També s’haurà de comunicar amb antel·lació en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no pagava

Qualsevol client d’una entitat financera ha de ser informat, com a mínim amb dos mesos d’antelació, en cas que una tarifa li sigui incrementada, en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no se li cobrava, i/o en cas que se li cobri per un servei nou al qual el client accedeixi. A més, l’entitat, ha d’informar del dret de separació del client en cas de disconformitat amb les modificacions proposades pel banc o l’entitat financera.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) recorda, en una nota informativa, que les entitats operatives del sistema financer han d’actuar amb transparència i comunicar als seus clients, en temps i forma, la informació necessària per permetre que puguin prendre les seves decisions amb coneixement íntegre dels riscos i dels costos associats als serveis i productes o operacions.

Per complir amb aquesta obligació de comunicació al client per part de l’entitat, no serà suficient posar a disposició del públic el llibre de tarifes a les oficines o a la pàgina web de les entitats, sinó que s’hauran de comunicar les tarifes, comissions i despeses  efectivament aplicables de forma individual, expressa i prèvia a tots els clients. En aquest sentit, l’entitat haurà de tenir identificat el mitjà pel qual es comunicarà amb cadascun dels seus clients.

Les entitats operatives del sistema financer andorrà poden fixar lliurement les tarifes o comissions percebudes pels serveis efectivament prestats als seus clients. En aquest sentit, l’AFA no autoritza, ni denega, ni limita l’import de les comissions a cobrar.

Font: altaveu.com

 

La banca gana una nueva batalla en torno al IRPH

La Audiencia de Barcelona no ve abuso en un préstamo

La larga guerra judicial entre los consumidores de servicios financieros y la banca en relación con los préstamos hipotecarios referenciados al índice IRPH no ha terminado, pero esta semana se ha conocido un fallo importante. En el primer pronunciamiento de una audiencia provincial después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 3 de marzo –que dejó en manos de los jueces españoles determinar en cada caso si hubo transparencia o abuso en el momento de la formalización del préstamo–, la Audiencia Provincial de Barcelona ha fallado a favor de la banca.

La sentencia, adoptada por el pleno de la sección 15 de la citada audiencia con el claro objetivo de marcar doctrina, se convertirá en una guía para los tribunales de primera instancia de Barcelona y para muchas audiencias provinciales del país. Tras esta primera sentencia llegarán muchas más y no habrá claridad ni certidumbre total hasta que se pronuncie de nuevo la sala de lo civil del Tribunal Supremo.

El fallo es el primero de una audiencia provincial después del pronunciamiento del Tribunal Europeo

Por el momento, en la primera, la Audiencia de Barcelona recuerda que el IRPH no es una condición general de contratación, como ya había establecido el TJUE, sino un índice de referencia cuyo control corresponde al Banco de España y no a los tribunales. Eso lleva al tribunal, en el que José María Fernández Seijo ha actuado como ponente, a afirmar que “en el marco de una acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación no se puede entrar a valorar el modo en el que se ha fijado un tipo de referencia legalmente predeterminado”. De lo anterior, los jueces concluyen que hay que desestimar la pretensión de que los bancos actuaron con abusividad.

Además, añade, el contrato de préstamo entre las dos partes en litigio fue lo suficientemente claro: “Se establece que el interés pactado será variable y se fija que el modo será aplicar uno de los tipos legales de referencia [el IRPH]. La cláusula es clara, precisa y permite al prestatario conocer, comprender y aceptar que la cuota de su hipoteca se hará a partir de un tipo de referencia fijado y controlado por el Banco de España”.

Pero la Audiencia va un paso más allá para dejar claro que, aunque se probara falta de transparencia –el peor escenario para la banca y el más favorable para el cliente–, eso no implicaría, de modo automático, que se ha producido un abuso. No basta con que el banco no sea transparente para que sea condenado.

Así las cosas, termina la sentencia, “la opción por uno de los índices de referencia no puede ser contraria a la buena fe”. Nada hacía pensar en ese momento que el cliente saldría perdiendo al vincular su hipoteca al IRPH y no al Euribor, por ejemplo. Por eso, la Audiencia desestima el recurso y confirma la sentencia de primera instancia. Para los demandantes, solo les queda el Supremo.

David Viladecans, director de asesoría jurídica de Tecnotramit, asegura que “esta sentencia deja claro que esta va a ser una cuestión muy controvertida en la que los pleitos en los que se pretende la nulidad del IRPH mayoritariamente se fallan en contra del consumidor, lo que comporta un riesgo de derrota elevado”. “Lo relevante es que entiende que, aplicando los mismos criterios del TJUE, la doctrina del Supremo sigue siendo válida porque la cláusula IRPH es suficientemente comprensible para un consumidor medio y, aunque no lo fuera, no podría considerarse abusiva, pues no hay desequilibrio entre las partes ni mala fe del banco”, explica Ignacio Benejam, socio de DWF-RCD.

Fuente: La Vangurdia

Varapalo a la banca por la comercialización de las tarjetas revolving en España. El Tribunal Supremo calificó este miércoles de “usurario” los altos tipos de interés que se cobran por la utilización de este tipo de tarjetas, que ofrecen modalidad de pago aplazado, y suponen para los clientes intereses muy superiores a los del mercado.

La sentencia conocida este miércoles corresponde a un caso de Wizink, que alcanzó un tipo de interés del 27,24%. El Alto Tribunal entiende que ese tipo de interés aplicado “es muy alto” “desproporcionado” y “supera en gran medida el índice tomado como referencia”.

Sentencia

La sentencia crea jurisprudencia y abre las puertas a acudir a los tribunales

Según los datos del Banco de España, la banca tiene préstamos vinculados a tarjetas de crédito, incluidas las revolving , por valor de 13.620 millones de euros. Actualmente, su tipo de interés medio es del 19,67%. Otro tipo de problemas que generan este tipo de tarjetas bancarias es la modalidad de pago, que alargan eternamente sus reembolsos y generan intereses durante bastantes años.

La clave de este fallo es que sienta jurisprudencia y puede hacer cambiar la política comercial de las entidades financieras en este segmento de créditos personales al consumo con los que se cobra tipos de interés altísimos bajo el argumento de que existe un alto riesgo de no devolver el dinero solicitado o de que son créditos personales que incrementan las tasas de morosidad de los propios bancos.

La clienta afectada “pidió la nulidad de la operación de crédito por su carácter usurario, basándose en la Ley de Represión de la Usura de 1908”. Finalmente, se le da la razón y se desestima el recurso de casación interpuesto por Wizink.

Wizink argumenta que la sentencia reconoce que “las tarjeta de pago aplazado son un mercado diferenciado y para determinar si el tipo de interés es o no usurario ha de tomarse como referencia los precios publicados en las estadísticas oficiales del Banco de España relativas al segmento de tarjetas de crédito con pago aplazado”. Los magistrados sí admiten que hay que atenerse a ese tipo de interés, pero aun así lo consideran “abusivo”, y por lo tanto, “nulo”.

Según las estimaciones que maneja la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) existen en España entre millón y medio y cuatro millones de afectados por el uso de estas tarjetas. El fallo abre la puerta a que se haga mayor control de transparencia. No obstante, desde la patronales del sector AEB y CECA consideran que “no se cuestiona la validez de este producto”.

Para Patricia Suárez, presidenta de Asufin, al margen de la litigiosidad, “la comercialización de estos productos debe responden a los principios de préstamos responsables, realizando una correcta evaluación de la solvencia del prestatario e informándole correctamente e incluso facilitándoles algún tipo de simulación de cuotas y amortización”.

Tras la sentencia, distintas fuentes instan al Ministerio de Economía a que modifique la orden de transparencia y protección del cliente de los servicios bancarios que tiene como objetivo mejorar la publicidad y comercialización de las tarjetas revolving .En dicha orden no se limita el tipo de interés pero sí el plazo de pago, al elevar el porcentaje mínimo de amortización al 25%, lo que restringe enormemente los intereses que se pagan por la deuda. Además, añade mejoras como la obligación de evaluar la solvencia del prestatario o informar al cliente de manera clara antes y después de la contratación.

Cambios

El Ejecutivo tramita la orden de transparencia y protección de clientes bancarios

Distintas asociaciones de consumidores han presentado algunas propuestas de mejora como la penalización a la entidad en caso de incumplir o la necesidad de aportar simulaciones para que el consumidor comprenda mejor el funcionamiento de estos préstamos.

Para Cristina González, directora jurídica de Reclama por Mí, si la gente opta por acudir a los tribunales hay que tener en cuenta el tipo de interés vigente en la fecha de contratación y “partiendo además de un juicio de valor que entiende que un 20% es ya muy elevado”. “Esto deja la puerta abierta a que los tribunales sigan declarando usurarios aquellos tipos de interés que superen el 20%”, añade.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, defiende que “el Supremo se pone del lado de los consumidores”. Argumenta que “las tarjetas revolving suponen una trampa para el consumidor, puesto que son productos claramente abusivos no sólo por los desproporcionados intereses (que llegan al 30% TAE), sino por las imposibles formas de amortización de la deuda. Además, existe una gran falta de transparencia en su comercialización”.

 

Fuente: La Vanguardia

L’advocat, del despatx col·laborador de SM Advocats,  analitza l’impacte de la sentència del TJUE sobre les hipoteques amb IRPH. Premeu sobre la imatge per veure l’entrevista:

 

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 25 de febrero el Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, que modifica el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y de los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España en materia de acceso a la actividad, requisitos de solvencia y régimen de supervisión.

La norma incorpora un nuevo texto regulatorio en desarrollo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, y deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, que regulaba hasta ahora la materia. También introduce modificaciones en el Reglamento del Registro Mercantil de 1996 y en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que desarrolla la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Objeto

El nuevo régimen específico de los establecimientos financieros de crédito llegó con la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, cuyo título II regula el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. Sin embargo, la misma no ha sido objeto de un desarrollo reglamentario que subsane la falta de seguridad jurídica generada por estar los establecimientos financieros de crédito sometidos a un régimen asimilable al de las entidades de crédito, sin que exista una adecuada adaptación a la naturaleza de su negocio, lo cual ocasiona problemas de interpretación al supervisor y a las propias entidades.

Y dado que esta situación desincentiva la aparición de nuevos operadores en el mercado que se acojan a este régimen y fomenta al mismo tiempo la aparición de operadores no regulados, el objetivo fundamental del real decreto es desarrollar un régimen jurídico para los establecimientos financieros de crédito claro, comprensible y adaptado a las necesidades del negocio, pero, al mismo tiempo, equivalente en términos de robustez al establecido para entidades de crédito. Además mejora la protección del cliente financiero y la competencia en la concesión de préstamos, sin renunciar por ello a los estándares de prudencia que deben caracterizar tal actividad.

La norma también aclara la normativa aplicable a los establecimientos financieros de crédito y la que no lo es, indicando que, supletoriamente, los establecimientos financieros de crédito se regirán por las normas de solvencia y conducta aplicables a la actividad de las entidades de crédito.

Establecimientos financieros de crédito

El texto dispone que podrán constituirse como establecimientos financieros de crédito aquellas empresas que, sin tener la consideración de entidad de crédito y previa autorización del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se dediquen con carácter profesional a ejercer una o varias de las actividades previstas en el artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de abril. Además señala las denominaciones que quedan reservadas a dichas entidades: «establecimiento financiero de crédito» (EFC), «establecimiento financiero de crédito-entidad de pago» (EFC-EP) y «establecimiento financiero de crédito-entidad de dinero electrónico» (EFC-EDE).

También regula la norma su forma de financiación, aspecto que permite diferenciar a estas entidades de las entidades de crédito en la medida en que no pueden captar fondos reembolsables del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros análogos, cualquiera que sea su destino.

Autorización y registro de activida

El Real Decreto incorpora la regulación de la autorización y registro de los establecimientos financieros de crédito.

Así, la autorización de estos establecimientos corresponde al titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los aspectos de su competencia.

La norma define a los agentes de establecimientos financieros de crédito como aquellas personas físicas o jurídicas a las que un establecimiento financiero de crédito haya otorgado poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, en nombre y por cuenta de la entidad mandante, en la negociación o formalización de operaciones típicas de la actividad del establecimiento financiero de crédito, excluyendo a los mandatarios con poderes para una sola operación específica y a las personas que se encuentren ligadas al establecimiento financiero de crédito, o a otras entidades de su mismo grupo, por una relación laboral.

El texto incluye los requisitos de la solicitud de autorización y los supuestos de denegación, revocación, renuncia y caducidad de la misma. Y se ocupa de forma específica de la autorización de modificaciones de estatutos sociales y de modificaciones estructurales, así como de la autorización de aquellos establecimientos financieros de crédito que estén sujetos al control de personas extranjeras.

En el plazo de un año a contar desde la notificación de la autorización los promotores, antes de iniciar sus actividades, deberán otorgar la oportuna escritura de constitución de la sociedad, inscribirla en el Registro Mercantil y posteriormente en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito del Banco de España.

Destaca el nuevo régimen de autorización de las entidades híbridas, que se configuran como entidades de pago o de dinero electrónico que realizan actividades propias de los establecimientos financieros de crédito para las que se ha diseñado una autorización única, así como la regulación de la actividad transfronteriza y el régimen de apertura de oficinas y la actuación mediante agentes.

En el plazo de un año, a contar desde la notificación de la autorización de un establecimiento financiero de crédito, los promotores deberán dar inicio a sus operaciones. Si no se diere comienzo a las actividades previstas en el objeto social de la entidad por causas imputables a la misma, se producirá la caducidad de la autorización para operar como establecimiento financiero de crédito.

Por otra parte, tras señalar que el régimen aplicable en materia de participaciones significativas será el previsto para las entidades de crédito en el título I, capítulo III, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, en el título I, capítulo II, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, y en sus normas de desarrollo, la norma se refiere a los requisitos de idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos, así como a los principios de gobierno corporativo y política de remuneraciones. En este sentido cabe destacar la aplicación de un criterio de proporcionalidad, de forma que se exime de la exigencia de los comités de nombramientos y remuneraciones a los establecimientos financieros de crédito que tengan unos activos totales inferiores a mil millones de euros. Asimismo, también se les exime de tener consejeros independientes. Y se exceptúan de la aplicación de los requisitos prudenciales de forma individual a aquellas filiales de entidades de crédito en el supuesto de que sus matrices tengan constituidos tales comités y ejerzan tales funciones para las filiales.

Requisitos de la actividad

La norma dispone que serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de un establecimiento financiero de crédito:

– Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida.

– Tener un capital social mínimo de 5 millones de euros, desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.

– Limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de un establecimiento financiero de crédito salvo para las empresas autorizadas como entidades híbridas en los casos previstos en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, y en este real decreto.

– Que los accionistas titulares de participaciones significativas o, en su defecto, los veinte mayores accionistas sean considerados idóneos, de acuerdo con los factores previstos en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Se entenderá por participación significativa aquella que cumpla con los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 10/2014, de 26 de junio. La idoneidad se apreciará siguiendo lo establecido en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.

– Contar con un consejo de administración formado como mínimo por tres miembros.

– Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. En especial, el consejo de administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de los establecimientos financieros de crédito, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, u otras disposiciones que sean de aplicación.

– Contar con un departamento o servicio de atención al cliente que atienda y resuelva las quejas y reclamaciones que sus clientes les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos. Los establecimientos financieros de crédito que formen parte del mismo grupo económico podrán disponer de un departamento o servicio de atención al cliente único para todo el grupo.

– Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio nacional.

– Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

– No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna.

Por otra parte, tanto los miembros del consejo de administración de la entidad como las personas físicas que representen en el consejo de administración a los consejeros que sean personas jurídicas, los directores generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad conforme establezca el Banco de España, deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Además, los miembros del consejo de administración del establecimiento financiero de crédito deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.

Solvencia y conducta

Para determinar las obligaciones de solvencia que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España, la norma se remite al título II de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y al título II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, en sus normas de desarrollo, con el alcance y las especialidades que se recogen en la Ley 5/2015, de 27 de abril.

En este sentido se puede destacar como novedad la exigencia de un colchón de liquidez que los establecimientos financieros de crédito deberán mantener para hacer frente a sus salidas de liquidez durante un periodo suficientemente amplio de tensión en los mercados financieros, así como la obligación de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos de activos, pasivos y compromisos.

Por otra parte, el texto también recoge aquellas obligaciones de información en materia de solvencia y estructura accionarial que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos consolidables de establecimientos financieros de crédito.

Supervisión de los establecimientos financieros de crédito

Por último, el real decreto se ocupa del régimen de control e inspección que debe llevar a cabo el Banco de España sobre los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España.

Modificaciones legislativas

– Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio: se modifica el artículo 326.2.

– Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito: se añade un nuevo apartado 5 al artículo 13.

– Se deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

Entrada en vigor y disposiciones transitorias

El Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, entrará en vigor el 1 de julio de 2020, salvo el artículo 30 –sobre el colchón de liquidez y la estructura de fuentes de financiación y vencimientos–, que entrará en vigor a los tres meses de la publicación de la circular del Banco de España que desarrolle lo previsto en dicho artículo, y la disposición final segunda –sobre modificación del Real Decreto 84/2015–, que entrará en vigor el 26 de febrero de 2020, al día siguiente de la publicación de la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado.

Las disposiciones transitorias se ocupan de la transformación en bancos de establecimientos financieros de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, de las sucursales y filiales en el extranjero de establecimientos financieros de crédito existentes a la fecha de entrada en vigor y del régimen transitorio para establecimientos financieros de crédito provenientes de la transformación de entidades de crédito de ámbito operativo limitado.

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/

El alto tribunal anula por abusiva una comisión de 30 euros de Kutxabank a los clientes que se quedaban en descubierto. La sentencia no es de pleno derecho, pero sienta jurisprudencia.

 

Nuevo golpe del Tribunal Supremo a la banca. El alto tribunal ha declarado ilegal, por abusiva, la comisión por descubierto que cobran algunas entidades. La sentencia, que no es de pleno derecho, llega por una demanda contra Kutxabank y se aplicará a partir de ahora en otros procesos.

Según la sentencia, la entidad vasca estaba cobrando 30 euros a los clientes que se quedaban al descubierto —números rojos en la cuenta— de forma automática, algo «abusivo». «No cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Tampoco discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión», expone el alto tribunal.

Argumentos

De esta forma, según el Banco de España, la entidad solo puede cobrar comisiones por servicios que preste a sus clientes. Y, según el Supremo, no lo estaba haciendo con las comisiones por descubiertos.

«No cabe deducir que ello generará un gasto efectivo, no es igual requerir ‘in situ’ al cliente que se persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial», añade la sentencia.

Esta decisión ha provocado reacciones de las asociaciones de consumidores, como Asufin, desde la que exigen «a las entidades financieras que se comporten con responsabilidad, abandonen esta práctica abusiva y no fuercen a sus clientes a reclamar en los tribunales por una comisión que ya se ha declarado nula».

Fuente: www.elconfidencial.com/

 

  • La fase se inicia con el movimiento de los títulos hacia el custodio de la renta variable de Vall Banc y el seguimiento continuado de las liquidaciones en diversos mercados
  • Cuando todos los activos estén disponibles, se procederá a realizar las gestiones necesarias para conseguir el levantamiento de las suspensiones existentes sobre las órdenes de suscripción y reembolso de los fondos gestionados por Vall Banc Fons
  • El traspaso definitivo será el último paso antes de operar con total normalidad para Vall Banc

Vall Banc ha informado de que ya ha iniciado la operativa de traspaso de los activos que estaban custodiados en Credit Suisse. Esta fase, que se prevé que se prolongue unos días, se inicia con el movimiento de los títulos hacia el custodio de la renta variable de Vall Banc y el seguimiento continuado de las liquidaciones en diversos mercados.

Complementariamente, cuando todos los activos estén disponibles, se procederá a realizar las gestiones necesarias para conseguir el levantamiento de las suspensiones existentes sobre las órdenes de suscripción y reembolso de los fondos gestionados por Vall Banc Fons.

Para ofrecer un servicio más ágil, la entidad ha reforzado el área de atención al cliente y, en el momento que los activos se encuentren definitivamente disponibles, se ofrecerán alternativas de gestión a los clientes.

Vall Banc contempla el traspaso definitivo como el último paso para operar con total normalidad. Cabe recordar que una vez emitida la resolución de los tribunales suizos, que habilitaba a AREB (Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias del Principado de Andorra) a reclamar a Credit Suisse SA la posición que BPA (Banca Privada de Andorra) tenía en activos, se iniciaron los trabajos preparatorios necesarios, liderados por AREB y acordados entre les dos instituciones, para recuperar sus respectivas posiciones y facilitar que los clientes pudiesen acceder a sus activos lo antes posible.

En el mes de junio, la Corte de Derecho Público del Tribunal Federal Suizo publicó una sentencia que habilitaba a la entidad de Andorra a recuperar unos 630 millones de euros de activos fuera de balance que se habían quedado consignados en una cuenta de Credit Suisse, y que estaban en manos de pequeños inversores. Los 630 millones se habían quedado atrapados en Suiza por la operativa que se seguía en el Principado en inversiones corporativas cuando aún se mantenía el secreto bancario.

 

 

 

Santander pierde nueve de cada 10 sentencias del Popular en segunda instancia

La avalancha de demandas de Banco Popular va poco a poco subiendo de nivel. Tras inundar las primeras instancias en 2017 y 2018, estos procesos ya han escalado a las Audiencias Provinciales (segunda instancia), donde, de nuevo, los juzgados están dando la razón a los inversores.

Así, según cifras a las que ha tenido acceso este medio, los demandantes ganan nueve de cada 10 recursos elevados a Audiencias, sobre todo por la ampliación de 2016. El número de sentencias a favor de los accionistas asciende ya a 28, frente a las cuatro ganadas por Santander (Popular ya no existe tras su absorción de 2017).

Una de las circunstancias que están llamando la atención entre los abogados consultados es que Santander no está recurriendo gran parte de las sentencias en contra en Audiencias Provinciales. Según información recabada por este medio, deja convertirse en firmes en torno a dos tercios y eleva al Tribunal Supremo el tercio restante, alrededor de 10.

Desde Santander, no aclaran los motivos para recurrir unas sentencias y dejar pasar otras. Desde el sector, creen que la entidad presidida por Ana Botín está eligiendo minuciosamente las batallas en las que quiere competir ante el alto tribunal.

Argumentos

El mayor banco español está acudiendo a los tribunales con una estrategia de defensa a ultranza de la contabilidad del Popular, argumentando que cumplió año tras año las exigencias del BCE y del Banco de España, y que la ampliación de 2016 fue supervisada y aprobada ampliamente. La defensa del banco es coordinada desde Uría Menéndez y Pérez Llorca.

Mientras, los demandantes y, hasta ahora, los tribunales consideran que hay evidencias de que la contabilidad de la ampliación de capital de 2016 estaba mal, basándose en el expediente sancionador de la CNMV, inspecciones del BCE y el informe pericial del caso Banco Popular. Los bufetes de abogados están muy atentos a todo lo que pase en la causa penal, para poder echar más leña al fuego en los juicios. La semana pasada, el expresidente Emilio Saracho criticó la contabilidad de 2016.

Lo que salga de la Audiencia será clave para el fallo que estime más adelante el Tribunal Supremo, como ya ocurrió con Bankia, cuando el alto tribunal tumbó el tramo minorista de la salida a bolsa de 2011. Algo que costó 1.800 millones al banco nacionalizado.

Tras la compra del Popular en 2017, Santander ya compensó a los titulares de acciones valoradas en 780 millones, con el denominado bono fidelización. Sigue teniendo el riesgo de los otros 1.620 millones de la ampliación, de los que algo más de 500 fueron invertidos por el propio consejo. Además, hay demandas por acciones compradas en el mercado secundario, por la ampliación de 2012 y en bonos. Santander nunca ha especificado si tiene más provisiones para estos riesgos.

Dispersión geográfica

Aunque hay sentencias de audiencias provinciales en toda España, se repiten más casos en Asturias, Valladolid, Zamora y Barcelona. Algunas piden la nulidad de la compra de las acciones y otras una indemnización.

Todavía se sigue esperando una mayor avalancha de demandas, sobre todo tras el aterrizaje en España de fondos internacionales para financiar litigios. En este sentido, el bufete Fieldfisher Jausas y el fondo Ramco Litigation Funding se han aliado para poner demandas por entre 150 y 250 millones, de las que ya llevan más de 50 millones.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/

 

El Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona elevó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que se llama una “cuestión prejudicial”, una especie de consulta que los Jueces y Tribunales de los Estados Miembros de la UE pueden formular ante el Tribunal de Justicia europeo para que este declare si determinada normativa interna se ajusta o no a las normas de la Unión.

Dicha cuestión prejudicial fue expuesta con ocasión de una demanda formulada por un particular que demandó a su banco por considerar que el IRPH de su préstamo hipotecario es una cláusula abusiva al ser más caro que el EURIBOR y que el EURIBOR es el tipo aplicable en el 90% de los préstamos hipotecarios, lo que supone que deberá pagar entre 18000 y 21000 mil euros más a lo largo de la vida del préstamo que si este hubiera sido referenciado al Euribor.

Resumidamente, las preguntas que el Juez español ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relativas al IRPH de cajas, son las siguientes:

1. Si el IRPH puede ser sometido al control de transparencia y abusividad que establece la normativa de defensa de los consumidores dado que el Tribunal Supremo, en una controvertida sentencia de 2017 decía que no lo era, a groso modo, porque era un índice de referencia oficial publicado por el Banco de España, precisamente, a efectos de poder ser referenciados en los préstamos hipotecarios por las entidades financieras.

2. Si el tribunal español puede, conforme a la normativa europea e interna española vigente, entrar a valorar la abusividad de una cláusula que constituye uno de los elementos esenciales del préstamo, y lo es porque el interés del préstamo es el “precio” que el banco establece para otorgarlo. Y el precio es uno de los elementos esenciales de todo contrato oneroso1 -la ley española no prevé este control sobre los elementos esenciales del contrato a pesar de que la normativa europea, Directiva 93/13/CEE sí lo permite-.

3. Y la tercera pregunta, pero no por ello la menos importante, es si en el caso de que el IRPH del préstamo se considera abusivo, y por tanto nulo, el interés de la operación debe tenerse por no puesto –reducido a cero- o si debe ser de algún modo sustituido por el Euribor.

Ahora la prensa se ha hecho eco de lo que al respecto ha informado el Abogado General del TJUE.

Pero, ATENCIÓN, este informe NO es la Sentencia. El TJUE todavía no ha resuelto aquellas cuestiones, sino que se ha cumplido una de las etapas del proceso judicial europeo iniciado por el Juez español.

Por lo tanto, las conclusiones de las que ahora se ha hecho eco la prensa no son definitivas, aunque, ciertamente, tendrán su peso e influencia en el Tribunal Europeo a la hora de dictar la correspondiente sentencia. Pero debe indicarse que la sentencia puede apartarse, en todo o en parte, del criterio expresado por el Abogado General en cada una de las cuestiones sometidas a la consideración del TJUE.

La prensa lanzó las campanas al vuelo, saludando el informe como un “varapalo” –palabra que, de tanto usarse últimamente en los medios, empieza a resultar odiosa-, pero no lo es tanto.

¿Cuáles son las respuestas del Abogado General a las tres cuestiones formuladas?

1. En cuanto a la primera cuestión, el Abogado informa en el sentido de que el IRPH, a pesar de ser un índice oficial, sí puede ser sometido al control de transparencia porque la norma oficial que permite la aplicación del IRPH no es una norma imperativa que obligue a utilizarlo, y como no es una norma imperativa, sino una posibilidad legal que se pone a disposición de los bancos, no puede escapar al control de transparencia que emana de la normativa europea y se recoge en nuestro derecho interno.

2. En cuanto a la segunda cuestión, el Abogado General concluye que las cláusulas que delimitan los elementos esenciales y definitorios del contrato (objeto y precio, para simplificar) escapan al control judicial, EXCEPTO cuando las cláusulas que los definen y delimitan no hayan sido redactadas de manera clara y comprensible. Dicho de otro modo, el juez puede entrar a valorar la abusividad del precio si la cláusula que lo establece no es claro ni comprensible para el consumidor y ello, aunque el derecho interno no haya previsto esta excepción de manera expresa que sí viene establecida en la Directiva Europea. En relación con ello, deberá tenerse en cuenta la información facilitada, o no, por el banco, previamente a la contratación. Si existió, si fue suficiente, si era clara, etc.

En fin, que el Juzgador, en cada caso concreto, deberá analizar si el IRPH (el precio) se estableció con las debidas garantías de información previa y claridad para poder entender que dicho precio respeta la justa reciprocidad que debe regir entre las prestaciones que asume cada una de las partes.

3. En cuanto a la tercera cuestión, por la que se preguntaba qué consecuencia debería llevar aparejada la declaración de nulidad del IRPH de cajas (si dejar el préstamo sin ningún interés o, dicho de otro modo, a un interés del 0.00% o bien, si el juez podía reemplazar el IRPH por el índice más habitual, el Euribor), el Abogado General no ha respondido nada. Cero.

Como conclusión podemos decir que, desde el punto de vista del consumidor, y todos los somos en algún momento, nos gustaría que la resolución fuera clara y de aplicación general a todos los casos, si es favorable a los consumidores, naturalmente.

Pero ello no va a ser así. Y se avecinan nuevas batallas judiciales individuales, a menos que el legislador establezca lo contrario mediante una norma general –lo de la eventual eficacia de esta posible e hipotética solución legislativa lo dejaremos ya para una mejor ocasión-.

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Establece que debe tenerse en cuenta la Ley 5/2019 lo que a efectos prácticos supone una ampliación de los beneficios de la última reforma

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha decidido, en una nueva sentencia del pleno adoptada por unanimidad, acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios, en la línea de lo resuelto hace meses por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En protección del consumidor, ha sentado las bases de aplicación de estos vencimientos y fijado que debe tenerse en cuenta la Ley 5/2019. A efectos prácticos, esto supone una ampliación de los beneficios de la última reforma que ahora podrán aplicarse a los vencimientos abiertos después de 2013, y que los tribunales no puedan admitir desahucios con menos de 12 meses de impago.

En una resolución en que la sala se ha decidido por una protección reforzada más allá de lo establecido por el TJUE, los magistrados indican que la nulidad total que estableció Europa exponía al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Para evitar esto, el TJUE estableció que la cláusula se sustituyera por la disposición legal dictada en 2013, que permitía a la banca ejecutar un préstamo hipotecario con un mínimo de tres cuotas impagadas, por lo que el fallo de la Justicia europea respaldaba procedimientos de ejecución hipotecaria a partir de la cuarta cuota impagada.

No obstante, la sala ha considerado más lógico, en el momento actual, tener en cuenta la Ley 5/2019, como norma más beneficiosa, ya que modifica los mínimos legales a partir de los cuales el banco declara el vencimiento anticipado de la hipoteca, lo cual es más beneficioso para el consumidor. Esta norma regula en su artículo 24 las consecuencias de la mora del prestatario, siendo diferente según se produzca en la primera o en la segunda mitad del préstamo. En la primera mitad, operará si hay incumplimiento de más del 3% de la cuantía del préstamo y además suponga el impago de 12 cuota. En la segunda mitad, el incumplimiento ha de suponer más del 7% de la cuantía.

Orientaciones

La sentencia facilita otras orientaciones para aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en curso. Indica así que aquellos procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la ley de 2013, en la que se establecían tres meses de impago para el desahucio, deberían ser sobreseídos sin más trámite. Los procesos en que el préstamo se dio por vencido después de la entrada en vigor de esta ley, si el incumplimiento no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos, también deberían quedar sobreseídos. No así si el incumplimiento es grave.

Uno de los extremos más polémicos de la resolución especifica, además, que este sobreseimiento de los procesos no debe impedir una nueva demanda ejecutiva basada en la aplicación de la ley de 2019. Es decir, aquellos que se sobresean pueden reabrirse en función de los plazos de impago indicados en la nueva norma, con los citados 12 meses de deuda.

Con esta sentencia, el Supremo resuelve algunas cuestiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya planteó en sus últimos fallos —marzo y julio— sobre vencimiento anticipado como, por ejemplo, qué consecuencias tendría para el hipotecado que un juez declare abusiva y nula esta cláusula.

El tribunal europeo, con sus sentencias, generó dudas entre los jueces acerca de la situación en que quedaban miles de procedimientos que se encontraban suspendidos pendientes de su sentencia. Si una cláusula se declara nula y, por tanto, debe tenerse por no puesta, ¿puede subsistir el contrato sin ella? ¿Puede el juez nacional suprimir la cláusula abusiva sustituyéndola por una norma supletoria de derecho nacional, siempre y cuando no deje al consumidor en una situación más perjudicial?

Aunque en su sentencia del pasado mes de julio el TJUE dictaminó que el consumidor sería quien decidirá que se declare la nulidad de vencimiento anticipado y se archive el procedimiento, ahora el Supremo entiende que lo más beneficioso para el consumidor es que los contratos pasen a regirse por los criterios de la nueva ley hipotecaria, ya que considera que el «préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato».