Destaca «la muy notoria e irregular ausencia de valoración del riesgo» llevada a cabo por una decena de directivos como entidad corresponsal del HSBC

Una decena de directivos de Banco Santander han esquivado, por muy poco, una imputación por un delito de blanqueo de capitales. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional archiva el procedimiento abierto contra ellos por colaborar en el lavado de fondos y en la evasión de decenas de clientes españoles de HSBC Suiza. Sin embargo, el auto reprocha a la entidad su falta de control y asegura de forma rotunda que «la operativa de las dos entidades bancarias analizadas ha contribuido al aprovechamiento y ocultación del producto de hechos constitutivos de delitos». Una combinación de falta de pruebas inequívocas y de la prescripción del delito han librado al banco de responsabilidades penales y un escándalo a nivel internacional.

 

El escrito al que ha tenido acceso El Confidencial destaca las conclusiones alcanzadas por los peritos judiciales designados por el Banco de España que, como adelantó este medio, pusieron el foco en la opacidad de la operativa destapada a raíz de la ‘lista Falciani’. El escrito pericial sostenía que los trasvases entre los dos bancos se produjeron de forma anónima hasta 2012, aprovechando que el Santander era la entidad corresponsal de HSBC para España. Tras el fin del acuerdo de corresponsalía en ese ejercicio, los saldos de las cuentas de HSBC pasaron a moverse entre España y Suiza mediante un complejo intercambio de claves que seguía camuflando a los verdaderos propietarios de los activos. También expusieron presuntas irregularidades en la gestión de valores de HSBC en una cuenta de custodia de Santander Investment.

La conclusión que alcanza ahora el juez es que existen «numerosos elementos que deberían haber alertado del importante riesgo asumido por los responsables de las entidades investigadas en la operativa llevada a cabo que facilitó la ocultación y el aprovechamiento del producto de los delitos«. Este riesgo se deducía, concreta, del país ordenante de la operativa (Suiza); de la entidad cliente (HSBC Private Bank Suisse) con un importante historial de colaboración en la ocultación de fondos de contribuyentes europeos y españoles, público y notorio; y de la concreta operativa analizada que favorecía la ocultación del titular real de los fondos.

El auto destaca el profundo análisis llevado a cabo por los peritos que puso de manifiesto «la muy notoria e irregular ausencia de valoración del riesgo desarrollada por los investigados en los expedientes de diligencia debida, en contra incluso de los criterios asumidos en sus propios manuales de procedimiento internos». Solo entre 2005 y 2008, se produjeron 1.070 operaciones entre Santander y HSBC Suiza por un importe total de 73,9 millones de euros. Según los peritos, en la totalidad del periodo bajo sospecha, Santander únicamente dio la voz de alarma por transferencias relacionadas con HSBC en tres ocasiones. De hecho, Santander consideró hasta 2016 que el riesgo de blanqueo de las operaciones con HSBC debía considerarse ‘bajo’, pese a las numerosas investigaciones abiertas contra la firma suiza en Estados Unidos y Europa por la ocultación generalizada de patrimonios.

A pesar de todo, el Central 5 indica que las evidencias halladas «resultan insuficientes para alcanzar la convicción del reproche penal» a la vista de que no se ha hallado una prueba directa, inequívoca y sin fisuras, que acredite «el conocimiento cabal de que a través de los instrumentos puestos a disposición por ambas entidades, Banco Santander y BNP Paribas, a otra entidad de alto riesgo, HSBC Private Bank Suisse, se canalizasen fondos procedentes de actividades delictivas».

Prescripción

El magistrado instructor, ahora Santiago Pedraz, señala también en su auto que cabría imputar a los directivos afectados por la modalidad imprudente del delito. Sin embargo, la reforma del Código Penal de 2004 estableció un plazo de prescripción de cinco años. La pieza separada en la que se investigaba la actuación del banco fue abierta el 28 de abril de 2016 y los afectados fueron imputados en abril de 2017. Los años transcurridos suponen que los hechos investigados queden fueran del plazo señalado. Contactado el banco, no ha contestado a las preguntas de este medio.

Entre los directivos investigados se encontraba Ignacio Benjumea, secretario general desde 2005 hasta 2015 y presidente del Comité de Análisis y Resolución hasta 2014; José Manuel de Araluce Larraz, director de Cumplimiento, entre junio de 2005 y julio de 2014, y vicepresidente del Comité de Análisis desde septiembre de 2006 y Carlos Infesta Fernández, responsable de prevención de Área en el ámbito de Banca Mayorista y Banca de Corresponsales (Global Banking & Markets) donde se desarrollaban las actividades de custodia de valores y banca de corresponsales, desde 2008 a junio de 2010.

También Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo hasta mayo de 2013; Jesús Álvarez Ramírez, encargado del Área de Banca Privada y Sociedades Filiales con competencias para el cumplimiento de los objetivos de blanqueo, hasta 2015; Jesús Rivero González que fue responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el Departamento Central de Extranjero hasta 2013; y Marta Mora Villarubia responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el departamento de Instituciones Financieras Internacionales hasta 2012. También se investigaba a tres directivos del BNP Paribas Securities Services.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/

La sentencia distingue entre la acción de declaración de nulidad y la reclamación de devolución de cantidades; mientras la primera no prescribe, la segunda sí está sometida a los plazos del Código Civil

Victoria parcial de las entidades bancarias y de crédito que han comercializado las controvertidas tarjetas ‘revolving’. El Juzgado de Primera Instancia 25 de Sevilla ha dictado una sentencia que acota, por la vía de la prescripción, la cantidad que el usuario puede reclamar al emisor de la misma. Así, en el asunto enjuiciado, a pesar de que el demandante había suscrito el contrato en diciembre de 1996, la resolución limita la cuantía a devolver a lo indebidamente abonado durante los 15 años anteriores a 2019 —es decir, desde 2004—, según el plazo de prescripción vigente en aquel momento de acuerdo con el Código Civil. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el artículo que regula el ejercicio de acciones personales, el 1964.2, se modificó recientemente, fijando su prescripción en los cinco años, con lo que las reclamaciones que se presentaran a día de hoy se ajustarían a ese término.
En el litigio analizado, el demandante solicitó la declaración de nulidad del contrato de la tarjeta de crédito ‘revolving’, aplicándose los efectos del artículo 3 de la Ley de Usura de 1908, que determina que, una vez concedida la anulación, «el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida». Es decir, tendría que restituir únicamente lo efectivamente dispuesto, recibiendo de la entidad lo abonado de más en concepto de intereses y comisiones.
Tras analizar las condiciones del contrato y los intereses pactados en el mismo, el 24,71% TAE para compras y el 26,82% TAE para disposiciones en efectivo, la jueza determina que deben considerarse como «notablemente superiores al tipo de índice de referencia, sin que se justifique por la entidad bancaria circunstancia alguna para ese interés». Es, por tanto, «usurario», según la resolución. Sin embargo, y a pesar de entender que el contrato debe ser declarado nulo por dicha causa, la magistrada da la razón a la entidad bancaria en lo que respecta a la prescripción alegada, lo cual limita la cantidad a reintegrar al demandante. El motivo, según expone la sentencia, es que en un proceso de estas características conviven dos tipos de acciones: por un lado, la de nulidad del contrato o las cláusulas bancarias que tengan la consideración de abusivas, y, por otro, la de restitución de las cuantías. A pesar de entender que, en efecto, el contrato es nulo por usurario, la jueza da la razón a la entidad en lo relativo a la prescripción A pesar de que la jueza admite que existen órganos judiciales que han entendido que no es posible distinguir entre la nulidad del contrato —o la cláusula— y sus efectos, ella abraza la postura que sí diferencia ambas acciones. «Pueden entenderse los argumentos a favor de la primera posición», expone, que se traduce en que la restitución es un efecto directo de la nulidad, apreciable incluso de oficio, y que no es posible separar dos acciones donde solo hay una. “Sin embargo, esta juzgadora considera más acertada jurídicamente la doctrina mantenida a favor de la prescripción de la acción restitutoria o de reclamación de cantidad”, que han sostenido, entre otros, las audiencias provinciales de Valencia, A Coruña, Alicante, Barcelona o Jaén. Según lo que establece el Código Civil, expone, la regla general es que las acciones prescriben salvo que exista un pronunciamiento legal en contrario, como sucede con la filiación o la partición de herencia. Así, «que el negocio jurídico es inexistente o que el acto es nulo de pleno derecho se debe poder hacer valer en cualquier momento». En cambio, «si el acto nulo ha agotado todos sus efectos y estos son conocidos por el titular de la acción, las razones de seguridad jurídica, de presunción de abandono y de tolerancia frente a una situación de hecho explican que la acción para hacer desaparecer esos efectos se someta a un plazo de prescripción», agrega la resolución. Tanto es así, recuerda, que existen materias en las que en un primer momento se declara la nulidad, pero se hace una expresa remisión a que en un procedimiento posterior deberán concretarse los efectos de la misma.

¿Cuándo empieza a contar la prescripción?

Fijada esa primera distinción, la jueza se plantea a partir de cuándo debe contar la prescripción y se responde que a partir de que existan pagos indebidos. En todo caso, matiza, debe señalarse que existen dos situaciones diferenciadas. En primer lugar, los pagos realizados antes del 7 de octubre de 2015 —fecha en que se reformó el artículo 1964.2 del Código Civil—, que tendrán un plazo de prescripción de 15 años y que vencerían, en todo caso, el 28 de diciembre de 2020 (cinco años más tarde, más los 82 días que estuvieron suspendidos los cómputos por el primer estado de alarma por la pandemia). En segundo término, los abonos efectuados después del 7 de octubre de 2015, en cuyos casos el plazo de prescripción sería de cinco años, más 82 días (por el estado de alarma), si se pagó antes del 5 de junio de 2020.

En el caso analizado por el Juzgado de Sevilla, se aplica el primero de los supuestos porque el demandante efectuó una reclamación extrajudicial el 25 de noviembre de 2019. En todo caso, se aprecia la prescripción de todas las cuantías abonadas antes de ese mismo día de 2004.

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El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una cláusula multidivisa incorporada a un préstamo hipotecario de Catalunya Banc, entidad absorbida por BBVA, por considerarla «abusiva».

El tribunal del Sala de lo Civil ha estimado un recurso de casación interpuesto en representación del consumidor por la letrada Montserrat Serrano, de Colectivo Ronda, despacho colaborador de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona número 243/2018 de 12 de abril, dictada por la Sección Decimoquinta, que ahora el Supremo revoca.

El TS declara la nulidad de la cláusula relativa a las divisas, condena al BBVA a recalcular las cuotas de amortización, y le impone el pago de las costas de primera instancia.

La sentencia es la número 217/2021, de 20 de abril.

La firman los magistrados Ignacio Sancho Gargallo (presidente), Rafael Sarazá Jimena (ponente), Pedro José Vela Torres y Juan María Díaz Fraile.

«El Supremo falla falta de transparencia en la contratación y anula, por abusiva, la cláusula que convertía a francos suizos la cuota del préstamo así como la deuda pendiente de amortizar», ha destacado Asufin en un comunicado.

En la asociación están «muy satisfechos» con esta sentencia que da la razón a sus asociados, destacan que son pioneros en la defensa de la hipoteca multidivisa y que cuentan con «los abogados más expertos en la materia, como es el caso de Óscar Serrano«.

Asufin señala que esta sentencia es «un auténtico varapalo para la AP 15 de Barcelona, que viene dando la razón a las entidades bancarias frente a los afectados por hipoteca multidivisa».

En la asociación esperan que «las entidades dejen ya de recurrir al Supremo, cuyo criterio en esta materia es claro y consolidado, al tiempo que la AP 15 de Barcelona corrija su jurisprudencia tan perjudicial para los consumidores».

Asufin explica que frente al criterio del tribunal barcelonés, que consideraba que la pareja afectada “había aceptado contratar un producto expuesto a la aleatoriedad que es propia del mercado de divisas”, el Supremo «invoca su propia doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar que “los prestatarios no han recibido una información adecuada sobre la naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo ni sobre las graves consecuencias asociadas a la materialización de tales riesgos”.

La Sala de lo Civil ha fijado doctrina jurisprudencial respecto del control de transparencia en los préstamos multidivisa o multimoneda, en línea con la establecida por el TJUE. En la sentencia 486/2020, de 22 de septiembre, y en las resoluciones 88/2021, de 23 de febrero, y 188/2021, de 31 de marzo.

FALLO CONTRA HIPOTECAS MULTIDIVISAS DE BARCLAYS

Asufin también ha informado que recientemente acaba de ganar en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona la demanda colectiva que presentó contra todos los préstamos concedidos por Barclays.

Explica que tanto la sentencia del Supremo como la del Juzgado de lo  Mercantil coinciden en términos, al anular la claúsula multidivisa «por falta de transparencia en su contratación».

Además, Asufin indica que «en un planteamiento novedoso en las colectivas, establece que el banco, en este caso CaixaBank, que heredó las hipotecas de la entidad británica asentada en España, queda obligado a recalcular el préstamo en euros y devolver las cantidades pagadas de más de oficio, sin tener el afectado que emprender un pleito individual ni personarse en la oficina bancaria».

«Asufin es pionera en la defensa de los afectados de hipoteca multidivisa, siendo sus sentencias las primeras en ganarse en el Tribunal Supremo a favor de sus asociados”, destaca la presidenta de esta asociación, Patricia Suárez.

Explica que “la hipoteca multidivisa es muy representativa de lo que supuso la crisis financiera de la década anterior, cuando las entidades bancarias colocaron multitud de productos tóxicos que en tribunales se han demostrado altamente lesivos para los consumidores financieros; sólo hay que recordar que los pleitos por cláusulas abusivas bancarias se fallan a favor del cliente en un 97% de los casos”.

“La cláusula multidivisa, en especial, se comercializó con falta total de transparencia, impidiendo al consumidor conocer con detalle las consecuencias de contratar un préstamo en yenes o francos suizos, y comparar el coste que iba a tener con relación a otro en Euribor”, señala.

SOBRECOSTE DE DEUDA 

El préstamo en litigio sobre el que falla el Tribunal Supremo ahora fue concertado en francos suizos en 2006 por un importe cuya equivalencia en euros en aquel momento era de 165.000 euros.

En el momento de interponer la demanda, esa equivalencia era de 180.583,91 euros, pese a que los prestatarios habían pagado todas las cuotas de amortización del préstamo durante más de ocho años. «Es decir, pese a mantenerse al corriente de pago, su deuda se había incrementado en 15.000 euros respecto al capital solicitado inicialmente», destaca Asufin.

Expone que en su publicidad, Catalunya Banc «recomendaba la contratación de hipotecas en moneda extranjera con el reclamo de acceder a un menor tipo de interés y ver sustancialmente rebajadas las cuotas mensuales». «Todos los préstamos de Catalunya Banc han pasado a formar parte de BBVA, que compró la entidad», apunta.

Sin embargo, Asufin explica que «el contenido de la publicidad y la información trasladada por los empleados de la entidad pronto se revelaron profundamente imprecisos respecto al riesgo de encarecimiento que suponía la contratación de una hipoteca en moneda extranjera; hasta el punto que mientras que la equivalencia en euros del capital prestado el 28 de junio de 2006 era de 165.000 euros, en la fecha del dictamen pericial aportado junto a la demanda esa equivalencia era de 180.583,91 euros, pese a que los prestatarios habían pagado todas las cuotas de amortización del préstamo durante más de ocho años».

Tanto el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Barcelona como, posteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimaron la demanda y el recurso presentado por los asociados de Asufin, al considerar que la información proporcionada a los clientes sobre el funcionamiento de la hipoteca multidivisa era suficiente y valorando que habían sido los propios clientes quienes tuvieron la iniciativa de interesarse por el producto.

De este modo, la Audiencia Provincial de Barcelona hacía constar en su resolución que el matrimonio afectado “había aceptado contratar un producto expuesto a la aleatoriedad que es propia del mercado de divisas” y acudieron a la oficina bancaria “con una firme decisión de contratar un producto distinto”. Producto sobre el cual, afirmaba la resolución, que pese a admitir que la información proporcionada por la entidad “no puede ser considerada una información perfecta”, sí resultaba suficiente para “conocer los riesgos sustanciales del producto”.

Sin embargo, «el Tribunal Supremo no considera que Catalunya Banc actuara con diligencia ni se sometiera al deber de obrar ‘con buena fe’ al informar a los asociados de Asufin sobre el verdadero riesgo que asumían con la contratación de su hipoteca en francos suizos», destaca Asufin.

El Supremo afirma que «no es suficiente con que los prestatarios supieran que estaban contratando un préstamo hipotecario multidivisa o multimoneda, siendo la divisa elegida al celebrar el contrato el franco suizo; que les cobrarían una comisión trimestral por el cambio de divisa; o que «dependiendo de cómo fuera podía cambiar».

«Era necesario que tuvieran información sobre esos otros extremos (recálculo constante de la equivalencia en euros del capital pendiente de amortizar, posibilidad de incremento considerable del importe en euros de la cuota mensual, facultad de resolución del banco por infragarantía en caso de devaluación del euro respecto de la divisa elegida), y en este caso no la tuvieron», expresa.

“Que fuera el cliente quien acudiera al banco a interesarse por el producto ofertado no exime a este de la obligación de suministrar, con la suficiente antelación, la información adecuada sobre la naturaleza y riesgos del producto, ni excluye la insuficiencia e inadecuación de la información obtenida”, subrayan los magistrados.

Fuente: https://confilegal.com/

  • El consumidor puede renunciar si la entidad le informa de los contras de la decisión

Cuando en un contrato de novación, que modifica una cláusula potencialmente abusiva de un contrato previo, se establece que el consumidor renuncia a ejercer acciones judiciales contra la entidad, debe situarse al consumidor en condiciones de comprender las consecuencias jurídicas y económicas que para él se derivan y, además, que este consumidor haya podido influir en el contenido de la nueva cláusula, extremo que corresponde comprobar al juez nacional.

Así, lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia, de 3 de marzo de 2021, en la que se establece que siempre que la renuncia proceda de un consentimiento libre e informado del consumidor, la Directiva no se opone a que una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo carácter abusivo puede ser declarado judicialmente, sea objeto de una novación entre ese profesional y el consumidor para que éste renuncie a los efectos que pudieran derivarse de la declaración del carácter abusivo de esa cláusula.

La ponente, la magistrada Ineta Ziemele, determina que  al juez nacional le corresponde comprobar estos extremos. En cambio, la cláusula mediante la que el mismo consumidor renuncia, en lo referente a controversias futuras, a las acciones judiciales basadas en los derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no vincula al consumidor.

Larga duración

La magistrada razona, que cuando una cláusula que limitarla fluctuación a la baja de un tipo de interés variable calculado a partir de un índice, resulta evidente que el valor exacto de ese te tipo variable no puede fijarse en un contrato de préstamo para toda su duración.

Por ello, considera que no cabe exigir a un profesional que facilite información precisa acerca de las consecuencias económicas asociadas a las variaciones del tipo de interés durante la vigencia del contrato, ya que esas variaciones dependen de acontecimientos futuros no previsibles y ajenos a la voluntad del profesional.

En particular, la aplicación de un tipo de interés variable conlleva, a lo largo del tiempo, por su propia naturaleza, una fluctuación de los importes de las cuotas futuras, de forma que el profesional no está en condiciones de precisar el impacto exacto de la aplicación de una cláusula suelo sobre tales cuotas, tal y como establece las sentencia de 9 de julio de 2020 del TJUE.

En la misma sentencia se detallaba que en relación con préstamos hipotecarios de tipo de interés variable que el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo del tipo aplicable constituye un elemento pertinente.

Así, mediante tal información puede situarse al consumidor en condiciones de tomar conciencia, a la luz de las fluctuaciones pasadas, de la eventualidad de que no pueda beneficiarse de tipos inferiores al tipo suelo que se le propone.

Sobre las cantidades a renunciar con una nueva cláusula suelo, coincidentes con la diferencia entre las sumas satisfechas por el consumidor en aplicación de la cláusula suelo inicial y las que hubieran debido abonarse en ausencia de ella, esas cantidades deberían calcularse fácilmente por un consumidor medio normalmente informado y razonablemente perspicaz, siempre que la entidad bancaria haya puesto a su disposición todos los datos necesarios.

fuente: eleconomista.es

Disponer de la información adecuada para hacer una evaluación sólida de la solvencia cobra especial relevancia con las tarjetas revolving y el impacto económico y social provocado por la crisis sanitaria del COVID-19

El Banco de España ha emitido una circular para aumentar la vigilancia de la legalidad de los créditos bancarios. Disponer de la información adecuada para hacer una evaluación sólida de la solvencia cobra especial relevancia con las tarjetas revolving y el impacto económico y social provocado por la crisis sanitaria del COVID-19.

La nueva normativa pretende evitar el endeudamiento excesivo y garantizar la transparencia. Entre las novedades, para prevenir el endeudamiento excesivo y garantizar la transparencia, el importe del riesgo acumulado de un titular en una entidad se rebaja de 9.000 a 1.000 euros y se revisan la relación de tipos de interés que tendrán la consideración de oficiales de referencia.

Se trata de la Circular 1/2021, de 28 de enero del Banco de España. Adapta la Circular 1/2013, de 24 de mayo sobre la Central de Información de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos a los cambios introducidos en la regulación de la Central de Información de Riesgos (CIR) y de los tipos oficiales de referencia por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que a su vez, se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Reforma de la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos

A partir del 31 de enero de 2021, fecha de entrada en vigor de esta nueva Circular del Banco de España:

– El importe del riesgo acumulado de un titular en una entidad se rebaja de 9.000 a 1.000 euros

– El límite temporal máximo para la puesta a disposición de la información de retorno para las entidades declarantes y los intermediarios de crédito inmobiliario será de veintiún días naturales a partir de la fecha a la que se refiera la última información declarada.

– Se suman como entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos:

• Las entidades de pago, incluidas las que operen en España, en el ejercicio del derecho de libertad de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios siempre que:

a) La concesión de créditos no constituya su actividad principal y se trate de operaciones concedidas exclusivamente en relación con la ejecución de pagos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de crédito al consumo respecto a la concesión de créditos mediante tarjeta de crédito;

b) El crédito concedido en relación con el pago sea reembolsado dentro de un plazo corto que, en ningún caso, supere los doce meses;

c) Dicho crédito no se conceda con cargo a los fondos recibidos o en posesión a efectos de la ejecución de una operación de pago; y,

d) Los fondos propios de la entidad de pago sean en todo momento adecuados, conforme a los criterios que a tal efecto establezca el Banco de España, teniendo en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos (art. 20.3 del RDl 19/2018).

• Las entidades de dinero electrónico, incluidas las que operen en España, en el ejercicio del derecho de libertad de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios, que concedan créditos bajo el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1.º Que se trate de un crédito concedido exclusivamente en relación con la ejecución de una operación de pago;

2.º Que el crédito concedido en relación con el pago sea reembolsado dentro de un plazo que, en ningún caso, supere los doce meses;

3.º Que dicho crédito no se conceda con cargo a los fondos recibidos o mantenidos a efectos de la ejecución de una operación de pago; y,

4.º Que los fondos propios de la entidad de dinero electrónico sean en todo momento adecuados, conforme a los criterios que a tal efecto establezca el Banco de España teniendo en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos (art.8.1.b) L 21/2011).

– Se establece el ámbito de la información que habrán de remitir a la Central de Información de Riesgos las nuevas entidades declarantes, que coincidirá con el modelo de declaración reducida que se aplica ya a los prestamistas inmobiliarios y a las entidades de crédito que operan en régimen de libre prestación de servicios.

– Se actualiza la mención al derecho de cancelación, que pasa a denominarse «derecho de supresión» para alinear la terminología con la normativa vigente en materia de protección de datos.

– Se procede incorporar la nueva información solicitada a las entidades declarantes como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-

– Se introducen algunas aclaraciones para mejorar la declaración y la gestión técnica de la información, que redundarán en una mejora de la calidad de la información que se solicita a las entidades declarantes.

Transparencia

Se modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.

Se aumentan las alternativas de tipos de interés oficiales, tanto para la concesión de préstamos como para incluirlos como sustitutivos en dichos contratos. Con esta finalidad:

– Se revisa la relación de tipos de interés que tendrán la consideración de tipos oficiales de referencia,

– Se cambia la denominación de alguno de los existentes y se amplía su número.

En particular, a los tipos de referencia oficiales actualmente existentes se añaden cuatro índices basados en diferentes plazos del euríbor (a una semana, a un mes, a tres meses y a seis meses), otro basado en el «Euro short-term rate» (€STR) y cualquier otro índice que se establezca al efecto expresamente mediante resolución de la Secretaría General del Tesoro y ,Financiación Internacional. Junto con ello:

– Se suprime el míbor de la relación de tipos de interés oficiales, aunque mantiene este carácter para las operaciones formalizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000, y el Banco de España continuará publicándolo mensualmente en su sede electrónica y en el BOE.

– Se actualiza la relación de los tipos oficiales prevista en la OM de transparencia y se establecen la definición y el procedimiento de determinación de los nuevos índices.

 

Fuente: noticias.juridicas.com

El juzgado de primera instancia nº 72 de Madrid ha anulado una tarjeta de pago aplazado o «revolving» tras reconocer que las cláusulas estaban redactadas en un tamaño de letras inferior a 1,5 milímetros, «tan reducido que resulta prácticamente imposible» conocer su contenido.,El demandante suscribió una tarjeta Citi Oro con Citibank, mediante la cual dispuso, durante 16 años, de 75.269,49 euros, por los que abonó a la entidad 115.142,06;

Madrid, 7 ene (EFE).- El juzgado de primera instancia nº 72 de Madrid ha anulado una tarjeta de pago aplazado o «revolving» tras reconocer que las cláusulas estaban redactadas en un tamaño de letras inferior a 1,5 milímetros, «tan reducido que resulta prácticamente imposible» conocer su contenido.

El demandante suscribió una tarjeta Citi Oro con Citibank, mediante la cual dispuso, durante 16 años, de 75.269,49 euros, por los que abonó a la entidad 115.142,06; ahora, el juzgado insta al banco a devolverle 48.816.

Las condiciones del préstamo, incluidas en el anverso del contrato, eran un tipo nominal anual del 24 % y una tasa anual equivalente (TAE) del 26,82 %.

Pero dichas condiciones, sostiene el juzgado madrileño, estaban expuestas en un «tamaño tan reducido de letra que dificulta en extremo su lectura y comprensión, y resulta prácticamente imposible extraer de dicho clausulado el interés aplicado».

El tamaño de la letra, prosigue la sentencia, era inferior al mínimo de 1,5 milímetros.

De ahí que el demandante no tuviera «oportunidad real de conocer la carga económica de las condiciones declaradas nulas, dada la ilegibilidad del condicionado y de la falta de prueba de información previa».

Desde Reclama Por Mi, plataforma de abogados especializada en créditos aplazados que presentó la demanda, destacan que el fallo pone también énfasis en el carácter usurario del interés aplicado, muy superior al interés medio de los créditos al consumo en la fecha de contratación.

Fuente: La Vanguardia

El banco alemán admite en un comunicado que está llevando a cabo una investigación interna. Podría haber sido un patrón de conducta inadecuada bajo los parámetros de MiFID

 

Deutsche Bank está realizando una investigación interna por posible mala praxis en la venta de productos de inversión. El banco está desarrollando una investigación interna para comprobar si su personal ha vendido indebidamente productos de inversión sofisticados de forma inadecuada, violando la normativa MiFID II que, precisamente, pone el foco en evitar estas prácticas.

La auditoría interna tiene el nombre en código ‘Project Teal’, según publicó ‘Financial Times’, que señala que se debe a las quejas de los clientes a lo largo del año pasado. El banco ha empezado así, proactivamente, una investigación que pone el foco en España y Portugal, para comprobar el volumen de las operaciones y si había un patrón de conducta. También analiza si ha sucedido en más países.

 

«Pusimos en marcha una investigación en relación a nuestra interacción con un número limitado de clientes. No podemos comentar detalles hasta que se hayan completado todos los aspectos de la investigación», señala Deutsche Bank en un escueto comunicado oficial. Por ahora, no está claro si el origen está en la mesa de tesorería de Madrid.

La auditoría habría encontrado que se categorizó de forma errónea a clientes corporativos a los que se colocaron productos complejos como coberturas, swaps o derivados. La normativa MiFID II, que regula la distribución de productos de inversión, trata de evitar estas prácticas. La información del ‘Financial Times’ también señala que hay una investigación de posible colusión entre los emleados, y que el centor del caso está en un ex trabajador que ya no está en el banco.

 

Se trata de un nuevo escándalo que salpica a Deutsche Bank, que acaba de acordar pagar a las autoridades estadounidenses casi 125 millones de dólares para cerrar un caso sobre infracción de las leyes de soborno y fraude, y que ya ha desembolsado miles de millones en multas y acuerdos por su responsabilidad en la Gran Crisis Financiera, por la venta de productos tóxicos o por la manipulación de tipos de interés.

 

Fuente: www.elconfidencial.com

El ex secretario de Estado de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, asegura en una carta que ha enviado a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) que la intervención de su entidad financiera por blanqueo de capitales, que tuvo lugar en marzo de 2015, fue una decisión de «evidente cariz político» que, además, no duda en calificar de «injustificada, desproporcionada e injusta».

La misiva de Martínez, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, está fechada el pasado 3 de noviembre y responde a una carta previa que le envió la familia Cierco en la que le pedía que les ayudara a esclarecer lo ocurrido con su banco en el Principado y con su filial en España, el Banco de Madrid.

La BPA estuvo en el foco de Interior por haber albergado la fortuna oculta de la familia Pujol en el Principado. Asimismo, Antiblanqueo denunció que se dedicaba al lavado de fondos de clientes rusos, chinos, mexicanos o venezolanos. La Justicia, sin embargo, archivó años después las investigaciones al determinar que la entidad no incumplió la normativa contra el blanqueo de capitales.

El ex número dos de Interior aceptó la petición de los financieros andorranos y les contestó que, una vez «analizados numerosos documentos » sobre la intervención de la BPA y del Banco de Madrid, su primera valoración es que «en ocasiones, no pocas, los poderes públicos causan gravísimos perjuicios con actuaciones que, a la postre, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o sencillamente injustas, como parece ser su caso».

«La lectura de los documentos andorranos permite constatar la extraordinaria rapidez con que se tramitaron las actuaciones, en tan solo unos días del mes de marzo de 2015, tanto en Andorra como en España», subraya Martínez. Una circunstancia que, asegura, «no puede ser fruto de la casualidad sino de una actuación concertada y coordinada».

«No puedo negarle que tanto la severidad de una medida como la intervención de una entidad financiera como la inusitada rapidez con la que se tramitaron los expedientes hace ver que existía una evidente y firme decisión de tomar tales medidas», prosigue el ex alto cargo del PP, imputado en estos momentos en la denominada operación Kitchen, en la que se investiga el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

«Es evidente que diversas investigaciones iniciadas en España por los correspondientes órganos jurisdiccionales impulsaron a las Fuerzas de Seguridad a obtener toda la información posible sobre cuentas de distintas personalidades en el Principado de Andorra, que pudieran albergar los pagos recibidos como consecuencia de la comisión de delitos de diversa naturaleza», abunda.

Asimismo, añade que «el conocimiento de la intención de las autoridades norteamericanas un año antes de que se emitiera la resolución correspondiente hace ver que la coordinación entre entidades de prevención del blanqueo, en España, Andorra y Estados Unidos, fue sostenida en el tiempo y condujo a la materialización de lo que en 2014 había servido para intentar provocar la colaboración de BPA en la búsqueda de la fortuna oculta de determinadas personalidades investigadas».

En este sentido, apunta que «las resoluciones judiciales posteriores han demostrado lo desproporcionado e incluso infundado de aquella actuación, en la que las entidades financieras intervenidas acabaron siendo sacrificadas en aras de una exagerada demostración de compromiso con los estándares de Estados Unidos, sin apenas posibilidad de realizar alegaciones o de defender lo que, años después, han acreditado los tribunales, cuando ya era demasiado tarde».

En cuanto a las causas que motivaron la operación judicial contra la BPA, Martínez expone su «convicción personal de que las autoridades norteamericanas de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exigían a las autoridades de Andorra muestras expresas de compromiso con la normativa en materia de prevención del blanqueo». «La forma de demostrar la disposición de tales autoridades de su país fue la entrega –si me permite la expresión– de una de las entidades financieras del país, la BPA, cuyo sacrificio se propició a modo de sobreactuación o de respuesta desproporcionada ». Todo ello para «disipar cualquier duda sobre la voluntad política de Andorra de cumplir las expectativas de Estados Unidos, aunque fuese a costa de un enorme daño personal y patrimonial». En lo que respecta a los responsables de la operación judicial contra el banco, Martínez arguye que las «decisiones» de intervenirlo, «por su alcance, sólo pudieron adoptarse por la firme voluntad política de llevarlas a cabo» y con la «necesaria coordinación de organismos competentes y responsables del más alto nivel». «Sin que sea lógico pensar que pueda tratarse de una mera respuesta a las presunciones de los órganos técnicos», afirma.

Eso sí, Martínez traslada toda la responsabilidad «a las autoridades competentes en el país donde se iniciaron los hechos» y niega que el Gobierno de Mariano Rajoy estuviera detrás de la operación. «Me sorprende que recientemente se haya ampliado una querella en Andorra contra el presidente del Gobierno español en aquellas fechas y contra el entonces ministro del Interior, así como contra mi persona, por mi cargo de secretario de Estado de Seguridad en aquella fecha».

«Creo que no es de recibo que así sea, cuando las autoridades directamente ejecutoras de la decisión y, por tanto, verdaderas portadoras de ese interés político fueron personas de su país como los Sres. (Jordi) Cinca (ex ministro de Finanzas), (Antoni) Martí (ex presidente de Andorra), (Gilbert) Saboya (ex ministro de Asuntos Exteriores), (Carles) Fiñana (responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera) o (Alfons) Alberca (fiscal general de Andorra), con quienes no he tenido trato alguno, pero de cuya intervención en las decisiones no cabe ninguna duda».

Por lo tanto, enfatiza Martínez en su misiva dirigida a la familia Cierco que «no entiende» que «la exigencia de responsabilidad se dirija contra los cargos públicos españoles cuando las decisiones de evidente cariz político se tomaron en su país y precipitaron, eso sí, la respuesta coordinada de las autoridades homólogas en España».

EL BANCO DE LOS PUJOL EXONERADO DE BLANQUEO

La Policía investigó durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la BPA y exigió a sus responsables las cuentas de los líderes nacionalistas catalanes. La operación la encabezaron el agregado de Interior en el Principado y el ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos, que pidieron la colaboración de la entidad bajo la amenaza de que el banco sería intervenido, como finalmente ocurrió en 2015. A día de hoy, los procedimientos judiciales que se abrieron en España han sido archivados. La Justicia estableció que, aunque los protocolos contra el blanqueo del banco eran «mejorables» no se puede asegurar que su control fuera inexistente o que el banco favoreciera la captación de fondos ilícitos. Martínez sostiene ante los Cierco que fue ajeno a la intervención de la Policía en este caso, cuya actuación investiga ya Andorra por coaccionar a la BPA.

Fuente: El Mundo

 

La Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, ha venido a aprobar esta nueva figura impositiva del sistema de tributario español, también conocida como Tasa Tobin, que entrará en vigor el 16 de enero de 2021, gravando la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.

La aplicación de esta Ley exige determinadas precisiones reglamentarias para desarrollar algunas cuestiones previstas en ella, fundamentalmente, el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto previsto en el artículo 8 de la Ley del Impuesto, ya se efectúe a través de un depositario central de valores establecido en territorio español o por el propio sujeto pasivo.

Este nuevo reglamento viene a cubrir estas necesidades. Para ello se estructura en ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

Procedimiento innovador para el ingreso de autoliquidaciones

Los artículos 2 a 6 concretan el procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones a través de un depositario central de valores establecido en territorio español, distinguiendo los distintos supuestos en los que resulta aplicable tal procedimiento y detallando la canalización de la información y del importe de la deuda tributaria desde el sujeto pasivo hasta la Administración tributaria.

Se trata de un procedimiento novedoso en nuestro ordenamiento tributario justificado por las especiales características de este impuesto, ya que se prevé que un porcentaje significativo de los sujetos pasivos serán no residentes en territorio español y sin apenas vínculos con la Administración tributaria española, tratándose de intermediarios financieros cuya actividad en muchos casos se concreta en emitir, para su ejecución por los miembros de los mercados, órdenes de compra de acciones por cuenta de sus clientes adquirentes. Mediante dicho procedimiento, el depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente.

Para facilitar la presentación y pago de las autoliquidaciones por los sujetos pasivos, se prevé, con carácter general, el encauzamiento del importe del impuesto a pagar y de los datos que han de constar en la autoliquidación a través de los sujetos que participan en la liquidación y registro de la adquisición de las acciones que da lugar al devengo del impuesto. Por tanto, serán las entidades participantes en el depositario central de valores las encargadas en última instancia de hacer llegar a éste los flujos de datos y monetarios.

La ventaja de este procedimiento para la Administración tributaria radica fundamentalmente en la simplificación de la gestión, al relacionarse con un único interlocutor en lugar de con múltiples sujetos pasivos, sin perjuicio de las obligaciones tributarias de estos y del ejercicio de las facultades de comprobación que corresponden a la Administración tributaria.

Este procedimiento se establece con carácter obligatorio para aquellos casos en los que el sujeto pasivo tenga una relación directa con el depositario central de valores o con alguna de sus entidades participantes. Para los restantes supuestos, la presentación e ingreso a través de un depositario central de valores se configura como optativa para el sujeto pasivo, dado que en estos casos es posible que se requiera la formalización de un acuerdo con un intermediario financiero tercero que sirva de nexo entre el sujeto pasivo y alguna de las entidades participantes en el depositario central de valores.

Si el sujeto pasivo se acogiese a alguna de las opciones o concurriese el supuesto de presentación obligatoria a través del depositario central de valores, deberá utilizar esta misma vía para declarar e ingresar el impuesto por todas las adquisiciones sujetas correspondientes al mismo período. Y en los supuestos en los que proceda realizar la presentación e ingreso de las autoliquidaciones por un depositario central de valores, los sujetos pasivos deberán proporcionar a éste el importe de la deuda tributaria, así como determinados datos de cada adquisición sujeta (exenta o no exenta), en la forma que determine el depositario central de valores y en todo caso antes del inicio del plazo para la presentación de la autoliquidación e ingreso del impuesto.

Acuerdos para la presentación entre los depositarios de valores

Entre las opciones de presentación a través de un depositario central de valores establecido en territorio español, en el artículo 7 de este reglamento se contempla la posibilidad de que se puedan concluir acuerdos de colaboración entre un depositario central de valores establecido en territorio español y un depositario central de valores no establecido en dicho territorio al objeto de que el depositario central de valores establecido en territorio español presente e ingrese las autoliquidaciones en nombre y por cuenta del sujeto pasivo.

El artículo 8 regula la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto por el propio sujeto pasivo cuando no proceda efectuarse por un depositario central de valores establecido en territorio español.

Obligaciones de conservación de la información

La disposición adicional primera regula las obligaciones de conservación y mantenimiento a disposición de la Administración tributaria de la información con trascendencia tributaria relativa a este impuesto que incumben al depositario central de valores y a sus entidades participantes.

Por su parte, la disposición adicional segunda dispone que la Administración tributaria publicará, con efectos meramente informativos, la lista de sociedades cuyas acciones se someten a gravamen a partir de la relación de sociedades comunicada por la Sociedad de Bolsas.

La disposición transitoria única relación con las sociedades cuyas acciones se someten a gravamen en el primer ejercicio contempla que la Agencia Estatal de Administración Tributaria publique la lista de las mencionadas sociedades, con efectos meramente informativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto, para la aplicación del impuesto en el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de la Ley y el 31 de diciembre de 2021.

Modificaciones en los Reglamentos del IVA y de Gestión e Inspección tributaria

La disposición final primera incluye dos modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, con una finalidad técnica, para hacer posible que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en consigna acogidos al Suministro Inmediato de Información puedan cumplir con la obligación de la llevanza del nuevo apartado del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde el 1 de enero de 2021, regulándose el plazo para el suministro de la información de estas operaciones al tiempo que se establecen campos adicionales necesarios que completan la información de registro de los bienes.

La disposición final segunda modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, para introducir un nuevo artículo 54 ter que regula la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en reemplazo del anterior anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo número 1106/2020, de 23 de julio.

 

Fuente: https://noticias.juridicas.com/

Recientemente hemos participado en el rodaje del documental de Eric Merola como representantes de la plataforma de afectados del BPA. Queremos compartir con vosotros esta película que plantea una dura visión de un caso que ha dejado a docenas de clientes enfrentados a penas de prisión por delitos de lavado de dinero que nunca existieron, y a muchas familias sin los ahorros de toda su vida.