• Aranceles del Registro, gastos de gestoría, de tasación y parte de notaría
  • Aunque la hipoteca se haya pagado ya, se pueden reclamar gastos más intereses
  • La cantidad a devolver por las entidades bancarias sería de unos 1.500 euros

Miles de familias todavía pueden reclamar a sus bancos la totalidad de los gastos que asumieron en el momento de firmar su hipoteca, desde los aranceles del Registro hasta los gastos de gestoría, tasación y parte de los de notaría, según fuentes jurídicas.

Incluso en el caso de que la hipoteca ya haya sido pagada, el cliente puede reclamar a su banco los gastos asumidos más los intereses, señalan desde Asufin que, puntualizan, si el consumidor no reclama, no recuperará nada.

De media, la cantidad a devolver por las entidades estaría en unos 1.500 euros. Con anterioridad a la Ley Hipotecaria de junio de 2019, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, prácticamente ocho millones de consumidores asumieron los gastos de hipoteca.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en julio de 2020 que estableció la obligación a las entidades de devolver todos esos gastos (de notaría, gestoría, registro y tasación), a excepción del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Las directrices de Europa fueron asumidas por el Tribunal Supremo en varias sentencias: en julio de 2020 estableció la devolución del 50% de los gastos notariales, el 100 % de los de registro y la comisión de apertura; en octubre de ese mismo año fijó la devolución del 100% de los gastos de gestoría, y finalmente, en enero de 2021 obligó a la entidad a devolver el 100% de la tasación.

Más allá del plazo establecido

A pesar de la avalancha de reclamaciones, algunas entidades se negaban a devolver los gastos relacionados con la notaría y el registro con el argumento de que el plazo para hacerlo ya había expirado, si habían transcurrido 5 años, como establece el Código Civil.

Eso haría que el plazo para reclamar por estos gastos venciera el 14 de abril de 2024, cuando se cumplan los 5 años de la declaración de abusividad de la cláusula por parte del Supremo, teniendo en cuenta la congelación de plazos procesales que se aplicó durante la pandemia.

No obstante, a finales de enero el TJUE estableció que el plazo para recuperar los gastos hipotecarios comienza a contar cuando el cliente conoce que la cláusula es abusiva, lo que abre la puerta a que miles de familias sigan reclamando más allá del 14 de abril.

Desde Asufin recuerdan que la asociación ganó una demanda colectiva contra Kutxabank, Caja España Duero (ahora Unicaja), ING y Deutsche Bank, que beneficia a todos los clientes que hayan pagado por los gastos a estas entidades, sin necesidad de litigar.

En caso de que la hipoteca tuviera una comisión de apertura, también se podría reclamar. Aunque el Supremo estableció en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva, el TJUE consideró que debía ser transparente para ser válida, lo que implica que los tribunales deben valorar si el consumidor pudo evaluar las consecuencias de pagar una comisión de apertura y entender que su objeto es compensar los gastos de estudio y de tramitación de una solicitud de préstamo, señalan desde la OCU.

Y a los anteriores se suman otras reclamaciones relacionadas con hipotecas, por ejemplo, por los seguros de prima única. En muchos contratos hipotecarios anteriores a 2019 se obligaba al cliente, no solo a contratar un seguro de vida vinculado a la hipoteca, sino a pagar la totalidad de la prima del seguro de vida en el momento de contratarla.

Las reclamaciones suben un 24 %

Con todos estos frentes judiciales abiertos, los cinco grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- recibieron 681.822 reclamaciones en 2023, un 24% más que un año antes.

De esas más de 680.000 reclamaciones, CaixaBank recibió 343.852, un 32,7% más, mientras que los clientes presentaron a BBVA 167.998 quejas y a Santander unas 88.326, un 11,1% y un 15,8% más, respectivamente.

Sabadell recibió 54.884 reclamaciones en 2023, un 31% más, y Bankinter, 26.762, un 25,6% más.

 

Fuente: https://www.eleconomista.es/

 

El Tribunal Supremo ha rechazado los cuatro primeros recursos planteados por empresas y ciudadanos en los que se reclaman indemnizaciones al Estado por el impuesto de plusvalía municipal, anulado por el Constitucional. Este gravamen recaudaba cerca de 2.000 millones de euros y su eliminación abría la puerta a compensaciones milmillonarias.

En cuatro sentencias diferentes, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha desestimado los recursos que aludían a la responsabilidad patrimonial del Estado sobre esta figura tributaria, conocida técnicamente como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En octubre del 2021, el Tribunal Constitucional anuló el tributo, que se aplicaba al beneficio generado al vender un inmueble. Consideró que el cálculo de su base imponible se basaba en unos parámetros fijos que no recogían la verdadera evolución del mercado inmobiliario.
Aquella decisión obligó al Gobierno a reconfigurarlo, de modo que ahora el contribuyente puede ahora elegir entre la diferencia entre el valor de venta y de compra o, en segundo lugar, unos coeficientes en función del valor catastral.

La duda estaba en qué ocurría con los impuestos ya pagados. El Supremo la resuelve ahora en parte mediante unas sentencias que se centran en las reclamaciones que plantea la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Es la fórmula correcta porque la propia sentencia del Constitucional limitaba de forma expresa otras vías de reclamación, como la revisión de las obligaciones tributarias u otras fórmulas.

El Supremo concluye que la sentencia del Constitucional “no conduce necesariamente (…) a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades en concepto del (impuesto) o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial». Dicho de otro modo, el pago del impuesto no incumple de por sí la legislación.

No existen las condiciones para que el Estado deba indemnizar
Para que fuera posible reclamar la responsabilidad del Estado, señala, «es preciso que se acredite a través de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuantía distinta a la establecida por la Administración con su método de estimación objetiva, o que las reglas de cálculo aplicadas eran incorrectas”.

Ninguno de estos extremos resultó acreditado en los cuatro casos examinados, afirma. En dos de ellos se reconoció directamente por los recurrentes un incremento del valor del terreno y en los otros dos se permitió la estimación directa del valor mediante la prueba. En estos últimos casos hubo un incremento de valor del terreno y, en consecuencia, una «manifestación de riqueza real o potencial cuyo gravamen resulta plenamente compatible con la Constitución».

El tribunal considera que de la sentencia del Constitucional los demandantes podrían entender que hay una «presunción de la antijuricidad de los daños derivados». Sin embargo, no es necesariamente así. No existe, asegura el Supremo, «el automatismo pretendido por la parte actora», que entiendo que tiene derecho a una indemnizaciones solo por haber abonado el tributo».

Fuente: https://www.lavanguardia.com/

Entre el 5 de octubre de 2007 y el 11 de abril de 2008, Ryneš, un hombre de República Checa instaló unas cámaras de videovigilancia bajo los aleros del tejado de su vivienda familiar.

Grababa imágenes de la entrada de su casa, de la calle y de la entrada de su vecino. Lo hizo porque había sido objeto de actos vandálicos por parte de personas a las que no había podido identificar. Le habían destrozado las ventanas varias veces.

El sistema permitía únicamente captar imágenes en vídeo que se almacenaban en un disco y sólo él tenía acceso directo al sistema y a los datos que se guardaban.

Y una noche, gracias al sistema de videovigilancia, pudo saber quiénes eran las dos personas que le estaba rompiendo su ventana al pillarles lanzando una piedra con un tirachinas. Las grabaciones fueron entregadas a la policía y, posteriormente, se invocaron como medio de prueba en el marco del procedimiento penal incoado.

UNO DE LOS SOSPECHOSOS SOLICITÓ QUE SE EXAMINASE LA LEGALIDAD DE LAS CÁMARAS
Pero uno de los sospechosos solicitó que se examinase la legalidad del sistema de videovigilancia. La Agencia de Protección de Datos declaró en 2008 que Ryneš había cometido varias infracciones al recoger datos personales de la gente que pasaba por la calle frente a la casa y de la vivienda situada al otro lado de la calle, sin consentimiento.

También, le dijeron que las personas afectadas no fueron informadas acerca del tratamiento de datos personales y, además, no lo había comunicado a la Agencia.

Ryneš recurrió porque para él las cámaras eran válidas, y el Tribunal Municipal de Praga no le dio la razón, por lo que presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Administrativo que decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Hay que recordar que cualquier juez unipersonal o tribunal colegiado de los 27 estados miembros de la Unión Europea, como los españoles, pueden elevar cuestiones prejudiciales ante el TJUE para pedir que aclare si una ley nacional es conforme con el derecho de la Unión o está en conflicto.

El objetivo de este procedimiento es asegurar la aplicación uniforme y coherente del derecho de la Unión en todos los Estados miembros, y garantizar que las leyes nacionales no contravengan las obligaciones que estos Estados han asumido como miembros de la Unión Europea.

No anula directamente las leyes nacionales, pero su interpretación es vinculante para el tribunal nacional que ha elevado la cuestión.

ASUNTO C-212/13
El caso se resolvió en el asunto C-212/13 y está recogida en el libro ’70 años de Derecho de la Unión». El TJUE explicó que la imagen de una persona es un dato personal, un concepto que abarca «toda información sobre una persona física identificada o identificable», según la Directiva.

De modo que la grabación en vídeo constituían un tratamiento automatizado de los datos personales. Posteriormente, estudió si la excepción relativa a «actividades exclusivamente domésticas o personales» era aplicable al caso. Y favoreció una interpretación restrictiva.

Ya que, en este caso, la cámara no estaba dirigida sólo a la vivienda de Ryneš, sino que también abarcaba la vía pública, afectando a la intimidad de cualquier persona que pasara por ese lugar al quedar grabado en la cámara.

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará previsiblemente el 18 de enero de 2024 al respecto de la ‘macrodemanda’ por cláusulas suelo abusivas en préstamos hipotecarios presentada por la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) contra 101 bancos y cajas españoles.
Es de destacar que las opiniones del abogado general no son vinculantes para el tribunal europeo, que dictará sentencia más adelante, pero en la mayoría de los casos sus conclusiones coinciden con el fallo definitivo.
En noviembre de 2010, la asociación presentó contra 44 entidades bancarias, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, una acción colectiva de cesación de las cláusulas suelo en los contratos de crédito hipotecario de interés variables, de tal manera que limitan la variación de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios imponiendo un tipo de interés mínimo.
Además, en esa acción, que posteriormente fue ampliada hasta las 101 entidades, se pedía que se condenase a los bancos s reembolsas las cantidades abonadas en aplicación de estas cláusulas. En total, 820 consumidores se personaron individualmente en apoyo de las pretensiones de Adicae, según señala el tribunal europeo a través de un comunicado.
La demanda fue estimada parcialmente en primera instancia, salvo para tres entidades (BBVA, Abanca y Cajas Rurales Reunidas). Así, el juzgado declaró la nulidad de estas cláusulas, ordenó la supresión de las mismas y el cese de su uso de manera no transparente, aunque determinó que siguieran en vigor los contratos en cuestión.
Las entidades bancarias fueron, además, condenadas a reembolsar las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de las citadas cláusulas a partir del 9 de mayo de 2013, fecha de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo nº 241/2013.
En este punto, cabe recordar que el Supremo confirmó el carácter abusivo de las cláusulas suelo, debido a la falta de transparencia material, y declaró su nulidad. No obstante, basándose en el principio de seguridad jurídica, limitó los efectos de su sentencia a partir de la fecha de publicación de la misma, de modo que solo deberían ser restituidas las cantidades indebidamente abonadas sobre la base de dichas cláusulas con posterioridad al 9 de mayo de 2013.
A este respecto, el TJUE señaló en su sentencia del 21 de diciembre de 2021 que la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el derecho de la Unión Europea.
Por su parte, las entidades bancarias apelaron la sentencia del juzgado de primera instancia. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la mayoría de estos recursos de apelación, pero estimó en parte el de Banco Popular por apreciar la existencia de cosa juzgada, si bien mantuvo la condena a la devolución de cantidades.
Posteriormente, los bancos decidieron presentar recurso ante el Tribunal Supremo que dirigió, por su parte, cuestiones prejudiciales al TJUE para aclarar si una acción coletiva que se resume a un control abstracto de una cláusula contractual es apropiada para examinar la transparencia de las cláusulas suelo, ya que este examen requeriría de una apreciación concreta de todas las circunstancias que rodearon la celebración del contrato.
En opinión del Supremo, es «extremadamente complejo» poder concluir que se puede hacer un control de transparencia unívoco de estas cláusulas cuando una acción colectiva se refiere «a miles de cláusulas predispuestas por decenas de entidades bancarias diferentes, durante un largo período de tiempo, sometidas a cambios legislativos en cuanto a su formulación y sin posibilidad de contrastar la información precontractual ofrecida en cada caso a los consumidores».
El Supremo también pregunta si es posible caracterizar al consumidor medio, pues si bien la jurisprudencia del TJUE se refiere al consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el nivel de atención y de perspicacia de un consumidor puede variar en función de datos legales, de exigencias publicitarias nacionales o sectoriales o incluso de elementos de la lengua propia utilizada en la información comercial suministrada, que pueden marcar una exigencia diferente de diligencia informativa y de advertencia en el consumidor.
Así, el Supremo considera que estas cláusulas suelo han impactado a «grupos muy heterogéneos de consumidores», de modo que sería «muy difícil» adoptar un criterio sobre la base del concepto de ‘consumidor medio’ al llevar a cabo el examen de la transparencia de las cláusula

Fuente: https://www.norbolsa.es/

El caso examinado afecta a un niño que en 2010, cuando tenía diez años, fue incluido como miembro de la unidad familiar a efectos de la tributación conjunta por el Impuesto sobre el IRPF correspondiente a ese periodo.

El Tribunal Supremo ha acordado que Hacienda no puede declarar a un menor de edad sin rentas responsable solidario de las deudas de sus padres en la modalidad de tributación conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la unidad familiar.

En una sentencia fechada el pasado 13 de julio, la sala de lo contencioso rechaza el recurso de la Comunidad Foral de Navarra contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa región. Se trata del caso de un niño que, con 10 años en 2010, fue incluido como miembro de la unidad familiar a efectos de la tributación conjunta por el Impuesto sobre el IRPF correspondiente a ese periodo.

Aunque el niño no percibió ninguna renta ese año, la Hacienda Foral de Navarra dictó en abril de 2021 una diligencia de embargo contra él por el principal más los intereses debidos por la liquidación del IRPF de 2010 de la unidad familiar.

La administración tributaria lo consideró deudor solidario conforme al artículo 73.5 de la ley foral navarra sobre el IRPF. Dicho artículo dispone que las personas físicas integradas en una unidad familiar que optaran por esta forma de tributación quedaban «conjunta y solidariamente sometidas al impuesto como sujetos pasivos, sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda tributaria, según la parte sujeta que corresponda a cada uno de ellos».

En primera instancia, un juzgado concluyó que la resolución administrativa y la sentencia del juzgado eran incorrectas. Asimismo, dictaminó que había que resolver el caso planteado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que solo admite la responsabilidad solidaria de los miembros de la unidad familiar si entre ellos ha habido transmisión de rentas.

Ahora, el Supremo considera que la Administración tributaria dispensa un trato discriminatorio a estos hijos menores de edad respecto a los hijos mayores de edad dependientes de los padres porque estos no son miembros de la unidad familiar ni están sometidos a la responsabilidad solidaria.

Para el Supremo, la interpretación de la Ley foral navarra del IRPF que hace la sentencia recurrida está en sintonía con el principio de protección integral de los hijos, «pues los pone a reparo de la responsabilidad solidaria cuando no han obtenido ninguna renta y, por esa misma razón, sus bienes y derechos -si los tienen- no han influido en la producción del hecho imponible».

La sentencia indica que se trata de «una interpretación razonable», porque se adecúa a lo exigido por el Tribunal Constitucional, que estableció una que esta responsabilidad solidaria solo puede exigirse cuando se dan ciertos requisitos. «No puede exigírsele a alguien que en la lógica de un impuesto personal y directo no resultaría obligado a pago alguno, y cuya inexistente renta es por definición innecesaria para determinar la renta de los distintos sujetos», pues ello contravendría los límites constitucionales establecidos, añade el fallo.

De otro modo, habría un «trato discriminatorio del hijo menor de edad integrado en una unidad familiar a efectos de tributación conjunta respecto a los mayores de edad dependientes de los padres, cuya situación no es socialmente distinta de la situación de los hijos menores de edad y, sin embargo, no quedan sometidos a la responsabilidad solidaria sencillamente porque la ley dispone que no forman parte de la unidad familiar».

El Supremo anula la condena a un hombre que pasó 15 años en prisión al ser confundido con un violador
Incluso si la comparación no se hace con los hijos mayores de edad aún dependientes de los padres, la norma que establece esta responsabilidad solidaria por una deuda tributaria en cuya producción no han participado «comporta que los hijos menores de edad integrados en una unidad familiar reciban un trato fiscal distinto del resto de los menores de edad, diferencia que no puede justificarse con base en ninguna circunstancia personal o económica digna de atención».

Debido a su edad (10 años entonces), el demandante no pudo asentir o discrepar de la decisión de sus padres de optar por la tributación conjunta de la unidad familiar que, aunque era más beneficiosa para ellos, podría ser perjudicial para él, añade la sentencia.

Fuente: https://www.publico.es/

El Supremo obliga a Hacienda a probar que hay abuso para vetar la exención de los dividendos expatriados
La Administración tributaria deberá acreditar la inexistencia de motivos válidos para denegar la exención de dividendos en el impuesto de la renta de no residentes

El Tribunal Supremo falló este miércoles en contra de Hacienda y obliga a la Administración a probar que el contribuyente no tiene motivos válidos para solicitar la exención de dividendos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo fijó ayer como nueva doctrina que la carga de la prueba del abuso que impide acogerse a la exención de los dividendos en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) corresponde al propio Ministerio de Hacienda y no al contribuyente. Es decir, será la Administración tributaria la que deberá acreditar que no existen motivos económicos válidos para denegar la exención de los dividendos que salen fuera de España. El Alto Tribunal, en concreto, aplica así la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), fijada en varias sentencias de 2017 y 2019, y modifica y ajusta su doctrina a la misma en relación a la interpretación de la cláusula antiabuso que recoge la ley del IRNR.

La Administración General del Estado planteaba en un recurso que la carga de la prueba de la aplicación de la exención recogida en el artículo 14.1.h de la ley de dicho impuesto, y en consecuencia la demostración de que no es de aplicación la cláusula antiabuso, correspondía al obligado tributario, que se beneficia de la misma. Sin embargo, en un claro espaldarazo al contribuyente, el Supremo ha establecido que esa tarea corresponde exclusivamente a la Administración Tributaria, algo que ya había dicho anteriormente la Audiencia Nacional.

El fallo procede “de un asunto en el cual la Audiencia Nacional dictó una sentencia estimatoria”, explica Esaú Alarcón, abogado de Gibernau y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Es decir, “el Supremo sigue el criterio que defendía la Audiencia y desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado”.

En efecto, en la sentencia que fija este nuevo y definitivo criterio, los magistrados echan por tierra el argumentario de la Administración General del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2021. Este fallo en cuestión dio la razón a una empresa que, en febrero de 2010, no practicó retención a cuenta del IRNR por un reparto de dividendo de 7 millones de euros a su matriz residente en Luxemburgo, al considerar que se encontraba exento.

La Agencia Tributaria, tras una inspección, estableció en marzo de 2014 una liquidación a dicha empresa con una deuda a ingresar por importe de 838.753,43 euros, de los que 700.000 euros correspondían a cuota y 138.753,43 euros a intereses de demora, al entender que no era de aplicación la citada exención por no haber demostrado la entidad contribuyente la existencia de motivos económicos válidos para la constitución de la entidad matriz luxemburguesa.

La Audiencia Nacional, en la sentencia ahora confirmada, consideró que Hacienda incurrió en una presunción de finalidad exclusivamente fiscal vulnerando la doctrina del TJUE, al invertir la carga de la prueba frente a las alegaciones de la empresa que invocaba la existencia de móviles económicos. Agregó que es la Administración tributaria la que debe justificar los presupuestos de aplicación de la cláusula antiabuso, siéndole exigible a esta última una mayor prueba.

En concreto, la audiencia rechazó que la Agencia Tributaria pueda abstenerse de desarrollar cualquier mínima actividad probatoria para rechazar la existencia de un motivo económico válido. Es decir, se establece que la Administración tributaria no puede presuponer que el único motivo que justifica el establecimiento de una estructura intermedia en un país distinto al de la inversión final es siempre el ahorro de impuestos.

El Supremo, tras hacer un repaso exhaustivo de la jurisprudencia del TJUE, “se muestra de acuerdo con la Audiencia, al considerar que en todo caso le corresponde a la Administración tributaria, y no al contribuyente, probar los presupuestos de aplicación de la cláusula antiabuso acudiendo a los distintos medios de información previstos en los Convenios de doble imposición o la Directiva de Intercambio de información (DAC)”, según explica el Alto Tribunal en un comunicado.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

Señala que los jueces nacionales deberán ver si es proporcional
Argumenta servirá de medida disuasoria para el sector financiero

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala que el cliente pueda reclamar a la banca, en caso de cláusulas abusivas anuladas en el contrato, una compensación económica superior que a la estrictamente restitutoria.

La Justicia europea, en una sentencia conocida este jueves y que sigue las conclusiones del Abogado General, señala que la Directiva de la UE no se opone a ello y que no regula las consecuencias que conlleva la invalidez de un contrato celebrado entre profesional y cliente tras la supresión de las cláusulas abusivas.

Según el TJUE, que un ciudadano reclame una compensación que exceda el reembolso de las cuotas mensuales abonadas no pone en peligro el efecto disuasorio que persigue la directiva para que los bancos no cometan este tipo de irregularidades. Todo lo contrario, según el fallo, «puede contribuir a disuadir a los profesionales de incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en la medida en que, cuando su inclusión implique la nulidad de un contrato en su totalidad, podría entrañar consecuencias económicas que exceden de la restitución de las cantidades abonadas por el consumidor y, en su caso, del pago de intereses de demora».

El tribunal, no obstante, determina que corresponderá a los tribunales nacionales apreciar si la reclamación del consumidor afectado respeta el principio de proporcionalidad.

Las entidades no pueden
Por otro lado, el TJUE también señala que en el caso de los bancos, estos no podrán reclamar al consumidor una compensación que exceda el capital del préstamo y los intereses de demora. «Esta interpretación podría crear situaciones en las que sería más ventajoso para el consumidor continuar dando cumplimiento al contrato que incluye una cláusula abusiva en lugar de ejercitar los derechos», dice. «No puede admitirse que una parte obtenga ventajas económicas de su comportamiento ilícito ni que se le indemnice por las desventajas provocadas por ese comportamiento», concluye la sentencia.

El Tribunal Supremo acaba de fallar en favor de la banca en una sentencia que obliga a un particular a indemnizar a una entidad financiera por una sustracción de dinero de una cuenta bancaria que compartía con otro familiar.

Según una sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el caso ocurrió entre el 2014 y el 2015, cuando una mujer empezó a retirar 50.000 euros de una cuenta de la que era titular junto a su madre y su hermano aunque el dinero era exclusivamente propiedad de la madre, de edad muy avanzada.

Estos movimientos fueron posibles gracias a que la entidad bancaria había permitido los movimientos sólo con la firma de la mujer infractora, aun cuando la cuenta requería firma mancomunada. El hermano alertó al banco y se lograron retrotraer varias operaciones. Sin embargo, la persona infractora hizo suyos 20.000 euros que no se pudieron recuperar. El hermano, en nombre de la madre, demandó entonces al banco y éste fue condenado al pago de esos 20.000 euros.

La raíz del caso
Una hija extrajo 50.000 euros a su madre de edad avanzada sin su permiso
La entidad bancaria no estuvo de acuerdo con esta condena y puso una denuncia por apropiación indebida contra la mujer infractora. Obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, contraria en segunda y finalmente, el Tribunal Supremo le acaba de dar la razón.

«El fallo es relevante porque sienta jurisprudencia acerca de la responsabilidad civil a la hora de realizar sustracciones de dinero entre familiares. El Supremo considera que el infractor debe responder ante terceros, en este caso la banca, a pesar de que a nivel penal esté exonerado de cualquier delito porque aplica la figura de la excusa absolutoria», comenta Anna Pi, abogada del despacho Ceca Magán, que ha asesorado a la entidad financiera.

Pi recuerda que la excusa absolutoria impide que pueda haber procesos penales entre familiares directos, con el fin de evitar cismas irreparables en el seno de la familia. Sin embargo, esa excusa absolutoria no exime de la responsabilidad civil, cuando se proyecta frente a terceros, como en este caso. Y es que a pesar de que los actos de C. se dirigieran contra el patrimonio de su madre, hubo un tercero perjudicado, la entidad bancaria, que tiene pleno derecho a ser resarcida por el daño padecido.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/

Assessors fiscals i immobiliaris, molt prudents quant als efectes sobre l’habitatge al Principat, se celebra la decisió de la Justícia europea i es considera que l’aplicació de la sentència per part d’Espanya ha d’aportar beneficis a Andorra.

La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de deixar sense efecte el model 720 que Espanya aplica per aquelles persones que resideixen en aquell estat a l’hora de declarar els béns que tenen a l’estranger hauria d’aportar beneficis al Principat. Tot i que pendents encara dels efectes que tindrà la resolució i com serà aplicada aquesta per l’administració espanyola, de forma general, experts en fiscalitat o gestors immobiliaris consideren que ha de representar un baló d’oxigen tant per al mercat de l’habitatge de lloguer com per a la inversió estrangera.

Aquells assessors fiscals o experts immobiliaris que no tenen representació orgànica o són manifestament més independents, tot i ser prudents, consideren que la decisió judicial emesa des de Luxemburg hauria de tenir efectes, especialment, en el mercat dels pisos de lloguer, fent aflorar molts immobles que fins ara vivien en l’anonimat perquè no suposessin penalitzacions als seus propietaris. Formalment, l’AGIA es mostra molt més prudent en tot això. En tot cas, hi ha un consens generalitzat que la decisió del TJUE “és una bona notícia” en general i posa fi “a una barbaritat”.

El president de l’Associació d’assessors tributaris i fiscals, Joan Olivé, fa un símil en dir que la decisió avui comunicada i el camí del model 720 era “la crònica d’una mort anunciada”. Per als fiscalistes, allò realment transcendent és el valor que la sentència dóna a la lliure circulació de capitals que reforça més encara un dels principis fonamentals de la UE. A partir d’aquí, és evident que “no tenia sentit que no hi hagués un termini de prescripció” quan fins i tot els delictes de sang el tenen i tot plegat amb sancions del 150% del valor del patrimoni no declarat, una ‘pena’ manifestament abusiva com ha posat de relleu el TJUE.

Olivé recorda que la decisió judicial no deixa sense efecte l’obligació d’haver de declarar els béns que els residents espanyols tinguin a l’estranger. Ara bé, ho hauran de fer cenyint-se a unes condicions proporcionades. Per això, i tot i que la resolució del tribunal de la UE “ens beneficia en general” a Andorra i és bona en global, no només per al Principat, caldrà “veure com Espanya ho aplica” i quin impacte té. Per al màxim responsable de l’associació d’assessors fiscals, qualsevol aplicació que es faci hauria de tenir en compte Andorra per molt que no estigui adherida a la UE atès que té signat amb Espanya un acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal.

Per tant, i a expenses de veure i, sobretot, saber les concrecions de l’aplicació de la resolució judicial, es creu que ‘apareixeran’ pisos per alimentar un deficient mercat de lloguer -altres fonts del mateix sector han advocat perquè suposi una aparició important d’habitatge que contribuirà a un abaratiment del producte immobiliari, ja sigui per arrendar o per vendre- i Oliver destaca més encara que amb la supressió del format 720 sobretot “la inversió es podrà fer amb més tranquil·litat”. Hi haurà una major seguretat.

SECTOR IMMOBILIARI

Des del sector immobiliari es considera que la resolució adoptada pel TJUE és una bona notícia, especialment pel fet que permet recuperar “seguretat jurídica”. Així ho posa en relleu el president del col·legi de gestors i agents immobiliaris (AGIA), Jordi Galobardas. “Hi havia gent que es podia sentir pressionada amb aquest tema i ara se’ls hi arregla”, ha comentat, tot indicant que “no té sentit que qui va fer una inversió fa 25 anys, o fins i tot, els seus hereus, haguessin de tenir aquest problema”.

Des del col·lectiu profesional, però, es creu que, a Andorra, “no hi ha tants pisos que estiguin en aquesta situació” però, en tot cas, ara “suposa una oportunitat per regularitzar-los”. Galobardas assegura, però, que en els dos darrers anys hi ha molta gent que ja havia fet aquesta operació donant per fet que, tard o d’hora, arribaria la sentència europea.

“La sentència (del TJUE) no deixa de ser bona per Andorra i en general per a la lliure circulació de capitals i de persones”

Des de l’AGIA, malgrat tot, no es preveu que això hagi de suposar la sortida al mercat, sigui de compra o de lloguer, d’un gran nombre d’immobles. “Pensem que no n’hi ha tants”. I que “potser hi ha qui ho regularitza, però això no vol dir que de seguida els posin a la venda o els arrendin”, argumenta.

I, finalment, i retornant a l’assessorament tributari i fiscal, el president del col·lectiu aplaudeix “la valentia d’aquells que van regularitzar al seu dia”. Aquells que van optar per fer la declaració més restrictiva possible tindran ara un “dret de reclamació” per uns pagaments desmesurats. Podran reclamar a l’administració espanyola, si ja van pagar, que se’ls abonin els ingressos indeguts que va percebre l’Estat veí i, alhora, reclamar també els interessos moratoris.

S’obre ara, explica Joan Oliver, un període de reclamacions que, efectivament i malauradament, també portarà costos als reclamants. Perquè hauran de recórrer a serveis legals, fiscals. Però és clar que l’administració espanyola va obtenir uns ingressos indeguts. Quants? “S’haurà d’analitzar cas per cas”. I, en tot cas, “la sentència (del TJUE) no deixa de ser bona per Andorra i en general per a la lliure circulació de capitals i de persones”.

Font: www.altaveu.com

«Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo», sostienen

Varapalo para la Agencia Tributaria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales. En efecto, la obligación de presentación del ‘modelo 720’ y las sanciones derivadas del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o extemporáneo de dicha obligación, que no tienen equivalente en lo que respecta a los bienes o derechos situados en España, establecen una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos.

«Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales», sostiene el TJUE en un comunicado. La norma «establece una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos», según el tribunal.

El alto tribunal de Luxemburgo coincide así con el análisis que la Comisión Europea realizó en 2017 de la norma implantada por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda durante el Gobierno popular de Mariano Rajoy: las consecuencias del incumplimiento de la norma son «desproporcionadas» en relación con el objetivo perseguido. Las pesquisas de Bruselas comenzaron ya en el año 2015. El TJUE señala así que España ha incumplido la obligación de proteger la libre circulación de capitales a través del ‘modelo 720’, siendo esta una de las principales libertades consagradas en el núcleo duro del Mercado Interior, joya de la corona de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia subraya que la legislación controvertida podría estar justificada por la realización de los objetivos antes mencionados, ya que, pese a la existencia de mecanismos de intercambio de información o de asistencia administrativa entre los Estados miembros, la información de que estos disponen en relación con los activos que sus residentes fiscales poseen en el extranjero es, globalmente, inferior a la que poseen en relación con los activos situados en su territorio. No obstante, el examen del Tribunal de Justicia revela que esta legislación va más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

El alto tribunal señala que esa desproporcionalidad se refleja en varios puntos. El primero es que «la Administración tributaria (puede) proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado». El segundo punto en el que se recoge esa desproporcionalidad de la norma es en la capacidad con la que cuenta la administración para «cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica».

Además, la corte de Luxemburgo entra en la cuantía de la multa que recibe el ciudadano que no declara o que declara de manera incorrecta sus bienes en el extranjero y que es castigado con una multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos poseídos en el extranjero. «El Tribunal de Justicia señala asimismo que el tipo muy elevado de esta multa le confiere un carácter extremadamente represivo y que su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100% del valor de sus bienes o derechos en el extranjero. Ello constituye un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales», subraya el TJUE.

El tribunal ha sido finalmente más duro de lo que fue en su momento el abogado general de la Unión Europea, cuyas opiniones no son vinculantes, pero que suelen guiar el trabajo de los magistrados. El abogado Saugmandsgaard Øe publicó una opinión vaga y poco clara sobre la legalidad del modelo y también de la cuantía de las multas, dejando la cuestión en el tejado del alto tribunal de Luxemburgo, que se ha decantado por el punto de vista de la Comisión Europea.