El ex secretario de Estado de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, asegura en una carta que ha enviado a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) que la intervención de su entidad financiera por blanqueo de capitales, que tuvo lugar en marzo de 2015, fue una decisión de «evidente cariz político» que, además, no duda en calificar de «injustificada, desproporcionada e injusta».

La misiva de Martínez, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, está fechada el pasado 3 de noviembre y responde a una carta previa que le envió la familia Cierco en la que le pedía que les ayudara a esclarecer lo ocurrido con su banco en el Principado y con su filial en España, el Banco de Madrid.

La BPA estuvo en el foco de Interior por haber albergado la fortuna oculta de la familia Pujol en el Principado. Asimismo, Antiblanqueo denunció que se dedicaba al lavado de fondos de clientes rusos, chinos, mexicanos o venezolanos. La Justicia, sin embargo, archivó años después las investigaciones al determinar que la entidad no incumplió la normativa contra el blanqueo de capitales.

El ex número dos de Interior aceptó la petición de los financieros andorranos y les contestó que, una vez «analizados numerosos documentos » sobre la intervención de la BPA y del Banco de Madrid, su primera valoración es que «en ocasiones, no pocas, los poderes públicos causan gravísimos perjuicios con actuaciones que, a la postre, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o sencillamente injustas, como parece ser su caso».

«La lectura de los documentos andorranos permite constatar la extraordinaria rapidez con que se tramitaron las actuaciones, en tan solo unos días del mes de marzo de 2015, tanto en Andorra como en España», subraya Martínez. Una circunstancia que, asegura, «no puede ser fruto de la casualidad sino de una actuación concertada y coordinada».

«No puedo negarle que tanto la severidad de una medida como la intervención de una entidad financiera como la inusitada rapidez con la que se tramitaron los expedientes hace ver que existía una evidente y firme decisión de tomar tales medidas», prosigue el ex alto cargo del PP, imputado en estos momentos en la denominada operación Kitchen, en la que se investiga el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

«Es evidente que diversas investigaciones iniciadas en España por los correspondientes órganos jurisdiccionales impulsaron a las Fuerzas de Seguridad a obtener toda la información posible sobre cuentas de distintas personalidades en el Principado de Andorra, que pudieran albergar los pagos recibidos como consecuencia de la comisión de delitos de diversa naturaleza», abunda.

Asimismo, añade que «el conocimiento de la intención de las autoridades norteamericanas un año antes de que se emitiera la resolución correspondiente hace ver que la coordinación entre entidades de prevención del blanqueo, en España, Andorra y Estados Unidos, fue sostenida en el tiempo y condujo a la materialización de lo que en 2014 había servido para intentar provocar la colaboración de BPA en la búsqueda de la fortuna oculta de determinadas personalidades investigadas».

En este sentido, apunta que «las resoluciones judiciales posteriores han demostrado lo desproporcionado e incluso infundado de aquella actuación, en la que las entidades financieras intervenidas acabaron siendo sacrificadas en aras de una exagerada demostración de compromiso con los estándares de Estados Unidos, sin apenas posibilidad de realizar alegaciones o de defender lo que, años después, han acreditado los tribunales, cuando ya era demasiado tarde».

En cuanto a las causas que motivaron la operación judicial contra la BPA, Martínez expone su «convicción personal de que las autoridades norteamericanas de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exigían a las autoridades de Andorra muestras expresas de compromiso con la normativa en materia de prevención del blanqueo». «La forma de demostrar la disposición de tales autoridades de su país fue la entrega –si me permite la expresión– de una de las entidades financieras del país, la BPA, cuyo sacrificio se propició a modo de sobreactuación o de respuesta desproporcionada ». Todo ello para «disipar cualquier duda sobre la voluntad política de Andorra de cumplir las expectativas de Estados Unidos, aunque fuese a costa de un enorme daño personal y patrimonial». En lo que respecta a los responsables de la operación judicial contra el banco, Martínez arguye que las «decisiones» de intervenirlo, «por su alcance, sólo pudieron adoptarse por la firme voluntad política de llevarlas a cabo» y con la «necesaria coordinación de organismos competentes y responsables del más alto nivel». «Sin que sea lógico pensar que pueda tratarse de una mera respuesta a las presunciones de los órganos técnicos», afirma.

Eso sí, Martínez traslada toda la responsabilidad «a las autoridades competentes en el país donde se iniciaron los hechos» y niega que el Gobierno de Mariano Rajoy estuviera detrás de la operación. «Me sorprende que recientemente se haya ampliado una querella en Andorra contra el presidente del Gobierno español en aquellas fechas y contra el entonces ministro del Interior, así como contra mi persona, por mi cargo de secretario de Estado de Seguridad en aquella fecha».

«Creo que no es de recibo que así sea, cuando las autoridades directamente ejecutoras de la decisión y, por tanto, verdaderas portadoras de ese interés político fueron personas de su país como los Sres. (Jordi) Cinca (ex ministro de Finanzas), (Antoni) Martí (ex presidente de Andorra), (Gilbert) Saboya (ex ministro de Asuntos Exteriores), (Carles) Fiñana (responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera) o (Alfons) Alberca (fiscal general de Andorra), con quienes no he tenido trato alguno, pero de cuya intervención en las decisiones no cabe ninguna duda».

Por lo tanto, enfatiza Martínez en su misiva dirigida a la familia Cierco que «no entiende» que «la exigencia de responsabilidad se dirija contra los cargos públicos españoles cuando las decisiones de evidente cariz político se tomaron en su país y precipitaron, eso sí, la respuesta coordinada de las autoridades homólogas en España».

EL BANCO DE LOS PUJOL EXONERADO DE BLANQUEO

La Policía investigó durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la BPA y exigió a sus responsables las cuentas de los líderes nacionalistas catalanes. La operación la encabezaron el agregado de Interior en el Principado y el ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos, que pidieron la colaboración de la entidad bajo la amenaza de que el banco sería intervenido, como finalmente ocurrió en 2015. A día de hoy, los procedimientos judiciales que se abrieron en España han sido archivados. La Justicia estableció que, aunque los protocolos contra el blanqueo del banco eran «mejorables» no se puede asegurar que su control fuera inexistente o que el banco favoreciera la captación de fondos ilícitos. Martínez sostiene ante los Cierco que fue ajeno a la intervención de la Policía en este caso, cuya actuación investiga ya Andorra por coaccionar a la BPA.

Fuente: El Mundo

 

La Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, ha venido a aprobar esta nueva figura impositiva del sistema de tributario español, también conocida como Tasa Tobin, que entrará en vigor el 16 de enero de 2021, gravando la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.

La aplicación de esta Ley exige determinadas precisiones reglamentarias para desarrollar algunas cuestiones previstas en ella, fundamentalmente, el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto previsto en el artículo 8 de la Ley del Impuesto, ya se efectúe a través de un depositario central de valores establecido en territorio español o por el propio sujeto pasivo.

Este nuevo reglamento viene a cubrir estas necesidades. Para ello se estructura en ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

Procedimiento innovador para el ingreso de autoliquidaciones

Los artículos 2 a 6 concretan el procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones a través de un depositario central de valores establecido en territorio español, distinguiendo los distintos supuestos en los que resulta aplicable tal procedimiento y detallando la canalización de la información y del importe de la deuda tributaria desde el sujeto pasivo hasta la Administración tributaria.

Se trata de un procedimiento novedoso en nuestro ordenamiento tributario justificado por las especiales características de este impuesto, ya que se prevé que un porcentaje significativo de los sujetos pasivos serán no residentes en territorio español y sin apenas vínculos con la Administración tributaria española, tratándose de intermediarios financieros cuya actividad en muchos casos se concreta en emitir, para su ejecución por los miembros de los mercados, órdenes de compra de acciones por cuenta de sus clientes adquirentes. Mediante dicho procedimiento, el depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente.

Para facilitar la presentación y pago de las autoliquidaciones por los sujetos pasivos, se prevé, con carácter general, el encauzamiento del importe del impuesto a pagar y de los datos que han de constar en la autoliquidación a través de los sujetos que participan en la liquidación y registro de la adquisición de las acciones que da lugar al devengo del impuesto. Por tanto, serán las entidades participantes en el depositario central de valores las encargadas en última instancia de hacer llegar a éste los flujos de datos y monetarios.

La ventaja de este procedimiento para la Administración tributaria radica fundamentalmente en la simplificación de la gestión, al relacionarse con un único interlocutor en lugar de con múltiples sujetos pasivos, sin perjuicio de las obligaciones tributarias de estos y del ejercicio de las facultades de comprobación que corresponden a la Administración tributaria.

Este procedimiento se establece con carácter obligatorio para aquellos casos en los que el sujeto pasivo tenga una relación directa con el depositario central de valores o con alguna de sus entidades participantes. Para los restantes supuestos, la presentación e ingreso a través de un depositario central de valores se configura como optativa para el sujeto pasivo, dado que en estos casos es posible que se requiera la formalización de un acuerdo con un intermediario financiero tercero que sirva de nexo entre el sujeto pasivo y alguna de las entidades participantes en el depositario central de valores.

Si el sujeto pasivo se acogiese a alguna de las opciones o concurriese el supuesto de presentación obligatoria a través del depositario central de valores, deberá utilizar esta misma vía para declarar e ingresar el impuesto por todas las adquisiciones sujetas correspondientes al mismo período. Y en los supuestos en los que proceda realizar la presentación e ingreso de las autoliquidaciones por un depositario central de valores, los sujetos pasivos deberán proporcionar a éste el importe de la deuda tributaria, así como determinados datos de cada adquisición sujeta (exenta o no exenta), en la forma que determine el depositario central de valores y en todo caso antes del inicio del plazo para la presentación de la autoliquidación e ingreso del impuesto.

Acuerdos para la presentación entre los depositarios de valores

Entre las opciones de presentación a través de un depositario central de valores establecido en territorio español, en el artículo 7 de este reglamento se contempla la posibilidad de que se puedan concluir acuerdos de colaboración entre un depositario central de valores establecido en territorio español y un depositario central de valores no establecido en dicho territorio al objeto de que el depositario central de valores establecido en territorio español presente e ingrese las autoliquidaciones en nombre y por cuenta del sujeto pasivo.

El artículo 8 regula la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto por el propio sujeto pasivo cuando no proceda efectuarse por un depositario central de valores establecido en territorio español.

Obligaciones de conservación de la información

La disposición adicional primera regula las obligaciones de conservación y mantenimiento a disposición de la Administración tributaria de la información con trascendencia tributaria relativa a este impuesto que incumben al depositario central de valores y a sus entidades participantes.

Por su parte, la disposición adicional segunda dispone que la Administración tributaria publicará, con efectos meramente informativos, la lista de sociedades cuyas acciones se someten a gravamen a partir de la relación de sociedades comunicada por la Sociedad de Bolsas.

La disposición transitoria única relación con las sociedades cuyas acciones se someten a gravamen en el primer ejercicio contempla que la Agencia Estatal de Administración Tributaria publique la lista de las mencionadas sociedades, con efectos meramente informativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto, para la aplicación del impuesto en el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de la Ley y el 31 de diciembre de 2021.

Modificaciones en los Reglamentos del IVA y de Gestión e Inspección tributaria

La disposición final primera incluye dos modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, con una finalidad técnica, para hacer posible que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en consigna acogidos al Suministro Inmediato de Información puedan cumplir con la obligación de la llevanza del nuevo apartado del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde el 1 de enero de 2021, regulándose el plazo para el suministro de la información de estas operaciones al tiempo que se establecen campos adicionales necesarios que completan la información de registro de los bienes.

La disposición final segunda modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, para introducir un nuevo artículo 54 ter que regula la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en reemplazo del anterior anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo número 1106/2020, de 23 de julio.

 

Fuente: https://noticias.juridicas.com/

Recientemente hemos participado en el rodaje del documental de Eric Merola como representantes de la plataforma de afectados del BPA. Queremos compartir con vosotros esta película que plantea una dura visión de un caso que ha dejado a docenas de clientes enfrentados a penas de prisión por delitos de lavado de dinero que nunca existieron, y a muchas familias sin los ahorros de toda su vida.

 

La restitución solo podrá ser parcial en los casos en que la ley nacional lo contemple. El fallo abre la puerta a tumbar las comisiones de apertura y a cargar las costas a la banca

El Tribunal de Justicia de la UE ha vuelto a asestar este jueves un golpe al balance de los bancos españoles y al criterio del Tribunal Supremo español al dictaminar que las entidades deben devolver a sus clientes con retroactividad total el coste de los gastos de constitución de las hipotecas cargados íntegramente al consumidor en cumplimiento a una cláusula abusiva.

La Corte de Luxemburgo recuerda que, como ya dictaminó en diciembre de 2016 en el caso de las cláusulas suelo, la nulidad de una cláusula por su abusividad debe suponer la anulación total de la condición desde su origen. El tribunal solo acepta que la restitución sea parcial si la legislación nacional marcaba que determinados gastos debía asumirlos el cliente. Este matiz indica que los consumidores podrían tener que seguir asumieno el coste del impuesto de actos jurídicos documentados, que el Supremo adjudicó a los clientes tras varias sentencias contradictorias, si bien las entidades deberían compensar a sus clientes por el resto de la factura.

«La Directiva se opone a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula», concluye, concretamente, el tribunal, «salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos».

En paralelo a la resolución sobre las cláusulas de reparto de los gastos hipotecarios, el dictamen del TJUE es revelador en otro importante objeto de pulsos judiciales entre banca y clientes: la comisión de apertura.

El tribunal considera que esta condición de los contratos puede ser anulada por abusiva si no resulta suficientemente transparente o no está justificada, habida cuenta además que su mera inclusión en el precio final, aclara, no la convierte en una parte esencial del contrato. La entidad, destaca, deberá poder demostrar que su cobro responde a servicios concretos y efectivamente concedidos.

Además, la Corte de Luxemburgo aclara que la legislación europea se opone a que el consumidor cargue con parte de las costas judiciales cuando litiga para tumbar una cláusula abusiva, pues este coste podría suponer una barrera para que los clientes hagan valer sus derechos ante la justicia.

Finalmente, los magistrados europeos admiten que las reclamaciones de cláusulas abusivas puedan estar sujetas a plazos de prescripción, pero solo en en el caso de que los plazos no impidan al consumidor ejercer su derecho para solicitar una restitución.

Ocho millones de afectados pendientes

Unos ocho millones de consumidores andaban pendientes de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE, según los cálculos de la asociación de usuarios financieros Asufin, que recuerda que el asunto ha sido objeto de una larga controversia judicial.

El Tribunal Supremo español ya había declarado nula, por abusiva, en diciembre de 2015, la cláusula de los contratos hipotecarios que carga al cliente con el coste de todos los gastos asociados a la constitución del crédito.

La aplicación de este criterio, sin embargo, resultó dispar en función del juez. Finalmente, el alto tribunal español dictaminó, en enero de 2019, un reparto salomónico de los gastos que suponía su reparto entre clientes y entidades.

Eso, claro está, para los créditos previos a la última reforma hipotecaria en la que, tras la controversia judicial desatada por este asunto, el Parlamentó decidió finalmente obligar a la banca a cargar con todos los gastos, excepto el de tasación para evitar que la entidad sea quien elige al valorador del inmueble.

El dictamen de la Corte de Luxemburgo se produce como contestación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 17 de Palma, en referencia a un procedimiento contra CaixaBank, y ante la remitida por el Juzgado número 6 de Ceuta en un asunto sobre BBVA.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

La Sala Primera del Tribunal Supremo tiene ante sí el reto de adaptar a su jurisprudencia el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 3 de marzo referente al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

Lo que supone un correctivo en toda regla a su sentencia 669/2017, de 14 de diciembre, que validó el voto particular de los magistrados Francisco Javier Orduña Moreno y Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Sin embargo, todo parece indicar –según ha podido saber Confilegal de fuentes bien informadas– que eso va a tardar lo suyo porque la Sala de lo Civil está preparando, discretamente, una cuestión prejudicial de cara al TJUE. 

El indicio evidente de esta intención es la inserción, en los autos de admisión de los recursos de casación interpuestos, de una frase en la que se invita a las partes a hacer opinar en torno a lo que les parece la sentencia del TJUE sobre el IRPH.

Un hecho que ha pasado desapercibido, hasta ahora.

“Esto es totalmente irregular. Todo parece indicar que la Sala está utilizando esta información para cargarse de razones a fin de justificar la necesidad de presentar una cuestión prejudicial en Luxemburgo sobre dicha sentencia. Sobre todo ahora que es público que el magistrado  titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana Zorraquino, ha anunciado que va a presentar una segunda cuestión prejudicial sobre el IRPH”, explican las mismas fuentes.

Los autos de admisión están para establecer si se cumplen los requisitos procedimentales para que el recurso pueda prosperar y celebrarse la vista.

No están para invitar a comentar lo que es propio del recurso de casación o de la oposición al recurso.

“Si eso se produce, si hay dos cuestiones prejudiciales sobre un mismo asunto, como este, en Luxemburgo, la claridad se verá afectada, para mal, además del retraso que ello va a suponer. Como mínimo un año y medio o dos años, hasta ver la luz otra vez”, añaden. 

González de Audicana fue quien elevó al TJUE la cuestión prejudicial precedente sobre el IRPH, que concluyó en la mencionada sentencia del asunto C-125/18.

LO QUE DICE LA SENTENCIA 

En ella se dijo que para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario, la cláusula, en este caso la del IRPH, no solo debe ser comprensible en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor pueda comprender cómo funciona el cálculo del tipo de interés, valorando, basándose en criterios precisos comprensibles, las consecuencias económicas y las obligaciones que conlleva.

La entidad debía, además, facilitar una tabla histórica sobre cómo se ha comportado ese índice durante los últimos años.

El tribunal de Luxemburgo, en su sentencia, dejó al criterio de cada juez, caso por caso, determinar si la contratación del préstamo hipotecario vinculado al IRPH fue transparente o no, si los consumidores dispusieron de la información descrita.

En caso de que la respuesta sea negativa, la cláusula queda anulada y sustituida por otra,

La decisión de González de Audicana está motivada por la interpretación diferente que está haciendo, de dicha sentencia, el tribunal de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que no coincide con lo que entiende el magistrado que debía ser la aplicación.

Como tribunal de apelación, todas las sentencias que el magistrado falle a partir de ahora sobre IRPH serán tumbadas. 

Los magistrados de dicha Sección consideran que el IRPH es un índice correcto.

Uno de los tres actuales hombres fuertes de la Sala de lo Civil del Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, fue presidente de esa Sección 15 entre 2005 y 2012, año en que se produjo su elevación al Alto Tribunal.

Y fue uno de los impulsores de la sentencia del 2017 del Supremo que el TJUE tumbó el pasado mes de marzo con al suya.

El Supremo y la Sección 15 de Barcelona comparten un hecho claro: la mera referencia a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad.

UNA APLICACIÓN NO PACÍFICA

La aplicación de la sentencia del TJUE, de hecho, no está siendo pacífica. La mayor parte de las sentencias de las Audiencias Provinciales –Tarragona, Granada, Alicante, Sevilla Huelva, Cáceres y Madrid– han fallado en la línea de la de Barcelona. Lo mismo que los Juzgados de Primera Instancia de Alicante o Tarragona.

Sólo una Audiencia Provincial, la de Málaga, se ha pronunciado en sentido contrario. Lo mismo que la mayoría de los Juzgados de Primera Instancia de Vigo, Orense, Guadalajara, Jaén, Palma de Mallorca, Lérida y Burgos.

Esto unido a hechos externos, como ha sido el anuncio de Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Abogados, de que se va a querellar contra los magistrados que hayan fallado en línea disidente con el TJUE, y la respuesta “bélica” del Colegio de la Abogacía de Barcelona y del Consejo General del Poder Judicial, augura todo menos acuerdo y tranquilidad.

Fuente: www.confilegl.com

També s’haurà de comunicar amb antel·lació en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no pagava

Qualsevol client d’una entitat financera ha de ser informat, com a mínim amb dos mesos d’antelació, en cas que una tarifa li sigui incrementada, en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no se li cobrava, i/o en cas que se li cobri per un servei nou al qual el client accedeixi. A més, l’entitat, ha d’informar del dret de separació del client en cas de disconformitat amb les modificacions proposades pel banc o l’entitat financera.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) recorda, en una nota informativa, que les entitats operatives del sistema financer han d’actuar amb transparència i comunicar als seus clients, en temps i forma, la informació necessària per permetre que puguin prendre les seves decisions amb coneixement íntegre dels riscos i dels costos associats als serveis i productes o operacions.

Per complir amb aquesta obligació de comunicació al client per part de l’entitat, no serà suficient posar a disposició del públic el llibre de tarifes a les oficines o a la pàgina web de les entitats, sinó que s’hauran de comunicar les tarifes, comissions i despeses  efectivament aplicables de forma individual, expressa i prèvia a tots els clients. En aquest sentit, l’entitat haurà de tenir identificat el mitjà pel qual es comunicarà amb cadascun dels seus clients.

Les entitats operatives del sistema financer andorrà poden fixar lliurement les tarifes o comissions percebudes pels serveis efectivament prestats als seus clients. En aquest sentit, l’AFA no autoritza, ni denega, ni limita l’import de les comissions a cobrar.

Font: altaveu.com

 

La banca gana una nueva batalla en torno al IRPH

La Audiencia de Barcelona no ve abuso en un préstamo

La larga guerra judicial entre los consumidores de servicios financieros y la banca en relación con los préstamos hipotecarios referenciados al índice IRPH no ha terminado, pero esta semana se ha conocido un fallo importante. En el primer pronunciamiento de una audiencia provincial después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 3 de marzo –que dejó en manos de los jueces españoles determinar en cada caso si hubo transparencia o abuso en el momento de la formalización del préstamo–, la Audiencia Provincial de Barcelona ha fallado a favor de la banca.

La sentencia, adoptada por el pleno de la sección 15 de la citada audiencia con el claro objetivo de marcar doctrina, se convertirá en una guía para los tribunales de primera instancia de Barcelona y para muchas audiencias provinciales del país. Tras esta primera sentencia llegarán muchas más y no habrá claridad ni certidumbre total hasta que se pronuncie de nuevo la sala de lo civil del Tribunal Supremo.

El fallo es el primero de una audiencia provincial después del pronunciamiento del Tribunal Europeo

Por el momento, en la primera, la Audiencia de Barcelona recuerda que el IRPH no es una condición general de contratación, como ya había establecido el TJUE, sino un índice de referencia cuyo control corresponde al Banco de España y no a los tribunales. Eso lleva al tribunal, en el que José María Fernández Seijo ha actuado como ponente, a afirmar que “en el marco de una acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación no se puede entrar a valorar el modo en el que se ha fijado un tipo de referencia legalmente predeterminado”. De lo anterior, los jueces concluyen que hay que desestimar la pretensión de que los bancos actuaron con abusividad.

Además, añade, el contrato de préstamo entre las dos partes en litigio fue lo suficientemente claro: “Se establece que el interés pactado será variable y se fija que el modo será aplicar uno de los tipos legales de referencia [el IRPH]. La cláusula es clara, precisa y permite al prestatario conocer, comprender y aceptar que la cuota de su hipoteca se hará a partir de un tipo de referencia fijado y controlado por el Banco de España”.

Pero la Audiencia va un paso más allá para dejar claro que, aunque se probara falta de transparencia –el peor escenario para la banca y el más favorable para el cliente–, eso no implicaría, de modo automático, que se ha producido un abuso. No basta con que el banco no sea transparente para que sea condenado.

Así las cosas, termina la sentencia, “la opción por uno de los índices de referencia no puede ser contraria a la buena fe”. Nada hacía pensar en ese momento que el cliente saldría perdiendo al vincular su hipoteca al IRPH y no al Euribor, por ejemplo. Por eso, la Audiencia desestima el recurso y confirma la sentencia de primera instancia. Para los demandantes, solo les queda el Supremo.

David Viladecans, director de asesoría jurídica de Tecnotramit, asegura que “esta sentencia deja claro que esta va a ser una cuestión muy controvertida en la que los pleitos en los que se pretende la nulidad del IRPH mayoritariamente se fallan en contra del consumidor, lo que comporta un riesgo de derrota elevado”. “Lo relevante es que entiende que, aplicando los mismos criterios del TJUE, la doctrina del Supremo sigue siendo válida porque la cláusula IRPH es suficientemente comprensible para un consumidor medio y, aunque no lo fuera, no podría considerarse abusiva, pues no hay desequilibrio entre las partes ni mala fe del banco”, explica Ignacio Benejam, socio de DWF-RCD.

Fuente: La Vangurdia

Varapalo a la banca por la comercialización de las tarjetas revolving en España. El Tribunal Supremo calificó este miércoles de “usurario” los altos tipos de interés que se cobran por la utilización de este tipo de tarjetas, que ofrecen modalidad de pago aplazado, y suponen para los clientes intereses muy superiores a los del mercado.

La sentencia conocida este miércoles corresponde a un caso de Wizink, que alcanzó un tipo de interés del 27,24%. El Alto Tribunal entiende que ese tipo de interés aplicado “es muy alto” “desproporcionado” y “supera en gran medida el índice tomado como referencia”.

Sentencia

La sentencia crea jurisprudencia y abre las puertas a acudir a los tribunales

Según los datos del Banco de España, la banca tiene préstamos vinculados a tarjetas de crédito, incluidas las revolving , por valor de 13.620 millones de euros. Actualmente, su tipo de interés medio es del 19,67%. Otro tipo de problemas que generan este tipo de tarjetas bancarias es la modalidad de pago, que alargan eternamente sus reembolsos y generan intereses durante bastantes años.

La clave de este fallo es que sienta jurisprudencia y puede hacer cambiar la política comercial de las entidades financieras en este segmento de créditos personales al consumo con los que se cobra tipos de interés altísimos bajo el argumento de que existe un alto riesgo de no devolver el dinero solicitado o de que son créditos personales que incrementan las tasas de morosidad de los propios bancos.

La clienta afectada “pidió la nulidad de la operación de crédito por su carácter usurario, basándose en la Ley de Represión de la Usura de 1908”. Finalmente, se le da la razón y se desestima el recurso de casación interpuesto por Wizink.

Wizink argumenta que la sentencia reconoce que “las tarjeta de pago aplazado son un mercado diferenciado y para determinar si el tipo de interés es o no usurario ha de tomarse como referencia los precios publicados en las estadísticas oficiales del Banco de España relativas al segmento de tarjetas de crédito con pago aplazado”. Los magistrados sí admiten que hay que atenerse a ese tipo de interés, pero aun así lo consideran “abusivo”, y por lo tanto, “nulo”.

Según las estimaciones que maneja la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) existen en España entre millón y medio y cuatro millones de afectados por el uso de estas tarjetas. El fallo abre la puerta a que se haga mayor control de transparencia. No obstante, desde la patronales del sector AEB y CECA consideran que “no se cuestiona la validez de este producto”.

Para Patricia Suárez, presidenta de Asufin, al margen de la litigiosidad, “la comercialización de estos productos debe responden a los principios de préstamos responsables, realizando una correcta evaluación de la solvencia del prestatario e informándole correctamente e incluso facilitándoles algún tipo de simulación de cuotas y amortización”.

Tras la sentencia, distintas fuentes instan al Ministerio de Economía a que modifique la orden de transparencia y protección del cliente de los servicios bancarios que tiene como objetivo mejorar la publicidad y comercialización de las tarjetas revolving .En dicha orden no se limita el tipo de interés pero sí el plazo de pago, al elevar el porcentaje mínimo de amortización al 25%, lo que restringe enormemente los intereses que se pagan por la deuda. Además, añade mejoras como la obligación de evaluar la solvencia del prestatario o informar al cliente de manera clara antes y después de la contratación.

Cambios

El Ejecutivo tramita la orden de transparencia y protección de clientes bancarios

Distintas asociaciones de consumidores han presentado algunas propuestas de mejora como la penalización a la entidad en caso de incumplir o la necesidad de aportar simulaciones para que el consumidor comprenda mejor el funcionamiento de estos préstamos.

Para Cristina González, directora jurídica de Reclama por Mí, si la gente opta por acudir a los tribunales hay que tener en cuenta el tipo de interés vigente en la fecha de contratación y “partiendo además de un juicio de valor que entiende que un 20% es ya muy elevado”. “Esto deja la puerta abierta a que los tribunales sigan declarando usurarios aquellos tipos de interés que superen el 20%”, añade.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, defiende que “el Supremo se pone del lado de los consumidores”. Argumenta que “las tarjetas revolving suponen una trampa para el consumidor, puesto que son productos claramente abusivos no sólo por los desproporcionados intereses (que llegan al 30% TAE), sino por las imposibles formas de amortización de la deuda. Además, existe una gran falta de transparencia en su comercialización”.

 

Fuente: La Vanguardia

L’advocat, del despatx col·laborador de SM Advocats,  analitza l’impacte de la sentència del TJUE sobre les hipoteques amb IRPH. Premeu sobre la imatge per veure l’entrevista:

 

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 25 de febrero el Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, que modifica el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y de los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España en materia de acceso a la actividad, requisitos de solvencia y régimen de supervisión.

La norma incorpora un nuevo texto regulatorio en desarrollo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, y deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, que regulaba hasta ahora la materia. También introduce modificaciones en el Reglamento del Registro Mercantil de 1996 y en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que desarrolla la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Objeto

El nuevo régimen específico de los establecimientos financieros de crédito llegó con la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, cuyo título II regula el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. Sin embargo, la misma no ha sido objeto de un desarrollo reglamentario que subsane la falta de seguridad jurídica generada por estar los establecimientos financieros de crédito sometidos a un régimen asimilable al de las entidades de crédito, sin que exista una adecuada adaptación a la naturaleza de su negocio, lo cual ocasiona problemas de interpretación al supervisor y a las propias entidades.

Y dado que esta situación desincentiva la aparición de nuevos operadores en el mercado que se acojan a este régimen y fomenta al mismo tiempo la aparición de operadores no regulados, el objetivo fundamental del real decreto es desarrollar un régimen jurídico para los establecimientos financieros de crédito claro, comprensible y adaptado a las necesidades del negocio, pero, al mismo tiempo, equivalente en términos de robustez al establecido para entidades de crédito. Además mejora la protección del cliente financiero y la competencia en la concesión de préstamos, sin renunciar por ello a los estándares de prudencia que deben caracterizar tal actividad.

La norma también aclara la normativa aplicable a los establecimientos financieros de crédito y la que no lo es, indicando que, supletoriamente, los establecimientos financieros de crédito se regirán por las normas de solvencia y conducta aplicables a la actividad de las entidades de crédito.

Establecimientos financieros de crédito

El texto dispone que podrán constituirse como establecimientos financieros de crédito aquellas empresas que, sin tener la consideración de entidad de crédito y previa autorización del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se dediquen con carácter profesional a ejercer una o varias de las actividades previstas en el artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de abril. Además señala las denominaciones que quedan reservadas a dichas entidades: «establecimiento financiero de crédito» (EFC), «establecimiento financiero de crédito-entidad de pago» (EFC-EP) y «establecimiento financiero de crédito-entidad de dinero electrónico» (EFC-EDE).

También regula la norma su forma de financiación, aspecto que permite diferenciar a estas entidades de las entidades de crédito en la medida en que no pueden captar fondos reembolsables del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros análogos, cualquiera que sea su destino.

Autorización y registro de activida

El Real Decreto incorpora la regulación de la autorización y registro de los establecimientos financieros de crédito.

Así, la autorización de estos establecimientos corresponde al titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los aspectos de su competencia.

La norma define a los agentes de establecimientos financieros de crédito como aquellas personas físicas o jurídicas a las que un establecimiento financiero de crédito haya otorgado poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, en nombre y por cuenta de la entidad mandante, en la negociación o formalización de operaciones típicas de la actividad del establecimiento financiero de crédito, excluyendo a los mandatarios con poderes para una sola operación específica y a las personas que se encuentren ligadas al establecimiento financiero de crédito, o a otras entidades de su mismo grupo, por una relación laboral.

El texto incluye los requisitos de la solicitud de autorización y los supuestos de denegación, revocación, renuncia y caducidad de la misma. Y se ocupa de forma específica de la autorización de modificaciones de estatutos sociales y de modificaciones estructurales, así como de la autorización de aquellos establecimientos financieros de crédito que estén sujetos al control de personas extranjeras.

En el plazo de un año a contar desde la notificación de la autorización los promotores, antes de iniciar sus actividades, deberán otorgar la oportuna escritura de constitución de la sociedad, inscribirla en el Registro Mercantil y posteriormente en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito del Banco de España.

Destaca el nuevo régimen de autorización de las entidades híbridas, que se configuran como entidades de pago o de dinero electrónico que realizan actividades propias de los establecimientos financieros de crédito para las que se ha diseñado una autorización única, así como la regulación de la actividad transfronteriza y el régimen de apertura de oficinas y la actuación mediante agentes.

En el plazo de un año, a contar desde la notificación de la autorización de un establecimiento financiero de crédito, los promotores deberán dar inicio a sus operaciones. Si no se diere comienzo a las actividades previstas en el objeto social de la entidad por causas imputables a la misma, se producirá la caducidad de la autorización para operar como establecimiento financiero de crédito.

Por otra parte, tras señalar que el régimen aplicable en materia de participaciones significativas será el previsto para las entidades de crédito en el título I, capítulo III, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, en el título I, capítulo II, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, y en sus normas de desarrollo, la norma se refiere a los requisitos de idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos, así como a los principios de gobierno corporativo y política de remuneraciones. En este sentido cabe destacar la aplicación de un criterio de proporcionalidad, de forma que se exime de la exigencia de los comités de nombramientos y remuneraciones a los establecimientos financieros de crédito que tengan unos activos totales inferiores a mil millones de euros. Asimismo, también se les exime de tener consejeros independientes. Y se exceptúan de la aplicación de los requisitos prudenciales de forma individual a aquellas filiales de entidades de crédito en el supuesto de que sus matrices tengan constituidos tales comités y ejerzan tales funciones para las filiales.

Requisitos de la actividad

La norma dispone que serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de un establecimiento financiero de crédito:

– Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida.

– Tener un capital social mínimo de 5 millones de euros, desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.

– Limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de un establecimiento financiero de crédito salvo para las empresas autorizadas como entidades híbridas en los casos previstos en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, y en este real decreto.

– Que los accionistas titulares de participaciones significativas o, en su defecto, los veinte mayores accionistas sean considerados idóneos, de acuerdo con los factores previstos en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Se entenderá por participación significativa aquella que cumpla con los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 10/2014, de 26 de junio. La idoneidad se apreciará siguiendo lo establecido en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.

– Contar con un consejo de administración formado como mínimo por tres miembros.

– Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. En especial, el consejo de administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de los establecimientos financieros de crédito, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, u otras disposiciones que sean de aplicación.

– Contar con un departamento o servicio de atención al cliente que atienda y resuelva las quejas y reclamaciones que sus clientes les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos. Los establecimientos financieros de crédito que formen parte del mismo grupo económico podrán disponer de un departamento o servicio de atención al cliente único para todo el grupo.

– Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio nacional.

– Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

– No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna.

Por otra parte, tanto los miembros del consejo de administración de la entidad como las personas físicas que representen en el consejo de administración a los consejeros que sean personas jurídicas, los directores generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad conforme establezca el Banco de España, deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Además, los miembros del consejo de administración del establecimiento financiero de crédito deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.

Solvencia y conducta

Para determinar las obligaciones de solvencia que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España, la norma se remite al título II de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y al título II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, en sus normas de desarrollo, con el alcance y las especialidades que se recogen en la Ley 5/2015, de 27 de abril.

En este sentido se puede destacar como novedad la exigencia de un colchón de liquidez que los establecimientos financieros de crédito deberán mantener para hacer frente a sus salidas de liquidez durante un periodo suficientemente amplio de tensión en los mercados financieros, así como la obligación de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos de activos, pasivos y compromisos.

Por otra parte, el texto también recoge aquellas obligaciones de información en materia de solvencia y estructura accionarial que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos consolidables de establecimientos financieros de crédito.

Supervisión de los establecimientos financieros de crédito

Por último, el real decreto se ocupa del régimen de control e inspección que debe llevar a cabo el Banco de España sobre los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España.

Modificaciones legislativas

– Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio: se modifica el artículo 326.2.

– Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito: se añade un nuevo apartado 5 al artículo 13.

– Se deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

Entrada en vigor y disposiciones transitorias

El Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, entrará en vigor el 1 de julio de 2020, salvo el artículo 30 –sobre el colchón de liquidez y la estructura de fuentes de financiación y vencimientos–, que entrará en vigor a los tres meses de la publicación de la circular del Banco de España que desarrolle lo previsto en dicho artículo, y la disposición final segunda –sobre modificación del Real Decreto 84/2015–, que entrará en vigor el 26 de febrero de 2020, al día siguiente de la publicación de la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado.

Las disposiciones transitorias se ocupan de la transformación en bancos de establecimientos financieros de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, de las sucursales y filiales en el extranjero de establecimientos financieros de crédito existentes a la fecha de entrada en vigor y del régimen transitorio para establecimientos financieros de crédito provenientes de la transformación de entidades de crédito de ámbito operativo limitado.

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/