Los comercios que acepten criptomonedas como medio de pago no tendrán que declarar esos ingresos en el IVA. La Dirección General de Tributos (DGT), en una consulta vinculante de este 7 de septiembre, señala que los bitcoins, criptomonedas y demás monedas digitales «son divisas que constituyen medios de pagos» y, por tanto, su entrega no está sujeta al IVA.

Para llegar a esta conclusión recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en un fallo del 22 de octubre de 2015, señaló que las divisas virtuales constituyen un medio de pago directo entre los operadores que la aceptan.

El artículo 135, apartado 1, letra e), de la Directiva europea del IVA señala que quedan eximidas del impuesto «las operaciones, incluida la negociación, relativas a las divisas, los billetes de banco y las monedas que sean medios legales de pago». Así, el TJUE concluyó que las criptomonedas se enmarcan dentro de este artículo que permite su exención en el impuesto.

Por tanto, ahora la DGT determina que los ingresos que obtengan los comercios a través de estos medios de pago están exentos del IVA. Tributos resuelve así la consulta de una asociación de hostelería que agrupa varios restaurantes que se plantean aceptar criptomonedas como medio de pago.

Con el objetivo de prevenir del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo las autoridades fiscales ponen el foco sobre las criptomonedas
Gran parte de los contribuyentes tiene en cuenta que existen algunas operaciones que deben declarar ante la Agencia Tributaria, como las transferencias bancarias, siempre y cuando reúnan algunas condiciones.

Sin embargo, pocos tienen en cuenta que también tienen que cumplir con algunas obligaciones fiscales si han adquirido algún tipo de criptomonedas. Descubre todos los detalles a continuación.

Declarar las criptomonedas
Bajo el propósito de prevenir del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las autoridades fiscales también pone el foco sobre las monedas virtuales.

Las personas que tienen criptomonedas están sujetas a algunas obligaciones fiscales.
A ojos de Hacienda, las criptomonedas «no son monedas de curso legal», dado que no están emitidas ni cuentan con la garantía de un banco central o autoridad pública.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se pueden utilizar como método de pago o para obtener otro tipo de bienes, están sujetas a la declaración del Impuesto de Patrimonio.

Dentro del amplio abanico de criptomonedas que existen, las más conocidas y populares son los bitcoins, si bien también existen las altcoins, un tipo de monedas virtuales alternativas.

Tanto los bitcoins como los altcoins, se generan a través de un sistema que protege la información y las comunicaciones mediante algoritmos que las hace seguras.

Los bitcoins son una de las monedas virtuales más populares

Además, se caracterizan por operar de forma independiente con sus propias redes DLT, una tecnología de registro distribuido o blockchain, detalla la Agencia Tributaria.

Los tokens son otras de las criptomonedas presentes en el mercado. Se diferencian de los bitcoins por no tener su propia red DLT, por lo que requieren de otra plataforma para funcionar.

El fisco distingue entre bitcoins, altcoins y tokens.
Un claro ejemplo es Ethereum, una de las plataformas que permite que personas o entidades puedan crear sus propias monedas virtuales para financiar proyectos.

Consecuentemente, los tokens pueden utilizarse como medio de pago pero también para otros usos. Pues, pueden representar una moneda, pero también una propiedad, una acción, un activo financiero.

Estos son los nuevos modelos
Según recoge el BOE de 29 de julio, a partir de enero de 2024 se deberán presentar distintos modelos para declarar aspectos relacionados con este tipo de monedas.

Las criptomonedas se habrán de declarar con el modelo 172, 173 o 721

Uno de ellos es el modelo 172, con el que se podrá declarar la información relativa a los saldos en monedas virtuales, sí como el modelo 173, en el que se podrán comunicar las operaciones que se realicen con este tipo de monedas.

También se podrá utilizar el modelo 721, con el que se podrá declarar los datos relacionados con las monedas virtuales situadas en el extranjero. Con todo, el plazo para presentar estos modelos se iniciará el 1 de enero del próximo año y se alargará hasta el 31 de marzo de 2024.

Fuente: https://www.economiadigital.es/

Las personas físicas que sean titulares de un valor superior a 50.000 euros en criptomonedas están obligadas a informar del saldo de las mismas en la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el Real Decreto 249/2023, de 4 de abril.

Paula Gámez, socia del área de derecho tributario de Ceca Magán Abogados, explica que, a partir del primer día del año 2024 los tenedores de criptomonedas en España «pasarán a ser operadores financieros como cualquier otro, tenidos como responsables de las operaciones, y no van a poder no informar».

«El mundo cripto se domestica», declara la abogada, destacando que, hasta ahora, los criptoactivos no se podían trazar, por lo que se desconocían las operaciones que se realizaban con ellos, derivando en aproximadamente 2.400 millones de euros sin gravar, según los cálculos de las autoridades europeas. «Se decía que era un pseudoparaíso fiscal», afirma. «Era esperable que la Administración tributaria quisiera estos datos».

Así, la obligación de informar sobre criptomonedas, incluyendo datos como nombre y apellidos, razón social o denominación completa, domicilio y número de identificación fiscal de las personas físicas o jurídicas, abarcará las «wallet» (monederos virtuales almacenados en ‘hardware’ o ‘software’) que se gestionen en el país.

Vale la pena mencionar que España solo regulará las criptomonedas, aunque otros Estados miembros de la Unión Europea cubrirán todos los criptoactivos basados en tecnologías descentralizadas y similares, una formulación legal para adelantarse a los desarrollos técnicos de estas herramientas y que estos no requieran normas tributarias adicionales.

«Estos requerimientos van a ser complicados para los ‘wallet’ y servicios de ‘exchange’ (proveedores de servicios de cripto) porque tendrán que manejarse muchos datos que no necesariamente tienen a la mano», aclara Gámez, añadiendo que «todo se basa en claves encriptadas» y poniendo en relieve que «el mundo cripto va de ser anónimo y descentralizado».

Con cada vez más criptoactivos, la normativa contra el blanqueo de dinero también exigirá que toda operación de canje y transferencia cumpla con «reglas de viaje», es decir, que aparezcan los datos encriptados de ordenante y beneficiario dentro de la orden. «Quien no sabe, es porque no ha prestado atención», afirma Gámez.

La mayor plataforma de criptomonedas opera en el país de forma oficial desde 2020, con registro pero sin supervisión. La firma evita precisar los detalles de su actividad local, que solo reportó beneficios por 8.000 euros en 2021
Binance, la mayor plataforma de intercambio de monedas digitales del mundo, vive su hora más gris. La petición del supervisor de los mercados estadounidenses de ponerle punto final a la operación del portal cripto se limita a los usuarios estadounidenses, aunque los clientes del resto del mundo miran con atención y apuran las retiradas de fondos. Más de 1.000 millones de dólares han sido retirados por los clientes desde el lunes, a pesar de que el servicio continúa operando sin restricciones en la mayor parte de los mercados, incluido España, donde las disputas con los reguladores han sido una constante.

La actividad de Binance en España no es nueva. La firma creada en 2017 por el empresario chino-canadiense Changpeng Zhao, ahora en el disparadero de la Justicia estadounidense, está presente en España al menos desde 2019 con actividades de comunicación.

No obstante, la sociedad germen de Binance Spain se constituyó en septiembre de 2020, solo después de que el bitcoin cerrara el segundo mejor trimestre de su historia. La compañía fue registrada bajo el nombre de Moon Tech Spain, con un capital social de 3.100 euros y como socio único figuraba Luis Vaello García, el entonces director regional del exchange, según consta en el Registro Mercantil. Lo curioso es que, pese al interés emergente en las criptomonedas, el objeto social de la firma no incluía la plataforma de dinero virtual, sino que se limitaba a “la prestación de servicios de atención al cliente y servicios de consultoría informática y tecnológica”.

2022 fue el verdadero año de consolidación. En marzo de ese año, la filial francesa del exchange, Binance France, constituida solo cinco meses antes, se convertía en accionista único de Moon Tech, según los datos publicados por el BORME. Moon Tech cambió en septiembre de ese año su denominación y adoptó la del conglomerado internacional, Binance Spain. Pero el verdadero salto se da en julio de ese año con su registro como plataforma de activos digitales ante el Banco de España. Esto permite a la compañía ofrecer “servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos en España”, según señalaba el grupo internacional entonces en un comunicado.

En paralelo, y de acuerdo al nuevo registro, la sociedad amplió su objeto social para, ahora sí, incluir su verdadera esencia: el “desarrollo y mantenimiento de una plataforma de trading digital para unidades monetarias digitales (moneda virtual o criptomoneda)”. Sin embargo, el cambio de actividad, y su “empadronamiento” en el registro oficial no supone de ningún modo que el Banco de España apruebe o verifique su actividad, como si se tratara de una entidad bancaria. Al igual que otras 67 firmas, esto no implica ningún tipo de supervisión financiera. La inclusión en el registro constata únicamente que se cumplen con los requisitos de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Una situación similar se repite en siete países de la Unión Europea. Además de España, la firma se encuentra registrada en Francia, Italia, Lituania, Chipre, Polonia y Suecia. Sin embargo, en otros países europeos ha tenido más dificultades que en el mercado español: en 2021, el regulador británico prohibió la operación de Binance de productos regulados en todo el Reino Unido a través de través de binance.uk, al destacar la escasa protección que la plataforma ofrecía a los consumidores. Un poco después, en julio de 2022, las autoridades holandesas imponían una multa de 3,3 millones de euros a la compañía por operar en el país sin estar registrada.

Binance Markets Limited

Las dificultades en España sí comenzaron a llegar poco después: en octubre de 2022, un usuario demandó a Zhao y a Moon Tech por el presunto delito de estafa informática y apropiación indebida. Esto generó que un juzgado de Madrid llamará a la empresa a declarar como imputado en marzo de este año. CZ, como suele hacerse llamar el fundador de esta plataforma, no compareció frente al llamado de la Justicia española, alegando que su residencia está en Dubái (según informaron fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento), al igual que su representante legal. Ahora, la jueza instructora debe fijar fecha para una nueva declaración, aunque por el momento se desconoce si ya lo ha hecho.

Sombras regulatorias
Aunque no ha llegado a multas económicas como en Países Bajos ni a alertas de ilegalidad como en Italia, la operación en España sí genero fricciones con los reguladores. Binance ya tuvo un encontronazo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el año pasado, cuando recibió un requerimiento del regulador del mercado español por comercializar derivados con criptomonedas como subyacente. Los derivados sí son un producto financiero regulado, para cuya venta Binance no cuenta con autorización en España. Ante el aviso de la CNMV, Binance debía decidir si se plegaba a las exigencias regulatorias propias de la comercialización de derivados o si renunciaba a la venta de este producto. Y optó por suspender la venta, una decisión que también se vio forzada a tomar en otros mercados europeos.

Fuentes de la CNMV señalan que no han detectado nuevas irregularidades en ese sentido, al limitar su operación a las criptomonedas, un activo que sigue sin estar regulado y, por tanto, queda fuera del ámbito de supervisión de la institución.

El hecho de que la actividad de las plataformas de criptodivisas no esté aún regulada está dando lugar a escándalos como las denuncias planteadas esta semana por la SEC contra Binance y Coinbase. En Europa, se espera que este vacío regulatorio quede resuelto con el reglamento comunitario MiCA, ya aprobado, pero cuya entrada en vigor no se espera hasta la segunda mitad de 2024.

La normativa europea no recoge algunos de los productos que la plataforma exhibe en su página web, como los préstamos garantizados por criptoactivos o los depósitos con rendimientos superiores al 15%. Además, los foros de usuarios están plagados de ‘consejos’ y trucos para que los usuarios europeos aprendan a utilizar una VPN (una red virtual privada, por sus siglas en inglés) y sorteen así las limitaciones locales. Esto es uno de los problemas que enfrenta Binance en Estados Unidos: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusa a la firma de instruir directamente a sus clientes a utilizar estas herramientas para ocultar sus ubicaciones y comercializar activos regulados sin impedimentos.

Ante la consulta de este periódico, la compañía responde que su modelo operativo, tanto en España como a nivel global, “está impulsado por la centralidad del usuario”, articulada alrededor de la transparencia, la seguridad, el cumplimiento y la educación. Frente a las acusaciones en EE UU. de desvío de fondos, Binance resalta a CincoDías que la firma “no posee ni opera ninguna entidad que se dedique a actividades comerciales en contra de los usuarios ni utiliza los activos en custodia con otro propósito que no sea lo que los usuarios específicos solicitan bajo los términos de ciertos productos”.

Fuerte cautela
Desde la entrada de Binance France como socio único, la filial española no ha presentado ningunas cuentas al Registro Mercantil, ya que las últimas depositadas son las del cierre del ejercicio 2021. Durante ese ejercicio, Moon Tech registró una cifra de negocio de 1,53 millones de euros y un beneficio limitado a 8.370 euros, frente a los 37.807 del año anterior. La plataforma cobra una comisión de 0,1% cuando se compran y venden monedas cripto, a excepción de bitcoin, cuya operación es gratuita.

La compañía evita dar cifras de la cantidad de usuarios españoles que acceden a la app, y solo se ha limitado a destacar el interés local en las criptomonedas, a la que se suman otros 128 millones de usuarios a nivel global. “No hay forma de saber cuántos españoles operan con Binance. La complicación para cualquier investigación es tremenda”, añaden fuentes financieras.

La matriz en Francia, que cuenta con su sede en Paris al igual que otros gigantes del sector como Crypto.com, también prefiere evitar hacer públicos sus datos. Con un capital social de 50.000 euros, según datos del registro mercantil francés, la filial local está abocada a un fuerte proceso de expansión. Tras un encuentro entre el presidente francés y Zhao en abril de este año, Binance ya sumó más de 150 nuevos colaboradores en Francia desde comienzos de 2023.

Tras la aprobación de la regulación comunitaria para los mercados de criptoactivos, la dirección local de Binance había deslizado incluso la opción de que España siga el mismo camino que Francia. “MiCA hace de la UE y de España un lugar más atractivo para que las empresas Web3 innoven y atraigan talentos”, mencionaba a CincoDías en abril Javier García de la Torre, director para España y Portugal. Esta semana la firma ha abierto una vacante local en su equipo de marketing local, que engrosaría su plantilla, que a finales de 2021 contaba con 65 colaboradores.

El mensaje oficial de la firma destaca que no se trata de “una plataforma estadounidense”, por lo que las acciones del regulador americano están fuertemente limitadas. Los próximos pasos de Zhao y la firma no están claros: si bien la desconfianza no entiende de fronteras, ya hay analistas que estiman que la compañía podría concentrar sus esfuerzos en el mercado europeo. El miedo, la incertidumbre y la duda, los tres principales fantasmas que Zhao menciona de forma constante en todas sus declaraciones públicas, serán determinantes para el futuro de la plataforma y el sector.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la directiva que regulará los activos digitales en la UE. Un primer paso para poner orden en este mercado pero que no será un “bálsamo arreglatodo”

Más vale tarde que nunca. Tras cuatro años de análisis, dos de formulación legislativa y múltiples votaciones postergadas, el Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la nueva regulación para los mercados de criptoactivos, conocido como el Reglamento “MiCA”, Markets in Crypto Assets por sus siglas en inglés. La directiva busca armonizar la legislación de los Veintisiete, que desde 2008 han intentado dar respuestas unilaterales al auge de las monedas digitales. Estas son las claves de la nueva regulación:

¿En qué consiste?
El Reglamento MiCA intenta dar forma a un marco regulatorio que armonice e integre la legislación en todos los Estados miembros de la Unión Europea, que hasta ahora establecían sus propias normas para contener la popularidad del bitcóin y otras monedas digitales. En particular, el marco europeo busca regular la emisión, la oferta al público y la negociación de criptoactivos, a los que dota de una definición común y concreta.

La intención de la legislación es que los usuarios y titulares de estas monedas digitales cuenten con información confiable y transparente sobre los productos que están adquiriendo, reforzando su protección frente a crisis como las de FTX, BlockFi o TerraLuna. “Estamos implementando salvaguardas que evitarían que las empresas activas en el mercado de la UE se involucren en algunas de las prácticas que llevaron a ciertos operadores de criptoactivos al colapso”, ha apuntado la comisaria europea de servicios financieros, Maired McGuinness, quien ha añadido que “como hemos visto en los últimos meses, las reglas y la supervisión estrictas son muy necesarias”.

McGuinness ha reconocido que “si bien este mercado todavía es demasiado pequeño para desencadenar riesgos sistémicos, también sabemos que hay crecientes vínculos entre el mercado de criptoactivos y los servicios financieros tradicionales”.

¿Qué se va a regular?
MiCA pretende regular cualquier “representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar”. Esto es un salto en el lenguaje legal utilizado para las criptomonedas, previamente definidas por el Parlamento Europeo en 2015 por no estar emitidas ni garantizadas por “un banco central ni por una autoridad pública”. A la vez, establece diferencias entre criptomonedas (aquellas que puedan utilizarse como medio de intercambio o pago), stablecoins (criptomonedas con mecanismos de estabilización de precios) y tokens (representaciones digitales de bienes físicos, derechos o servicios.

Los supervisores así pondrán su mirada sobre una serie de proveedores de servicios, que van desde las carteras de custodias (o wallets, por su nombre en inglés), las plataformas de intercambio (exchanges) y negociación hasta los gestores de criptocarteras. Todos ellos deberán estar registrados previamente.

¿Los usuarios verán algún cambio?
La mayor diferencia para los usuarios y consumidores será la limitación a la publicidad y promoción de los criptoactivos que las empresas pueden hacer. Si un proveedor de servicios desea ofrecer o promocionar una moneda digital, deberá publicar previamente un documento técnico (o white book, en inglés) que deberá contener la información central sobre las características, derechos y obligaciones, tecnología subyacente y otros datos relacionados con el proyecto.

¿Podrá evitar una nueva debacle en el sector?
La última etapa de negociación parlamentaria, en la segunda mitad de 2022, ya en pleno criptoinvierno, incorporó nuevas medidas de protección para los consumidores. Entre ellas se incluye la asignación de reservas clave para las stablecoin, de modo que los activos estén respaldados por el mismo valor de las monedas de referencia. El emisor de criptoactivos también debe proporcionar un plan de reembolsos en caso de dificultades, de modo que se garantice a los titulares de criptoactivos la recepción de monedas equivalentes.

En este sentido, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) podrán actuar en caso de que detecten peligros operativos en los proveedores de criptoservicios.

En España, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha advertido que la normativa “no es un bálsamo arreglatodo” y que “no eliminará todos los riesgos”. Buenaventura apuntó en febrero que la norma no incluye un fondo de garantía de inversores, por lo que, aunque estos activos estarán regulados, “no estarán a un nivel parejo de protección” al de otras alternativas de inversión.

En el mismo sentido, Mariona Pericas Estrada, asociada principal de la firma finReg360 resalta el peligro de caer en un pensamiento mágico por el cual los usuarios consideren que ya no hay riesgo. “La regulación tampoco es un remedio infalible a las malas noticias, momentos de pánicos, caídas de precio o malas prácticas”, señala Pericas Estrada, aunque la considera “un gran punto de partida”.

Para esta especialista, el nuevo reglamento supone un desafío para España, ya que el país (como el resto de los miembros de la UE) deben acompañar MiCA con la mayor seguridad jurídica para que “el mercado crezca de manera sostenida y otorgue certezas a las entidades e inversores”

¿Cuándo entrará en vigor?
MiCA se aplicará directamente en toda la Unión Europea (UE) sin necesidad de leyes nacionales de aplicación. La entrada en vigor del Reglamento sobre mercados de criptoactivos estaba prevista inicialmente para mediados de 2023. Sin embargo, los retrasos en su aprobación en el Parlamento Europeo han provocado que no entre en vigor hasta mediados de 2024 -otra parte se retrasará hasta principios de 2025-, ya que se prevé un periodo de 18 meses desde su publicación en el Diario Oficial de la UE para permitir la adopción de ciertas medidas antes de la aplicación en su totalidad de MiCA.

¿Y quién lo va a controlar?
La legislación no contempla la creación de una nueva autoridad competente, sino que cada Estado miembro será el responsable de establecer los órganos a cargo de la supervisión. Tampoco menciona la regulación si estas estas autoridades han de ser de nueva creación o pueden ser entidades ya existentes.

¿Cómo afecta a las plataformas cripto?
Todos los prestadores de servicios cripto deberán cumplir una serie de obligaciones generales, que van desde su actuación de forma honesta, justa y proporcional hasta la formación de órganos de administración y la contratación de pólizas de seguros. Al mismo tiempo, deberán habilitar un procedimiento claro de gestión de disputas para sus clientes.

Estos, al igual que los emisores de los tokens, deberán estar registrados ante las autoridades europeas y seguir una serie de normas de funcionamiento y gobernanza. La buena noticia es que estas firmas no necesitarán de permiso de cada país de la UE para operar, sino que podrán hacer uso del ‘pasaporte comunitario’ y así reducir la carga regulatorio pudiendo operar en todo el territorio.

A pesar de las nuevas obligaciones, la regulación aprobada puede ser un punto clave para cerrar los escándalos que acecharon al sector en 2022. “Si bien la regulación requiere un esfuerzo significativo y en cierto modo puede verse como una barrera de entrada, estamos convencidos de que puede impulsar el sector y mejorar su imagen”, destaca Pericas Estrada. La especialista resalta que la nueva seguridad jurídica permitirá consolidar que nuevos proyectos se consoliden y ofrezcan mayores garantías a usuarios e inversores.

¿Cómo han reaccionado las empresas?
Las empresas del sector han aprovechado la aprobación de la normativa europea para destacar su compromiso continúo con la seguridad y las buenas prácticas, aunque estiman que es posible una consolidación en el número de entidades que operan en la legalidad.

Binance, el mayor exchange global por volumen de intercambio, considera que la regulación es “un hito” que desplaza al panorama normativo “hacia delante” en beneficio de los usuarios y la industria. “MiCA aportará claridad regulatoria a uno de los mayores mercados del mundo, haciendo de la UE, y de España, un lugar aún más atractivo para que las empresas Web3 innoven y atraigan talento”, confirma Javier García de la Torre, director de la plataforma para España y Portugal,

“Es realmente una legislación pionera a nivel mundial, una normativa estandarizada aportará confianza y seguridad al sector”, afirma convencido Eric Demuth, CEO y fundador de Bitpanda, otra de las plataformas líderes en Europa. Joâo Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer de Bit2Me, resalta también la importancia que el reglamento le da a la “protección al consumidor y al inversor”. Para él, se “establecen medidas de prevención de abusos de mercado y situaciones que afecten a la integridad del mercado”.

“Se trata de una gran victoria para fomentar la adopción generalizada de los criptoactivos, ya que la transparencia sigue siendo uno de los mayores retos para alcanzar este objetivo”, apuesta decidido Jean-Baptiste Graftieaux, CEO global del exchange Bitstamp.

La gran banca europea, agrupada en la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME), ha planteado en sus consultas con los parlamentarios su satisfacción con la propuesta de regulación, ya que permite dar respuesta al apetito de diversificación de sus clientes. Sin embargo, sigue habiendo conciertos en torno a la propuesta, incluida la responsabilidad de los custodios de criptoactivos si algo sale mal.

¿Qué dicen los críticos?
Los académicos consultados durante el proceso parlamentario resaltan que, aunque la regulación tiene un enfoque adecuado, la acción debería estar coordinada a nivel global por organizaciones como el G20. “La característica que define a las finanzas descentralizadas es que no tienen fronteras y, por tanto, son accesibles a muchos. Que la industria experimente con formas de dividir y distribuir el riesgo es peligroso. Y cuanto más populares se hagan las criptomonedas, mayor será el riesgo de que algo salga mal y provoque una conmoción mundial”, señala Maria Demertzis, investigadora del centro de estudios Bruegel.

¿Cuáles son las expectativas a futuro?
La cúpula del Banco Central Europeo (BCE) ha realizado numerosos llamados durante 2022 a dar un paso más allá de MiCA. La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, instó a Bruselas a trabajar en un ‘MiCA 2′, que debería regular también las finanzas descentralizadas (DeFi), junto al staking (depósitos de monedas digitales que rentan hasta el 40% anual) y los préstamos de este tipo de monedas.

Los legisladores europeos también sugirieron durante el debate del día miércoles su apoyo a una medida adicional contra el blanqueo de dinero, que exigiría adicionalmente a los proveedores de criptomonedas que recopilen detalles sobre la identidad de sus usuarios.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

La nueva ley de los mercados le da al Banco de España la potestad sancionadora

La Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de marzo, adecua la regulación a la nueva economía de los criptoactivos. El texto otorga al Banco de España las competencias para la supervisión, la inspección y la sanción en materia de activos digitales y con el objetivo de adaptar el reglamento de criptoactivos desarrollado por el Parlamento Europeo, fija una serie de sanciones para las compañías proveedoras o que permiten operar con estos activos que pueden suponer el triple del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas como resultado de la infracción o también, hasta el 20% de la cifra de negocio.

Estas multas, que correrán de la mano del Banco de España, obedecerán a las infracciones más graves que pasan por el incumplimiento por parte de las compañías emisoras de criptoactivos del deber de información de la oferta para que el inversor tome una decisión con conocimiento. También por infringir la obligación de notificar al supervisor cualquier cambio del modelo de negocio; incumplir la obligación de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en beneficio de los inversores, devengar intereses, carecer de un plan de liquidación ordenado en caso de problemas para evitar un perjuicio económico a los titulares de estos activos o no ofrecer publicidad de forma clara.

Responsabilidad de directivos
Las sanciones irán dirigidas tanto a las compañías que emitan criptoactivos como a los miembros del consejo de administración o a los directivos . Asimismo, la nueva normativa también señala que solo podrán emitir criptoactivos y fichas de dinero electrónico «las personas jurídicas que hayan obtenido la perceptiva autorización» por parte del Banco de España.

De este modo, el texto es claro: «Se prohibe a toda persona, física o jurídica, no autorizada el ejercicio de dicha actividad».

Por otro lado, la ley, respecto a las obligaciones del Banco de España, introduce un nuevo artículo en la Ley 1072016, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, con nuevas obligaciones para el organismo. Así, obliga a la institución a incluir en la memoria que elabora sobre su función supervisora un informe del órgano de control interno sobre la adecuación de las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del Banco de España. «Esta memoria deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco de España y se remitirá a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación», recoge el texto.

Finalmente, entre otros aspectos, la nueva ley también modifica el plazo del mandato del presidente, vicepresidente y de los miembros del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, la normativa amplía el mandato de estos miembros a seis años, frente a los cuatro años actuales, aunque una vez transcurrido ese periodo, no hay posibilidad de renovar.

La nueva ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 17 de marzo y entrará en vigor a los 20 días, es decir, el próximo 6 de abril.

La tributación de los activos digitales sigue planteando dudas a los inversores en 2023

La inversión en criptoactivos sigue creciendo a pesar de los escándalos como la quiebra de FTX. Según el IV Observatorio del ahorro y la inversión en España, realizado por Bestinver y el IESE Business School, 1 de cada 4 inversores declaran que poseen criptomonedas y los NFTs empiezan a formar parte de sus carteras de inversión. Unas rentas sobre las que Hacienda ha puesto el ojo pero que, según los expertos consultados por Cinco Días Legal, el Fisco tiene difícil destapar. De momento, este año, no hay un modelo para informar sobre la tenencia de criptos en el extranjero.

Si bien los activos digitales no operan en los circuitos convencionales, ello no impide que estén sujetos a tributación y en el punto de mira de Hacienda. De hecho, el Plan Anual de Control Tributario de 2023 vuelve a incluir medidas para vigilar las transacciones de criptoactivos como la implantación de sistemas de suministros de información o planes de investigación asociados al empleo de estos activos en el ámbito de la economía digital.

El IRPF es el principal impuesto que recae sobre las operaciones con activos digitales. Alejandro Moscoso del Prado, counsel de fiscal de Hogan Lovells, explica que las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en operaciones como la venta o permuta de activos digitales, los rendimientos derivados del staking de criptomonedas, o los que se generan por las llamadas finanzas descentralizadas (DeFi), deben incluirse en la base del ahorro del IRPF y tributan a tipos entre el 19% y 28%.

Pero este no es el único impuesto que grava las criptos. Los poseedores de estos activos también los deben declarar en el impuesto sobre el patrimonio, ya que, como aclara Marcos González, asociado en Cremades & Calvo-Sotelo, el hecho de que sean virtuales no excluye que representen un valor cuantificable. Así como en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para personas físicas que los adquieran por donación o herencia.

No cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de operaciones con criptomonedas o NFTs conlleva importantes multas. “Las sanciones pueden oscilar entre un 50% del impuesto dejado de ingresar si la infracción se califica como leve y un 150% si se califica como muy grave”, apunta Moscoso del Prado.

Sin embargo, la gestión fiscal de los activos digitales plantea todavía muchos retos. Para Luis Ernesto Guerrero, asociado en Broseta Abogados, el principal desafío es la ausencia de previsiones específicas en la norma fiscal para este tipo de activos. Esto provoca, según señala Guerrero, que sea fundamental determinar la naturaleza jurídica de estos activos para que sus transacciones encajen en la normativa fiscal vigente. Una cuestión que, en su opinión, “no es pacífica”. Determinar las rentas devengadas, su conversión a euros y la documentación soporte de las operaciones, son otras de las principales dificultades de la tributación de los criptoactivos que señala el abogado. Por ello, Guerrero aboga por regular un marco de tributación propio que busque un enfoque práctico, “aunque ello suponga en algunos casos diferir o renunciar a parte de la recaudación”.

Deber de información
Moscoso del Prado admite que, la ausencia de una regulación específica implica analizar la naturaleza de cada activo digital por separado y su tributación en cada impuesto. Según el fiscalista las dudas más habituales de sus clientes son si existe o no la obligación de declarar las operaciones con criptomonedas, el IVA en la compraventa de NFT y la información que debe declararse a la Administración tributaria sobre dichas operaciones.

En este punto, hay que advertir que este año no se deben declarar las criptomonedas que se tengan en el extranjero. Si bien, la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal de 2021 introdujo esta obligación, todavía no se ha aprobado la normativa de desarrollo ni el modelo 721 destinado a ello. Marcos González atribuye este retraso no sólo a la gran actividad legislativa de los últimos meses, sino también a que el modelo 721 propuesto requiere “una declaración de información muy detallada, que puede que el operador no conozca, y que resulta ajena al mundo y a la operativa cripto”.

Resoluciones de la DGT que aclaran dudas

Valoración. La DGT en consultas como V1604-18 y V0975-22 confirmó que, para determinar la ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF en la transmisión de criptomonedas, debe aplicarse el método FIFO, como en las transmisiones de valores.

Permuta. En la consulta V0999-18 se resolvió que sí hay que declarar la ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF en caso de permuta con otra criptomoneda distinta, incluso aunque no se haya transmitido por dinero FIAT.

Stacking. La DGT confirmó en su consulta V2679-21 que las operaciones financieras en las que se adquieren criptomonedas y se mantienen bloqueadas para recibir recompensas (staking) están exentas de IVA cuando se realicen en calidad de empresario o profesional. Asimismo, en consulta V1766-22 validó la calificación de estas recompensas como rendimientos del capital mobiliario.

Vender NFT. La consulta V2274-22 concluyó que en la venta de NFT a través de plataformas online que actúan como intermediarias, se debe entender que existen dos compraventas a efectos del IVA: una del vendedor a la plataforma y otra de la plataforma al comprador.

Funte: cincodias.elpais

Un dels últims textos aprovats pel Consell General aquesta legislatura va ser el projecte de llei d’economia digital. Un text que ha de servir per posar en marxa –com ja va fer l’executiu fa unes quantes setmanes– els permisos de residència dels denominats nòmades digitals. Una figura de treballadors que han de ser la cara visible de l’aposta per la digitalització del país. En concret, el mateix redactat de la llei detalla que són nòmades digitals “aquelles persones que per dur a terme el seu treball no requereixen disposar d’una ubicació geogràfica concreta i utilitzen les telecomunicacions i la tecnologia”.

Tanmateix, part dels elements per acabar de concretar qui pot optar a la quota de nòmada digital –la qual no requereix el dipòsit, que va passar de 15.000 a 50.000 euros– depèn del desplegament reglamentari a realitzar per part de l’executiu. Així, el soci director d’Emindset Law Oriol Giró explica que s’estan mantenint converses amb l’executiu, justament per aclarir quina és la documentació que hauran de presentar els aspirants a obtenir un d’aquests permisos. Ara per ara, Giró apunta que bona part dels interessats són de nacionalitat espanyola, i va remarcar que “creiem que a molt curt termini es resoldran aquests dubtes i es podran donar les primeres residències per a nòmades digitals”. A més, el soci director també va reclamar més flexibilització pel que fa a les excepcions per esquivar el dipòsit obligatori. “Pot suposar un fre a l’emprenedoria que en un país com Andorra no té sentit; cal atreure talent i no pots frenar aquesta arribada de persones que aporten un valor afegit al país.” “Perquè Andorra pugui fer una aposta per l’entorn digital no cal esperar a l’acord d’associació amb la UE, cal anar sumant petits factors, com ara facilitar l’operativa bancària, poder comprar per Amazon i que t’arribin les coses a casa o potenciar la digitalització de l’administració per realment ser un pol d’atracció”.

Un altre dels elements que regulava la llei d’economia digital és la creació d’espais coliving. Sobre aquesta qüestió, Giró explica que ja han rebut demandes d’empreses interessades a poder iniciar els tràmits per reconvertir espais que fins ara es feien servir per a altres activitats, així com opcions de construir un nou bloc, i que puguin ser reconvertits en espais de coliving. En aquest cas, però, Giró va reclama que el desplegament reglamentari no suposi “una pèrdua de la qualitat de vida” per a les persones que hi resideixin, ja que és un dels valors del país.

Font: www.diariandorra.ad

Señaló que «debe ir mucho más allá de trasladar normativas ya aplicadas a las finanzas tradicionales» y señaló que «es también responsabilidad de las empresas» que operan en él
El golpe a la industria de criptomonedas tras la quiebra de FTX ha sido notable. Por ello, Changpeng Zhao, el CEO de Binance, la principal plataforma de intercambio de criptos del mundo, defendió este lunes una «mejor regulación del sector» tras las nuevas turbulencias que atraviesa el mercado y que han puesto también en la diana a otra como Crypto.com, que ha sufrido una fuerte retirada de dinero. «Necesitamos ciertas regulaciones para proteger a los clientes y para que el sector sea más estable», dijo Zhao durante su intervención en el foro de negocios del G20, una reunión en la víspera de la cumbre de líderes del grupo de las 20 principales economías globales que se celebra en la isla indonesia de Bali.

Zhao, considerado una de las figuras más influyentes en el sector de las criptomonedas, se pronunció así tras la «semana loca» que ha vivido esta industria con la caída de la plataforma FTX, declarada en bancarrota el pasado día 11 tras las dudas generadas sobre su solvencia.

La propia Binance planteó un posible rescate de FTX días antes, pero terminó retirando su oferta de compra debido a que la operación «no era beneficiosa» para la firma, según explicó el propio Zhao, en una carta a sus empleados hecha pública.

El colapso de FTX, que recientemente llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, ha desatado una nueva tormenta en los mercados de las criptomonedas, la principal de las cuales, el bitcoin, acumula una caída superior al 60% en lo que va de año y se encuentra en niveles mínimos desde finales de 2020.

Zhao señaló que la regulación del sector «debe ser más sofisticada e ir mucho más allá de trasladar normativas ya aplicadas a las finanzas tradicionales», y señaló que la estabilización del mismo «es también responsabilidad de las propias empresas» que operan en él. En particular, destacó que los operadores de criptomonedas «deben invertir mucho más en seguridad», «evitar los atajos» y «trabajar en la educación financiera» de los clientes. «Como industria, necesitamos mejorar nuestra transparencia», dijo el empresario conocido como CZ, quien compareció en el foro ataviado con una camisa tradicional indonesia batik.

En el foro de negocios del G20 también intervinieron de forma telemática el magnate sudafricano Elon Musk y el presidente de Amazon, Jeff Bezos, el CEO de la compañía de transporte y servicios Grab, Anthony Tan, y el presidente surcoreano, Yoon Suk-Yeol, entre otros.

Andorra se une al mundo blockchain con una nueva Ley de Activos Digitales; algunos analistas consideran esto como un gran avance y una “luz de progreso” para ese pequeño país de Europa. Aunque afirman que todavía el marco legal presenta algunas confusiones con respecto al uso de Bitcoin, la criptografía y el manejo de los propietarios de criptoempresas.

El gobierno del país, representado en el Consejo General de Andorra, aprobó la ley de Activos Digitales. Que viene a ser el marco legal y regulatorio para el uso y administración de monedas digitales. Así como también un parámetro normativo para el desarrollo de la tecnología blockchain.

La ley esta dividida en dos partes, la primera reglamenta la creación del dinero digital o de lo que han llamado “dinero soberano digital programable”; el cual puede intercambiarse en un “sistema cerrado”. Esto otorga la base legal para que el gobierno genere su propia criptomoneda.

En una segunda parte se trata todo sobre los activos digitales. Estos son considerados por el texto legal como “instrumentos financieros”; además, en este apartado se priorizan las nuevas normas para todo el mundo blockchain. Algo que muchos empresarios criptos consideran favorable y que permite la llegada de nuevos inversionistas.

Esta noticia ha sido reseñada en el Diari d’Andorra, el periódico nacional, como un paso hacia adelante para “hacer de las criptomonedas una realidad cotidiana”. Los empresarios de la criptografía europea ven esto como una manera de ofrecer alguna aclaración legal. Esperan que haga más fácil la atracción de nuevos talentos a la economía digital.
Andorra considera importante la inversión blockchain

El ministro de Economía y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo, expresó durante una entrevista que el gobierno considera a la tecnología blockchain como un área de inversión muy importante. Pero no aclaró si esto tiene que ver con Bitcoin y las criptomonedas, o solo con la investigación de nuevas tecnologías.

Para expertos como la cofundadora de StackinSat, Josselin Tonnellier, el nuevo texto legal de Andorra es confuso cuando habla sobre criptomonedas, cadenas de bloques, NFTs y Bitcoin. La nueva regulación “no diferencia entre otras cripto y Bitcoin”, afirma Tonnellier.

Este minúsculo país europeo ubicado entre Francia y España, se ha visto influenciado por los inversores cripto franceses y por los emprendedores españoles. Tonnellier dice que según “un informe reciente de KPMG, hay más franceses expuestos a las criptos que al mercado de valores”. Esto podría estar influyendo en las decisiones del gobierno de Andorra.

Fuente: www.mundocriptomonedas.ne