Disponer de la información adecuada para hacer una evaluación sólida de la solvencia cobra especial relevancia con las tarjetas revolving y el impacto económico y social provocado por la crisis sanitaria del COVID-19

El Banco de España ha emitido una circular para aumentar la vigilancia de la legalidad de los créditos bancarios. Disponer de la información adecuada para hacer una evaluación sólida de la solvencia cobra especial relevancia con las tarjetas revolving y el impacto económico y social provocado por la crisis sanitaria del COVID-19.

La nueva normativa pretende evitar el endeudamiento excesivo y garantizar la transparencia. Entre las novedades, para prevenir el endeudamiento excesivo y garantizar la transparencia, el importe del riesgo acumulado de un titular en una entidad se rebaja de 9.000 a 1.000 euros y se revisan la relación de tipos de interés que tendrán la consideración de oficiales de referencia.

Se trata de la Circular 1/2021, de 28 de enero del Banco de España. Adapta la Circular 1/2013, de 24 de mayo sobre la Central de Información de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos a los cambios introducidos en la regulación de la Central de Información de Riesgos (CIR) y de los tipos oficiales de referencia por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que a su vez, se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Reforma de la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos

A partir del 31 de enero de 2021, fecha de entrada en vigor de esta nueva Circular del Banco de España:

– El importe del riesgo acumulado de un titular en una entidad se rebaja de 9.000 a 1.000 euros

– El límite temporal máximo para la puesta a disposición de la información de retorno para las entidades declarantes y los intermediarios de crédito inmobiliario será de veintiún días naturales a partir de la fecha a la que se refiera la última información declarada.

– Se suman como entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos:

• Las entidades de pago, incluidas las que operen en España, en el ejercicio del derecho de libertad de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios siempre que:

a) La concesión de créditos no constituya su actividad principal y se trate de operaciones concedidas exclusivamente en relación con la ejecución de pagos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de crédito al consumo respecto a la concesión de créditos mediante tarjeta de crédito;

b) El crédito concedido en relación con el pago sea reembolsado dentro de un plazo corto que, en ningún caso, supere los doce meses;

c) Dicho crédito no se conceda con cargo a los fondos recibidos o en posesión a efectos de la ejecución de una operación de pago; y,

d) Los fondos propios de la entidad de pago sean en todo momento adecuados, conforme a los criterios que a tal efecto establezca el Banco de España, teniendo en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos (art. 20.3 del RDl 19/2018).

• Las entidades de dinero electrónico, incluidas las que operen en España, en el ejercicio del derecho de libertad de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios, que concedan créditos bajo el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1.º Que se trate de un crédito concedido exclusivamente en relación con la ejecución de una operación de pago;

2.º Que el crédito concedido en relación con el pago sea reembolsado dentro de un plazo que, en ningún caso, supere los doce meses;

3.º Que dicho crédito no se conceda con cargo a los fondos recibidos o mantenidos a efectos de la ejecución de una operación de pago; y,

4.º Que los fondos propios de la entidad de dinero electrónico sean en todo momento adecuados, conforme a los criterios que a tal efecto establezca el Banco de España teniendo en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos (art.8.1.b) L 21/2011).

– Se establece el ámbito de la información que habrán de remitir a la Central de Información de Riesgos las nuevas entidades declarantes, que coincidirá con el modelo de declaración reducida que se aplica ya a los prestamistas inmobiliarios y a las entidades de crédito que operan en régimen de libre prestación de servicios.

– Se actualiza la mención al derecho de cancelación, que pasa a denominarse «derecho de supresión» para alinear la terminología con la normativa vigente en materia de protección de datos.

– Se procede incorporar la nueva información solicitada a las entidades declarantes como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-

– Se introducen algunas aclaraciones para mejorar la declaración y la gestión técnica de la información, que redundarán en una mejora de la calidad de la información que se solicita a las entidades declarantes.

Transparencia

Se modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.

Se aumentan las alternativas de tipos de interés oficiales, tanto para la concesión de préstamos como para incluirlos como sustitutivos en dichos contratos. Con esta finalidad:

– Se revisa la relación de tipos de interés que tendrán la consideración de tipos oficiales de referencia,

– Se cambia la denominación de alguno de los existentes y se amplía su número.

En particular, a los tipos de referencia oficiales actualmente existentes se añaden cuatro índices basados en diferentes plazos del euríbor (a una semana, a un mes, a tres meses y a seis meses), otro basado en el «Euro short-term rate» (€STR) y cualquier otro índice que se establezca al efecto expresamente mediante resolución de la Secretaría General del Tesoro y ,Financiación Internacional. Junto con ello:

– Se suprime el míbor de la relación de tipos de interés oficiales, aunque mantiene este carácter para las operaciones formalizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000, y el Banco de España continuará publicándolo mensualmente en su sede electrónica y en el BOE.

– Se actualiza la relación de los tipos oficiales prevista en la OM de transparencia y se establecen la definición y el procedimiento de determinación de los nuevos índices.

 

Fuente: noticias.juridicas.com

El juzgado de primera instancia nº 72 de Madrid ha anulado una tarjeta de pago aplazado o «revolving» tras reconocer que las cláusulas estaban redactadas en un tamaño de letras inferior a 1,5 milímetros, «tan reducido que resulta prácticamente imposible» conocer su contenido.,El demandante suscribió una tarjeta Citi Oro con Citibank, mediante la cual dispuso, durante 16 años, de 75.269,49 euros, por los que abonó a la entidad 115.142,06;

Madrid, 7 ene (EFE).- El juzgado de primera instancia nº 72 de Madrid ha anulado una tarjeta de pago aplazado o «revolving» tras reconocer que las cláusulas estaban redactadas en un tamaño de letras inferior a 1,5 milímetros, «tan reducido que resulta prácticamente imposible» conocer su contenido.

El demandante suscribió una tarjeta Citi Oro con Citibank, mediante la cual dispuso, durante 16 años, de 75.269,49 euros, por los que abonó a la entidad 115.142,06; ahora, el juzgado insta al banco a devolverle 48.816.

Las condiciones del préstamo, incluidas en el anverso del contrato, eran un tipo nominal anual del 24 % y una tasa anual equivalente (TAE) del 26,82 %.

Pero dichas condiciones, sostiene el juzgado madrileño, estaban expuestas en un «tamaño tan reducido de letra que dificulta en extremo su lectura y comprensión, y resulta prácticamente imposible extraer de dicho clausulado el interés aplicado».

El tamaño de la letra, prosigue la sentencia, era inferior al mínimo de 1,5 milímetros.

De ahí que el demandante no tuviera «oportunidad real de conocer la carga económica de las condiciones declaradas nulas, dada la ilegibilidad del condicionado y de la falta de prueba de información previa».

Desde Reclama Por Mi, plataforma de abogados especializada en créditos aplazados que presentó la demanda, destacan que el fallo pone también énfasis en el carácter usurario del interés aplicado, muy superior al interés medio de los créditos al consumo en la fecha de contratación.

Fuente: La Vanguardia

El banco alemán admite en un comunicado que está llevando a cabo una investigación interna. Podría haber sido un patrón de conducta inadecuada bajo los parámetros de MiFID

 

Deutsche Bank está realizando una investigación interna por posible mala praxis en la venta de productos de inversión. El banco está desarrollando una investigación interna para comprobar si su personal ha vendido indebidamente productos de inversión sofisticados de forma inadecuada, violando la normativa MiFID II que, precisamente, pone el foco en evitar estas prácticas.

La auditoría interna tiene el nombre en código ‘Project Teal’, según publicó ‘Financial Times’, que señala que se debe a las quejas de los clientes a lo largo del año pasado. El banco ha empezado así, proactivamente, una investigación que pone el foco en España y Portugal, para comprobar el volumen de las operaciones y si había un patrón de conducta. También analiza si ha sucedido en más países.

 

«Pusimos en marcha una investigación en relación a nuestra interacción con un número limitado de clientes. No podemos comentar detalles hasta que se hayan completado todos los aspectos de la investigación», señala Deutsche Bank en un escueto comunicado oficial. Por ahora, no está claro si el origen está en la mesa de tesorería de Madrid.

La auditoría habría encontrado que se categorizó de forma errónea a clientes corporativos a los que se colocaron productos complejos como coberturas, swaps o derivados. La normativa MiFID II, que regula la distribución de productos de inversión, trata de evitar estas prácticas. La información del ‘Financial Times’ también señala que hay una investigación de posible colusión entre los emleados, y que el centor del caso está en un ex trabajador que ya no está en el banco.

 

Se trata de un nuevo escándalo que salpica a Deutsche Bank, que acaba de acordar pagar a las autoridades estadounidenses casi 125 millones de dólares para cerrar un caso sobre infracción de las leyes de soborno y fraude, y que ya ha desembolsado miles de millones en multas y acuerdos por su responsabilidad en la Gran Crisis Financiera, por la venta de productos tóxicos o por la manipulación de tipos de interés.

 

Fuente: www.elconfidencial.com

El ex secretario de Estado de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, asegura en una carta que ha enviado a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) que la intervención de su entidad financiera por blanqueo de capitales, que tuvo lugar en marzo de 2015, fue una decisión de «evidente cariz político» que, además, no duda en calificar de «injustificada, desproporcionada e injusta».

La misiva de Martínez, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, está fechada el pasado 3 de noviembre y responde a una carta previa que le envió la familia Cierco en la que le pedía que les ayudara a esclarecer lo ocurrido con su banco en el Principado y con su filial en España, el Banco de Madrid.

La BPA estuvo en el foco de Interior por haber albergado la fortuna oculta de la familia Pujol en el Principado. Asimismo, Antiblanqueo denunció que se dedicaba al lavado de fondos de clientes rusos, chinos, mexicanos o venezolanos. La Justicia, sin embargo, archivó años después las investigaciones al determinar que la entidad no incumplió la normativa contra el blanqueo de capitales.

El ex número dos de Interior aceptó la petición de los financieros andorranos y les contestó que, una vez «analizados numerosos documentos » sobre la intervención de la BPA y del Banco de Madrid, su primera valoración es que «en ocasiones, no pocas, los poderes públicos causan gravísimos perjuicios con actuaciones que, a la postre, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o sencillamente injustas, como parece ser su caso».

«La lectura de los documentos andorranos permite constatar la extraordinaria rapidez con que se tramitaron las actuaciones, en tan solo unos días del mes de marzo de 2015, tanto en Andorra como en España», subraya Martínez. Una circunstancia que, asegura, «no puede ser fruto de la casualidad sino de una actuación concertada y coordinada».

«No puedo negarle que tanto la severidad de una medida como la intervención de una entidad financiera como la inusitada rapidez con la que se tramitaron los expedientes hace ver que existía una evidente y firme decisión de tomar tales medidas», prosigue el ex alto cargo del PP, imputado en estos momentos en la denominada operación Kitchen, en la que se investiga el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

«Es evidente que diversas investigaciones iniciadas en España por los correspondientes órganos jurisdiccionales impulsaron a las Fuerzas de Seguridad a obtener toda la información posible sobre cuentas de distintas personalidades en el Principado de Andorra, que pudieran albergar los pagos recibidos como consecuencia de la comisión de delitos de diversa naturaleza», abunda.

Asimismo, añade que «el conocimiento de la intención de las autoridades norteamericanas un año antes de que se emitiera la resolución correspondiente hace ver que la coordinación entre entidades de prevención del blanqueo, en España, Andorra y Estados Unidos, fue sostenida en el tiempo y condujo a la materialización de lo que en 2014 había servido para intentar provocar la colaboración de BPA en la búsqueda de la fortuna oculta de determinadas personalidades investigadas».

En este sentido, apunta que «las resoluciones judiciales posteriores han demostrado lo desproporcionado e incluso infundado de aquella actuación, en la que las entidades financieras intervenidas acabaron siendo sacrificadas en aras de una exagerada demostración de compromiso con los estándares de Estados Unidos, sin apenas posibilidad de realizar alegaciones o de defender lo que, años después, han acreditado los tribunales, cuando ya era demasiado tarde».

En cuanto a las causas que motivaron la operación judicial contra la BPA, Martínez expone su «convicción personal de que las autoridades norteamericanas de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exigían a las autoridades de Andorra muestras expresas de compromiso con la normativa en materia de prevención del blanqueo». «La forma de demostrar la disposición de tales autoridades de su país fue la entrega –si me permite la expresión– de una de las entidades financieras del país, la BPA, cuyo sacrificio se propició a modo de sobreactuación o de respuesta desproporcionada ». Todo ello para «disipar cualquier duda sobre la voluntad política de Andorra de cumplir las expectativas de Estados Unidos, aunque fuese a costa de un enorme daño personal y patrimonial». En lo que respecta a los responsables de la operación judicial contra el banco, Martínez arguye que las «decisiones» de intervenirlo, «por su alcance, sólo pudieron adoptarse por la firme voluntad política de llevarlas a cabo» y con la «necesaria coordinación de organismos competentes y responsables del más alto nivel». «Sin que sea lógico pensar que pueda tratarse de una mera respuesta a las presunciones de los órganos técnicos», afirma.

Eso sí, Martínez traslada toda la responsabilidad «a las autoridades competentes en el país donde se iniciaron los hechos» y niega que el Gobierno de Mariano Rajoy estuviera detrás de la operación. «Me sorprende que recientemente se haya ampliado una querella en Andorra contra el presidente del Gobierno español en aquellas fechas y contra el entonces ministro del Interior, así como contra mi persona, por mi cargo de secretario de Estado de Seguridad en aquella fecha».

«Creo que no es de recibo que así sea, cuando las autoridades directamente ejecutoras de la decisión y, por tanto, verdaderas portadoras de ese interés político fueron personas de su país como los Sres. (Jordi) Cinca (ex ministro de Finanzas), (Antoni) Martí (ex presidente de Andorra), (Gilbert) Saboya (ex ministro de Asuntos Exteriores), (Carles) Fiñana (responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera) o (Alfons) Alberca (fiscal general de Andorra), con quienes no he tenido trato alguno, pero de cuya intervención en las decisiones no cabe ninguna duda».

Por lo tanto, enfatiza Martínez en su misiva dirigida a la familia Cierco que «no entiende» que «la exigencia de responsabilidad se dirija contra los cargos públicos españoles cuando las decisiones de evidente cariz político se tomaron en su país y precipitaron, eso sí, la respuesta coordinada de las autoridades homólogas en España».

EL BANCO DE LOS PUJOL EXONERADO DE BLANQUEO

La Policía investigó durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la BPA y exigió a sus responsables las cuentas de los líderes nacionalistas catalanes. La operación la encabezaron el agregado de Interior en el Principado y el ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos, que pidieron la colaboración de la entidad bajo la amenaza de que el banco sería intervenido, como finalmente ocurrió en 2015. A día de hoy, los procedimientos judiciales que se abrieron en España han sido archivados. La Justicia estableció que, aunque los protocolos contra el blanqueo del banco eran «mejorables» no se puede asegurar que su control fuera inexistente o que el banco favoreciera la captación de fondos ilícitos. Martínez sostiene ante los Cierco que fue ajeno a la intervención de la Policía en este caso, cuya actuación investiga ya Andorra por coaccionar a la BPA.

Fuente: El Mundo

 

La Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, ha venido a aprobar esta nueva figura impositiva del sistema de tributario español, también conocida como Tasa Tobin, que entrará en vigor el 16 de enero de 2021, gravando la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.

La aplicación de esta Ley exige determinadas precisiones reglamentarias para desarrollar algunas cuestiones previstas en ella, fundamentalmente, el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto previsto en el artículo 8 de la Ley del Impuesto, ya se efectúe a través de un depositario central de valores establecido en territorio español o por el propio sujeto pasivo.

Este nuevo reglamento viene a cubrir estas necesidades. Para ello se estructura en ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

Procedimiento innovador para el ingreso de autoliquidaciones

Los artículos 2 a 6 concretan el procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones a través de un depositario central de valores establecido en territorio español, distinguiendo los distintos supuestos en los que resulta aplicable tal procedimiento y detallando la canalización de la información y del importe de la deuda tributaria desde el sujeto pasivo hasta la Administración tributaria.

Se trata de un procedimiento novedoso en nuestro ordenamiento tributario justificado por las especiales características de este impuesto, ya que se prevé que un porcentaje significativo de los sujetos pasivos serán no residentes en territorio español y sin apenas vínculos con la Administración tributaria española, tratándose de intermediarios financieros cuya actividad en muchos casos se concreta en emitir, para su ejecución por los miembros de los mercados, órdenes de compra de acciones por cuenta de sus clientes adquirentes. Mediante dicho procedimiento, el depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente.

Para facilitar la presentación y pago de las autoliquidaciones por los sujetos pasivos, se prevé, con carácter general, el encauzamiento del importe del impuesto a pagar y de los datos que han de constar en la autoliquidación a través de los sujetos que participan en la liquidación y registro de la adquisición de las acciones que da lugar al devengo del impuesto. Por tanto, serán las entidades participantes en el depositario central de valores las encargadas en última instancia de hacer llegar a éste los flujos de datos y monetarios.

La ventaja de este procedimiento para la Administración tributaria radica fundamentalmente en la simplificación de la gestión, al relacionarse con un único interlocutor en lugar de con múltiples sujetos pasivos, sin perjuicio de las obligaciones tributarias de estos y del ejercicio de las facultades de comprobación que corresponden a la Administración tributaria.

Este procedimiento se establece con carácter obligatorio para aquellos casos en los que el sujeto pasivo tenga una relación directa con el depositario central de valores o con alguna de sus entidades participantes. Para los restantes supuestos, la presentación e ingreso a través de un depositario central de valores se configura como optativa para el sujeto pasivo, dado que en estos casos es posible que se requiera la formalización de un acuerdo con un intermediario financiero tercero que sirva de nexo entre el sujeto pasivo y alguna de las entidades participantes en el depositario central de valores.

Si el sujeto pasivo se acogiese a alguna de las opciones o concurriese el supuesto de presentación obligatoria a través del depositario central de valores, deberá utilizar esta misma vía para declarar e ingresar el impuesto por todas las adquisiciones sujetas correspondientes al mismo período. Y en los supuestos en los que proceda realizar la presentación e ingreso de las autoliquidaciones por un depositario central de valores, los sujetos pasivos deberán proporcionar a éste el importe de la deuda tributaria, así como determinados datos de cada adquisición sujeta (exenta o no exenta), en la forma que determine el depositario central de valores y en todo caso antes del inicio del plazo para la presentación de la autoliquidación e ingreso del impuesto.

Acuerdos para la presentación entre los depositarios de valores

Entre las opciones de presentación a través de un depositario central de valores establecido en territorio español, en el artículo 7 de este reglamento se contempla la posibilidad de que se puedan concluir acuerdos de colaboración entre un depositario central de valores establecido en territorio español y un depositario central de valores no establecido en dicho territorio al objeto de que el depositario central de valores establecido en territorio español presente e ingrese las autoliquidaciones en nombre y por cuenta del sujeto pasivo.

El artículo 8 regula la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto por el propio sujeto pasivo cuando no proceda efectuarse por un depositario central de valores establecido en territorio español.

Obligaciones de conservación de la información

La disposición adicional primera regula las obligaciones de conservación y mantenimiento a disposición de la Administración tributaria de la información con trascendencia tributaria relativa a este impuesto que incumben al depositario central de valores y a sus entidades participantes.

Por su parte, la disposición adicional segunda dispone que la Administración tributaria publicará, con efectos meramente informativos, la lista de sociedades cuyas acciones se someten a gravamen a partir de la relación de sociedades comunicada por la Sociedad de Bolsas.

La disposición transitoria única relación con las sociedades cuyas acciones se someten a gravamen en el primer ejercicio contempla que la Agencia Estatal de Administración Tributaria publique la lista de las mencionadas sociedades, con efectos meramente informativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto, para la aplicación del impuesto en el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de la Ley y el 31 de diciembre de 2021.

Modificaciones en los Reglamentos del IVA y de Gestión e Inspección tributaria

La disposición final primera incluye dos modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, con una finalidad técnica, para hacer posible que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en consigna acogidos al Suministro Inmediato de Información puedan cumplir con la obligación de la llevanza del nuevo apartado del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde el 1 de enero de 2021, regulándose el plazo para el suministro de la información de estas operaciones al tiempo que se establecen campos adicionales necesarios que completan la información de registro de los bienes.

La disposición final segunda modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, para introducir un nuevo artículo 54 ter que regula la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en reemplazo del anterior anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo número 1106/2020, de 23 de julio.

 

Fuente: https://noticias.juridicas.com/

Recientemente hemos participado en el rodaje del documental de Eric Merola como representantes de la plataforma de afectados del BPA. Queremos compartir con vosotros esta película que plantea una dura visión de un caso que ha dejado a docenas de clientes enfrentados a penas de prisión por delitos de lavado de dinero que nunca existieron, y a muchas familias sin los ahorros de toda su vida.

 

La restitución solo podrá ser parcial en los casos en que la ley nacional lo contemple. El fallo abre la puerta a tumbar las comisiones de apertura y a cargar las costas a la banca

El Tribunal de Justicia de la UE ha vuelto a asestar este jueves un golpe al balance de los bancos españoles y al criterio del Tribunal Supremo español al dictaminar que las entidades deben devolver a sus clientes con retroactividad total el coste de los gastos de constitución de las hipotecas cargados íntegramente al consumidor en cumplimiento a una cláusula abusiva.

La Corte de Luxemburgo recuerda que, como ya dictaminó en diciembre de 2016 en el caso de las cláusulas suelo, la nulidad de una cláusula por su abusividad debe suponer la anulación total de la condición desde su origen. El tribunal solo acepta que la restitución sea parcial si la legislación nacional marcaba que determinados gastos debía asumirlos el cliente. Este matiz indica que los consumidores podrían tener que seguir asumieno el coste del impuesto de actos jurídicos documentados, que el Supremo adjudicó a los clientes tras varias sentencias contradictorias, si bien las entidades deberían compensar a sus clientes por el resto de la factura.

«La Directiva se opone a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula», concluye, concretamente, el tribunal, «salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos».

En paralelo a la resolución sobre las cláusulas de reparto de los gastos hipotecarios, el dictamen del TJUE es revelador en otro importante objeto de pulsos judiciales entre banca y clientes: la comisión de apertura.

El tribunal considera que esta condición de los contratos puede ser anulada por abusiva si no resulta suficientemente transparente o no está justificada, habida cuenta además que su mera inclusión en el precio final, aclara, no la convierte en una parte esencial del contrato. La entidad, destaca, deberá poder demostrar que su cobro responde a servicios concretos y efectivamente concedidos.

Además, la Corte de Luxemburgo aclara que la legislación europea se opone a que el consumidor cargue con parte de las costas judiciales cuando litiga para tumbar una cláusula abusiva, pues este coste podría suponer una barrera para que los clientes hagan valer sus derechos ante la justicia.

Finalmente, los magistrados europeos admiten que las reclamaciones de cláusulas abusivas puedan estar sujetas a plazos de prescripción, pero solo en en el caso de que los plazos no impidan al consumidor ejercer su derecho para solicitar una restitución.

Ocho millones de afectados pendientes

Unos ocho millones de consumidores andaban pendientes de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE, según los cálculos de la asociación de usuarios financieros Asufin, que recuerda que el asunto ha sido objeto de una larga controversia judicial.

El Tribunal Supremo español ya había declarado nula, por abusiva, en diciembre de 2015, la cláusula de los contratos hipotecarios que carga al cliente con el coste de todos los gastos asociados a la constitución del crédito.

La aplicación de este criterio, sin embargo, resultó dispar en función del juez. Finalmente, el alto tribunal español dictaminó, en enero de 2019, un reparto salomónico de los gastos que suponía su reparto entre clientes y entidades.

Eso, claro está, para los créditos previos a la última reforma hipotecaria en la que, tras la controversia judicial desatada por este asunto, el Parlamentó decidió finalmente obligar a la banca a cargar con todos los gastos, excepto el de tasación para evitar que la entidad sea quien elige al valorador del inmueble.

El dictamen de la Corte de Luxemburgo se produce como contestación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 17 de Palma, en referencia a un procedimiento contra CaixaBank, y ante la remitida por el Juzgado número 6 de Ceuta en un asunto sobre BBVA.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

La Sala Primera del Tribunal Supremo tiene ante sí el reto de adaptar a su jurisprudencia el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 3 de marzo referente al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

Lo que supone un correctivo en toda regla a su sentencia 669/2017, de 14 de diciembre, que validó el voto particular de los magistrados Francisco Javier Orduña Moreno y Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Sin embargo, todo parece indicar –según ha podido saber Confilegal de fuentes bien informadas– que eso va a tardar lo suyo porque la Sala de lo Civil está preparando, discretamente, una cuestión prejudicial de cara al TJUE. 

El indicio evidente de esta intención es la inserción, en los autos de admisión de los recursos de casación interpuestos, de una frase en la que se invita a las partes a hacer opinar en torno a lo que les parece la sentencia del TJUE sobre el IRPH.

Un hecho que ha pasado desapercibido, hasta ahora.

“Esto es totalmente irregular. Todo parece indicar que la Sala está utilizando esta información para cargarse de razones a fin de justificar la necesidad de presentar una cuestión prejudicial en Luxemburgo sobre dicha sentencia. Sobre todo ahora que es público que el magistrado  titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana Zorraquino, ha anunciado que va a presentar una segunda cuestión prejudicial sobre el IRPH”, explican las mismas fuentes.

Los autos de admisión están para establecer si se cumplen los requisitos procedimentales para que el recurso pueda prosperar y celebrarse la vista.

No están para invitar a comentar lo que es propio del recurso de casación o de la oposición al recurso.

“Si eso se produce, si hay dos cuestiones prejudiciales sobre un mismo asunto, como este, en Luxemburgo, la claridad se verá afectada, para mal, además del retraso que ello va a suponer. Como mínimo un año y medio o dos años, hasta ver la luz otra vez”, añaden. 

González de Audicana fue quien elevó al TJUE la cuestión prejudicial precedente sobre el IRPH, que concluyó en la mencionada sentencia del asunto C-125/18.

LO QUE DICE LA SENTENCIA 

En ella se dijo que para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario, la cláusula, en este caso la del IRPH, no solo debe ser comprensible en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor pueda comprender cómo funciona el cálculo del tipo de interés, valorando, basándose en criterios precisos comprensibles, las consecuencias económicas y las obligaciones que conlleva.

La entidad debía, además, facilitar una tabla histórica sobre cómo se ha comportado ese índice durante los últimos años.

El tribunal de Luxemburgo, en su sentencia, dejó al criterio de cada juez, caso por caso, determinar si la contratación del préstamo hipotecario vinculado al IRPH fue transparente o no, si los consumidores dispusieron de la información descrita.

En caso de que la respuesta sea negativa, la cláusula queda anulada y sustituida por otra,

La decisión de González de Audicana está motivada por la interpretación diferente que está haciendo, de dicha sentencia, el tribunal de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que no coincide con lo que entiende el magistrado que debía ser la aplicación.

Como tribunal de apelación, todas las sentencias que el magistrado falle a partir de ahora sobre IRPH serán tumbadas. 

Los magistrados de dicha Sección consideran que el IRPH es un índice correcto.

Uno de los tres actuales hombres fuertes de la Sala de lo Civil del Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, fue presidente de esa Sección 15 entre 2005 y 2012, año en que se produjo su elevación al Alto Tribunal.

Y fue uno de los impulsores de la sentencia del 2017 del Supremo que el TJUE tumbó el pasado mes de marzo con al suya.

El Supremo y la Sección 15 de Barcelona comparten un hecho claro: la mera referencia a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad.

UNA APLICACIÓN NO PACÍFICA

La aplicación de la sentencia del TJUE, de hecho, no está siendo pacífica. La mayor parte de las sentencias de las Audiencias Provinciales –Tarragona, Granada, Alicante, Sevilla Huelva, Cáceres y Madrid– han fallado en la línea de la de Barcelona. Lo mismo que los Juzgados de Primera Instancia de Alicante o Tarragona.

Sólo una Audiencia Provincial, la de Málaga, se ha pronunciado en sentido contrario. Lo mismo que la mayoría de los Juzgados de Primera Instancia de Vigo, Orense, Guadalajara, Jaén, Palma de Mallorca, Lérida y Burgos.

Esto unido a hechos externos, como ha sido el anuncio de Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Abogados, de que se va a querellar contra los magistrados que hayan fallado en línea disidente con el TJUE, y la respuesta “bélica” del Colegio de la Abogacía de Barcelona y del Consejo General del Poder Judicial, augura todo menos acuerdo y tranquilidad.

Fuente: www.confilegl.com

També s’haurà de comunicar amb antel·lació en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no pagava

Qualsevol client d’una entitat financera ha de ser informat, com a mínim amb dos mesos d’antelació, en cas que una tarifa li sigui incrementada, en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no se li cobrava, i/o en cas que se li cobri per un servei nou al qual el client accedeixi. A més, l’entitat, ha d’informar del dret de separació del client en cas de disconformitat amb les modificacions proposades pel banc o l’entitat financera.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) recorda, en una nota informativa, que les entitats operatives del sistema financer han d’actuar amb transparència i comunicar als seus clients, en temps i forma, la informació necessària per permetre que puguin prendre les seves decisions amb coneixement íntegre dels riscos i dels costos associats als serveis i productes o operacions.

Per complir amb aquesta obligació de comunicació al client per part de l’entitat, no serà suficient posar a disposició del públic el llibre de tarifes a les oficines o a la pàgina web de les entitats, sinó que s’hauran de comunicar les tarifes, comissions i despeses  efectivament aplicables de forma individual, expressa i prèvia a tots els clients. En aquest sentit, l’entitat haurà de tenir identificat el mitjà pel qual es comunicarà amb cadascun dels seus clients.

Les entitats operatives del sistema financer andorrà poden fixar lliurement les tarifes o comissions percebudes pels serveis efectivament prestats als seus clients. En aquest sentit, l’AFA no autoritza, ni denega, ni limita l’import de les comissions a cobrar.

Font: altaveu.com

 

La banca gana una nueva batalla en torno al IRPH

La Audiencia de Barcelona no ve abuso en un préstamo

La larga guerra judicial entre los consumidores de servicios financieros y la banca en relación con los préstamos hipotecarios referenciados al índice IRPH no ha terminado, pero esta semana se ha conocido un fallo importante. En el primer pronunciamiento de una audiencia provincial después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 3 de marzo –que dejó en manos de los jueces españoles determinar en cada caso si hubo transparencia o abuso en el momento de la formalización del préstamo–, la Audiencia Provincial de Barcelona ha fallado a favor de la banca.

La sentencia, adoptada por el pleno de la sección 15 de la citada audiencia con el claro objetivo de marcar doctrina, se convertirá en una guía para los tribunales de primera instancia de Barcelona y para muchas audiencias provinciales del país. Tras esta primera sentencia llegarán muchas más y no habrá claridad ni certidumbre total hasta que se pronuncie de nuevo la sala de lo civil del Tribunal Supremo.

El fallo es el primero de una audiencia provincial después del pronunciamiento del Tribunal Europeo

Por el momento, en la primera, la Audiencia de Barcelona recuerda que el IRPH no es una condición general de contratación, como ya había establecido el TJUE, sino un índice de referencia cuyo control corresponde al Banco de España y no a los tribunales. Eso lleva al tribunal, en el que José María Fernández Seijo ha actuado como ponente, a afirmar que “en el marco de una acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación no se puede entrar a valorar el modo en el que se ha fijado un tipo de referencia legalmente predeterminado”. De lo anterior, los jueces concluyen que hay que desestimar la pretensión de que los bancos actuaron con abusividad.

Además, añade, el contrato de préstamo entre las dos partes en litigio fue lo suficientemente claro: “Se establece que el interés pactado será variable y se fija que el modo será aplicar uno de los tipos legales de referencia [el IRPH]. La cláusula es clara, precisa y permite al prestatario conocer, comprender y aceptar que la cuota de su hipoteca se hará a partir de un tipo de referencia fijado y controlado por el Banco de España”.

Pero la Audiencia va un paso más allá para dejar claro que, aunque se probara falta de transparencia –el peor escenario para la banca y el más favorable para el cliente–, eso no implicaría, de modo automático, que se ha producido un abuso. No basta con que el banco no sea transparente para que sea condenado.

Así las cosas, termina la sentencia, “la opción por uno de los índices de referencia no puede ser contraria a la buena fe”. Nada hacía pensar en ese momento que el cliente saldría perdiendo al vincular su hipoteca al IRPH y no al Euribor, por ejemplo. Por eso, la Audiencia desestima el recurso y confirma la sentencia de primera instancia. Para los demandantes, solo les queda el Supremo.

David Viladecans, director de asesoría jurídica de Tecnotramit, asegura que “esta sentencia deja claro que esta va a ser una cuestión muy controvertida en la que los pleitos en los que se pretende la nulidad del IRPH mayoritariamente se fallan en contra del consumidor, lo que comporta un riesgo de derrota elevado”. “Lo relevante es que entiende que, aplicando los mismos criterios del TJUE, la doctrina del Supremo sigue siendo válida porque la cláusula IRPH es suficientemente comprensible para un consumidor medio y, aunque no lo fuera, no podría considerarse abusiva, pues no hay desequilibrio entre las partes ni mala fe del banco”, explica Ignacio Benejam, socio de DWF-RCD.

Fuente: La Vangurdia