• Aranceles del Registro, gastos de gestoría, de tasación y parte de notaría
  • Aunque la hipoteca se haya pagado ya, se pueden reclamar gastos más intereses
  • La cantidad a devolver por las entidades bancarias sería de unos 1.500 euros

Miles de familias todavía pueden reclamar a sus bancos la totalidad de los gastos que asumieron en el momento de firmar su hipoteca, desde los aranceles del Registro hasta los gastos de gestoría, tasación y parte de los de notaría, según fuentes jurídicas.

Incluso en el caso de que la hipoteca ya haya sido pagada, el cliente puede reclamar a su banco los gastos asumidos más los intereses, señalan desde Asufin que, puntualizan, si el consumidor no reclama, no recuperará nada.

De media, la cantidad a devolver por las entidades estaría en unos 1.500 euros. Con anterioridad a la Ley Hipotecaria de junio de 2019, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, prácticamente ocho millones de consumidores asumieron los gastos de hipoteca.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en julio de 2020 que estableció la obligación a las entidades de devolver todos esos gastos (de notaría, gestoría, registro y tasación), a excepción del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Las directrices de Europa fueron asumidas por el Tribunal Supremo en varias sentencias: en julio de 2020 estableció la devolución del 50% de los gastos notariales, el 100 % de los de registro y la comisión de apertura; en octubre de ese mismo año fijó la devolución del 100% de los gastos de gestoría, y finalmente, en enero de 2021 obligó a la entidad a devolver el 100% de la tasación.

Más allá del plazo establecido

A pesar de la avalancha de reclamaciones, algunas entidades se negaban a devolver los gastos relacionados con la notaría y el registro con el argumento de que el plazo para hacerlo ya había expirado, si habían transcurrido 5 años, como establece el Código Civil.

Eso haría que el plazo para reclamar por estos gastos venciera el 14 de abril de 2024, cuando se cumplan los 5 años de la declaración de abusividad de la cláusula por parte del Supremo, teniendo en cuenta la congelación de plazos procesales que se aplicó durante la pandemia.

No obstante, a finales de enero el TJUE estableció que el plazo para recuperar los gastos hipotecarios comienza a contar cuando el cliente conoce que la cláusula es abusiva, lo que abre la puerta a que miles de familias sigan reclamando más allá del 14 de abril.

Desde Asufin recuerdan que la asociación ganó una demanda colectiva contra Kutxabank, Caja España Duero (ahora Unicaja), ING y Deutsche Bank, que beneficia a todos los clientes que hayan pagado por los gastos a estas entidades, sin necesidad de litigar.

En caso de que la hipoteca tuviera una comisión de apertura, también se podría reclamar. Aunque el Supremo estableció en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva, el TJUE consideró que debía ser transparente para ser válida, lo que implica que los tribunales deben valorar si el consumidor pudo evaluar las consecuencias de pagar una comisión de apertura y entender que su objeto es compensar los gastos de estudio y de tramitación de una solicitud de préstamo, señalan desde la OCU.

Y a los anteriores se suman otras reclamaciones relacionadas con hipotecas, por ejemplo, por los seguros de prima única. En muchos contratos hipotecarios anteriores a 2019 se obligaba al cliente, no solo a contratar un seguro de vida vinculado a la hipoteca, sino a pagar la totalidad de la prima del seguro de vida en el momento de contratarla.

Las reclamaciones suben un 24 %

Con todos estos frentes judiciales abiertos, los cinco grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- recibieron 681.822 reclamaciones en 2023, un 24% más que un año antes.

De esas más de 680.000 reclamaciones, CaixaBank recibió 343.852, un 32,7% más, mientras que los clientes presentaron a BBVA 167.998 quejas y a Santander unas 88.326, un 11,1% y un 15,8% más, respectivamente.

Sabadell recibió 54.884 reclamaciones en 2023, un 31% más, y Bankinter, 26.762, un 25,6% más.

 

Fuente: https://www.eleconomista.es/

 

La ‘Big Four’ irá a juicio por el Banco Popular justo cuando Ana Botín ultima el concurso de Auditoría del Banco Santander

El procesamiento de PwC en el juicio por la ampliación de capital llevada a cabo por el Banco Popular hace ocho años amenaza con trastocar la posición competitiva de la Big Four que preside Gonzalo Sánchez en el llamado contrato del siglo que el Banco Santander está gestionando en la actualidad con vistas a la provisión de sus servicios de auditoría externa durante los próximos diez años. Se da la circunstancia de que PwC es el actual auditor del primer banco del país y su relación mercantil a tal efecto con la entidad cántabra vence a finales de 2025.

La ley de Auditoría que entró en vigor en 2016 tras su aprobación un año antes a instancias del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, determinaba como principal novedad la necesidad de que las entidades de interés público (EIP) cambiasen obligatoriamente de auditor cada diez años. En el caso del Santander el contrato con PwC data de 2016 por lo que el banco tendría que buscar ahora un nuevo proveedor entre algunas de las otras tres grandes marcas del sector, como son Deloitte, KPMG y EY.

Este requisito que exigía el cambio de auditor quedó sin efecto el pasado año cuando el Gobierno de Pedro Sánchez propició la aprobación de una enmienda promovida por los grupos parlamentarios del PNV y del PDeCat a la citada normativa. De acuerdo con la modificación legal introducida en el Parlamento se habilitaba la opción de que cualquier empresa pudiera renovar el contrato con su auditor histórico aunque hubiera alcanzado los célebres diez años ininterrumpidos de servicios. Como contrapunto a esta medida, que alteraba plenamente el espíritu de la normativa original, la enmienda exigía la puesta en marcha de un nuevo concurso al que podrían presentarse sin exclusión cualquiera de los grandes proveedores de auditoría.

Bajo estas nuevas condiciones, tal y como sucede en la práctica totalidad del Ibex, el Banco Santander ha emprendido el proceso de contratación para los próximos diez años a contar desde el ejercicio de 2026 en adelante. El concurso es de largo el premio gordo de todo el negocio de auditoría en España, máxime teniendo en cuenta el amplio perímetro internacional de la entidad que preside Ana Botín con presencia en los grandes países del mundo desarrollado además de España, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil.

Premio gordo de 1.300 millones
De acuerdo con los propios datos del Banco Santander el gasto anual destinado a labores de auditoría se sitúa en 130 millones de euros, por lo que el beneficiario del contrato asegurará una cartera de ingresos de 1.300 millones. Hasta ahora la candidatura de PwC se consideraba como la favorita para cualquier analista avezado en el mercado, máxime teniendo en cuenta los imponderables políticos que rodearon el cambio de la normativa original. Para cualquier sociedad que contrata sus acciones en bolsa es siempre engorroso un cambio de auditor y es lógico que los gestores de las grandes compañías prefieran trabajar con proveedores conocidos que, además, están más familiarizados con las prácticas contables de las sociedades que vienen auditando durante años.

El contrato del siglo está ahora en plena ebullición y precisamente las cuatro grandes empresas de auditoría ultiman en estas semanas las presentaciones de sus propuestas comerciales ante los responsables de auditoría del Banco Santander. Está previsto que la resolución del concurso no se dilate más allá de los próximos dos a tres meses pero en el camino, que parecía despejado para PwC, ha surgido un imponderable que hasta ahora venía siendo manejado como una contingencia futura y que en este momento se ha convertido en un obstáculo real y que puede resultar determinante.

El auto judicial hecho público este lunes por la Audiencia Nacional sobre la ampliación de capital que realizó el Banco Popular en 2016 ha afectado de lleno a PwC. La firma y dos de sus socios tendrán que sentarse en el banquillo en una causa que, sin perjuicio de sus consecuencias judiciales, tiene también su repercusión en el sistema financiero y pone en cuestión el papel del auditor. Es de presumir que el concurso del Banco Santander seguirá su proceso y que la capacitación técnica acreditada en España por PwC no se verá afectada, pero eso no significa que los más altos responsables de la entidad financiera sean totalmente indiferentes al nuevo procedimiento judicial. No se olvide que el Banco Popular fue finalmente transferido por un euro al Banco Santander después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera su inviabilidad.

La situación derivada de todos estos hechos abre ahora las opciones de los otros tres rivales en liza. Ninguno de ellos ha querido tirar la toalla frente a la presumible ventaja de PwC y ahora tienen una expectativa claramente muy superior para hacerse con el contrato. Aunque la firma de Gonzalo Sánchez siga con su cartel de favorita tanto Deloitte como KPMG cuentan con unas posibilidades que parecían remotas. Lo mismo se puede decir de EY si bien esta ‘Big Four’ cuenta con el hándicap que supone ser el auditor del BBVA. Nada impide que el Santander contrate a la firma que trabaja para su principal competidor en España pero eso es algo que debe decidir personalmente Ana Botín.

Fuente: https://theobjective.com/

El magistrado dicta el auto de transformación en el que señala a Ángel Ron, otros 12 exdirectivos y a PwC por presuntos delitos en la ampliación de capital

El juez José Luis Calama proponer sentar en el banquillo a la antigua cúpula de Banco Popular por la ampliación de capital de 2016, tras la que decenas de miles de inversores perdieron 2.500 millones de euros. El magistrado del Juzgado Número 4 de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de transformación, el primer paso antes de que los imputados pasen a estar procesados y se abra el juicio oral. En este, propone juzgar al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros 12 directivos y a la auditora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. Desde el entorno de Ron señalaron que «recurrirá el auto porque entiende que no se corresponde con lo que se ha instruido, contradice a la normativa contable y las conclusiones a las que llega no se apoyan en hechos». Mientras, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para el expresidente Emilio Saracho al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable, sino que, por el contrario, dice el juez, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco. Además, señala que no se ha podido constatar que fuera el responsable de las “graves filtraciones” a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que sufrió el Banco Popular.

Los otros apuntados por el auto del juez son el exvicepresidente Roberto Higuera, el ex-CEO Francisco Gómez, el exconsejero Jorge Oroviogoicoechea, los auditores de PwC Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda, la propia auditora, los ex directores financieros Javier Moreno y Francisco Sancha, el exdirector de riesgos José María Sagardoy, el exdirector de auditoría, Jesús Arellano, el exdirector de banca minorista, Antonio Pujol, el exdirector de negocio, José Ramón Alonso y el exdirector de legal Tomás Pereira.

Según el auto, Popular amplió capital en junio de 2016 con «información financiera conscientemente alterada», que ocultó pérdidas de 2.500 millones de euros, en lugar de los beneficios declarados, de 100 millones. Frente a ello, Ron recuerda en su comunicado que «en esa ampliación de capital de 2016, yo mismo y otros consejeros invertimos en total 500 millones de euros, por lo que soy un perjudicado de los que considero un expolio del Banco Popular». A partir de ahora, la Fiscalía Anticorrupción y las restantes acusaciones, que se cuentan por decenas, tendrán que formular los escritos en los que pidan que se abra o no juicio, contra quiénes y que delimiten el perjuicio sufrido. Posteriormente, será el turno de las defensas de exponer las razones por las que no debería haber juicio. Y, por último, se tendrá que dictar el auto de apertura de juicio oral, en el que finalmente se fija quiénes van a juicio y por qué delitos. Este caso se abrió en septiembre de 2017 tras la resolución del Popular en junio de ese año, por el que el banco fue vendido por un euro a Santander tras las pérdidas sufridas por todos los accionistas y buena parte de los bonistas.

En esta investigación, se ha interrogado a todos los imputados y a decenas de testigos, entre ellos trabajadores de las oficinas del Popular, clientes, supervisores (como Luis María Linde y Fernando Restoy) y a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. También tuvo que testificar la expresidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Konig, tras sus desafortunadas declaraciones en las que reconoció que Popular era una preocupación semanas antes de su resolución, lo que aceleró la fuga de depósitos. La investigación de Calama durante estos seis años y medio ha girado en torno a dos ejes. Por un lado, la gestión contable del banco bajo la presidencia de Ron y cómo se hizo la ampliación de 2016. Y, por otro lado, la etapa de Saracho como presidente, en la que el banco fue a resolución tras una gran fuga de depósitos y un desplome continuo de la cotización en bolsa. Gran parte de la investigación y el auto de Calama se basan en los informes periciales que el juez ha ido pidiendo durante estos años a inspectores del Banco de España, en los que se detectaron diversos fallos en la interpretación contable, un déficit de provisiones, problemas en las tasaciones y un agujero tapado a través de sociedades en Luxemburgo (Thesan Capital).

En este sentido, según Calama, está probado que Popular refinanció «a una parte relevante de grandes acreditados en situación de impago de cuotas, concediéndoles plazos que evitaban su morosidad formal o utilizando estructuras societarias instrumentales radicadas en Luxemburgo a fin de mantener como viables créditos que en realidad eran dudosos». En esta causa, hay personados cientos de inversores, algunos con pérdidas declaradas de cientos de millones. Solo en el caso de los bonistas, liderados por Pimco, y el antiguo accionista chileno Luksic, hay en juego casi 1.000 millones.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/

La Comisión Europea declaró en 2017 que la compañía había infringido las normas del Derecho de la Unión que prohíben las prácticas colusorias

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado la multa de 80,5 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Scania en 2017 por su participación en el cártel de camiones, confirmando así la sentencia del Tribunal General (TGUE) de febrero de 2022, que es la primera instancia.

Y es que, el TGUE sentenció que Scania AB, Scania CV AB y Scania Deutschland GmbH, tres entidades pertenecientes a Scania y dedicadas a la producción y venta de camiones para el transporte a larga distancia, habían infringido las normas del Derecho de la Unión que prohíben los cárteles.

Habían participado junto con sus competidores, entre enero de 1997 y enero de 2011, en acuerdos colusorios dirigidos a limitar la competencia en el mercado de los camiones medios y pesados en el Espacio Económico Europeo (EEE). Es decir, en acuerdos entre competidores para reducir la competencia entre ellos.

Ahora, el TJUE ha considerado en la sentencia C-251/22P que la empresa no ha logrado demostrar que el TGUE omitiera evaluar si el procedimiento administrativo, reanudado contra Scania tras su desistimiento del procedimiento de transacción que permite a las partes en los asuntos de cártel reconocer su responsabilidad y recibir a cambio una reducción del importe de la multa impuesta, era conforme con el principio de imparcialidad.

“El mero hecho de que el mismo equipo de la Comisión se encargara a la vez de adoptar la Decisión de transacción y la decisión definitiva referida a Scania no pone en entredicho, por sí mismo y al margen de cualquier otro elemento objetivo, la imparcialidad de esta institución”. Y Scania no demostró nada.

El Tribunal de Justicia rechaza asimismo las alegaciones de Scania según las cuales el Tribunal General calificó ilícitamente el alcance geográfico de su comportamiento en Alemania como si pudiera hacerse extensivo a todo el territorio del EEE.

Por último, el TJUE ha señalado que, habida cuenta de su análisis de los motivos formulados por Scania, debe dar por sentada la conclusión de la Comisión, y posteriormente del Tribunal General, de que la infracción en cuestión finalizó el 18 de enero de 2011, de modo que el plazo de prescripción quinquenal no comenzó a correr hasta esa fecha, por lo que no había prescrito la facultad de la Comisión para imponer una multa.

La proposta que el Govern ha inclòs en l’acord d’associació amb la Unió Europea equipara els andorrans que no viuen al Principat amb la resta de ciutadans europeus i estableix un termini de com a mínim cinc anys

Els andorrans que portin, com a mínim cinc anys vivint fora del país i vulguin comprar una segona residència estaran subjectes als mateixos criteris que els ciutadans europeus que vulguin adquirir un immoble. Així s’exposa en la proposta que Andorra ha fet a Brussel·les en el marc de l’acord d’associació amb la Unió Europea. El cap de Govern, Xavier Espot, també ha explicat que no es podrà exigir el dipòsit que s’exigeix per obtenir una residència passiva, però “hem negociat un sistema de quotes conservador que ens permetrà concedir-ne 20 o 30 màxim”.

El protocol que permet regular o limitar l’adquisició de les segones residències per a ciutadans europeus no està tancat del tot en el si de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Tal com a explicat Espot a preguntes del conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, forma part de l’annex 12 de la lliure circulació de capitals. En la sessió e control, ha llegit en francès la proposta que Andorra ha fet i que s’emmiralla en la legislació de Malta.

Exposa que “sabent de l’escassetat de terreny i la població d’Andorra, el país pot aplicar de forma no discriminatòria les disposicions que emanen de la Llei general d’ordenament del territori i la d’inversió estrangera, pel que fa a l’adquisició de béns immobles per a segones residències per a ciutadans europeus que no hagin residit al país durant cinc anys”. Això afecta també els nacionals que portin cinc anys vivint fora, tot i que dius “que pensem que hi haurà pocs casos d’aquestes característiques”. L’objectiu és que aquesta proposta es pugui tancar entre l’abril o el maig.

RESIDÈNCIES PASSIVES
En el cas de les residències passives, el cap de l’executiu ha remarcat que ja no es podrà exigir un dipòsit per obtenir-les. Assegura que “hem negociat un sistema de quotes conservador que ens permetrà concedir com a màxim entre 20 i 30 a l’any”.

El cap de l’executiu ha exposat que “l’acord d’associació no ha de comportar un increment desmesurat de la inversió estrangera”. Ha insistit que el país no pot créixer a un ritme de 4.000 persones per any perquè posen pressió als serveis bàsics del país. Per aquest motiu, ha demanat als grups parlamentaris que “hem de feina primer en l’àmbit domèstic i no podem imputar allò que no siguem capaços d’implementar a nivell nacional”. En aquest sentit, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, li ha demanat “què impedeix al Govern legislar aquestes limitacions amb la majoria absoluta que té al Consell General”. Li ha recordat que van entrar una proposició de llei per modificar la llei d’inversió estrangera i que no es va prendre en consideració. Espot li ha dit que “això no és exclusiu del Govern o de Concòrdia perquè és una temàtica prou transversal i rellevant perquè sigui consensuada i debatuda”.

Finalment, ha acceptat la demanda del principal grup de l’oposició de fer debats monogràfics al Consell General per explicar l’acord d’associació i resoldre dubtes. El primer podria tenir lloc en el pròxim període de sessions.

Font: https://www.altaveu.com/

La Audiencia Nacional ha anulado la derivación de responsabilidad subsidiaria por parte de Hacienda a todos los miembros del consejo de administración de una firma (cuando se les exige que paguen ellos la deuda de la empresa) al considerar que se realizó de forma genérica.

En una sentencia del 24 de octubre, de la que fue ponente el magistrado Javier Rodríguez Moral, determina que «no es admisible» que la Agencia Tributaria realice una derivación de responsabilidad a todo aquel que sea miembro del consejo de administración de una sociedad deudora sólo por el hecho de pertenecer al mismo y sin dar «una cierta explicación de su conducta» que produjo la inviabilidad del cobro de las deudas.
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La Audiencia resuelve el litigio de un miembro del consejo de administración de una compañía a la que Hacienda le derivó la responsabilidad subsidiaria de las deudas por IVA y retenciones de la sociedad por un importe de 3,2 millones de euros, al carecer la firma de patrimonio alguno para hacer frente a sus obligaciones.

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El fallo determina que, aunque Hacienda, en su acuerdo de derivación «parece diferenciar entre el simple miembro del consejo de administración y el consejero delegado», no la pone en práctica al derivar la responsabilidad frente a todos los miembros del consejo por igual y sin distinción».

El fallo recuerda que el Tribunal Supremo, en sentencias antiguas (una del 27 de junio de 2011) ya vincula la derivación de responsabilidad a la justificación del cumplimiento de las funciones encomendadas en gestión y administración, «por lo que no es posible admitir derivaciones de responsabilidad genéricas basadas, exclusivamente, en el hecho de detentar el cargo de miembro del consejo de administración».

Añade la Audiencia Nacional al respecto: «La responsabilidad parece imputarse conjuntamente al consejo de administración sin discriminar las facultades del consejero delegado a las que se refiere el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas vigente a la fecha de los hechos que generaron las liquidaciones y, a juicio de esta Sala, hubiera sido necesario determinar las razones o motivos por lo que se acuerda la derivación de responsabilidad tributaria para unos y otros miembros del consejo de administración». Por tanto, estima el recurso del miembro del consejo y anula la derivación.

Fuente: https://www.eleconomista.es/

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha lanzado este viernes a audiencia pública la orden para modificar el modelo de declaración 239 con el objetivo de liberar a los abogados y cualquier otro intermediario financiero amparado por el secreto profesional de comunicar a terceros las estructuras fiscales agresivas u opacas de sus clientes.

Este cambio llega después de la aprobación de la Ley 13/2023, de 24 de mayo, por la que se modifican la Ley General Tributaria que acogió la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 8 de diciembre de 2012 que tumbó esta obligación para los intermediarios de tener que identificarse ante terceros, al considerar que vulneraba el deber de confidencialidad y del secreto profesional. Por tanto, ahora Hacienda modificará el modelo de declaración 239 para eliminar dicha comunicación.

«Se procede en la disposición final única de esta orden a modificar la Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, para excluir del contenido de la declaración el dato relativo a la identidad de los intermediarios, que no siendo clientes, están eximidos de la obligación de información por el deber de secreto profesional y por otro lado para incluir dentro del resumen del mecanismo transfronterizo, el deber de declarar cualquier información que pueda ayudar a la Administración tributaria a evaluar el riesgo fiscal del mecanismo», señala la Agencia Tributaria en su proyecto de orden.

Los interesados podrán presentar aportaciones al texto hasta el próximo 18 de diciembre. Una vez la Orden se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor al día siguiente.

Teléfono y correo para avisos
Por otro lado, la Administración modificará también los modelos 030, 036 y 037 de declaración censal en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, y en el Censo de obligados tributarios para indicar que el suministro de los datos de teléfono y direcciones electrónicas (correo electrónico) implicará la autorización para que sean utilizados para realizar avisos «de carácter meramente informativo» por la Agencia Tributaria, los tribunales económicos-administrativos y la Dirección General de Tributos.

Información de las plataformas digitales
Hacienta también somete a consulta otro proyecto de orden para aprobar el formulario 040 que obliga a las plataformas digitales a comunicar su alta, modificación o baja de actividad a la Agencia Tributaria, puesto que desde la Ley 13/2023 de 24 de mayo están obligadas a intercambiar información con el fisco de su actividad, de sus vendedores, de los ingresos y los medios por los que los reciben.

Para esta obligación de declaración, la AEAT también aprobará el modelo 238 de declaración informativa para la comunicación de información por parte de operadores de plataforma. Estarán obligados a informar plataformas y vendedores que se dediquen al arrendamiento y cesión temporal de inmuebles, medios de transportes, servicios personales y venta de bienes. Facilitán datos relativos a la identificación de los vendedores, a la actividad que desarrollan, la contraprestación satisfecha, la identificación de las cuentas a través de las que cobran o datos fiscales, entre otros.

El tribunal deniega la reclamación de 141 millones de la familia Cierco, al entender que la actuación del supervisor fue “razonada, razonable y proporcionada”

La Audiencia Nacional ha denegado la reclamación formulada por la familia Cierco para que se declarara la responsabilidad patrimonial del Banco de España por la intervención del Banco Madrid, en marzo de 2015. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente el recurso de la familia accionista mayoritaria de la entidad, en el sentido de que su reclamación no ha prescrito, pero ha descartado que el órgano supervisor tenga que afrontar indemnizaciones por los daños causados, que cifraron en 141 millones de euros.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han afirmado que la presentación de la reclamación efectuada por los hermanos Higini y Ramón Cierco, el 25 de septiembre de 2020, se hizo en plazo legal, en contra de lo que estableció el consejo de gobierno del Banco de España en mayo de 2021, que la consideró extemporánea.

No obstante, consideran que la actuación del Banco de España en la intervención de la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA) no puede tener consecuencias económicas porque el órgano actuó en todo momento de forma “razonada, razonable y proporcionada en el ejercicio de sus funciones, atendidas las circunstancias concurrentes y la información disponible en cada momento”. Es decir, que no se puede tener en cuenta datos obtenidos después “mediante valoraciones jurídicas y opiniones técnicas sobre resoluciones alternativas una vez conocido todo lo que aconteció”.

No es la primera vez que la Audiencia Nacional libra de responsabilidad patrimonial al Banco de España en este caso concreto. En septiembre de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya avaló la labor del organismo y falló en contra de 134 ex empleados de la entidad que pidieron una indemnización por su despido y daño en su reputación profesional como consecuencia de la intervención de la entidad.

Investigación penal archivada
El Banco de España, dirigido entonces por Luis Linde, intervino el Banco Madrid en marzo de 2015 ante las sospechas de que blanqueaba capitales. Todo ello como consecuencia directa de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas también tomara medidas sobre BPA, tras la acusación del Tesoro de Estados Unidos de que la entidad colaboró en el lavado de dinero procedente del crimen. El banco madrileño fue declarado en concurso por la posterior fuga de sus clientes.

Los magistrados recuerdan que los miembros del órgano de gestión y dirección de Banco Madrid fueron investigados por un presunto delito de blanqueo de capital, causa que finalmente fue archivada cuatro años después, en julio de 2019, por la Audiencia Provincial de Madrid por la falta de indicios para acreditar los hechos.

En este sentido, el fallo indica que “debe hacerse notar que el sobreseimiento provisional de las actuaciones no permite apreciar, como se sostiene en el escrito de demanda, la irrazonabilidad o arbitrariedad en la decisión de intervención, pues debe diferenciarse con claridad el ámbito de enjuiciamiento en sede penal de lo que aquí debe analizarse”.

En cuanto al procedimiento administrativo sancionador, el tribunal insiste en que, dada la información que se disponía en ese momento, el Comité Permanente de la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) alertó en un informe de inspección de potenciales irregularidades graves en materia de blanqueo de capitales. Sin embargo, el archivo del expediente en agosto de 2021 al no apreciar infracción administrativa alguna, “en nada empece la razonabilidad de la decisión de acordar la intervención”, dice la sentencia.

Documentación de una causa en Andorra
Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado admitir la documentación que la familia Higini presentó, relacionada con la comisión rogatoria internacional en un proceso penal que sigue la Justicia de Andorra contra expolicías, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y ex altos cargos del Gobierno español, como el expresidente Mariano Rajoy y los exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por la caída del banco BPA y su vinculación a la denominada ‘operación Cataluña’.

En este proceso se investiga si la alerta que emitió la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se basó en una en información “falsa” facilitada por la Policía española. Los magistrados de la Audiencia Nacional han considerado que toda esta información no es relevante para la resolución de la demanda de responsabilidad patrimonial.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

El consejo de ministros del Principado ha propuesto la medida, de carácter transitorio, para que se debata y vote el próximo jueves en el marco del consejo general del país pirenaico.

Andorra cierra las puertas a la inversión extranjera en inmuebles. El consejo de ministros del Principado, convocado en una sesión extraordinaria a petición de Conxita Marsol, ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, ha anunciado la intención de suspender de manera transitoria la autorización de inversión extranjera en inmuebles. La medida, que se tramitará con carácter inmediato, se espera que entre en debate y se apruebe el próximo jueves siete de septiembre, que es cuando está convocado el consejo general. Desde el Gobierno han anunciado que la decisión responde a la voluntad por garantizar un crecimiento sostenible en materia de inversión extranjera. De hecho, la solución que se persigue consistirá en hacer repercutir directamente en el Estado la capacidad económica de esta clase de inversión, mediante la creación de un impuesto que gravará todas las operaciones del sector. Sin embargo, durante este periodo transitorio previo a la votación del mandato, el Gobierno ha anunciado la entrada a trámite en el Proyecto de Ley de suspensión de la inversión extranjera en inmuebles dentro del Principado de Andorra para que sea resuelto “con carácter de extrema urgencia y necesidad para desincentivar las compraventas con finalidades especulativas”. En paralelo al anuncio de la votación, el Gobierno está trabajando en la actualización de la ley de inversión extranjera
Marsol ha asegurado que la moratoria es “una medida puntual que contribuirá a afrontar la problemática que tiene el país en escasez de vivienda de alquiler a precio asequible, como paso previo necesario durante este otoño para el establecimiento de un tributo sobre la inversión extranjera en inmuebles”, según ha considerado la directiva. Desde el Gobierno han defendido que la medida beneficiará a los ciudadanos del país, abriendo las puertas al fomento en infraestructuras o al incremento del parque público de vivienda de alquiler. Además, se prevé fijar un tributo para todos esos inversores extranjeros que desinviertan en Andorra antes de un periodo de tiempo determinado. En paralelo al anuncio de la votación, el Gobierno actual se plantea actualizar la ley de inversión extranjera para presentarla durante el primer trimestre del 2024. Xavier Espot, jefe del Gobierno, ha explicado que “hemos optado por adoptar la moratoria mientras no se establece el tributo que deberán pagar los extranjeros que quieran invertir en inmuebles, pero en paralelo estamos trabajando en una modificación de la ley a través de un proyecto participativo y plural”, según ha anunciado el máximo representante de la administración andorrana.

Fuente: https://www.ejeprime.com/

Elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial no impide al órgano jurisdiccional remitente continuar parcialmente el procedimiento principal, ha aclarado el Tribunal de Luxemburgo.

Destaca que el órgano jurisdiccional remitente puede realizar las actuaciones procesales que considere necesarias, como la recogida de pruebas, y que no le impidan dar cumplimiento a la respuesta posterior del TJUE.

Esta es la respuesta del Tribunal (Sala Novena) a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Penal Especial de Bulgaria (asunto C‑176/22) sobre la interpretación del artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Puede acceder a la sentencia, de 17 de mayo, pinchando aquí.

EL CASO
La Fiscalía búlgara ha acusado de corrupción a dos agentes de policía. Uno de ellos se opuso a esta calificación jurídica.

El Tribunal Penal Especial de Bulgaria se preguntó sobre su facultad de recalificar la infracción controvertida sin informar previamente al acusado.

A este respecto, remitió una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sigue pendiente de pronunciarse sobre ella.

Posteriormente, el órgano jurisdiccional búlgaro se planteó si debía suspender íntegramente el proceso hasta obtener la respuesta del TJUE o podía seguir conociendo del litigio para continuar con la recogida de las pruebas, entendiendo que no podrá adoptar ninguna decisión sobre el fondo antes de recibir su respuesta.

Entonces, planteó una segunda cuestión prejudicial para que clarificara también esta cuestión.

Preguntó si el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional que ha planteado una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) suspenda el procedimiento principal únicamente en lo referente a los aspectos de este que puedan verse afectados por la respuesta que el Tribunal de Justicia dé a dicha petición.

LA ARGUMENTACIÓN DEL TJUE
El Tribunal de Justicia de la UE explica que el Derecho de la Unión no se opone a ello.

El TJUE recuerda que es jurisprudencia reiterada que una sentencia dictada en el marco de un procedimiento prejudicial vincula al juez nacional en cuanto a la interpretación del Derecho de la Unión a efectos de la resolución del litigio del que conoce.

Afirma que “no hace imposible en la práctica o excesivamente difícil la preservación del efecto útil del procedimiento de remisión una norma nacional que permite que, entre la fecha en que se plantea una petición de decisión prejudicial al TJUE y la del auto o de la sentencia por la que este responda a esa petición, continúe el procedimiento principal para realizar las actuaciones procesales que el órgano jurisdiccional remitente considere necesarias”.

Y que se refieran a “aspectos no relacionados con las cuestiones prejudiciales planteadas, a saber, actuaciones procesales que no impidan al órgano jurisdiccional remitente dar cumplimiento a dicho auto o a dicha sentencia en el marco del litigio principal”.

El TJUE explica que esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar en qué estado del procedimiento resulta oportuno plantear tal petición al Tribunal de Justicia.

Como una petición de decisión prejudicial puede plantearse incluso en una fase temprana del procedimiento principal, “el órgano jurisdiccional remitente mientras espera la respuesta del TJUE a dicha petición, debe poder continuar ese procedimiento en lo que atañe a tales actuaciones procesales que considere necesarias y que no se refieran a las cuestiones prejudiciales planteadas”.

El Tribunal de Luxemburgo señala que este razonamiento es el que se siguió implícitamente en la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034).

En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE indicó que después de que se le hubiese planteado la petición de decisión prejudicial de que se trataba en uno de los asuntos que dio lugar a la referida sentencia, la decisión del órgano jurisdiccional remitente de suspender el procedimiento había sido anulada y se había ordenado la continuación de la tramitación del asunto en lo referente a todo aquello no contemplado en la petición de decisión prejudicial.

Consideró que la referida petición era admisible, sin que considerase necesario examinar una posible infracción del artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fuente: https://confilegal.com/