• La fase se inicia con el movimiento de los títulos hacia el custodio de la renta variable de Vall Banc y el seguimiento continuado de las liquidaciones en diversos mercados
  • Cuando todos los activos estén disponibles, se procederá a realizar las gestiones necesarias para conseguir el levantamiento de las suspensiones existentes sobre las órdenes de suscripción y reembolso de los fondos gestionados por Vall Banc Fons
  • El traspaso definitivo será el último paso antes de operar con total normalidad para Vall Banc

Vall Banc ha informado de que ya ha iniciado la operativa de traspaso de los activos que estaban custodiados en Credit Suisse. Esta fase, que se prevé que se prolongue unos días, se inicia con el movimiento de los títulos hacia el custodio de la renta variable de Vall Banc y el seguimiento continuado de las liquidaciones en diversos mercados.

Complementariamente, cuando todos los activos estén disponibles, se procederá a realizar las gestiones necesarias para conseguir el levantamiento de las suspensiones existentes sobre las órdenes de suscripción y reembolso de los fondos gestionados por Vall Banc Fons.

Para ofrecer un servicio más ágil, la entidad ha reforzado el área de atención al cliente y, en el momento que los activos se encuentren definitivamente disponibles, se ofrecerán alternativas de gestión a los clientes.

Vall Banc contempla el traspaso definitivo como el último paso para operar con total normalidad. Cabe recordar que una vez emitida la resolución de los tribunales suizos, que habilitaba a AREB (Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias del Principado de Andorra) a reclamar a Credit Suisse SA la posición que BPA (Banca Privada de Andorra) tenía en activos, se iniciaron los trabajos preparatorios necesarios, liderados por AREB y acordados entre les dos instituciones, para recuperar sus respectivas posiciones y facilitar que los clientes pudiesen acceder a sus activos lo antes posible.

En el mes de junio, la Corte de Derecho Público del Tribunal Federal Suizo publicó una sentencia que habilitaba a la entidad de Andorra a recuperar unos 630 millones de euros de activos fuera de balance que se habían quedado consignados en una cuenta de Credit Suisse, y que estaban en manos de pequeños inversores. Los 630 millones se habían quedado atrapados en Suiza por la operativa que se seguía en el Principado en inversiones corporativas cuando aún se mantenía el secreto bancario.

 

 

 

Santander pierde nueve de cada 10 sentencias del Popular en segunda instancia

La avalancha de demandas de Banco Popular va poco a poco subiendo de nivel. Tras inundar las primeras instancias en 2017 y 2018, estos procesos ya han escalado a las Audiencias Provinciales (segunda instancia), donde, de nuevo, los juzgados están dando la razón a los inversores.

Así, según cifras a las que ha tenido acceso este medio, los demandantes ganan nueve de cada 10 recursos elevados a Audiencias, sobre todo por la ampliación de 2016. El número de sentencias a favor de los accionistas asciende ya a 28, frente a las cuatro ganadas por Santander (Popular ya no existe tras su absorción de 2017).

Una de las circunstancias que están llamando la atención entre los abogados consultados es que Santander no está recurriendo gran parte de las sentencias en contra en Audiencias Provinciales. Según información recabada por este medio, deja convertirse en firmes en torno a dos tercios y eleva al Tribunal Supremo el tercio restante, alrededor de 10.

Desde Santander, no aclaran los motivos para recurrir unas sentencias y dejar pasar otras. Desde el sector, creen que la entidad presidida por Ana Botín está eligiendo minuciosamente las batallas en las que quiere competir ante el alto tribunal.

Argumentos

El mayor banco español está acudiendo a los tribunales con una estrategia de defensa a ultranza de la contabilidad del Popular, argumentando que cumplió año tras año las exigencias del BCE y del Banco de España, y que la ampliación de 2016 fue supervisada y aprobada ampliamente. La defensa del banco es coordinada desde Uría Menéndez y Pérez Llorca.

Mientras, los demandantes y, hasta ahora, los tribunales consideran que hay evidencias de que la contabilidad de la ampliación de capital de 2016 estaba mal, basándose en el expediente sancionador de la CNMV, inspecciones del BCE y el informe pericial del caso Banco Popular. Los bufetes de abogados están muy atentos a todo lo que pase en la causa penal, para poder echar más leña al fuego en los juicios. La semana pasada, el expresidente Emilio Saracho criticó la contabilidad de 2016.

Lo que salga de la Audiencia será clave para el fallo que estime más adelante el Tribunal Supremo, como ya ocurrió con Bankia, cuando el alto tribunal tumbó el tramo minorista de la salida a bolsa de 2011. Algo que costó 1.800 millones al banco nacionalizado.

Tras la compra del Popular en 2017, Santander ya compensó a los titulares de acciones valoradas en 780 millones, con el denominado bono fidelización. Sigue teniendo el riesgo de los otros 1.620 millones de la ampliación, de los que algo más de 500 fueron invertidos por el propio consejo. Además, hay demandas por acciones compradas en el mercado secundario, por la ampliación de 2012 y en bonos. Santander nunca ha especificado si tiene más provisiones para estos riesgos.

Dispersión geográfica

Aunque hay sentencias de audiencias provinciales en toda España, se repiten más casos en Asturias, Valladolid, Zamora y Barcelona. Algunas piden la nulidad de la compra de las acciones y otras una indemnización.

Todavía se sigue esperando una mayor avalancha de demandas, sobre todo tras el aterrizaje en España de fondos internacionales para financiar litigios. En este sentido, el bufete Fieldfisher Jausas y el fondo Ramco Litigation Funding se han aliado para poner demandas por entre 150 y 250 millones, de las que ya llevan más de 50 millones.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/

 

El Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona elevó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que se llama una “cuestión prejudicial”, una especie de consulta que los Jueces y Tribunales de los Estados Miembros de la UE pueden formular ante el Tribunal de Justicia europeo para que este declare si determinada normativa interna se ajusta o no a las normas de la Unión.

Dicha cuestión prejudicial fue expuesta con ocasión de una demanda formulada por un particular que demandó a su banco por considerar que el IRPH de su préstamo hipotecario es una cláusula abusiva al ser más caro que el EURIBOR y que el EURIBOR es el tipo aplicable en el 90% de los préstamos hipotecarios, lo que supone que deberá pagar entre 18000 y 21000 mil euros más a lo largo de la vida del préstamo que si este hubiera sido referenciado al Euribor.

Resumidamente, las preguntas que el Juez español ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relativas al IRPH de cajas, son las siguientes:

1. Si el IRPH puede ser sometido al control de transparencia y abusividad que establece la normativa de defensa de los consumidores dado que el Tribunal Supremo, en una controvertida sentencia de 2017 decía que no lo era, a groso modo, porque era un índice de referencia oficial publicado por el Banco de España, precisamente, a efectos de poder ser referenciados en los préstamos hipotecarios por las entidades financieras.

2. Si el tribunal español puede, conforme a la normativa europea e interna española vigente, entrar a valorar la abusividad de una cláusula que constituye uno de los elementos esenciales del préstamo, y lo es porque el interés del préstamo es el “precio” que el banco establece para otorgarlo. Y el precio es uno de los elementos esenciales de todo contrato oneroso1 -la ley española no prevé este control sobre los elementos esenciales del contrato a pesar de que la normativa europea, Directiva 93/13/CEE sí lo permite-.

3. Y la tercera pregunta, pero no por ello la menos importante, es si en el caso de que el IRPH del préstamo se considera abusivo, y por tanto nulo, el interés de la operación debe tenerse por no puesto –reducido a cero- o si debe ser de algún modo sustituido por el Euribor.

Ahora la prensa se ha hecho eco de lo que al respecto ha informado el Abogado General del TJUE.

Pero, ATENCIÓN, este informe NO es la Sentencia. El TJUE todavía no ha resuelto aquellas cuestiones, sino que se ha cumplido una de las etapas del proceso judicial europeo iniciado por el Juez español.

Por lo tanto, las conclusiones de las que ahora se ha hecho eco la prensa no son definitivas, aunque, ciertamente, tendrán su peso e influencia en el Tribunal Europeo a la hora de dictar la correspondiente sentencia. Pero debe indicarse que la sentencia puede apartarse, en todo o en parte, del criterio expresado por el Abogado General en cada una de las cuestiones sometidas a la consideración del TJUE.

La prensa lanzó las campanas al vuelo, saludando el informe como un “varapalo” –palabra que, de tanto usarse últimamente en los medios, empieza a resultar odiosa-, pero no lo es tanto.

¿Cuáles son las respuestas del Abogado General a las tres cuestiones formuladas?

1. En cuanto a la primera cuestión, el Abogado informa en el sentido de que el IRPH, a pesar de ser un índice oficial, sí puede ser sometido al control de transparencia porque la norma oficial que permite la aplicación del IRPH no es una norma imperativa que obligue a utilizarlo, y como no es una norma imperativa, sino una posibilidad legal que se pone a disposición de los bancos, no puede escapar al control de transparencia que emana de la normativa europea y se recoge en nuestro derecho interno.

2. En cuanto a la segunda cuestión, el Abogado General concluye que las cláusulas que delimitan los elementos esenciales y definitorios del contrato (objeto y precio, para simplificar) escapan al control judicial, EXCEPTO cuando las cláusulas que los definen y delimitan no hayan sido redactadas de manera clara y comprensible. Dicho de otro modo, el juez puede entrar a valorar la abusividad del precio si la cláusula que lo establece no es claro ni comprensible para el consumidor y ello, aunque el derecho interno no haya previsto esta excepción de manera expresa que sí viene establecida en la Directiva Europea. En relación con ello, deberá tenerse en cuenta la información facilitada, o no, por el banco, previamente a la contratación. Si existió, si fue suficiente, si era clara, etc.

En fin, que el Juzgador, en cada caso concreto, deberá analizar si el IRPH (el precio) se estableció con las debidas garantías de información previa y claridad para poder entender que dicho precio respeta la justa reciprocidad que debe regir entre las prestaciones que asume cada una de las partes.

3. En cuanto a la tercera cuestión, por la que se preguntaba qué consecuencia debería llevar aparejada la declaración de nulidad del IRPH de cajas (si dejar el préstamo sin ningún interés o, dicho de otro modo, a un interés del 0.00% o bien, si el juez podía reemplazar el IRPH por el índice más habitual, el Euribor), el Abogado General no ha respondido nada. Cero.

Como conclusión podemos decir que, desde el punto de vista del consumidor, y todos los somos en algún momento, nos gustaría que la resolución fuera clara y de aplicación general a todos los casos, si es favorable a los consumidores, naturalmente.

Pero ello no va a ser así. Y se avecinan nuevas batallas judiciales individuales, a menos que el legislador establezca lo contrario mediante una norma general –lo de la eventual eficacia de esta posible e hipotética solución legislativa lo dejaremos ya para una mejor ocasión-.

Un consejo, contacten con un abogado, nosotros a poder ser, vayamos de la mano a su oficina, e iniciemos una negociación individual, sincera y de tú a tú con su entidad.

Establece que debe tenerse en cuenta la Ley 5/2019 lo que a efectos prácticos supone una ampliación de los beneficios de la última reforma

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha decidido, en una nueva sentencia del pleno adoptada por unanimidad, acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios, en la línea de lo resuelto hace meses por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En protección del consumidor, ha sentado las bases de aplicación de estos vencimientos y fijado que debe tenerse en cuenta la Ley 5/2019. A efectos prácticos, esto supone una ampliación de los beneficios de la última reforma que ahora podrán aplicarse a los vencimientos abiertos después de 2013, y que los tribunales no puedan admitir desahucios con menos de 12 meses de impago.

En una resolución en que la sala se ha decidido por una protección reforzada más allá de lo establecido por el TJUE, los magistrados indican que la nulidad total que estableció Europa exponía al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Para evitar esto, el TJUE estableció que la cláusula se sustituyera por la disposición legal dictada en 2013, que permitía a la banca ejecutar un préstamo hipotecario con un mínimo de tres cuotas impagadas, por lo que el fallo de la Justicia europea respaldaba procedimientos de ejecución hipotecaria a partir de la cuarta cuota impagada.

No obstante, la sala ha considerado más lógico, en el momento actual, tener en cuenta la Ley 5/2019, como norma más beneficiosa, ya que modifica los mínimos legales a partir de los cuales el banco declara el vencimiento anticipado de la hipoteca, lo cual es más beneficioso para el consumidor. Esta norma regula en su artículo 24 las consecuencias de la mora del prestatario, siendo diferente según se produzca en la primera o en la segunda mitad del préstamo. En la primera mitad, operará si hay incumplimiento de más del 3% de la cuantía del préstamo y además suponga el impago de 12 cuota. En la segunda mitad, el incumplimiento ha de suponer más del 7% de la cuantía.

Orientaciones

La sentencia facilita otras orientaciones para aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en curso. Indica así que aquellos procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la ley de 2013, en la que se establecían tres meses de impago para el desahucio, deberían ser sobreseídos sin más trámite. Los procesos en que el préstamo se dio por vencido después de la entrada en vigor de esta ley, si el incumplimiento no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos, también deberían quedar sobreseídos. No así si el incumplimiento es grave.

Uno de los extremos más polémicos de la resolución especifica, además, que este sobreseimiento de los procesos no debe impedir una nueva demanda ejecutiva basada en la aplicación de la ley de 2019. Es decir, aquellos que se sobresean pueden reabrirse en función de los plazos de impago indicados en la nueva norma, con los citados 12 meses de deuda.

Con esta sentencia, el Supremo resuelve algunas cuestiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya planteó en sus últimos fallos —marzo y julio— sobre vencimiento anticipado como, por ejemplo, qué consecuencias tendría para el hipotecado que un juez declare abusiva y nula esta cláusula.

El tribunal europeo, con sus sentencias, generó dudas entre los jueces acerca de la situación en que quedaban miles de procedimientos que se encontraban suspendidos pendientes de su sentencia. Si una cláusula se declara nula y, por tanto, debe tenerse por no puesta, ¿puede subsistir el contrato sin ella? ¿Puede el juez nacional suprimir la cláusula abusiva sustituyéndola por una norma supletoria de derecho nacional, siempre y cuando no deje al consumidor en una situación más perjudicial?

Aunque en su sentencia del pasado mes de julio el TJUE dictaminó que el consumidor sería quien decidirá que se declare la nulidad de vencimiento anticipado y se archive el procedimiento, ahora el Supremo entiende que lo más beneficioso para el consumidor es que los contratos pasen a regirse por los criterios de la nueva ley hipotecaria, ya que considera que el «préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato».

El letrado considera que «la fórmula matemática de cálculo» empleada por la banca es «compleja y poco transparente para un consumidor medio»

Una cantidad de entre 250 y 300 euros mensuales ha sido, en especial durante la recesión, la diferencia entre mantener la casa o perderla. Ese es el desembolso que, según las entidades de afectados, han abonado de más quienes tenían su hipoteca vinculada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) respecto a quienes usan el euríbor. En total, más de un millón de ciudadanos. El caso ha llegado a la justicia europea, que debe dirimir si estas hipotecas están regidas por la directiva sobre cláusulas abusivas para determinar su grado de transparencia. Y, de momento, el abogado general de la UE, cuya opinión no es vinculante pero sí determina la decisión del tribunal, ha abierto la puerta a que los jueces puedan declarar abusivos esos contratos y compensar a sus clientes al considerar que «una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional», también la del IRPH, «no está excluida del ámbito de aplicación de la directiva». Y anticipa que «la fórmula matemática de cálculo resulta compleja y poco transparente para un consumidor medio».

Lo que debe dirimir el Tribunal de Justicia de la UE no es si esa referencia es legal o no, sino sobre si estos contratos están sujetos a tutela judicial y, por lo tanto, puede determinarse la transparencia y claridad de sus cláusulas. En plata: si está sujeta a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas, por la que la justicia europea ha asestado ya varios golpes a España. La causa llegó a Luxemburgo después de que un cliente de Bankia cuya hipoteca estaba referenciada al IRPH presentara una demanda de nulidad de esta cláusula por considerarla abusiva ante el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, cuyo titular decidió formular una cuestión prejudicial a la justicia europea.

El juez acudió a Luxemburgo después de que el Tribunal Supremo considerara que el IRPH no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la directiva al ser fijado por una disposición legal. Ante el elevado coste que estos préstamos suponen al consumidor (según el juzgado barcelonés, entre 18.000 y 21.000 euros más anuales respecto a quien esté pagando de acuerdo al euríbor), el magistrado preguntó al tribunal europeo si los jueces españoles pueden controlar el «carácter abusivo de dicha cláusula» y cuál debe ser la información que «el profesional ha de facilitar» dada la complejidad de la fórmula matemática de la que resulta el tipo aplicado a la hipoteca.

El juez acudió a Luxemburgo después de que el Tribunal Supremo considerara que el IRPH no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la directiva al ser fijado por una disposición legal. Ante el elevado coste que estos préstamos suponen al consumidor (según el juzgado barcelonés, entre 18.000 y 21.000 euros más anuales respecto a quien esté pagando de acuerdo al euríbor), el magistrado preguntó al tribunal europeo si los jueces españoles pueden controlar el «carácter abusivo de dicha cláusula» y cuál debe ser la información que «el profesional ha de facilitar» dada la complejidad de la fórmula matemática de la que resulta el tipo aplicado a la hipoteca.

El abogado de la UE es claro en sus conclusiones. Primero, considera que una cláusula pactada entre profesional y consumidor no puede excluirse del ámbito de aplicación de la directiva, al contrario de lo defendido por el Supremo. Y, segundo, admite que la fórmula de cálculo es «compleja y poco transparente» para un consumidor medio. A su juicio, el criterio de transparencia y claridad que la legislación exige a cualquier estipulación para que no sea considerada abusiva debe cumplir dos requisitos: ser «suficiente» para que el cliente pueda tomar una «decisión prudente y con pleno conocimiento de causa» en cuanto al método de cálculo del préstamo y, además, contener una explicación sobre la evolución de ese índice en el pasado.

Varapalo a la banca

La banca española podría recibir un nuevo golpe de la justicia europea en caso de que siga el criterio del abogado general. La Corte de Luxemburgo ha fallado ya para que la justicia española deje sin efecto las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo y asuma los gastos hipotecarios. Más ambigua fue con las estipulaciones que fijaban el vencimiento anticipado de los préstamos, que los jueces nacionales hasta ahora están interpretando de forma dispar.

El tribunal, además, volvería a enmendar la plana al Tribunal Supremo que, en una sentencia de diciembre de 2017, consideró que el IRPH no estaba dentro del ámbito de la directiva al tratarse de un «índice definido y regulado legalmente» que superaba «el control de transparencia». Y desestimó el comportamiento más favorable que había tenido el euríbor para el consumidor al considerar que el «sesgo retrospectivo» no puede ser la pauta para realizar un «control de transparencia». Bankia y el Gobierno español defendieron ese argumento. Pero el abogado de la UE es claro: «No veo cómo un Estado miembro podría afirmar que una cláusula contractual no es abusiva en la medida en que […] refleja una disposición imperativa cuyo contenido es contrario al efecto útil de la directiva 93/13».

Las entidades financieras españolas tienen una cartera de casi 17.000 millones de euros referenciada a estos préstamos, según han ido detallando los propios bancos. El coste de otro eventual varapalo podría oscilar entre los 7.000 y los 44.000 millones de euros, según la banca de inversión Goldman Sachs. Nada más conocerse las conclusiones del abogado general, las principales entidades financieras españolas han empezado a caer en Bolsa.

Fuente: www.elpais.es

 

Despachos de litigios masivos como Arriaga entran con miles de demandas a reclamar los intereses abusivos de estas líneas de crédito. El sector espera la clarificación del Supremo

El marido de A. R., avilesina de 65 años, viajaba mucho por toda España por su trabajo en una empresa de montajes. Un día le ofrecieron una tarjeta para gastos como la gasolina, que podía ir pagando cómodamente mes a mes. “Al poco tiempo se dio cuenta de que había sido un error”, recuerda. Pero siguió abonando las cuotas. Años después, cuando el hombre falleció, la familia se encontró con que aquella tarjeta Citibank (hoy de Wizink) aún tenía 4.000 euros de deuda. Decidieron pagarla de golpe y olvidarse. Pero A. R., que conservaba “absolutamente todos los recibos, por si acaso”, se propuso demandar al banco por lo que consideraba un engaño. El juzgado le dio la razón en abril y ordenó a Wizink devolver 21.000 euros a la familia. El marido de A. R. había comprado a crédito no más de 10.000 euros, pero había pagado 21.000 en intereses.

Las condiciones de estas tarjetas de pago aplazado, llamadas revolving, empiezan a inundar los juzgados de toda España. Pequeños despachos como el de Celestino García Carreño, en Avilés, fueron los pioneros en 2016 en este tipo de demandas que buscan condenar a los bancos por usura y recuperar todos los intereses pagados de forma abusiva. El éxito de los pequeños —García Carreño asegura sumar ya 1.000 sentencias favorables— ha animado a entrar a los grandes bufetes especializados en litigios masivos, como Arriaga Asociados, que ya se anuncia en televisión con este reclamo: “¿Sigues pagando cuotas pero tu deuda no termina? Puede que tengas una tarjeta trampa”. Miguel Muñoz, abogado de Arriaga, asegura que tienen 1.500 pleitos encargados y 5.000 en estudio. Tras hacer pruebas “con cuentagotas” y comprobar que ganaban, han puesto a funcionar la fábrica de pleitos.

Según un informe reciente de la consultora Oliver Wyman, los intereses abusivos van a ser el próximo quebradero de cabeza de la banca tras las cláusulas suelo o los gastos hipotecarios, con entre seis y ocho millones de personas potencialmente afectadas que podrían reclamar en el juzgado. Este tipo de tarjetas ofrece dos opciones: pagar a fin de mes lo comprado, como cualquier tarjeta de crédito, sin comisiones ni intereses; o usar un sistema de pago aplazado que se llama revolving y permite abonar “cómodamente” cuotas fijas cada mes. Es decir, funcionan como una línea de crédito con intereses altos. El problema se presenta cuando esas cuotas no llegan a cubrir el principal y generan nuevos intereses que se acumulan.

“La deuda se convierte prácticamente en perpetua, salvo que tengas capacidad para quitarla a final de mes. Hay mucha gente atrapada”, asegura Francisco Roldán, abogado colaborador de Asufin que ha ganado en un juzgado de Córdoba contra Wizink. El magistrado consideró el interés de la tarjeta, contratada en una gasolinera, como usurario y además afeó la falta de información al cliente: el tipo de interés y el TAE estaban en la parte de atrás de la solicitud y “con una letra absolutamente microscópica”, lo que “dificulta totalmente la comprensión del consumidor”. La sentencia señala también que estas tarjetas son una forma de créditos al consumo encubiertos.

Decisiones contradictorias en segunda instancia

Esta última manifestación del juez de Córdoba es muy relevante para la batalla jurídica que ya se está librando en segunda instancia, en las audiencias provinciales. Los jueces y tribunales se están basando en la Ley de Represión de la Usura de 1908 y en una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 que abrió la puerta a las reclamaciones, al fijar que es usurario un interés remuneratorio “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado”. La sentencia del Supremo consideró usura un TAE del 24,6%, “que era más del doble del interés medio ordinario en operaciones de consumo de la época, entre 2001 y 2009”, explica José Carlos González Vázquez, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense. El contrato se consideró abusivo y, por tanto, nulo. El banco tuvo que devolver todos los intereses pagados.

La mayoría de audiencias provinciales está considerando usurarios los intereses habituales de las tarjetas revolving, que rondan el 25% de TAE, pero hay algunas (Murcia, Salamanca, Albacete) que están dando la razón a los bancos. En Madrid, por ejemplo, cada sección dice una cosa. La clave está en las estadísticas que publica el Banco de España. Antes de 2010 los datos de los intereses de préstamos al consumo se publicaban de manera unificada englobando los préstamos personales (con intereses más bajos) y los de las tarjetas revolving(más altos). Si se hacía la media, el 25% TAE era usura porque suponía más del doble.

Desde 2010 se publican por separado. “Las audiencias que desestiman que intereses de entre el 19,5% y el 26,8% sean usurarios no es porque desconozcan o contradigan la doctrina del Supremo sino porque consideran que el término de comparación para valorar si es notablemente superior al normal no debe ser los créditos al consumo en general sino los créditos revolving con tarjeta de crédito”, precisa González Vázquez. Ante esa diferencia de interpretación, el profesor de la Complutense cree que “podía ser útil y clarificador un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo”.

El cliente desistió de ir al Supremo

Estuvo a punto de haberlo el mes pasado. El 12 de junio el pleno de la sala primera del Triunal Supremo iba a deliberar sobre un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete que decidió que un interés del 22,42% no era usura al compararlo con las estadísticas del Banco de España para 2014, fecha del contrato: entonces la media de las tarjetas revolving era del 21%. Pocos días antes, el cliente de Bankia de Albacete desistió del recurso. A preguntas del EL PAÍS, su abogado, Luis Ventura Cañamares, no desveló si el banco había llegado a un acuerdo extrajudicial alegando su deber de secreto profesional. Varios abogados de clientes de revolving aseguran que los bancos podrían haber acudido al Supremo hace tiempo y no lo están haciendo porque temen un fallo que les perjudique.

Las entidades bancarias consultadas rechazaron comentar el problema del revolving. Solo Wizink accedió a dar un dato: en el primer trimestre de 2019 ha recibido 599 demandas. En los tres años anteriores fueron 800. “Estamos a la espera de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo”, señaló un portavoz. Las reclamaciones por intereses abusivos representan «un porcentaje insignificante con respecto a nuestra cartera de clientes en España», añadió.

En muchas ocasiones no están siendo los bancos sino fondos internacionales (también llamados fondos buitre) los que pleitean en los tribunales por las tarjetas revolving. Según explica César Duro, de Duroa Abogados, muchas entidades han cedido créditos impagados en grandes carteras a fondos como TTI Finance, Investcapital o Hoist Finance y son estos los que demandan a los consumidores. “Es más habitual negociar con las entidades que con los fondos porque a las entidades les interesa más llegar a acuerdos para no perjudicar su reputación con el resultado del juicio. Sin embargo, a los fondos eso no les importa”, señala. También son muy habituales, añade, los acuerdos extrajudiciales, ya que las entidades están intentando evitar la condena en costas. “Nosotros, si ofrecen un acuerdo justo para el consumidor, aceptamos y no vamos a juicio”, añadió.

EL BANCO DE ESPAÑA PIDE A LAS ENTIDADES MEJOR INFORMACIÓN

Las tarjetas revolving también preocupan al Banco de España, que en su última Memoria de Reclamaciones, de 2018 y presentada hace unos días, destaca que son “muchos” los expedientes que se refieren a esta tipología de tarjetas “de lenta amortización” en las que los clientes pagan cuotas bajas cada mes que eternizan la devolución de la deuda. Este organismo no entra a valorar si los intereses son usurarios o no —eso corresponde a los tribunales, matiza el informe— pero sí hace recomendaciones a las entidades, a modo de buenas prácticas: informar a los clientes del plazo de amortización, darles ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que representaría aumentar el importe de la cuota y facilitarles el importe de la cuota mensual que permitiría liquidar toda la deuda en el plazo de un año.

Las reclamaciones al Banco de España que más crecieron porcentualmente en 2018 respecto al año anterior fueron las relacionadas con préstamos personales (un 86,3%). Durante la presentación del informe, Fernando Tejada, director de Conducta y Reclamaciones, aseguró que su departamento había encontrado numerosos casos de tarjetas en las que venía activado por defecto el sistema revolving. El Banco de España considera que las tarjetas revolving son un tipo de crédito al consumo.

La Audiencia afirma que «no existen motivos racionales» para no confirmar aquél sobreseimiento, basado en una investigación exhaustiva durante una instrucción de casi cuatro años

La Audiencia de Madrid ha confirmado el sobreseimiento de la causa contra la cúpula de Banco Madrid (BM) desde que era filial de Banca Privada d’Andorra(BPA), a raíz de una querella que acusaba a los dirigentes de crear una estructura que favoreciera la captación de clientes con la finalidad de blanquear dinero.

En un auto del 3 de julio recogido por Europa Press, y que ya no puede recurrirse, el juez rechaza el recurso de la Fiscalía a la resolución del 7 de febrero del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que había dictado el sobreseimiento provisional. La Audiencia afirma ahora que «no existen motivos racionales» para no confirmar aquél sobreseimiento, basado en una investigación exhaustiva durante una instrucción de casi cuatro años, constata.

El juez afirma que sería objeto de otro procedimiento que alguien dependiente de BM hubiera incurrido, por acción u omisión, en algún hecho que diera lugar a que algún cliente blanqueara, pero otra cosa es que la entidad, «por orden de sus máximos responsables, estaba diseñada para favorecer dichas conductas de blanqueo», lo cual rechaza.

17 comunicaciones al SEPBLAC

Un informe pericial constató que los controles contra el blanqueo «eran mejorables y contenían ciertas deficiencias, pero no afirmó que tal sistema de control fuera inexistente y mucho menos lo contrario, es decir, que se favoreciera la captación de capital para el blanqueo«. Pero el perito señaló que con la nueva cúpula, «ahora investigada, se incrementó exponencialmente el número de personas dedicadas a verificar el cumplimiento normativo de prevención», y que se llegaron a enviar 17 comunicaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

El auto también se refiere a tres operaciones de supuesto blanqueo que aporta la Fiscalía, según la cual acreditan una estructura interna bancaria que favorecía la existencia de clientes que blanqueaban beneficios obtenidos de delitos. La Audiencia reitera que se trata de investigar la estructura de prevención del blanqueo por parte de BM: «No se trata del análisis específico de operaciones concretas de blanqueo (que merecería en su caso respuesta judicial en otro u otros procedimientos)».

No ampliar el caso al BPA

El auto también afirma que el hecho de que BM fuera filial de BPA no permite ampliar la investigación al bando andorrano: son entidades jurídicas distintas, con dirección y sistemas informáticos diferenciados, y que operan en territorios también distintos, además de que los tribunales españoles «tienen sus límites territoriales». Añade que debe respetarse el ámbito de competencia, jurisdicción e incluso el propio trabajo físico de las autoridades judiciales del Principado de Andorra: «No olvidemos, es un país amigo y hermano, pero independiente».

Los investigados, satisfechos

En un comunicado, la cúpula que estaba siendo investigada –los dirigentes de BM Ricard Climent, Higini Cierco, Ramon Cierco, Joan Pau Miquel y José Pérez– considera demostrado que la entidad «no sólo no era una máquina de lavar dinero sino que tenía mecanismos de control más que suficientes, medidas que se reforzaron muy mucho» desde que BPA fue su único accionista.

Añade que no se puede intentar hacer ver que BM y BPA eran lo mismo, y que «en el marco del denominado ‘caso BPA’ seguido por los tribunales andorranosesta decisión supone un nuevo golpe de efecto» porque acusaciones formuladas en el Principado se sustentan en casos abiertos por tribunales españoles que van decayendo, afirma.

Fuente: Elconfidencial.com

La norma entra en vigor el lunes 17 y las plataformas deben estar operativas

Las entidades financieras han tenido tres meses para adaptar sus contratos a la nueva norma de crédito hipotecario, así como sus sistemas informáticos. No obstante, tanto la banca, como los notarios admiten que el arranque no va a ser fácil. La nueva ley hipotecariaentra en vigor el próximo 16 de junio, que como es domingo será efectiva el próximo lunes.

Para colmo, estos días ha habido una polémica entre los notarios que defienden el uso de su plataforma propia, Ancert, para que los bancos les hagan llegar los contratos, y las asesorías y gestorías privadas y de los bancos, que apoyan el uso de plataformas de otras empresas, como Indra o grupo BC.

Las entidades financieras han tenido tres meses para adaptar sus contratos a la nueva norma de crédito hipotecario, así como sus sistemas informáticos. No obstante, tanto la banca, como los notarios admiten que el arranque no va a ser fácil. La nueva ley hipotecariaentra en vigor el próximo 16 de junio, que como es domingo será efectiva el próximo lunes.

Para colmo, estos días ha habido una polémica entre los notarios que defienden el uso de su plataforma propia, Ancert, para que los bancos les hagan llegar los contratos, y las asesorías y gestorías privadas y de los bancos, que apoyan el uso de plataformas de otras empresas, como Indra o grupo BC.

 

 

 

Nuevo panorama

Los bancos han tenido tres meses para adaptar sus sistemas informáticos a la norma

En cualquier caso, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), explica que “no podemos asumir el riesgo de que no se firmen hipotecas y generar inseguridad jurídica en un mercado tan importante”. De ahí, añade que “todas las partes están haciendo un gran esfuerzo para que las operaciones se realicen con completa normalidad desde el primer día”. En varias notarías admiten que la banca se ha apresurado a adelantar firmas ante las incertidumbres que se avecinan.

Desde Banco Santander apuntan que la ventaja de utilizar la red notarial es “la trazabilidad de los datos y los plazos, así como la velocidad de conexión”. Por el contrario, como desventaja manifiestan que “el sector tendrá que acostumbrarse a los nuevos procedimientos”. Desde el banco que preside Ana Botín no se descarta que la entrada en vigor de la nueva ley retrase algo la firma de hipotecas “hasta que las partes implicadas se acostumbren a los nuevos trámites y formas de proceder”.

Bankia ha optado por usar la plataforma del grupo BC, que en un futuro podrá conectarse con la de Ancert. No obstante, fuentes del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri admiten que se abre “un periodo transitorio” con el arranque de la nueva ley. El grupo Kutxa o el Banco Sabadell operan con distintos proveedores; mientras que en Ibercaja se sigue trabajando para acceder directamente a la red notarial.

Para Manuel L. Pandiñas, expresidente del Consejo General del Notariado, “la polémica se ha montado porque la actual dirección del Consejo de Notarios considera que la banca debe remitir a los notarios toda la información mediante su aplicación notarial”. A su juicio, “inicialmente , en la primera redacción era así: había monopolio. Después, en el texto definitivo de la
ley, cada entidad financiera puede decidir la plataforma que utilizará para enviar la información a uno de los 2.800 notarios que existen en España”.

Cambios

La ley inclina la balanza a favor del hipotecado

Según Santiago Bellver, presidente de la Asociación Española de Sociedades de Externalización de Procesos y Servicios para Entidades Financieras (Aeproser), “algunos bancos, las cajas rurales, las cooperativas de crédito y otros prestamistas de menor dimensión han optado por otras plataformas alternativas”. Mientras que desde el Consejo General del Notariado aseguran que los bancos grandes se han sumado a su iniciativa.

Desde Bankinter apuntan que “el banco está preparado para la entrada de la nueva normativa”. Y recuerdan que “asumen los gastos, salvo la tasación, desde que se anunciaron las modificaciones”. Algo similar lleva a cabo CaixaBank, entidad financiera que asumió el pago de los gastos asociados a la hipoteca desde unos días antes de que se conocieran los cambios.

La ley inclina la balanza a favor del hipotecado y, por ejemplo, obliga a los bancos a pagar todos los gastos de gestión, salvo la tasación. El resto de los gastos, léase gestoría, impuesto de actos jurídicos documentados, notaría y gastos del registro, será abonado por los bancos. Otra de las novedades importantes es que la nueva norma dice adiós a las cláusulas suelo, con el objetivo de que los clientes se puedan beneficiar de las caídas del euríbor. La nueva ley también protege más a los hipotecados en caso de embargo.

Tres años de retraso

Tras casi tres años de retrasos, la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario se aprobó el 22 de febrero. Después, se publicó en el BOE el 16 de marzo. Con una enmienda del PP se aplazó tres meses su entrada. Finalmente, el Consejo de Ministros finalizó la transposición de la directiva el 26 de abril, con el desarrollo reglamentario a través de un real decreto y una orden ministerial.

L’alt tribunal de l’Estat veí analitza si l’entitat d’origen català va aplicar correctament les deduccions fiscals arran de la seva sortida empresarial del Principat

 

El Tribunal Suprem espanyol està estudiant si CaixaBank va aplicar degudament les deduccions fiscals en matèria d’IVA arran de la marxa de l’entitat d’origen català de la plaça financera andorrana. L’operació es va fer en una doble fase: primer CaixaBank va traspassar la totalitat de les seves accions a Crèdit Andorrà, del qual el banc català en tenia el 46,35% i, després, també es va desfer d’aquestes participacions venent-les als socis andorrans del que encara avui és el primer banc en beneficis del país.

La primera operació es va tancar per uns 356 milions d’euros i la segona per 927, i es van dur a terme entre els anys 2005 i 2006. CaixaBank i l’Agència Tributària interpreten de manera diferent la naturalesa de la venda i, en conseqüència, la segona reclama un deute fiscal de 13,5 milions d’euros a l’entitat bancària catalana. En primera instància, l’Audiència nacional, hauria donat la raó a l’administració. I ara CaixaBank hi ha recorregut en contra i, segons que avança aquest dijous el portal ‘La Información’, la sala del contenciós del Tribunal Suprem ha admès l’esmentat recurs i analitzarà la qüestió.

El tema no és menor, i en el sector financer en general, almenys a Espanya, s’espera amb certa impaciència la resolució del Suprem, que establirà jurisprudència. El nucli del debat és si es va tractar només d’una venda d’accions, com defensa CaixaBank, o si hi ha més que això. És a dir, que més enllà de les accions, traspassant també el control de les participacions a una altra entitat, en aquest cas Crèdit Andorrà, el que es va vendre de fet va ser la companyia.

En termes més tècnics, el Suprem haurà de resoldre si es tractava d’una operació accessòria i, per tant, que es pot realitzar amb certa habitualitat o, en canvi, el que es va dur a terme va ser una operació principal. A efectes de càlcul de bases imposables i establiment de deduccions fiscals i altres és molt diferent.

D’aquí que CaixaBank al seu dia es va acabar deduint un 22% de la base imposable quan l’Agència Tributària, que defensa que les operacions accionarials que va fer al seu dia CaixaBank al Principat van ser realment una venda de la companyia, considera que la deducció havia d’haver estat sols del 14%. I en la diferència del percentatge, els milions de més o de menys que l’entitat catalana havia de pagar en concepte d’IVA.

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La entidad tendrá que devolver 380.000€ más intereses

La sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a un preferentista de Banca Privada de Andorra (BPA) que llevó a la justicia la entidad por unas acciones que compró el julio del 2011. El Superior ha desestimado el recurso presentado por el banco, intervenido a raíz de la nota de la FinCEN de marzo del 2015, contra la decisión del Tribunal de Alcaldes de agosto del año pasado de estimar la demanda del preferentista, y dar lugar a la nulidad de los contratos de adquisición de las participaciones por carencia de información clara y suficiente y adaptada al perfil del demandante por unos importes de 300.000 y 80.000 euros. La sentencia condenaba a BPA a reintegrar la inversión enmendada, incrementada con el ineterés legal desde la fecha en la que se realizó este cargo, julio de 2011, y disminuida de las cantidades que por dividendos o intereses se hubieran cobrado.

BPA, a través del AREB, presentó en enero pasado un recurso a la sala civil del Tribunal Superior de Justicia contra esta decisión donde se pedía la revocación de la sentencia y que se desestimase íntegramente la demanda interpuesta por el preferentista.

Los magistrados, para desestimar el recurso y confirmar la sentencia de la Batllia, recuerdan que el objeto esencial se centra en saber si la entidad defendiendo incurrió en alguna negligencia informativa respecto al producto que ofreció a su cliente antes de su contratación. La sentencia señala que no se trataba de un cliente profesional, que no se sabe que información recibió de BPA porque ni se ha propuesto la prueba e confesión ni se ha escuchado como testimonio a ningún empleado de la entidad, que no se le hizo ningún test de adecuación y que a pesar que le hicieron dos de idoneidad, el banco no tubo en cuenta que el cliente indicó que buscaba un horizonte temporal de liquidez de 1 a 3 años, que quería obtener alguna rentabilidad aunque asumiera algún tipo de riesgo, que tenía estudios medios y que no tenía, ni tiene una profesión vinculada al sistema financiero, asegurador o similar en el último año.

Recuerdan, en el momento de valorar la prueba, «que esta sala ha establecido una doctrina, contenida en varias sentencias, según la cual el deber de información y comunicación que corresponde a las entidades financieras hacia sus clientes, aun no estar previsto explícitamente en el contrato, se justifica en el deber de buena fe o de equidad. Esto significa que «hacia falta dejar constancia de los riesgos de las acciones preferentes que son especialmente elevados porque ponen en riesgo el capital invertido, algo que aleja a los inversores conservadores». de haberlo hecho, se «tenía que dejar constancia escrito»

 

Fuente: DiariAndorra