El Tribunal Supremo ha rechazado los cuatro primeros recursos planteados por empresas y ciudadanos en los que se reclaman indemnizaciones al Estado por el impuesto de plusvalía municipal, anulado por el Constitucional. Este gravamen recaudaba cerca de 2.000 millones de euros y su eliminación abría la puerta a compensaciones milmillonarias.

En cuatro sentencias diferentes, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha desestimado los recursos que aludían a la responsabilidad patrimonial del Estado sobre esta figura tributaria, conocida técnicamente como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En octubre del 2021, el Tribunal Constitucional anuló el tributo, que se aplicaba al beneficio generado al vender un inmueble. Consideró que el cálculo de su base imponible se basaba en unos parámetros fijos que no recogían la verdadera evolución del mercado inmobiliario.
Aquella decisión obligó al Gobierno a reconfigurarlo, de modo que ahora el contribuyente puede ahora elegir entre la diferencia entre el valor de venta y de compra o, en segundo lugar, unos coeficientes en función del valor catastral.

La duda estaba en qué ocurría con los impuestos ya pagados. El Supremo la resuelve ahora en parte mediante unas sentencias que se centran en las reclamaciones que plantea la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Es la fórmula correcta porque la propia sentencia del Constitucional limitaba de forma expresa otras vías de reclamación, como la revisión de las obligaciones tributarias u otras fórmulas.

El Supremo concluye que la sentencia del Constitucional “no conduce necesariamente (…) a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades en concepto del (impuesto) o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial». Dicho de otro modo, el pago del impuesto no incumple de por sí la legislación.

No existen las condiciones para que el Estado deba indemnizar
Para que fuera posible reclamar la responsabilidad del Estado, señala, «es preciso que se acredite a través de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuantía distinta a la establecida por la Administración con su método de estimación objetiva, o que las reglas de cálculo aplicadas eran incorrectas”.

Ninguno de estos extremos resultó acreditado en los cuatro casos examinados, afirma. En dos de ellos se reconoció directamente por los recurrentes un incremento del valor del terreno y en los otros dos se permitió la estimación directa del valor mediante la prueba. En estos últimos casos hubo un incremento de valor del terreno y, en consecuencia, una «manifestación de riqueza real o potencial cuyo gravamen resulta plenamente compatible con la Constitución».

El tribunal considera que de la sentencia del Constitucional los demandantes podrían entender que hay una «presunción de la antijuricidad de los daños derivados». Sin embargo, no es necesariamente así. No existe, asegura el Supremo, «el automatismo pretendido por la parte actora», que entiendo que tiene derecho a una indemnizaciones solo por haber abonado el tributo».

Fuente: https://www.lavanguardia.com/

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