El pasado 1 de junio, el Govern d’Andorra aprobó la adhesión del Principado al Convenio de Varsovia, el principal marco europeo de cooperación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es una decisión de apariencia técnica, pero con una lectura de fondo que no conviene pasar por alto: Andorra continúa afianzando su perfil de jurisdicción homologada y cooperativa, algo que interesa de forma directa a quienes ya residen o tienen actividad en el país y, muy especialmente, a quienes estudian trasladarse.
Qué es el Convenio de Varsovia
Bajo ese nombre se conoce el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, la investigación, el embargo y el decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, adoptado el 3 de mayo de 2005. Su finalidad es estrechar la cooperación entre los Estados firmantes para localizar, rastrear, bloquear, embargar y, en última instancia, decomisar los fondos vinculados al crimen organizado y a la financiación del terrorismo, tanto dentro de cada país como en el plano internacional.
No se parte de cero. El texto amplía y moderniza el anterior convenio del Consejo de Europa de 1990 —que Andorra ya había firmado y ratificado y que rige en su ordenamiento desde el 1 de noviembre de 1999—, adaptándolo a un escenario delictivo muy distinto al de hace tres décadas.
Una respuesta a las nuevas formas de delito
La adhesión responde a la necesidad de actualizar los instrumentos de cooperación frente a fórmulas criminales cada vez más sofisticadas. Tanto el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como MONEYVAL —el comité de expertos del Consejo de Europa que evalúa las medidas contra el blanqueo— vienen reclamando a los Estados que pongan al día su legislación para hacer frente a un crimen organizado que se sirve de estructuras societarias complejas y de tecnologías financieras emergentes.
En coherencia con ello, el convenio abarca la prevención del blanqueo, el descubrimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y la persecución de los delitos ligados a la financiación del terrorismo. Y, sobre todo, articula mecanismos concretos de cooperación entre autoridades: intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, recurso a técnicas especiales de investigación y posibilidad de coordinar actuaciones a escala internacional.
Qué cambia en la práctica
El ordenamiento andorrano ya tipifica en su Código Penal tanto el blanqueo de capitales como la financiación del terrorismo, de modo que el país no parte de un vacío normativo. La novedad más relevante llegará con la reforma penal en curso: el Ministerio de Justicia e Interior ha propuesto introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados delitos, una pieza que refuerza el encaje de Andorra con las exigencias del convenio.
A ello se suma la obligación de garantizar mecanismos internos adecuados para gestionar los bienes sometidos a medidas cautelares o de decomiso, incluida su eventual devolución a los propietarios legítimos. En el plano institucional, el ministerio competente en Justicia actuará como autoridad encargada de tramitar las solicitudes de cooperación internacional, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) asumirá el papel de unidad de inteligencia financiera.
Los próximos pasos
La aprobación por parte del Govern es solo el primer paso. Al tratarse de un instrumento internacional que afecta a la seguridad interior y a la cooperación judicial y que requiere desarrollo legislativo, la adhesión deberá pasar por el Consell General. Una vez superado el trámite parlamentario llegarán la ratificación y el depósito del instrumento ante el Consejo de Europa, momento a partir del cual el convenio entrará en vigor para Andorra. Mientras tanto, las autoridades trabajan en adaptar los procedimientos internos para estar preparadas cuando ese día llegue.
Una jurisdicción cada vez más homologada
Conviene situar la noticia en su contexto. Durante años Andorra figuró en las listas de paraísos fiscales, y la última década ha estado marcada por un esfuerzo sostenido para alinear su legislación con los estándares internacionales y salir de esas clasificaciones. La adhesión al Convenio de Varsovia es un eslabón más de esa estrategia de homologación, orientada además a mejorar la calificación del país en las próximas evaluaciones de los organismos que supervisan el cumplimiento en materia de prevención del blanqueo.
Para quienes valoran establecer su residencia o trasladar una sociedad al Principado, este tipo de avances tiene una lectura muy concreta. El atractivo de Andorra ya no descansa en la vieja etiqueta del «paraíso fiscal», sino en la combinación de una fiscalidad competitiva con un marco jurídico cada vez más equiparable al de los países de su entorno. Eso aporta seguridad jurídica y reputación, pero también implica que operar en Andorra conlleva las mismas obligaciones de cumplimiento y transparencia que cabe esperar de cualquier jurisdicción seria.
En S&M Advocats seguimos de cerca esta evolución normativa, precisamente porque condiciona el modo en que acompañamos a clientes y empresas en sus proyectos de residencia, inversión o reubicación en Andorra.
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