El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 25 de febrero el Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, que modifica el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y de los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España en materia de acceso a la actividad, requisitos de solvencia y régimen de supervisión.

La norma incorpora un nuevo texto regulatorio en desarrollo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, y deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, que regulaba hasta ahora la materia. También introduce modificaciones en el Reglamento del Registro Mercantil de 1996 y en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que desarrolla la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Objeto

El nuevo régimen específico de los establecimientos financieros de crédito llegó con la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, cuyo título II regula el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. Sin embargo, la misma no ha sido objeto de un desarrollo reglamentario que subsane la falta de seguridad jurídica generada por estar los establecimientos financieros de crédito sometidos a un régimen asimilable al de las entidades de crédito, sin que exista una adecuada adaptación a la naturaleza de su negocio, lo cual ocasiona problemas de interpretación al supervisor y a las propias entidades.

Y dado que esta situación desincentiva la aparición de nuevos operadores en el mercado que se acojan a este régimen y fomenta al mismo tiempo la aparición de operadores no regulados, el objetivo fundamental del real decreto es desarrollar un régimen jurídico para los establecimientos financieros de crédito claro, comprensible y adaptado a las necesidades del negocio, pero, al mismo tiempo, equivalente en términos de robustez al establecido para entidades de crédito. Además mejora la protección del cliente financiero y la competencia en la concesión de préstamos, sin renunciar por ello a los estándares de prudencia que deben caracterizar tal actividad.

La norma también aclara la normativa aplicable a los establecimientos financieros de crédito y la que no lo es, indicando que, supletoriamente, los establecimientos financieros de crédito se regirán por las normas de solvencia y conducta aplicables a la actividad de las entidades de crédito.

Establecimientos financieros de crédito

El texto dispone que podrán constituirse como establecimientos financieros de crédito aquellas empresas que, sin tener la consideración de entidad de crédito y previa autorización del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se dediquen con carácter profesional a ejercer una o varias de las actividades previstas en el artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de abril. Además señala las denominaciones que quedan reservadas a dichas entidades: «establecimiento financiero de crédito» (EFC), «establecimiento financiero de crédito-entidad de pago» (EFC-EP) y «establecimiento financiero de crédito-entidad de dinero electrónico» (EFC-EDE).

También regula la norma su forma de financiación, aspecto que permite diferenciar a estas entidades de las entidades de crédito en la medida en que no pueden captar fondos reembolsables del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros análogos, cualquiera que sea su destino.

Autorización y registro de activida

El Real Decreto incorpora la regulación de la autorización y registro de los establecimientos financieros de crédito.

Así, la autorización de estos establecimientos corresponde al titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los aspectos de su competencia.

La norma define a los agentes de establecimientos financieros de crédito como aquellas personas físicas o jurídicas a las que un establecimiento financiero de crédito haya otorgado poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, en nombre y por cuenta de la entidad mandante, en la negociación o formalización de operaciones típicas de la actividad del establecimiento financiero de crédito, excluyendo a los mandatarios con poderes para una sola operación específica y a las personas que se encuentren ligadas al establecimiento financiero de crédito, o a otras entidades de su mismo grupo, por una relación laboral.

El texto incluye los requisitos de la solicitud de autorización y los supuestos de denegación, revocación, renuncia y caducidad de la misma. Y se ocupa de forma específica de la autorización de modificaciones de estatutos sociales y de modificaciones estructurales, así como de la autorización de aquellos establecimientos financieros de crédito que estén sujetos al control de personas extranjeras.

En el plazo de un año a contar desde la notificación de la autorización los promotores, antes de iniciar sus actividades, deberán otorgar la oportuna escritura de constitución de la sociedad, inscribirla en el Registro Mercantil y posteriormente en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito del Banco de España.

Destaca el nuevo régimen de autorización de las entidades híbridas, que se configuran como entidades de pago o de dinero electrónico que realizan actividades propias de los establecimientos financieros de crédito para las que se ha diseñado una autorización única, así como la regulación de la actividad transfronteriza y el régimen de apertura de oficinas y la actuación mediante agentes.

En el plazo de un año, a contar desde la notificación de la autorización de un establecimiento financiero de crédito, los promotores deberán dar inicio a sus operaciones. Si no se diere comienzo a las actividades previstas en el objeto social de la entidad por causas imputables a la misma, se producirá la caducidad de la autorización para operar como establecimiento financiero de crédito.

Por otra parte, tras señalar que el régimen aplicable en materia de participaciones significativas será el previsto para las entidades de crédito en el título I, capítulo III, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, en el título I, capítulo II, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, y en sus normas de desarrollo, la norma se refiere a los requisitos de idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos, así como a los principios de gobierno corporativo y política de remuneraciones. En este sentido cabe destacar la aplicación de un criterio de proporcionalidad, de forma que se exime de la exigencia de los comités de nombramientos y remuneraciones a los establecimientos financieros de crédito que tengan unos activos totales inferiores a mil millones de euros. Asimismo, también se les exime de tener consejeros independientes. Y se exceptúan de la aplicación de los requisitos prudenciales de forma individual a aquellas filiales de entidades de crédito en el supuesto de que sus matrices tengan constituidos tales comités y ejerzan tales funciones para las filiales.

Requisitos de la actividad

La norma dispone que serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de un establecimiento financiero de crédito:

– Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida.

– Tener un capital social mínimo de 5 millones de euros, desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.

– Limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de un establecimiento financiero de crédito salvo para las empresas autorizadas como entidades híbridas en los casos previstos en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, y en este real decreto.

– Que los accionistas titulares de participaciones significativas o, en su defecto, los veinte mayores accionistas sean considerados idóneos, de acuerdo con los factores previstos en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Se entenderá por participación significativa aquella que cumpla con los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 10/2014, de 26 de junio. La idoneidad se apreciará siguiendo lo establecido en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.

– Contar con un consejo de administración formado como mínimo por tres miembros.

– Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. En especial, el consejo de administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de los establecimientos financieros de crédito, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, u otras disposiciones que sean de aplicación.

– Contar con un departamento o servicio de atención al cliente que atienda y resuelva las quejas y reclamaciones que sus clientes les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos. Los establecimientos financieros de crédito que formen parte del mismo grupo económico podrán disponer de un departamento o servicio de atención al cliente único para todo el grupo.

– Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio nacional.

– Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

– No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna.

Por otra parte, tanto los miembros del consejo de administración de la entidad como las personas físicas que representen en el consejo de administración a los consejeros que sean personas jurídicas, los directores generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad conforme establezca el Banco de España, deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Además, los miembros del consejo de administración del establecimiento financiero de crédito deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.

Solvencia y conducta

Para determinar las obligaciones de solvencia que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España, la norma se remite al título II de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y al título II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, en sus normas de desarrollo, con el alcance y las especialidades que se recogen en la Ley 5/2015, de 27 de abril.

En este sentido se puede destacar como novedad la exigencia de un colchón de liquidez que los establecimientos financieros de crédito deberán mantener para hacer frente a sus salidas de liquidez durante un periodo suficientemente amplio de tensión en los mercados financieros, así como la obligación de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos de activos, pasivos y compromisos.

Por otra parte, el texto también recoge aquellas obligaciones de información en materia de solvencia y estructura accionarial que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos consolidables de establecimientos financieros de crédito.

Supervisión de los establecimientos financieros de crédito

Por último, el real decreto se ocupa del régimen de control e inspección que debe llevar a cabo el Banco de España sobre los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España.

Modificaciones legislativas

– Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio: se modifica el artículo 326.2.

– Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito: se añade un nuevo apartado 5 al artículo 13.

– Se deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

Entrada en vigor y disposiciones transitorias

El Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, entrará en vigor el 1 de julio de 2020, salvo el artículo 30 –sobre el colchón de liquidez y la estructura de fuentes de financiación y vencimientos–, que entrará en vigor a los tres meses de la publicación de la circular del Banco de España que desarrolle lo previsto en dicho artículo, y la disposición final segunda –sobre modificación del Real Decreto 84/2015–, que entrará en vigor el 26 de febrero de 2020, al día siguiente de la publicación de la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado.

Las disposiciones transitorias se ocupan de la transformación en bancos de establecimientos financieros de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, de las sucursales y filiales en el extranjero de establecimientos financieros de crédito existentes a la fecha de entrada en vigor y del régimen transitorio para establecimientos financieros de crédito provenientes de la transformación de entidades de crédito de ámbito operativo limitado.

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/

la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)ha conseguido la primera sentencia que se dicta en España -y también en Europa- en la cual un juzgado estima íntegramente la demanda presentada y da validez al informe pericial aportado a fin de cuantificar el sobrecoste causado por el cártel.

Como es conocido, la Comisión Europea sancionó en el año 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes MAN, Volvo/Renault, Iveco, Daimler (Mercedes-Benz) y DAF, y en 2017 con 880 millones a Scania, por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido sobre el comprador los costes derivados del cumplimiento de las normas en materia de emisiones contaminantes.

Con todo, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia dictó el pasado 30 de diciembre una sentencia que confirma íntegramente la demanda y valida la prueba pericial aportada, en este caso por CCS, bufete que gestiona la reclamación de 35.000 camiones y 4.000 demandas en el marco del proceso contra el cártel europeo de fabricantes de camiones.

El modelo de prueba pericial presentada cuantifica la media del daño causado por el cártel a lo largo de los 14 años de duración en el 16,35% del coste (sin impuestos) de cada camión. Asimismo, el juzgado valenciano reconoce a favor del transportista demandante los intereses legales desde la fecha de compra del camión hasta la fecha de la presentación de la demanda, además de los intereses procesales adicionales desde esta última hasta la fecha en que se ejecute la sentencia.

Fundamento jurídico claro

Es especialmente ilustrativo lo que dice el Fundamento jurídico nº 73 de la sentencia:

“En efecto, creo que el informe CCS resiste suficientemente su examen según los criterios de valoración probatoria anteriormente expresados». Así:

  • El informe «se asienta sobre una interpretación de las características de la infracción sancionada por la Comisión que es coherente con la visión plasmada en el fundamento oportuno de esta resolución”.
  • En el mismo Fundamento Jurídico, la sentencia destaca que “los peritos han realizado una búsqueda proactiva de datos sobre los que desarrollar sus modelos, que parecen idóneos para recrear los efectos de la infracción y que han sido puestos a disposición de la parte demandada desde el inicio del proceso o en un momento posterior pero igualmente relevante”.
  • El Tribunal también afirma que “en definitiva, el informe CCS es cuantitativa y cualitativamente transparente, muy intenso y, por unas y otras cosas, convincente en ausencia de un informe mejor fundado que lo refute”.
  • Igualmente, la sentencia pone en valor que “el estudio (de CCS) no se contenta con la expresión de un sobrecoste medio, sino que trata de individualizar los daños eventualmente sufridos por la parte actora mediante la recreación de un iter cronológico sobre la mayor eficiencia del cártel en la repercusión de sobreprecios con el paso del tiempo”.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías obtiene la estimación íntegra de su demanda y la confirmación de la validez del informe pericial que la acompañaba, particularmente las garantías de la metodología empleada. El juez concluye su valoración en los siguientes términos: “entonces aquí, insistiré en eso, no hay prueba más sólida que el dictamen CCS; no dispongo de ningún elemento probatorio que me permita moderar o, en menor medida, sustituir sus resultados de análisis por otros”.

Fuente: TransporteProfesional.es

El organismo de la Generalitat, que analiza la mayoría de las deslocalizaciones de contribuyentes, detecta 46 casos fraudulentos

La Hacienda catalana analiza prácticamente todos los casos de traslados de domicilios fiscal de grandes contribuyentes. En el periodo 2015-2018, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) abrió 46 expedientes por traslados fraudulentos de Catalunya a otra comunidad o a otro país, con lo que recaudó 24 millones de euros.

El domicilio fiscal de un contribuyente es aquel en el que reside la mitad de los días del año más uno. En los últimos años de la crisis Madrid ha mantenido una política de bajada de impuestos en el caso del IRPF, por un lado, y hasta su práctica eliminación en Patrimonio Sucesiones, por el otro. Esa política que gobiernos como el catalán califican de “dumping fiscal” lleva a que algunos contribuyentes opten por cambiar su residencia fiscal de Catalunya a Madrid, por ejemplo.

Fraude

Valencia crea un grupo de trabajo mixto entre las dos agencias tributarias

“Tenemos un grupo específico de la plantilla de inspectores que cuando recibe un cambio de domicilio fiscal analiza información sobre suministros, mudanzas, dónde tiene el contribuyente el gimnasio y hacemos un informe”, explican desde la ATC. En caso de que se detecten indicios que apunten a una residencia fiscal fraudulenta se pasa a la siguiente fase de requerimiento de información. La última fase es abrir un expediente si la información aportada no valida el traslado.

Fuentes de uno de los principales despachos de abogados fiscalistas que opera en Catalunya confirman que la actuación de la ATC es casi sistemática en el caso de los cambios de domicilio en los grandes contribuyentes.

Desde la agencia catalana señalan que existe una buena colaboración con la Agencia Tributaria española desde hace años. En el caso de la ATC, sus expedientes hacen referencia a aquellos impuestos que tienen cedidos, como los de patrimonio y sucesiones. En el caso de que se detecte un fraude en la residencia se comunica a la agencia estatal para que reclame al contribuyente la parte correspondiente al impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), cuyo control es responsabilidad del fisco español.

La Comunidad Valenciana ha ido un paso más allá y ha creado un grupo de trabajo en el que están presentes los técnicos de las dos agencias: la autonómica y la valenciana. Fuentes de la Agència Tributària Valenciana explican que desde que comenzó la colaboración han abierto 10 expedientes y tienen otros 10 en análisis. Las mismos informantes añaden que ya ha recuperado 10 millones de euros en un solo caso en relación con el impuesto de patrimonio y de sucesiones de los herederos de un fallecido.

El pasado martes en el Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, los responsables de la Agència Tributaria Valenciana explicaron su experiencia con ese grupo de trabajo conjunto al resto de comunidades. Fuentes del organismo público valenciano dijeron que analizan la mayoría de los casos de traslado de domicilio fiscal siempre que tenga un efecto en los tributos que le son cedidos como patrimonio y sucesiones. Por lo tanto deben ser contribuyentes con ingresos o patrimonio alto. Desde la agencia valenciana explicaron que analizan también que no hayan prescrito las correspondientes declaraciones para poder recuperar ingresos no comunicados. Según las estimaciones del Consejo General de Economistas-REAF, en Valencia los contribuyentes con ingresos de más de 110.000 euros anuales son los que más pagan de toda España. Como muestra, un contribuyente que gane 600.000 euros pagará 24.000 euros más si vive en Valencia que si lo hace en Madrid.

No hay mucha información sobre el proceso de deslocalización de contribuyentes por razones fiscales. Los profesores de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda Fernando Rodrigo actualizaron en marzo un informe sobre la Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales . Como se aprecia en el gráfico, entre el 2006 y el 2012 (últimos datos disponibles), un total de 4.557 contribuyentes de los considerados más ricos cambiaron su domicilio fiscal. Seis de cada 10 de esos contribuyentes escogió trasladarse a Madrid. López Laborda explica que el estudio muestra que “parece que la diferencia en los tres impuestos (renta, patrimonio y sucesiones) ha afectado a la movilidad de los más ricos”. El catedrático añade que han detectado también que se producen traslados entre contribuyentes de avanzada edad, lo que podría estar relacionado con el pago del impuesto de sucesiones.

Govern-Comunes

La reforma fiscal pactada en Catalunya puede incentivar el cambio de domicilios

El investigador de la Universidad de Zaragoza explica que no puede derivarse estos datos elaborados que esos traslados sean fraudulentos. De hecho, el informe constata que la mayor urbanización de un territorio o los mejores servicios son también razones muy poderosas para deslocalizar la residencia.

El posible cambio de domicilio fiscal es un debate que ha aflorado con fuerza esta semana en Catalunya a raíz de la reforma fiscal pactada entre el Govern y los comunes y que se hizo pública el lunes. Los expertos consultados sostienen que la subida fiscal a las rentas altas en el IRPF y en sucesiones puede incentivar las deslocalizaciones fiscales. El cambio de más envergadura se da en el impuesto de sucesiones donde se puede incrementar la cuota a pagar en hasta un 60% respecto a la situación actual en determinados casos. En la reforma acordada, además de elevar las tributación en las herencias, se incrementa lo que pagan los contribuyentes de IRPF a partir de 90.000 euros.

La patronal Foment del Treball y la Cambra de Comerç coinciden en que es una mala noticia el incremento de la fiscalidad en Catalunya. El presidente de la Cambra, Joan Canadell, sostiene incluso que pude reducirse la recaudación porque puede haber contribuyentes que opten por trasladar su domicilio fiscal.

Fuente: La Vanguardia

 

 

Una decisión de la Comisión Europea suscita posturas encontradas y decisiones dispares en los tribunales

Hace ya tres (3) años, la Comisión Europea, tras un procedimiento de investigación, decidió sancionar con multas milmillonarias a todas las empresas europeas fabricantes de camiones por haber realizado, según su decisión, prácticas contrarias a la libre competencia entre 1997 y 2011, centradas en el intercambio de información sobre los precios brutos de ventas de los camiones fabricados por dichas empresas y la implementación con retraso de tecnologías de reducción de la emisión de gases contaminantes.

Esta decisión se une a otras muchas, dictadas tanto por la Comisión Europea como por las autoridades españolas de defensa de la competencia, que en los últimos años han incrementado las investigaciones de conductas consideradas anticompetitivas, tanto a nivel europeo como nacional, produciéndose no solamente un incremento en el número de expedientes abiertos sino también un incremento en la cuantía de las multas impuestas.

En la mayoría de las ocasiones, los expedientes se han iniciado a partir de la denuncia de uno de los participantes de las conductas

Y en la gran mayoría de las ocasiones, los expedientes sancionadores se han iniciado a partir de la denuncia de uno de los participantes de las conductas, que informa de las mismas a la Comisión e incluye en su denuncia a los demás operadores para, con ello, obtener el beneficio de no ser sancionado a importe alguno de multa. La empresa se acoge a lo que se denomina procedimiento de clemencia y provoca la investigación de las autoridades de defensa de la competencia, que en la mayoría de los casos terminan sancionando al resto de intervinientes.

Al igual que en ocasiones anteriores, la sanción de las autoridades de competencia, en este caso europeas, pero también ha ocurrido con las sanciones de las autoridades españolas, ha derivado en una nueva, incipiente y cada vez más numerosa litigiosidad en los tribunales, no solamente en los españoles, sino también en el resto de países europeos comunitarios.

Se han iniciado procedimientos por todas aquellas personas o sociedades que adquirieron camiones de los fabricantes sancionados entre 1997 y 2011

No nos encontramos ante procedimientos instados por consumidores contra grandes compañías por haber abusado de una posición de dominio, sino que se han iniciado procedimientos por todas aquellas personas físicas o sociedades que, prestando sus servicios o no en el mundo del transporte, adquirieron camiones de los fabricantes sancionados entre 1997 y 2011.

Los reclamantes alegan que esas prácticas por las que los fabricantes han sido sancionados han generado un sobreprecio en el pago final que tuvieron que efectuar al adquirir el camión o los camiones, así como en el perjuicio que les ha supuesto la introducción tardía de las nuevas tecnologías en materia de reducción de gases contaminantes.

Y precisamente ahí es donde comienzan las discrepancias a las que nos referimos en el título de este artículo. Y ello por cuanto han empezado a instarse demandas de reclamación en las que el cálculo de los daños difiere ostensiblemente entre cada una de ellas, dependiendo de la forma y del sistema en que se realice dicho cálculo, lo cual, evidentemente, depende del profesional que elabore el correspondiente informe de daños.

Han empezado a instarse demandas de reclamación en las que el cálculo de los daños difiere ostensiblemente entre cada una de ellas

Y, por otro lado, en el campo de los fabricantes, estos defienden que las sanciones impuestas no han producido efectos de sobreprecio en el mercado ni estos cálculos son adecuados para demostrar la existencia de daño alguno.

Por lo tanto, como podemos comprobar, ni siquiera los reclamantes de los daños y perjuicios se ponen de acuerdo sobre el importe de los daños causados y la forma de calcular los mismos, más aún cuando los fabricantes sostienen que no han existido tales daños.

Esta incipiente litigiosidad nos viene a demostrar la cada día mayor pérdida del ‘miedo a litigar’ que existe en nuestra sociedad y entre los particulares, lo que conlleva que el colapso de los juzgados se incremente exponencialmente, pues a este tema en concreto se unen otros muchos de sobra conocidos por todos (cláusulas suelohipotecas multidivisa, tipos de interés abusivos…). La congestión en los juzgados lleva camino de convertirse en algo endémico y difícilmente solucionable a corto plazo, salvo que quien tiene la responsabilidad de actuar —el poder ejecutivo— ponga los medios suficientes y adecuados para salvar la situación o, al menos, paliarla mínimamente.

Esta incipiente litigiosidad nos viene a demostrar la cada día mayor pérdida del ‘miedo a litigar’ que existe en nuestra sociedad y entre los particulares

Y, en el caso que nos ocupa, el problema se agrava por el hecho de que las divergencias existentes entre demandantes y demandados —cosa lógica— e, incluso, entre los propios demandantes, se traslada a los mismos juzgados de Primera Instancia, los cuales están dictando sentencias dispares y divergentes en cuanto a la apreciación de esos daños: unos desestiman las demandas por insuficiente acreditación y los que las estiman calculan ese sobreprecio aplicando porcentajes muy dispares.

Por tanto, tendremos que esperar la decisión de nuestro Tribunal Supremo sobre las cuestiones que se plantean. Será el momento de que se solucionen las divergencias, si bien esto ocurrirá dentro de bastante tiempo, lo cual nos abre un periodo de incertidumbre prolongada hasta la solución final.

Fuente: elconfidencial.com/

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cobro de dicho tributo en aquellos casos en los que el importe a pagar por el contribuyente sea mayor que la ganancia real obtenida

La polémica plusvalía municipal, esto es, el impuesto que se paga cuando se vende una vivienda con ganancias, vuelve a estar de máxima actualidad. El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el cobro de dicho tributo en aquellos casos en los que el importe a pagar por el contribuyente sea mayor que la ganancia real obtenida, tal y como adelantan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a).

La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Pedro González-Trevijano, argumenta que «cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE)». El tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.

También el Tribunal Supremo se ha cuestionado cómo debe aplicarse el impuesto cuando la ganancia obtenida es inferior a la que resulta de la fórmula para determinar la base imponible. De hecho, planteó el pasado mes de julio una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Esta es una cuestión que en su momento quedó pendiente en la jurisprudencia de este tribunal, que ahora viene a completar los pronunciamientos que en el pasado ha hecho el Supremo respecto a la plusvalía municipal en aquellos casos en los que la transacción genera pérdidas al vendedor.

De esta manera, tras este fallo, también quedarán exentos del pago de la plusvalía aquellos que aunque hayan tenido un incremento entre el valor de compra y el de venta, la aplicación de la fórmula matemática para calcular el impuesto resulte en una cantidad superior a la que ha ganado.

El alto tribunal planteó la cuestión de inconstitucional tras analizar el caso concreto de un matrimonio que compró una vivienda en 2002 por 149.051 euros y sobre la que realizó una reforma por otros 34.800,89 euros. En diciembre de 2015, se vendió la vivienda por 153.000 euros, girándoles la Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Zaragoza un recibo por importe de 6.902,25 euros en concepto de plusvalía municipal.

El Supremo respalda la fórmula

El matrimonio entendió que, tras el gasto de la reforma, no se había producido una plusvalía con la referida transmisión, y, por tanto, no había hecho imponible sobre el que calcular el impuesto, por lo que solicitaron la rectificación de la citada autoliquidación y la devolución de las cantidades satisfechas. Alegaban que si «añadimos al valor de adquisición inicial el coste de la reforma, estamos ante un valor muy superior al de venta en 2015»; y añadían que «aunque no sumáramos dichas cantidades, el incremento patrimonial si estamos al valor de compra en 2002 y venta en 2015 es de 3.950 euros y el pago por plusvalía como reiteramos ha sido de 6.900».

El Tribunal Supremo cuestiona la fórmula que utilizan los ayuntamientos de toda España para determinar la base imponible del impuesto, ya que considera que no tiene en cuenta la plusvalía real obtenida en la transmisión del inmueble. Esta fórmula se basa en parámetros objetivos como el valor catastral del suelo y el periodo de tenencia del inmueble, lo que estaría dando lugar a situaciones en las que la cuota del impuesto a pagar sea superior a la ganancia realmente obtenida, lo que, según los expertos consultados, podría agotar o incluso superar la capacidad contributiva del contribuyente, en una clara vulneración del principio de no confiscatoriedad.

No obstante, también es cierto que el Supremo respalda la fórmula utilizada por los ayuntamientos para calcular este impuesto, ya que considera que no es posible utilizar una fórmula de cálculo distinta a la prevista en la Ley de Haciendas Locales, rechazando que pudieran utilizarse fórmulas alternativas para el cálculo de dicho tributo.

Hay que recordar que el pasado mes de abril, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid ya planteó otra cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido, es decir, cuestionando el carácter progresivo del impuesto. Cuestión sobre la que también deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional en los próximos meses.

El Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona elevó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que se llama una “cuestión prejudicial”, una especie de consulta que los Jueces y Tribunales de los Estados Miembros de la UE pueden formular ante el Tribunal de Justicia europeo para que este declare si determinada normativa interna se ajusta o no a las normas de la Unión.

Dicha cuestión prejudicial fue expuesta con ocasión de una demanda formulada por un particular que demandó a su banco por considerar que el IRPH de su préstamo hipotecario es una cláusula abusiva al ser más caro que el EURIBOR y que el EURIBOR es el tipo aplicable en el 90% de los préstamos hipotecarios, lo que supone que deberá pagar entre 18000 y 21000 mil euros más a lo largo de la vida del préstamo que si este hubiera sido referenciado al Euribor.

Resumidamente, las preguntas que el Juez español ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relativas al IRPH de cajas, son las siguientes:

1. Si el IRPH puede ser sometido al control de transparencia y abusividad que establece la normativa de defensa de los consumidores dado que el Tribunal Supremo, en una controvertida sentencia de 2017 decía que no lo era, a groso modo, porque era un índice de referencia oficial publicado por el Banco de España, precisamente, a efectos de poder ser referenciados en los préstamos hipotecarios por las entidades financieras.

2. Si el tribunal español puede, conforme a la normativa europea e interna española vigente, entrar a valorar la abusividad de una cláusula que constituye uno de los elementos esenciales del préstamo, y lo es porque el interés del préstamo es el “precio” que el banco establece para otorgarlo. Y el precio es uno de los elementos esenciales de todo contrato oneroso1 -la ley española no prevé este control sobre los elementos esenciales del contrato a pesar de que la normativa europea, Directiva 93/13/CEE sí lo permite-.

3. Y la tercera pregunta, pero no por ello la menos importante, es si en el caso de que el IRPH del préstamo se considera abusivo, y por tanto nulo, el interés de la operación debe tenerse por no puesto –reducido a cero- o si debe ser de algún modo sustituido por el Euribor.

Ahora la prensa se ha hecho eco de lo que al respecto ha informado el Abogado General del TJUE.

Pero, ATENCIÓN, este informe NO es la Sentencia. El TJUE todavía no ha resuelto aquellas cuestiones, sino que se ha cumplido una de las etapas del proceso judicial europeo iniciado por el Juez español.

Por lo tanto, las conclusiones de las que ahora se ha hecho eco la prensa no son definitivas, aunque, ciertamente, tendrán su peso e influencia en el Tribunal Europeo a la hora de dictar la correspondiente sentencia. Pero debe indicarse que la sentencia puede apartarse, en todo o en parte, del criterio expresado por el Abogado General en cada una de las cuestiones sometidas a la consideración del TJUE.

La prensa lanzó las campanas al vuelo, saludando el informe como un “varapalo” –palabra que, de tanto usarse últimamente en los medios, empieza a resultar odiosa-, pero no lo es tanto.

¿Cuáles son las respuestas del Abogado General a las tres cuestiones formuladas?

1. En cuanto a la primera cuestión, el Abogado informa en el sentido de que el IRPH, a pesar de ser un índice oficial, sí puede ser sometido al control de transparencia porque la norma oficial que permite la aplicación del IRPH no es una norma imperativa que obligue a utilizarlo, y como no es una norma imperativa, sino una posibilidad legal que se pone a disposición de los bancos, no puede escapar al control de transparencia que emana de la normativa europea y se recoge en nuestro derecho interno.

2. En cuanto a la segunda cuestión, el Abogado General concluye que las cláusulas que delimitan los elementos esenciales y definitorios del contrato (objeto y precio, para simplificar) escapan al control judicial, EXCEPTO cuando las cláusulas que los definen y delimitan no hayan sido redactadas de manera clara y comprensible. Dicho de otro modo, el juez puede entrar a valorar la abusividad del precio si la cláusula que lo establece no es claro ni comprensible para el consumidor y ello, aunque el derecho interno no haya previsto esta excepción de manera expresa que sí viene establecida en la Directiva Europea. En relación con ello, deberá tenerse en cuenta la información facilitada, o no, por el banco, previamente a la contratación. Si existió, si fue suficiente, si era clara, etc.

En fin, que el Juzgador, en cada caso concreto, deberá analizar si el IRPH (el precio) se estableció con las debidas garantías de información previa y claridad para poder entender que dicho precio respeta la justa reciprocidad que debe regir entre las prestaciones que asume cada una de las partes.

3. En cuanto a la tercera cuestión, por la que se preguntaba qué consecuencia debería llevar aparejada la declaración de nulidad del IRPH de cajas (si dejar el préstamo sin ningún interés o, dicho de otro modo, a un interés del 0.00% o bien, si el juez podía reemplazar el IRPH por el índice más habitual, el Euribor), el Abogado General no ha respondido nada. Cero.

Como conclusión podemos decir que, desde el punto de vista del consumidor, y todos los somos en algún momento, nos gustaría que la resolución fuera clara y de aplicación general a todos los casos, si es favorable a los consumidores, naturalmente.

Pero ello no va a ser así. Y se avecinan nuevas batallas judiciales individuales, a menos que el legislador establezca lo contrario mediante una norma general –lo de la eventual eficacia de esta posible e hipotética solución legislativa lo dejaremos ya para una mejor ocasión-.

Un consejo, contacten con un abogado, nosotros a poder ser, vayamos de la mano a su oficina, e iniciemos una negociación individual, sincera y de tú a tú con su entidad.

Establece que debe tenerse en cuenta la Ley 5/2019 lo que a efectos prácticos supone una ampliación de los beneficios de la última reforma

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha decidido, en una nueva sentencia del pleno adoptada por unanimidad, acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios, en la línea de lo resuelto hace meses por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En protección del consumidor, ha sentado las bases de aplicación de estos vencimientos y fijado que debe tenerse en cuenta la Ley 5/2019. A efectos prácticos, esto supone una ampliación de los beneficios de la última reforma que ahora podrán aplicarse a los vencimientos abiertos después de 2013, y que los tribunales no puedan admitir desahucios con menos de 12 meses de impago.

En una resolución en que la sala se ha decidido por una protección reforzada más allá de lo establecido por el TJUE, los magistrados indican que la nulidad total que estableció Europa exponía al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Para evitar esto, el TJUE estableció que la cláusula se sustituyera por la disposición legal dictada en 2013, que permitía a la banca ejecutar un préstamo hipotecario con un mínimo de tres cuotas impagadas, por lo que el fallo de la Justicia europea respaldaba procedimientos de ejecución hipotecaria a partir de la cuarta cuota impagada.

No obstante, la sala ha considerado más lógico, en el momento actual, tener en cuenta la Ley 5/2019, como norma más beneficiosa, ya que modifica los mínimos legales a partir de los cuales el banco declara el vencimiento anticipado de la hipoteca, lo cual es más beneficioso para el consumidor. Esta norma regula en su artículo 24 las consecuencias de la mora del prestatario, siendo diferente según se produzca en la primera o en la segunda mitad del préstamo. En la primera mitad, operará si hay incumplimiento de más del 3% de la cuantía del préstamo y además suponga el impago de 12 cuota. En la segunda mitad, el incumplimiento ha de suponer más del 7% de la cuantía.

Orientaciones

La sentencia facilita otras orientaciones para aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en curso. Indica así que aquellos procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la ley de 2013, en la que se establecían tres meses de impago para el desahucio, deberían ser sobreseídos sin más trámite. Los procesos en que el préstamo se dio por vencido después de la entrada en vigor de esta ley, si el incumplimiento no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos, también deberían quedar sobreseídos. No así si el incumplimiento es grave.

Uno de los extremos más polémicos de la resolución especifica, además, que este sobreseimiento de los procesos no debe impedir una nueva demanda ejecutiva basada en la aplicación de la ley de 2019. Es decir, aquellos que se sobresean pueden reabrirse en función de los plazos de impago indicados en la nueva norma, con los citados 12 meses de deuda.

Con esta sentencia, el Supremo resuelve algunas cuestiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya planteó en sus últimos fallos —marzo y julio— sobre vencimiento anticipado como, por ejemplo, qué consecuencias tendría para el hipotecado que un juez declare abusiva y nula esta cláusula.

El tribunal europeo, con sus sentencias, generó dudas entre los jueces acerca de la situación en que quedaban miles de procedimientos que se encontraban suspendidos pendientes de su sentencia. Si una cláusula se declara nula y, por tanto, debe tenerse por no puesta, ¿puede subsistir el contrato sin ella? ¿Puede el juez nacional suprimir la cláusula abusiva sustituyéndola por una norma supletoria de derecho nacional, siempre y cuando no deje al consumidor en una situación más perjudicial?

Aunque en su sentencia del pasado mes de julio el TJUE dictaminó que el consumidor sería quien decidirá que se declare la nulidad de vencimiento anticipado y se archive el procedimiento, ahora el Supremo entiende que lo más beneficioso para el consumidor es que los contratos pasen a regirse por los criterios de la nueva ley hipotecaria, ya que considera que el «préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato».

  • Los asesores fiscales apoyan el modelo portugués, con el respaldo de TJUE

Hacienda estudia potenciar el arbitraje tributario para las empresas como medio para superar el actual atasco en los juzgados económico-administrativos y en los juzgados y tribunales de Justicia.

Si bien los primeros pasos vienen obligados por Bruselas, según fuentes de la Agencia Tributaria (Aeat), se estudia, como primer paso, la posibilidad de crear una corte de arbitraje tributario para las grandes empresas que han ratificado el Código de Buenas Prácticas.

El modelo portugués

El modelo para los asesores fiscales sería el del sistema vigente en Portugal, cuya corte arbitral tributaria tiene la consideración de órgano jurisdiccional, reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Como dato destacable, en el pasado mes de mayo este tribunal de arbitraje le dio la razón a un contribuyente que impugnó el pago de 5.500 euros en concepto de pago del Impuesto sobre Vehículos (ISV) en concepto de importación de un automóvil de Alemania a Portugal.

El Tribunal considera que esta figura tributaria atenta contra la libre circulación de mercancías en la UE. La consecuencia ha sido una oleada de reclamaciones.

Espacios de encuentro

En España, Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria (Aeat), ha comentado su intención de reducir la conflictividad actual y crear espacios de encuentro para resolver las discrepancias sin necesidad de acabar en los tribunales.

Entre los planes a desarrollar por Hacienda se encuentra la posibilidad de llegar a acuerdos en la vía económico administrativa e, incluso, en la jurisdicción contencioso-administrativa, y no solo en la vía administrativa como ocurre en la actualidad. Así, se reducirá la litigiosidad y se podrían dar más oportunidades para alcanzar acuerdos.

La Fundación Impuestos y Competitividad, integrada por los grandes despachos tributaristas, se muestra, en un reciente informe sobre el Impuesto sobre Sociedades, más favorable a la potenciación del Acuerdo Previo de Valoración con la Administración (APA), cada vez más demandado por las multinacionales frente al arbitraje tributario de litigios sobre precios de transferencia, que ya se encuentra en vigor en España, al considerar que les aporta más seguridad jurídica y menores costes que un procedimiento de inspección, tanto a las empresas como a la propia Administración, el correspondiente procedimiento de solución amistosa.

Otro nuevo procedimiento

Con este telón de fondo, el Ministerio de Hacienda ha iniciado los primeros pasos para transponer al ordenamiento jurídico español una Directiva ( 2017/1852) que establece que cualquier contribuyente de un Estado de la UE, que no esté de acuerdo con la interpretación o la ejecución que el Fisco de otro país comunitario realice sobre sus asuntos en materia de doble imposición de la renta o del patrimonio, podrá solicitar el inicio de un procedimiento de arbitraje específico.

En este futuro procedimiento será preciso presentar una solicitud a cada una de las autoridades competentes de cada Estado miembro afectado en el plazo de tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción que produzca o que vaya a producir el litigio, con independencia de que el contribuyente utilice o no las vías de acción judicial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afectados.

La norma busca generar un entorno empresarial propicio a las inversiones. Para ello, se incluye un procedimiento no jurisdiccional que trate de evitar el recurso a los tribunales. La decisión definitiva será vinculante para los Estados miembros afectados, pero no sentará precedente. Además, se aplicará siempre que la persona o personas afectadas acepten dicha decisión y renuncien al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales en el plazo de 60 días a partir de la fecha en la que se haya notificado la decisión definitiva, de ser el caso.

De no llegarse a este acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso se someterá a un procedimiento de resolución de litigios, que podrá adoptar la forma de una comisión consultiva compuesta por representantes de las autoridades fiscales afectadas y de personalidades independientes o podría tener la forma de una comisión de resolución alternativa de litigios. La decisión vinculante se aplicará siempre que la persona o personas afectadas acepten la decisión y renuncien al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales en el plazo de sesenta días a partir de la fecha en la que se haya notificado la decisión definitiva, de ser el caso.

Los litigios que surjan entre los Estados miembros por la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios para la eliminación de la doble imposición de la renta y del patrimonio deberán acudir a un nuevo procedimiento de arbitraje fiscal, cuya regulación se establece en la Directiva 2017/1852, cuya transposición a la normativa tributaria española ha comenzado a realizar el Ministerio de Hacienda.

La transposición conllevará la modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).

Fuente: El Economista

Despachos de litigios masivos como Arriaga entran con miles de demandas a reclamar los intereses abusivos de estas líneas de crédito. El sector espera la clarificación del Supremo

El marido de A. R., avilesina de 65 años, viajaba mucho por toda España por su trabajo en una empresa de montajes. Un día le ofrecieron una tarjeta para gastos como la gasolina, que podía ir pagando cómodamente mes a mes. “Al poco tiempo se dio cuenta de que había sido un error”, recuerda. Pero siguió abonando las cuotas. Años después, cuando el hombre falleció, la familia se encontró con que aquella tarjeta Citibank (hoy de Wizink) aún tenía 4.000 euros de deuda. Decidieron pagarla de golpe y olvidarse. Pero A. R., que conservaba “absolutamente todos los recibos, por si acaso”, se propuso demandar al banco por lo que consideraba un engaño. El juzgado le dio la razón en abril y ordenó a Wizink devolver 21.000 euros a la familia. El marido de A. R. había comprado a crédito no más de 10.000 euros, pero había pagado 21.000 en intereses.

Las condiciones de estas tarjetas de pago aplazado, llamadas revolving, empiezan a inundar los juzgados de toda España. Pequeños despachos como el de Celestino García Carreño, en Avilés, fueron los pioneros en 2016 en este tipo de demandas que buscan condenar a los bancos por usura y recuperar todos los intereses pagados de forma abusiva. El éxito de los pequeños —García Carreño asegura sumar ya 1.000 sentencias favorables— ha animado a entrar a los grandes bufetes especializados en litigios masivos, como Arriaga Asociados, que ya se anuncia en televisión con este reclamo: “¿Sigues pagando cuotas pero tu deuda no termina? Puede que tengas una tarjeta trampa”. Miguel Muñoz, abogado de Arriaga, asegura que tienen 1.500 pleitos encargados y 5.000 en estudio. Tras hacer pruebas “con cuentagotas” y comprobar que ganaban, han puesto a funcionar la fábrica de pleitos.

Según un informe reciente de la consultora Oliver Wyman, los intereses abusivos van a ser el próximo quebradero de cabeza de la banca tras las cláusulas suelo o los gastos hipotecarios, con entre seis y ocho millones de personas potencialmente afectadas que podrían reclamar en el juzgado. Este tipo de tarjetas ofrece dos opciones: pagar a fin de mes lo comprado, como cualquier tarjeta de crédito, sin comisiones ni intereses; o usar un sistema de pago aplazado que se llama revolving y permite abonar “cómodamente” cuotas fijas cada mes. Es decir, funcionan como una línea de crédito con intereses altos. El problema se presenta cuando esas cuotas no llegan a cubrir el principal y generan nuevos intereses que se acumulan.

“La deuda se convierte prácticamente en perpetua, salvo que tengas capacidad para quitarla a final de mes. Hay mucha gente atrapada”, asegura Francisco Roldán, abogado colaborador de Asufin que ha ganado en un juzgado de Córdoba contra Wizink. El magistrado consideró el interés de la tarjeta, contratada en una gasolinera, como usurario y además afeó la falta de información al cliente: el tipo de interés y el TAE estaban en la parte de atrás de la solicitud y “con una letra absolutamente microscópica”, lo que “dificulta totalmente la comprensión del consumidor”. La sentencia señala también que estas tarjetas son una forma de créditos al consumo encubiertos.

Decisiones contradictorias en segunda instancia

Esta última manifestación del juez de Córdoba es muy relevante para la batalla jurídica que ya se está librando en segunda instancia, en las audiencias provinciales. Los jueces y tribunales se están basando en la Ley de Represión de la Usura de 1908 y en una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 que abrió la puerta a las reclamaciones, al fijar que es usurario un interés remuneratorio “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado”. La sentencia del Supremo consideró usura un TAE del 24,6%, “que era más del doble del interés medio ordinario en operaciones de consumo de la época, entre 2001 y 2009”, explica José Carlos González Vázquez, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense. El contrato se consideró abusivo y, por tanto, nulo. El banco tuvo que devolver todos los intereses pagados.

La mayoría de audiencias provinciales está considerando usurarios los intereses habituales de las tarjetas revolving, que rondan el 25% de TAE, pero hay algunas (Murcia, Salamanca, Albacete) que están dando la razón a los bancos. En Madrid, por ejemplo, cada sección dice una cosa. La clave está en las estadísticas que publica el Banco de España. Antes de 2010 los datos de los intereses de préstamos al consumo se publicaban de manera unificada englobando los préstamos personales (con intereses más bajos) y los de las tarjetas revolving(más altos). Si se hacía la media, el 25% TAE era usura porque suponía más del doble.

Desde 2010 se publican por separado. “Las audiencias que desestiman que intereses de entre el 19,5% y el 26,8% sean usurarios no es porque desconozcan o contradigan la doctrina del Supremo sino porque consideran que el término de comparación para valorar si es notablemente superior al normal no debe ser los créditos al consumo en general sino los créditos revolving con tarjeta de crédito”, precisa González Vázquez. Ante esa diferencia de interpretación, el profesor de la Complutense cree que “podía ser útil y clarificador un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo”.

El cliente desistió de ir al Supremo

Estuvo a punto de haberlo el mes pasado. El 12 de junio el pleno de la sala primera del Triunal Supremo iba a deliberar sobre un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete que decidió que un interés del 22,42% no era usura al compararlo con las estadísticas del Banco de España para 2014, fecha del contrato: entonces la media de las tarjetas revolving era del 21%. Pocos días antes, el cliente de Bankia de Albacete desistió del recurso. A preguntas del EL PAÍS, su abogado, Luis Ventura Cañamares, no desveló si el banco había llegado a un acuerdo extrajudicial alegando su deber de secreto profesional. Varios abogados de clientes de revolving aseguran que los bancos podrían haber acudido al Supremo hace tiempo y no lo están haciendo porque temen un fallo que les perjudique.

Las entidades bancarias consultadas rechazaron comentar el problema del revolving. Solo Wizink accedió a dar un dato: en el primer trimestre de 2019 ha recibido 599 demandas. En los tres años anteriores fueron 800. “Estamos a la espera de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo”, señaló un portavoz. Las reclamaciones por intereses abusivos representan «un porcentaje insignificante con respecto a nuestra cartera de clientes en España», añadió.

En muchas ocasiones no están siendo los bancos sino fondos internacionales (también llamados fondos buitre) los que pleitean en los tribunales por las tarjetas revolving. Según explica César Duro, de Duroa Abogados, muchas entidades han cedido créditos impagados en grandes carteras a fondos como TTI Finance, Investcapital o Hoist Finance y son estos los que demandan a los consumidores. “Es más habitual negociar con las entidades que con los fondos porque a las entidades les interesa más llegar a acuerdos para no perjudicar su reputación con el resultado del juicio. Sin embargo, a los fondos eso no les importa”, señala. También son muy habituales, añade, los acuerdos extrajudiciales, ya que las entidades están intentando evitar la condena en costas. “Nosotros, si ofrecen un acuerdo justo para el consumidor, aceptamos y no vamos a juicio”, añadió.

EL BANCO DE ESPAÑA PIDE A LAS ENTIDADES MEJOR INFORMACIÓN

Las tarjetas revolving también preocupan al Banco de España, que en su última Memoria de Reclamaciones, de 2018 y presentada hace unos días, destaca que son “muchos” los expedientes que se refieren a esta tipología de tarjetas “de lenta amortización” en las que los clientes pagan cuotas bajas cada mes que eternizan la devolución de la deuda. Este organismo no entra a valorar si los intereses son usurarios o no —eso corresponde a los tribunales, matiza el informe— pero sí hace recomendaciones a las entidades, a modo de buenas prácticas: informar a los clientes del plazo de amortización, darles ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que representaría aumentar el importe de la cuota y facilitarles el importe de la cuota mensual que permitiría liquidar toda la deuda en el plazo de un año.

Las reclamaciones al Banco de España que más crecieron porcentualmente en 2018 respecto al año anterior fueron las relacionadas con préstamos personales (un 86,3%). Durante la presentación del informe, Fernando Tejada, director de Conducta y Reclamaciones, aseguró que su departamento había encontrado numerosos casos de tarjetas en las que venía activado por defecto el sistema revolving. El Banco de España considera que las tarjetas revolving son un tipo de crédito al consumo.

El fallo considera que el veto al plan de pagos elimina la segunda oportunidad

Hacienda no puede anular el perdón, pasados cinco años, de las deudas de una empresa concursada, incluido en un plan de pagos aprobado por el juez del concurso, al existir un error en la redacción de la Ley Concursal (LC), que daba la iniciativa al Juzgado y, al tiempo, introducía la exigencia de permiso del deudor público.

Así, lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia, de 2 de julio de 2019, en la que establece que «aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público».

En la sentencia se explica que la contradicción existente en la LC hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el artículo 178bis de la LC, que es la exoneración de deudas.

Por ello, interpreta el ponente, que a través de este artículo se permite que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda, por lo que la sentencia, bajo una interpretación finalista, dictamina que «ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas, incluido el acreedor público, sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan».

El ponente, el magistrado Sancho Gargallo, concluye que cuando el concursado opte por la exoneración inmediata, pero Hacienda considere que no se cumplen los requisitos para ello, no hay inconveniente en que opte por la alternativa del plan de pagos en cinco años, con la condición de que se cumplan las garantías legales exigibles.

La referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general del artículo 7.1 del Código Civil, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del artículo 178.3 de la LC, cuya naturaleza es heterogénea.

Existencia de buena fe

La denuncia de la inexistencia de buena fe exigida por ese artículo de la LC se debe ceñir al cumplimiento de esos requisitos y no, como subyace argumentaba Hacienda, a que en la solicitud inicial se hubiera omitido la existencia de un crédito contra la masa que luego, al oponerse la Aeat, fue admitida.

Sancho Gargallo explica que la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas. Esta condonación puede ser inmediata o en cinco años.

En ambos casos, se supedita a unas exigencias que justifiquen la condición de buena fe del deudor y a la satisfacción de un reembolso parcial de la deuda. La deuda debe tener en cuenta el interés equitativo de los acreedores y que, en la medida de lo posible, sea proporcionada a los activos y la renta embargables o disponibles del deudor concursado, pues de otro modo en la mayoría de los casos la exoneración del pasivo sería imposible, y la norma se haría prácticamente inaplicable.

En atención a estas consideraciones, estima el ponente, que la exoneración plena en cinco años está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general.

Para que se pueda eximir la deuda, la Ley Concursal exige que el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se hubiera acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso.

Y, además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata o la exoneración en cinco años, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa.