


La Agencia Tributaria marca las líneas rojas a las monedas virtuales
Con el objetivo de prevenir del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo las autoridades fiscales ponen el foco sobre las criptomonedas
Gran parte de los contribuyentes tiene en cuenta que existen algunas operaciones que deben…

El Supremo rechaza que Hacienda declare a un menor sin rentas responsable de las deudas de sus padres
El caso examinado afecta a un niño que en 2010, cuando tenía diez años, fue incluido como miembro de la unidad familiar a efectos de la tributación conjunta por el Impuesto sobre el IRPF correspondiente a ese periodo.
El Tribunal Supremo…

La obligación de informar a Hacienda sobre la tenencia de criptomonedas se aplicará a quienes acumulen más de 50.000 euros
Las personas físicas que sean titulares de un valor superior a 50.000 euros en criptomonedas están obligadas a informar del saldo de las mismas en la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el Real Decreto 249/2023,…

El Supremo obliga a Hacienda a probar que hay abuso para vetar la exención de los dividendos expatriados
El Supremo obliga a Hacienda a probar que hay abuso para vetar la exención de los dividendos expatriados
La Administración tributaria deberá acreditar la inexistencia de motivos válidos para denegar la exención de dividendos en el impuesto…

El TJUE permite a los clientes reclamar a la banca una compensación mayor al daño de la cláusula abusiva
Señala que los jueces nacionales deberán ver si es proporcional
Argumenta servirá de medida disuasoria para el sector financiero
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala que el cliente pueda reclamar a la banca, en caso…

SM Advocts guanya un cas per vulneració de drets per la lentitud de la justícia
L’Estat, novament, haurà de rascar-se les butxaques per culpa de la lentitud de la justícia. I, ara, per partida doble. El Tribunal Constitucional ha determinat que dos casos judicials que s’han allargat en excés han de comportar una indemnització pels afectats. En concret, una comunitat de propietaris, per una banda; i dos privats i una empresa, per l’altra. En tots dos casos, els magistrats entenen que s’ha vulnerat el dret a un judici de durada raonable.
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