años, los juzgados mercantiles han atendido demandas en el cártel de los sobres, el de camiones, el de la leche, los concesionarios de coches o en el sector bancario.

Es un tipo de litigación que llega para quedarse, en un momento en que la litigación civil está en transición y es preciso tener en cuenta su dimensión y afectación estructural, por lo que hay que adaptar nuestras viejas soluciones de enjuiciamiento a esta nueva clase de litigios.

El legislador comunitario era consciente de que se producirá esta oleada de litigación en materia de cárteles. Éstos se detectan muchas veces mediante el llamado Programa de Clemencia, en virtud del cual un implicado se confiesa y revela las infracciones de los demás a cambio de incentivos de dilución de su responsabilidad. Junto a esos Programas de Clemencia, también son habituales las soluciones transaccionales, lo que supone que se acepte la imposición de una sanción algo menor sin rebatirla. Las Autoridades públicas de la Competencia quieren que estos programas funcionen y que sean eficientes.

¿Qué alicientes aporta al infractor?

Desde ya más de diez años se da la posibilidad de conceder a los infractores que se acogen a determinados beneficios en lo público (reducción de multas) y, en la Directiva, se incluye la promesa que el primero en delatar verá su responsabilidad civil en materia de daños limitada (concretamente, se elimina la responsabilidad solidaria). Por ello, las Autoridades protegen cierta información que aporten los infractores (sobre todo, la declaración de clemencia) para que después no pueda ser divulgada en procesos privados, pero otra información puede que sea accesible.

El equilibrio entre los dos intereses (el público de asegurar la confidencialidad de información aportada por los infractores que facilita la detección de las infracciones más graves, y el privado de reclamar los daños económicos que ha producido en el mercado, que también tiene un fin público de disuasión) es uno de los temas que debemos valorar en las peticiones de acceso a fuentes de prueba (o disclosure).

¿En qué consiste el nuevo sistema de ‘acceso a las fuentes de prueba?

Se trata de una auténtica novedad procesal importante en nuestro país, que tiene sus orígenes en el derecho anglosajón. Permite que, dentro o previo a un procedimiento judicial, una parte pueda pedir a la otra, o a terceros, acceso a categorías de información que justifica ser pertinentes para su acción. Esto puede referirse, por ejemplo, a datos económicos para calcular el daño (por ejemplo, precios y costes) o información sobre la operativa de la infracción (que puede estar contenida en el expediente administrativo de la autoridad de competencia).

En España estábamos faltos de estos mecanismos. El nuevo sistema tendrá un impacto en la prueba, en la ordenación de los procesos y en su resolución. La transposición de la Directiva se ha hecho acusadamente literal en este punto, y peca de cierta falta de ambición, pero aun con esas insuficiencias es lo bastante novedosa como para comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Sin duda, se ha dado un primer paso importante en la aplicación del mecanismo.

Intentaremos compartir y buscar las mejores soluciones para incorporar este nuevo mecanismo al proceso en septiembre en el seminario Madrid Competition Litigation Seminar junto con el presidente del Tribunal especializado en materia de competencia en Londres, Sir Peter Roth, que tiene una larga experiencia en el uso de estos mecanismos y los miembros de la Comisión Europea, autor de la Directiva y de esta nueva norma.

¿Hay mucha inducción en la presentación de pruebas?

El mecanismo de acceso a fuentes de prueba tiene que servir para que los informes periciales presentados estén fundados sobre información incontrovertiblemente relacionada con la infracción. Eso los debe objetivar para una valoración más asequible por el Tribunal, es decir: este mecanismo persigue que todos los jugadores tengan el mismo terreno de juego y utilicen los datos de una manera más o menos homogénea. Así se limitará la dispersión de propuestas de cuantificación de las partes y se permitirá al juez centrar mejor su atención en la comprensión de los informes de experto que se le presentan. Si las partes construyen mejor sus pretensiones y prueban mejor, las decisiones del juez son más sencillas y mejores.

 

Fuente: www.eleconomista.es

 

La sentencia distingue entre la acción de declaración de nulidad y la reclamación de devolución de cantidades; mientras la primera no prescribe, la segunda sí está sometida a los plazos del Código Civil

Victoria parcial de las entidades bancarias y de crédito que han comercializado las controvertidas tarjetas ‘revolving’. El Juzgado de Primera Instancia 25 de Sevilla ha dictado una sentencia que acota, por la vía de la prescripción, la cantidad que el usuario puede reclamar al emisor de la misma. Así, en el asunto enjuiciado, a pesar de que el demandante había suscrito el contrato en diciembre de 1996, la resolución limita la cuantía a devolver a lo indebidamente abonado durante los 15 años anteriores a 2019 —es decir, desde 2004—, según el plazo de prescripción vigente en aquel momento de acuerdo con el Código Civil. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el artículo que regula el ejercicio de acciones personales, el 1964.2, se modificó recientemente, fijando su prescripción en los cinco años, con lo que las reclamaciones que se presentaran a día de hoy se ajustarían a ese término.
En el litigio analizado, el demandante solicitó la declaración de nulidad del contrato de la tarjeta de crédito ‘revolving’, aplicándose los efectos del artículo 3 de la Ley de Usura de 1908, que determina que, una vez concedida la anulación, «el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida». Es decir, tendría que restituir únicamente lo efectivamente dispuesto, recibiendo de la entidad lo abonado de más en concepto de intereses y comisiones.
Tras analizar las condiciones del contrato y los intereses pactados en el mismo, el 24,71% TAE para compras y el 26,82% TAE para disposiciones en efectivo, la jueza determina que deben considerarse como «notablemente superiores al tipo de índice de referencia, sin que se justifique por la entidad bancaria circunstancia alguna para ese interés». Es, por tanto, «usurario», según la resolución. Sin embargo, y a pesar de entender que el contrato debe ser declarado nulo por dicha causa, la magistrada da la razón a la entidad bancaria en lo que respecta a la prescripción alegada, lo cual limita la cantidad a reintegrar al demandante. El motivo, según expone la sentencia, es que en un proceso de estas características conviven dos tipos de acciones: por un lado, la de nulidad del contrato o las cláusulas bancarias que tengan la consideración de abusivas, y, por otro, la de restitución de las cuantías. A pesar de entender que, en efecto, el contrato es nulo por usurario, la jueza da la razón a la entidad en lo relativo a la prescripción A pesar de que la jueza admite que existen órganos judiciales que han entendido que no es posible distinguir entre la nulidad del contrato —o la cláusula— y sus efectos, ella abraza la postura que sí diferencia ambas acciones. «Pueden entenderse los argumentos a favor de la primera posición», expone, que se traduce en que la restitución es un efecto directo de la nulidad, apreciable incluso de oficio, y que no es posible separar dos acciones donde solo hay una. “Sin embargo, esta juzgadora considera más acertada jurídicamente la doctrina mantenida a favor de la prescripción de la acción restitutoria o de reclamación de cantidad”, que han sostenido, entre otros, las audiencias provinciales de Valencia, A Coruña, Alicante, Barcelona o Jaén. Según lo que establece el Código Civil, expone, la regla general es que las acciones prescriben salvo que exista un pronunciamiento legal en contrario, como sucede con la filiación o la partición de herencia. Así, «que el negocio jurídico es inexistente o que el acto es nulo de pleno derecho se debe poder hacer valer en cualquier momento». En cambio, «si el acto nulo ha agotado todos sus efectos y estos son conocidos por el titular de la acción, las razones de seguridad jurídica, de presunción de abandono y de tolerancia frente a una situación de hecho explican que la acción para hacer desaparecer esos efectos se someta a un plazo de prescripción», agrega la resolución. Tanto es así, recuerda, que existen materias en las que en un primer momento se declara la nulidad, pero se hace una expresa remisión a que en un procedimiento posterior deberán concretarse los efectos de la misma.

¿Cuándo empieza a contar la prescripción?

Fijada esa primera distinción, la jueza se plantea a partir de cuándo debe contar la prescripción y se responde que a partir de que existan pagos indebidos. En todo caso, matiza, debe señalarse que existen dos situaciones diferenciadas. En primer lugar, los pagos realizados antes del 7 de octubre de 2015 —fecha en que se reformó el artículo 1964.2 del Código Civil—, que tendrán un plazo de prescripción de 15 años y que vencerían, en todo caso, el 28 de diciembre de 2020 (cinco años más tarde, más los 82 días que estuvieron suspendidos los cómputos por el primer estado de alarma por la pandemia). En segundo término, los abonos efectuados después del 7 de octubre de 2015, en cuyos casos el plazo de prescripción sería de cinco años, más 82 días (por el estado de alarma), si se pagó antes del 5 de junio de 2020.

En el caso analizado por el Juzgado de Sevilla, se aplica el primero de los supuestos porque el demandante efectuó una reclamación extrajudicial el 25 de noviembre de 2019. En todo caso, se aprecia la prescripción de todas las cuantías abonadas antes de ese mismo día de 2004.

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Goteo de sentencias en los juzgados de primera instancia en contra del criterio del Supremo respecto a la validez de los acuerdos novatorios de las hipotecas con cláusulas suelo

 

Goteo de sentencias en los juzgados de primera instancia de Zaragoza y Cádiz en contra del criterio del Tribunal Supremo respecto a la validez de los acuerdos que cientos de clientes firmaron con la banca para eliminar o rebajar la cláusula suelo de sus hipotecas y renunciar a reclamaciones en el futuro.

Varios jueces españoles se han pronunciado siguiendo la tesis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado mes de julio dictaminó que la cláusula que recoge la renuncia del consumidor a una posible y futura tutela judicial también puede ser calificada de «abusiva», pero sus fallos irían en contra del criterio del Tribunal Supremoque a finales de 2020 falló a favor de la banca en un caso en el que consideró que dicho acuerdo de renuncia sí se firmó con total transparencia, por lo que ni era nulo ni abusivo, sentando un importante precedente para que la banca pudiera defender a partir de ese momento la transparencia y validez de esos acuerdos en los tribunales.

A principios de abril, trascendía la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza en la que el juez aplicaba los criterios del TJUE respecto a las novaciones hipotecarias, declarando no solo la nulidad de la cláusula suelo, sino también del contrato de novación, y apenas un mes después, ha sido el juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz el que, en dos sentencias, mantiene el criterio del TJUE, en contra del Supremo.

No es la primera vez que los jueces fallan en contra del criterio del Tribunal Supremo

No es la primera vez que se pone de manifiesto la discrepancia de opiniones entre jueces de instancias inferiores y el Tribunal Supremo en torno a las cláusulas abusivas de las hipotecas —IPRH, retroactividad, multidivisas…— y otros aspectos relacionados con las mismas, como los gastos hipotecarios.

De hecho, han sido muchos los jueces que han planteado numerosas cuestiones prejudiciales al TJUE, por discrepancias de criterios con el Supremo respecto a las famosas cláusulas abusivas, la más importante, respecto a la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas de más como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo. En aquella ocasión, en contra del criterio del Supremo, y tras la cuestión prejudicial planteada por un juez de la Audiencia Provincial de A Coruña, el tribunal europeo dictaminó que el banco debía devolver al cliente todo el dinero cobrado de más desde la firma de la hipoteca, y no desde la sentencia del Supremo de mayo de 2013.

«Una vez más, nuestros tribunales abrazan los principios de protección al consumidor que consagra la directiva europea y siguen las consideraciones del TJUE», explica a El Confidencial Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), cuyas demandas —de los letrados colaboradores de Asufin Víctor Ceballos y Esther de Castro— han sido admitidas a trámite por el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz.

«En la mayoría de los casos, los pactos novatorios con los que se pretendía zanjar el triste asunto de la cláusula suelo se hicieron sin ofrecer al consumidor una información completa y veraz, con cláusulas que impedían seguir litigando por el dinero cobrado de más por unos topes infames. Es una pena que para llegar a esta conclusión se sigan saturando tribunales, con un sistema que además resultó disuasorio para el consumidor. Es triste comprobar que hasta cuando las entidades ofrecen un acuerdo, el contrato contiene cláusulas abusivas. Nuestra conclusión es que las entidades tienen mucho que aprender sobre transparencia», añade Suárez.

Acuerdos para no emprender acciones legales

En las sentencias de Cádiz, el juez estima que no solo la cláusula suelo impuesta al consumidor por parte de Unicaja es nula, sino que también lo es el acuerdo al que llegaron ambas partes para eliminar la cláusula suelo del contrato a cambio de que el hipotecado renunciara a emprender acciones legales en el futuro contra la entidad financiera.

Meses después de la sentencia del 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo sobre las polémicas cláusulas suelo, se produjeron cientos de novaciones hipotecarias. Sin embargo, lo cierto es que la avalancha de este tipo de contratos se produjo a raíz del fallo del TJUE, en 2016, cuando dictaminó —a diferencia del TS— que la banca sí debía devolver todo el dinero cobrado de más por estas cláusulas, desde el inicio de los contratos.

Es decir, avaló la retroactividad de la sentencia. Fue entonces cuando muchos bancos firmaron con sus clientes pactos novatorios que no solo cambiaban las condiciones del contrato, con tipos de interés más bajos, sino que obligaban al cliente a renunciar a emprender acciones legales en un futuro, perdiendo de esta manera el dinero abonado de más en muchos casos.

 

La sentencia del Supremo de finales de 2020 supuso un revés para los consumidores, pero un resquicio legal para la banca, que vio en este fallo la posibilidad de ganas miles de pleitos en los tribunales. Sin embargo, son ya varios jueces los que han fallado en contra de este criterio. La batalla, no obstante, deberá resolverse en instancias superiores.

Fuente: El Confidencial

Vender una vivienda y reinvertir dicho importe en la construcción de otra, dará derecho al contribuyente a su exención fiscal siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos años

Vender una vivienda que constituye el domicilio habitual y reinvertir dicho importe en la construcción de una nueva vivienda que también constituya la vivienda habitual dará derecho al contribuyente a su exención fiscal siempre y cuando no hayan transcurrido más de dos años desde la venta, aunque en ese plazo la nueva vivienda aún se encuentre en construcción.

Así lo ha dictaminado hoy el Tribunal Supremo en contra del criterio del abogado del Estado. En un sentencia de la la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal ha fijado que el plazo del que dispone «el obligado tributario para reinvertir el importe obtenido con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual para tener la exención en el IRPF, cuando la reinversión se materializa en una vivienda que se halla en fase de construcción, es el de dos años contados desde la transmisión de su vivienda, bastando con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el dominio de la nueva vivienda o de que la construcción de ésta haya ya concluido».

No es necesario que adquiera el dominio de la nueva casa o que la construcción haya concluido

El Supremo desestima un recurso de casación del abogado del Estado, que consideraba que debía condicionarse el cumplimiento del plazo de dos años a la entrega material de la vivienda construida, “exigencia que ni se encuentra en la ley ni cabe deducirla de su tenor, pues ésta habla de reinversión exclusivamente”, señala la Sala.

«Hasta ahora, Hacienda exigía que la entrega de la vivienda se produjera en los dos años anteriores o posteriores a la venta de la anterior vivienda. Ahora, el Tribunal Supremo aclara qué ocurre si se incumple dicho plazo», explica José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

En un artículo reciente, este abogado recordaba cómo «hasta 31 de diciembre de 2012, el artículo 54 del Reglamento de IRPF asimilaba al concepto de adquisición de vivienda habitual, la construcción y ampliación de la misma. Y exigía que, en el caso de la construcción, las obras terminaran en un plazo no superior a cuatro años desde la fecha de inicio de las obras. Pero esto era sólo para la deducción por inversión en vivienda».

«Por tanto», proseguía, «el criterio de la Administración es que el plazo de reinversión en estos casos es de dos años. Y ello, sin que dicho plazo pueda ampliarse a los cuatro años desde el inicio de las obras. Además, debe producirse la adquisición jurídica de la vivienda».

Confirma el fallo del TSJ de Catalunya de 2019

La sentencia confirma la dictada con fecha 21 de mayo de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó el recurso de una contribuyente contra la negativa de Hacienda a aceptar que reunía el requisito del plazo de reinversión para lograr la exención. La mujer enajenó su vivienda habitual el 8 de febrero de 2007, compró una nueva en construcción el 14 de febrero de 2007, y esta le fue entregada mediante escritura notarial de 9 de abril de 2010.

La resolución recoge que la obligada tributaria reinvirtió el importe obtenido en la compra de una vivienda habitual en menos de dos años desde la enajenación de la anterior, pero que la nueva vivienda —que estaba en construcción cuando es adquirida— no le fue entregada hasta algo más de tres años después desde aquella transmisión.

El Supremo explica, de acuerdo a la interpretación que realiza de la Ley y el Reglamento del IRPF, que era procedente la exención al haberse realizado la reinversión en el plazo de dos años, aunque la construcción no estuviese concluida. «La exención por reinversión en la adquisición de vivienda habitual, en el caso concreto, fue por la suma de 86.066,92 euros, aplicada por la contribuyente en la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2007 y que había sido negada por la Administración Tributaria», explica en una nota el Supremo.

Abre la puerta a reclamaciones a Hacienda

Textualmente, el criterio que fija el Supremo en esta materia es el siguiente: “La interpretación de los artículos 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, cuando la reinversión se materializa en una vivienda que se halla en fase de construcción, es la de que el plazo de dos años establecido reglamentariamente para reinvertir es aquel del que dispone el contribuyente, y debe contarse desde la transmisión de su vivienda, bastando a tal efecto —para dar cumplido el requisito— con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el dominio de la nueva vivienda, mediante su entrega material, o de que la construcción de ésta haya ya concluido”.

En opinión de José María Salcedo, «esta sentencia abre la puerta a que los contribuyentes que vendieron su vivienda obteniendo una ganancia patrimonial, e invirtieron en los dos años siguientes el importe obtenido en la compra de una nueva vivienda en construcción, puedan declarar exenta dicha ganancia».

«Del mismo modo, la sentencia permite que aquellos contribuyentes que se encuentren en esta situación, y que en su día no se aplicaron la exención de la ganancia patrimonial obtenida por su anterior vivienda, puedan ahora solicitar la rectificación de su autoliquidación, y la devolución del ingreso indebido realizado. Ello, siempre que no haya prescrito el derecho a hacerlo, lo que en este momento ocurre con los ejercicios 2016 y siguientes del IRPF, concluye Salcedo.»

Fuente: El Confidencial

 

El Tribunal Supremo ha admitido un recurso del ‘hedge fund’ Renaissance Technologies LLC que servirá para que se cree jurisprudencia en torno a los límites de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al vetar las posiciones cortas. Previamente, la Audiencia Nacional avaló este año la actuación del supervisor al multar al fondo de cobertura estadounidense. El Supremo establecerá así jurisprudencia.

 El origen de la sanción está en el veto temporal a las posiciones cortas sobre Liberbank que estableció en 2017 el organismo entonces presidido por Sebastián Albella. Tras la resolución de Banco Popular en la noche del 6 al 7 de junio de 2017, el mercado puso el foco en Liberbank y la CNMV vetó las posiciones cortas.

La limitación se mantuvo hasta noviembre, pese a que el ataque bajista alcanzó el 1,39%, lejos del nivel visto en Popular, DIA y en otros grupos de cotizadas (Técnicas Reunidas, Cellnex, OHL, BME, Sacyr, Bankia, Mediaset, Indra o Siemens Gamesa). En cualquier caso, la prohibición frenó la sangría bursátil, permitiendo una ampliación de capital de 500 millones ese verano que alivió la situación del banco dirigido por Manuel Ángel Menéndez, que se fusionará este año con Unicaja.

En aquel momento, el fondo Renaissance Technologies elevó su posición corta neta. El ‘hedge fund’ tenía una posición alcista y otra bajista, y lo que hizo es disminuir la primera. De esta forma, argumenta que aunque aumentó su posición corta neta desde el 0,38% hasta el 0,42% del capital, no incrementó la posición corta, respetando la prohibición de la CNMV. 

Pero el supervisor que preside ahora Rodrigo Buenaventura consideró que el ‘hedge’ de Long Island (Nueva York) sí incumplió el veto, e impuso el 30 de octubre de 2017 una multa de 150.000 euros por infracción “muy grave”. Renaissance recurrió la sanción, pero la Audiencia Nacional emitió un dictamen el 18 de junio de 2020 desestimando su recurso y avalando la resolución. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha admitido el nuevo recurso y señala que la cuestión planteada en el mismo servirá para la formación de jurisprudencia en cuanto a si en la prohibición de cortos como hizo la CNMV el 12 de junio de 2017, o también el año pasado en el inicio de la crisis por el coronavirus, se incluyen operaciones consistentes en el incremento de posiciones cortas netas por la reducción de posiciones largas. 

En su sentencia, la Audiencia Nacional se pronunció en contra del fondo al señalar que el artículo 20 del reglamento de la UE que avala el veto a los ataques bajistas señala que entre las operaciones susceptibles de prohibición no se consideran solo las ventas en corto, sino también operaciones distintas vinculadas a un instrumento financiero, uno de cuyos efectos sea “conferir una ventaja financiera a la persona física o jurídica en caso de que disminuya el precio o valor de otro instrumento financiero”. No obstante, el dictamen tuvo un voto particular, cuestionando que la decisión de la CNMV abarcara también las posiciones cortas netas, aunque tenga potestad para ello.

Las posiciones cortas consisten en que un inversor tome prestadas acciones para venderlas a mercado y, posteriormente, las compre para devolverlas a su legítimo dueño. Durante la última década, ha habido prohibiciones temporales como durante la crisis de deuda, el caso de Liberbank en 2017 o también en 2020 con el coronavirus.

El supervisor mantuvo prohibidas las posiciones cortas entre el 17 de marzo y el 18 de mayo del año pasado, decisión que se produjo ante la ola de ventas desordenadas que rompió el mercado con el inicio de los confinamientos para frenar los contagios de covid. En un estudio publicado en julio de 2020, la CNMV reconoció que el veto tuvo un efecto negativo en la liquidez, aunque pudo tener un efecto psicológico positivo para los precios.

Los supervisores europeos obligan a los bajistas a notificar las posiciones superiores al 0,2% del capital de una empresa, aunque bajaron el umbral al 0,1% en marzo. No obstante, publican las estadísticas a partir del 0,5%. Asimismo, la CNMV publicaba el dato agregado de las posiciones superiores al 0,2% en cada empresa, y lo actualizaba cada dos semanas. En diciembre de 2018, decidió dejar de hacerlo en línea con el resto de supervisores.

Fuente: El Confidencial

La restitución solo podrá ser parcial en los casos en que la ley nacional lo contemple. El fallo abre la puerta a tumbar las comisiones de apertura y a cargar las costas a la banca

El Tribunal de Justicia de la UE ha vuelto a asestar este jueves un golpe al balance de los bancos españoles y al criterio del Tribunal Supremo español al dictaminar que las entidades deben devolver a sus clientes con retroactividad total el coste de los gastos de constitución de las hipotecas cargados íntegramente al consumidor en cumplimiento a una cláusula abusiva.

La Corte de Luxemburgo recuerda que, como ya dictaminó en diciembre de 2016 en el caso de las cláusulas suelo, la nulidad de una cláusula por su abusividad debe suponer la anulación total de la condición desde su origen. El tribunal solo acepta que la restitución sea parcial si la legislación nacional marcaba que determinados gastos debía asumirlos el cliente. Este matiz indica que los consumidores podrían tener que seguir asumieno el coste del impuesto de actos jurídicos documentados, que el Supremo adjudicó a los clientes tras varias sentencias contradictorias, si bien las entidades deberían compensar a sus clientes por el resto de la factura.

«La Directiva se opone a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula», concluye, concretamente, el tribunal, «salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos».

En paralelo a la resolución sobre las cláusulas de reparto de los gastos hipotecarios, el dictamen del TJUE es revelador en otro importante objeto de pulsos judiciales entre banca y clientes: la comisión de apertura.

El tribunal considera que esta condición de los contratos puede ser anulada por abusiva si no resulta suficientemente transparente o no está justificada, habida cuenta además que su mera inclusión en el precio final, aclara, no la convierte en una parte esencial del contrato. La entidad, destaca, deberá poder demostrar que su cobro responde a servicios concretos y efectivamente concedidos.

Además, la Corte de Luxemburgo aclara que la legislación europea se opone a que el consumidor cargue con parte de las costas judiciales cuando litiga para tumbar una cláusula abusiva, pues este coste podría suponer una barrera para que los clientes hagan valer sus derechos ante la justicia.

Finalmente, los magistrados europeos admiten que las reclamaciones de cláusulas abusivas puedan estar sujetas a plazos de prescripción, pero solo en en el caso de que los plazos no impidan al consumidor ejercer su derecho para solicitar una restitución.

Ocho millones de afectados pendientes

Unos ocho millones de consumidores andaban pendientes de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE, según los cálculos de la asociación de usuarios financieros Asufin, que recuerda que el asunto ha sido objeto de una larga controversia judicial.

El Tribunal Supremo español ya había declarado nula, por abusiva, en diciembre de 2015, la cláusula de los contratos hipotecarios que carga al cliente con el coste de todos los gastos asociados a la constitución del crédito.

La aplicación de este criterio, sin embargo, resultó dispar en función del juez. Finalmente, el alto tribunal español dictaminó, en enero de 2019, un reparto salomónico de los gastos que suponía su reparto entre clientes y entidades.

Eso, claro está, para los créditos previos a la última reforma hipotecaria en la que, tras la controversia judicial desatada por este asunto, el Parlamentó decidió finalmente obligar a la banca a cargar con todos los gastos, excepto el de tasación para evitar que la entidad sea quien elige al valorador del inmueble.

El dictamen de la Corte de Luxemburgo se produce como contestación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 17 de Palma, en referencia a un procedimiento contra CaixaBank, y ante la remitida por el Juzgado número 6 de Ceuta en un asunto sobre BBVA.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 25 de febrero el Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, que modifica el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y de los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España en materia de acceso a la actividad, requisitos de solvencia y régimen de supervisión.

La norma incorpora un nuevo texto regulatorio en desarrollo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, y deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, que regulaba hasta ahora la materia. También introduce modificaciones en el Reglamento del Registro Mercantil de 1996 y en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que desarrolla la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Objeto

El nuevo régimen específico de los establecimientos financieros de crédito llegó con la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, cuyo título II regula el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. Sin embargo, la misma no ha sido objeto de un desarrollo reglamentario que subsane la falta de seguridad jurídica generada por estar los establecimientos financieros de crédito sometidos a un régimen asimilable al de las entidades de crédito, sin que exista una adecuada adaptación a la naturaleza de su negocio, lo cual ocasiona problemas de interpretación al supervisor y a las propias entidades.

Y dado que esta situación desincentiva la aparición de nuevos operadores en el mercado que se acojan a este régimen y fomenta al mismo tiempo la aparición de operadores no regulados, el objetivo fundamental del real decreto es desarrollar un régimen jurídico para los establecimientos financieros de crédito claro, comprensible y adaptado a las necesidades del negocio, pero, al mismo tiempo, equivalente en términos de robustez al establecido para entidades de crédito. Además mejora la protección del cliente financiero y la competencia en la concesión de préstamos, sin renunciar por ello a los estándares de prudencia que deben caracterizar tal actividad.

La norma también aclara la normativa aplicable a los establecimientos financieros de crédito y la que no lo es, indicando que, supletoriamente, los establecimientos financieros de crédito se regirán por las normas de solvencia y conducta aplicables a la actividad de las entidades de crédito.

Establecimientos financieros de crédito

El texto dispone que podrán constituirse como establecimientos financieros de crédito aquellas empresas que, sin tener la consideración de entidad de crédito y previa autorización del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se dediquen con carácter profesional a ejercer una o varias de las actividades previstas en el artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de abril. Además señala las denominaciones que quedan reservadas a dichas entidades: «establecimiento financiero de crédito» (EFC), «establecimiento financiero de crédito-entidad de pago» (EFC-EP) y «establecimiento financiero de crédito-entidad de dinero electrónico» (EFC-EDE).

También regula la norma su forma de financiación, aspecto que permite diferenciar a estas entidades de las entidades de crédito en la medida en que no pueden captar fondos reembolsables del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros análogos, cualquiera que sea su destino.

Autorización y registro de activida

El Real Decreto incorpora la regulación de la autorización y registro de los establecimientos financieros de crédito.

Así, la autorización de estos establecimientos corresponde al titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los aspectos de su competencia.

La norma define a los agentes de establecimientos financieros de crédito como aquellas personas físicas o jurídicas a las que un establecimiento financiero de crédito haya otorgado poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, en nombre y por cuenta de la entidad mandante, en la negociación o formalización de operaciones típicas de la actividad del establecimiento financiero de crédito, excluyendo a los mandatarios con poderes para una sola operación específica y a las personas que se encuentren ligadas al establecimiento financiero de crédito, o a otras entidades de su mismo grupo, por una relación laboral.

El texto incluye los requisitos de la solicitud de autorización y los supuestos de denegación, revocación, renuncia y caducidad de la misma. Y se ocupa de forma específica de la autorización de modificaciones de estatutos sociales y de modificaciones estructurales, así como de la autorización de aquellos establecimientos financieros de crédito que estén sujetos al control de personas extranjeras.

En el plazo de un año a contar desde la notificación de la autorización los promotores, antes de iniciar sus actividades, deberán otorgar la oportuna escritura de constitución de la sociedad, inscribirla en el Registro Mercantil y posteriormente en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito del Banco de España.

Destaca el nuevo régimen de autorización de las entidades híbridas, que se configuran como entidades de pago o de dinero electrónico que realizan actividades propias de los establecimientos financieros de crédito para las que se ha diseñado una autorización única, así como la regulación de la actividad transfronteriza y el régimen de apertura de oficinas y la actuación mediante agentes.

En el plazo de un año, a contar desde la notificación de la autorización de un establecimiento financiero de crédito, los promotores deberán dar inicio a sus operaciones. Si no se diere comienzo a las actividades previstas en el objeto social de la entidad por causas imputables a la misma, se producirá la caducidad de la autorización para operar como establecimiento financiero de crédito.

Por otra parte, tras señalar que el régimen aplicable en materia de participaciones significativas será el previsto para las entidades de crédito en el título I, capítulo III, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, en el título I, capítulo II, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, y en sus normas de desarrollo, la norma se refiere a los requisitos de idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos, así como a los principios de gobierno corporativo y política de remuneraciones. En este sentido cabe destacar la aplicación de un criterio de proporcionalidad, de forma que se exime de la exigencia de los comités de nombramientos y remuneraciones a los establecimientos financieros de crédito que tengan unos activos totales inferiores a mil millones de euros. Asimismo, también se les exime de tener consejeros independientes. Y se exceptúan de la aplicación de los requisitos prudenciales de forma individual a aquellas filiales de entidades de crédito en el supuesto de que sus matrices tengan constituidos tales comités y ejerzan tales funciones para las filiales.

Requisitos de la actividad

La norma dispone que serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de un establecimiento financiero de crédito:

– Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida.

– Tener un capital social mínimo de 5 millones de euros, desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.

– Limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de un establecimiento financiero de crédito salvo para las empresas autorizadas como entidades híbridas en los casos previstos en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, y en este real decreto.

– Que los accionistas titulares de participaciones significativas o, en su defecto, los veinte mayores accionistas sean considerados idóneos, de acuerdo con los factores previstos en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Se entenderá por participación significativa aquella que cumpla con los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 10/2014, de 26 de junio. La idoneidad se apreciará siguiendo lo establecido en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.

– Contar con un consejo de administración formado como mínimo por tres miembros.

– Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. En especial, el consejo de administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de los establecimientos financieros de crédito, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, u otras disposiciones que sean de aplicación.

– Contar con un departamento o servicio de atención al cliente que atienda y resuelva las quejas y reclamaciones que sus clientes les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos. Los establecimientos financieros de crédito que formen parte del mismo grupo económico podrán disponer de un departamento o servicio de atención al cliente único para todo el grupo.

– Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio nacional.

– Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

– No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna.

Por otra parte, tanto los miembros del consejo de administración de la entidad como las personas físicas que representen en el consejo de administración a los consejeros que sean personas jurídicas, los directores generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad conforme establezca el Banco de España, deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Además, los miembros del consejo de administración del establecimiento financiero de crédito deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.

Solvencia y conducta

Para determinar las obligaciones de solvencia que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España, la norma se remite al título II de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y al título II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, en sus normas de desarrollo, con el alcance y las especialidades que se recogen en la Ley 5/2015, de 27 de abril.

En este sentido se puede destacar como novedad la exigencia de un colchón de liquidez que los establecimientos financieros de crédito deberán mantener para hacer frente a sus salidas de liquidez durante un periodo suficientemente amplio de tensión en los mercados financieros, así como la obligación de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos de activos, pasivos y compromisos.

Por otra parte, el texto también recoge aquellas obligaciones de información en materia de solvencia y estructura accionarial que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos consolidables de establecimientos financieros de crédito.

Supervisión de los establecimientos financieros de crédito

Por último, el real decreto se ocupa del régimen de control e inspección que debe llevar a cabo el Banco de España sobre los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España.

Modificaciones legislativas

– Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio: se modifica el artículo 326.2.

– Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito: se añade un nuevo apartado 5 al artículo 13.

– Se deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

Entrada en vigor y disposiciones transitorias

El Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, entrará en vigor el 1 de julio de 2020, salvo el artículo 30 –sobre el colchón de liquidez y la estructura de fuentes de financiación y vencimientos–, que entrará en vigor a los tres meses de la publicación de la circular del Banco de España que desarrolle lo previsto en dicho artículo, y la disposición final segunda –sobre modificación del Real Decreto 84/2015–, que entrará en vigor el 26 de febrero de 2020, al día siguiente de la publicación de la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado.

Las disposiciones transitorias se ocupan de la transformación en bancos de establecimientos financieros de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, de las sucursales y filiales en el extranjero de establecimientos financieros de crédito existentes a la fecha de entrada en vigor y del régimen transitorio para establecimientos financieros de crédito provenientes de la transformación de entidades de crédito de ámbito operativo limitado.

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/

la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)ha conseguido la primera sentencia que se dicta en España -y también en Europa- en la cual un juzgado estima íntegramente la demanda presentada y da validez al informe pericial aportado a fin de cuantificar el sobrecoste causado por el cártel.

Como es conocido, la Comisión Europea sancionó en el año 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes MAN, Volvo/Renault, Iveco, Daimler (Mercedes-Benz) y DAF, y en 2017 con 880 millones a Scania, por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido sobre el comprador los costes derivados del cumplimiento de las normas en materia de emisiones contaminantes.

Con todo, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia dictó el pasado 30 de diciembre una sentencia que confirma íntegramente la demanda y valida la prueba pericial aportada, en este caso por CCS, bufete que gestiona la reclamación de 35.000 camiones y 4.000 demandas en el marco del proceso contra el cártel europeo de fabricantes de camiones.

El modelo de prueba pericial presentada cuantifica la media del daño causado por el cártel a lo largo de los 14 años de duración en el 16,35% del coste (sin impuestos) de cada camión. Asimismo, el juzgado valenciano reconoce a favor del transportista demandante los intereses legales desde la fecha de compra del camión hasta la fecha de la presentación de la demanda, además de los intereses procesales adicionales desde esta última hasta la fecha en que se ejecute la sentencia.

Fundamento jurídico claro

Es especialmente ilustrativo lo que dice el Fundamento jurídico nº 73 de la sentencia:

“En efecto, creo que el informe CCS resiste suficientemente su examen según los criterios de valoración probatoria anteriormente expresados». Así:

  • El informe «se asienta sobre una interpretación de las características de la infracción sancionada por la Comisión que es coherente con la visión plasmada en el fundamento oportuno de esta resolución”.
  • En el mismo Fundamento Jurídico, la sentencia destaca que “los peritos han realizado una búsqueda proactiva de datos sobre los que desarrollar sus modelos, que parecen idóneos para recrear los efectos de la infracción y que han sido puestos a disposición de la parte demandada desde el inicio del proceso o en un momento posterior pero igualmente relevante”.
  • El Tribunal también afirma que “en definitiva, el informe CCS es cuantitativa y cualitativamente transparente, muy intenso y, por unas y otras cosas, convincente en ausencia de un informe mejor fundado que lo refute”.
  • Igualmente, la sentencia pone en valor que “el estudio (de CCS) no se contenta con la expresión de un sobrecoste medio, sino que trata de individualizar los daños eventualmente sufridos por la parte actora mediante la recreación de un iter cronológico sobre la mayor eficiencia del cártel en la repercusión de sobreprecios con el paso del tiempo”.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías obtiene la estimación íntegra de su demanda y la confirmación de la validez del informe pericial que la acompañaba, particularmente las garantías de la metodología empleada. El juez concluye su valoración en los siguientes términos: “entonces aquí, insistiré en eso, no hay prueba más sólida que el dictamen CCS; no dispongo de ningún elemento probatorio que me permita moderar o, en menor medida, sustituir sus resultados de análisis por otros”.

Fuente: TransporteProfesional.es

El organismo de la Generalitat, que analiza la mayoría de las deslocalizaciones de contribuyentes, detecta 46 casos fraudulentos

La Hacienda catalana analiza prácticamente todos los casos de traslados de domicilios fiscal de grandes contribuyentes. En el periodo 2015-2018, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) abrió 46 expedientes por traslados fraudulentos de Catalunya a otra comunidad o a otro país, con lo que recaudó 24 millones de euros.

El domicilio fiscal de un contribuyente es aquel en el que reside la mitad de los días del año más uno. En los últimos años de la crisis Madrid ha mantenido una política de bajada de impuestos en el caso del IRPF, por un lado, y hasta su práctica eliminación en Patrimonio Sucesiones, por el otro. Esa política que gobiernos como el catalán califican de “dumping fiscal” lleva a que algunos contribuyentes opten por cambiar su residencia fiscal de Catalunya a Madrid, por ejemplo.

Fraude

Valencia crea un grupo de trabajo mixto entre las dos agencias tributarias

“Tenemos un grupo específico de la plantilla de inspectores que cuando recibe un cambio de domicilio fiscal analiza información sobre suministros, mudanzas, dónde tiene el contribuyente el gimnasio y hacemos un informe”, explican desde la ATC. En caso de que se detecten indicios que apunten a una residencia fiscal fraudulenta se pasa a la siguiente fase de requerimiento de información. La última fase es abrir un expediente si la información aportada no valida el traslado.

Fuentes de uno de los principales despachos de abogados fiscalistas que opera en Catalunya confirman que la actuación de la ATC es casi sistemática en el caso de los cambios de domicilio en los grandes contribuyentes.

Desde la agencia catalana señalan que existe una buena colaboración con la Agencia Tributaria española desde hace años. En el caso de la ATC, sus expedientes hacen referencia a aquellos impuestos que tienen cedidos, como los de patrimonio y sucesiones. En el caso de que se detecte un fraude en la residencia se comunica a la agencia estatal para que reclame al contribuyente la parte correspondiente al impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), cuyo control es responsabilidad del fisco español.

La Comunidad Valenciana ha ido un paso más allá y ha creado un grupo de trabajo en el que están presentes los técnicos de las dos agencias: la autonómica y la valenciana. Fuentes de la Agència Tributària Valenciana explican que desde que comenzó la colaboración han abierto 10 expedientes y tienen otros 10 en análisis. Las mismos informantes añaden que ya ha recuperado 10 millones de euros en un solo caso en relación con el impuesto de patrimonio y de sucesiones de los herederos de un fallecido.

El pasado martes en el Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, los responsables de la Agència Tributaria Valenciana explicaron su experiencia con ese grupo de trabajo conjunto al resto de comunidades. Fuentes del organismo público valenciano dijeron que analizan la mayoría de los casos de traslado de domicilio fiscal siempre que tenga un efecto en los tributos que le son cedidos como patrimonio y sucesiones. Por lo tanto deben ser contribuyentes con ingresos o patrimonio alto. Desde la agencia valenciana explicaron que analizan también que no hayan prescrito las correspondientes declaraciones para poder recuperar ingresos no comunicados. Según las estimaciones del Consejo General de Economistas-REAF, en Valencia los contribuyentes con ingresos de más de 110.000 euros anuales son los que más pagan de toda España. Como muestra, un contribuyente que gane 600.000 euros pagará 24.000 euros más si vive en Valencia que si lo hace en Madrid.

No hay mucha información sobre el proceso de deslocalización de contribuyentes por razones fiscales. Los profesores de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda Fernando Rodrigo actualizaron en marzo un informe sobre la Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales . Como se aprecia en el gráfico, entre el 2006 y el 2012 (últimos datos disponibles), un total de 4.557 contribuyentes de los considerados más ricos cambiaron su domicilio fiscal. Seis de cada 10 de esos contribuyentes escogió trasladarse a Madrid. López Laborda explica que el estudio muestra que “parece que la diferencia en los tres impuestos (renta, patrimonio y sucesiones) ha afectado a la movilidad de los más ricos”. El catedrático añade que han detectado también que se producen traslados entre contribuyentes de avanzada edad, lo que podría estar relacionado con el pago del impuesto de sucesiones.

Govern-Comunes

La reforma fiscal pactada en Catalunya puede incentivar el cambio de domicilios

El investigador de la Universidad de Zaragoza explica que no puede derivarse estos datos elaborados que esos traslados sean fraudulentos. De hecho, el informe constata que la mayor urbanización de un territorio o los mejores servicios son también razones muy poderosas para deslocalizar la residencia.

El posible cambio de domicilio fiscal es un debate que ha aflorado con fuerza esta semana en Catalunya a raíz de la reforma fiscal pactada entre el Govern y los comunes y que se hizo pública el lunes. Los expertos consultados sostienen que la subida fiscal a las rentas altas en el IRPF y en sucesiones puede incentivar las deslocalizaciones fiscales. El cambio de más envergadura se da en el impuesto de sucesiones donde se puede incrementar la cuota a pagar en hasta un 60% respecto a la situación actual en determinados casos. En la reforma acordada, además de elevar las tributación en las herencias, se incrementa lo que pagan los contribuyentes de IRPF a partir de 90.000 euros.

La patronal Foment del Treball y la Cambra de Comerç coinciden en que es una mala noticia el incremento de la fiscalidad en Catalunya. El presidente de la Cambra, Joan Canadell, sostiene incluso que pude reducirse la recaudación porque puede haber contribuyentes que opten por trasladar su domicilio fiscal.

Fuente: La Vanguardia