Des d’aquest dimecres els creditors tenen trenta dies per presentar les seves reclamacions en un procés que tindrà la mateixa agència sol·licitant com a administradora judicial i l’AFA com a controladora

La Batllia ha acordat la cessació de pagaments i fallida de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA) i l’ha situat vuit mesos abans, fins i tot, que l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) la sol·licités. De fet, l’aute pel qual s’acordava la fallida de BPA és del 20 de març i pren efecte públic aquest dimecres davant la publicació de la decisió al BOPA. Ara bé, l’autoritat judicial fixa “la data de la cessació de pagaments i fallida als 18 mesos anteriors al pronunciament de la present resolució judicial”.

L’AREB va sol·licitar la liquidació de BPA el maig del 2023 després d’haver revisat tots els comptes que hi havia al banc -i de gastar-se centenars de milers d’euros- i de no permetre, els darrers temps, que es consideressin traspassables cap client més dels que ja havien estat ‘alliberats’ abans. D’aquesta manera, les decisions adoptades vuit mesos abans de la petició de l’AREB quedaran aparentment validades per l’autoritat judicial.

La decisió de la Batllia, entre altres coses, estableix que l’administradora judicial serà la pròpia AREB i es nomena com a controladora de la fallida l’Autoritat Financera (AFA). És una manera de tancar el cercle i no facilitar que hi hagi certes qüestions que puguin guanyar més transparència que la que aquests organismes pretenguin. Segons el decret de fallida publicat aquest dimecres al BOPA, els creditors tenen des d’aquest dimecres trenta dies per presentar les seves reclamacions.

Font: www.altaveu.com

 

  • Aranceles del Registro, gastos de gestoría, de tasación y parte de notaría
  • Aunque la hipoteca se haya pagado ya, se pueden reclamar gastos más intereses
  • La cantidad a devolver por las entidades bancarias sería de unos 1.500 euros

Miles de familias todavía pueden reclamar a sus bancos la totalidad de los gastos que asumieron en el momento de firmar su hipoteca, desde los aranceles del Registro hasta los gastos de gestoría, tasación y parte de los de notaría, según fuentes jurídicas.

Incluso en el caso de que la hipoteca ya haya sido pagada, el cliente puede reclamar a su banco los gastos asumidos más los intereses, señalan desde Asufin que, puntualizan, si el consumidor no reclama, no recuperará nada.

De media, la cantidad a devolver por las entidades estaría en unos 1.500 euros. Con anterioridad a la Ley Hipotecaria de junio de 2019, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, prácticamente ocho millones de consumidores asumieron los gastos de hipoteca.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en julio de 2020 que estableció la obligación a las entidades de devolver todos esos gastos (de notaría, gestoría, registro y tasación), a excepción del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Las directrices de Europa fueron asumidas por el Tribunal Supremo en varias sentencias: en julio de 2020 estableció la devolución del 50% de los gastos notariales, el 100 % de los de registro y la comisión de apertura; en octubre de ese mismo año fijó la devolución del 100% de los gastos de gestoría, y finalmente, en enero de 2021 obligó a la entidad a devolver el 100% de la tasación.

Más allá del plazo establecido

A pesar de la avalancha de reclamaciones, algunas entidades se negaban a devolver los gastos relacionados con la notaría y el registro con el argumento de que el plazo para hacerlo ya había expirado, si habían transcurrido 5 años, como establece el Código Civil.

Eso haría que el plazo para reclamar por estos gastos venciera el 14 de abril de 2024, cuando se cumplan los 5 años de la declaración de abusividad de la cláusula por parte del Supremo, teniendo en cuenta la congelación de plazos procesales que se aplicó durante la pandemia.

No obstante, a finales de enero el TJUE estableció que el plazo para recuperar los gastos hipotecarios comienza a contar cuando el cliente conoce que la cláusula es abusiva, lo que abre la puerta a que miles de familias sigan reclamando más allá del 14 de abril.

Desde Asufin recuerdan que la asociación ganó una demanda colectiva contra Kutxabank, Caja España Duero (ahora Unicaja), ING y Deutsche Bank, que beneficia a todos los clientes que hayan pagado por los gastos a estas entidades, sin necesidad de litigar.

En caso de que la hipoteca tuviera una comisión de apertura, también se podría reclamar. Aunque el Supremo estableció en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva, el TJUE consideró que debía ser transparente para ser válida, lo que implica que los tribunales deben valorar si el consumidor pudo evaluar las consecuencias de pagar una comisión de apertura y entender que su objeto es compensar los gastos de estudio y de tramitación de una solicitud de préstamo, señalan desde la OCU.

Y a los anteriores se suman otras reclamaciones relacionadas con hipotecas, por ejemplo, por los seguros de prima única. En muchos contratos hipotecarios anteriores a 2019 se obligaba al cliente, no solo a contratar un seguro de vida vinculado a la hipoteca, sino a pagar la totalidad de la prima del seguro de vida en el momento de contratarla.

Las reclamaciones suben un 24 %

Con todos estos frentes judiciales abiertos, los cinco grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- recibieron 681.822 reclamaciones en 2023, un 24% más que un año antes.

De esas más de 680.000 reclamaciones, CaixaBank recibió 343.852, un 32,7% más, mientras que los clientes presentaron a BBVA 167.998 quejas y a Santander unas 88.326, un 11,1% y un 15,8% más, respectivamente.

Sabadell recibió 54.884 reclamaciones en 2023, un 31% más, y Bankinter, 26.762, un 25,6% más.

 

Fuente: https://www.eleconomista.es/

 

La ‘Big Four’ irá a juicio por el Banco Popular justo cuando Ana Botín ultima el concurso de Auditoría del Banco Santander

El procesamiento de PwC en el juicio por la ampliación de capital llevada a cabo por el Banco Popular hace ocho años amenaza con trastocar la posición competitiva de la Big Four que preside Gonzalo Sánchez en el llamado contrato del siglo que el Banco Santander está gestionando en la actualidad con vistas a la provisión de sus servicios de auditoría externa durante los próximos diez años. Se da la circunstancia de que PwC es el actual auditor del primer banco del país y su relación mercantil a tal efecto con la entidad cántabra vence a finales de 2025.

La ley de Auditoría que entró en vigor en 2016 tras su aprobación un año antes a instancias del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, determinaba como principal novedad la necesidad de que las entidades de interés público (EIP) cambiasen obligatoriamente de auditor cada diez años. En el caso del Santander el contrato con PwC data de 2016 por lo que el banco tendría que buscar ahora un nuevo proveedor entre algunas de las otras tres grandes marcas del sector, como son Deloitte, KPMG y EY.

Este requisito que exigía el cambio de auditor quedó sin efecto el pasado año cuando el Gobierno de Pedro Sánchez propició la aprobación de una enmienda promovida por los grupos parlamentarios del PNV y del PDeCat a la citada normativa. De acuerdo con la modificación legal introducida en el Parlamento se habilitaba la opción de que cualquier empresa pudiera renovar el contrato con su auditor histórico aunque hubiera alcanzado los célebres diez años ininterrumpidos de servicios. Como contrapunto a esta medida, que alteraba plenamente el espíritu de la normativa original, la enmienda exigía la puesta en marcha de un nuevo concurso al que podrían presentarse sin exclusión cualquiera de los grandes proveedores de auditoría.

Bajo estas nuevas condiciones, tal y como sucede en la práctica totalidad del Ibex, el Banco Santander ha emprendido el proceso de contratación para los próximos diez años a contar desde el ejercicio de 2026 en adelante. El concurso es de largo el premio gordo de todo el negocio de auditoría en España, máxime teniendo en cuenta el amplio perímetro internacional de la entidad que preside Ana Botín con presencia en los grandes países del mundo desarrollado además de España, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil.

Premio gordo de 1.300 millones
De acuerdo con los propios datos del Banco Santander el gasto anual destinado a labores de auditoría se sitúa en 130 millones de euros, por lo que el beneficiario del contrato asegurará una cartera de ingresos de 1.300 millones. Hasta ahora la candidatura de PwC se consideraba como la favorita para cualquier analista avezado en el mercado, máxime teniendo en cuenta los imponderables políticos que rodearon el cambio de la normativa original. Para cualquier sociedad que contrata sus acciones en bolsa es siempre engorroso un cambio de auditor y es lógico que los gestores de las grandes compañías prefieran trabajar con proveedores conocidos que, además, están más familiarizados con las prácticas contables de las sociedades que vienen auditando durante años.

El contrato del siglo está ahora en plena ebullición y precisamente las cuatro grandes empresas de auditoría ultiman en estas semanas las presentaciones de sus propuestas comerciales ante los responsables de auditoría del Banco Santander. Está previsto que la resolución del concurso no se dilate más allá de los próximos dos a tres meses pero en el camino, que parecía despejado para PwC, ha surgido un imponderable que hasta ahora venía siendo manejado como una contingencia futura y que en este momento se ha convertido en un obstáculo real y que puede resultar determinante.

El auto judicial hecho público este lunes por la Audiencia Nacional sobre la ampliación de capital que realizó el Banco Popular en 2016 ha afectado de lleno a PwC. La firma y dos de sus socios tendrán que sentarse en el banquillo en una causa que, sin perjuicio de sus consecuencias judiciales, tiene también su repercusión en el sistema financiero y pone en cuestión el papel del auditor. Es de presumir que el concurso del Banco Santander seguirá su proceso y que la capacitación técnica acreditada en España por PwC no se verá afectada, pero eso no significa que los más altos responsables de la entidad financiera sean totalmente indiferentes al nuevo procedimiento judicial. No se olvide que el Banco Popular fue finalmente transferido por un euro al Banco Santander después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera su inviabilidad.

La situación derivada de todos estos hechos abre ahora las opciones de los otros tres rivales en liza. Ninguno de ellos ha querido tirar la toalla frente a la presumible ventaja de PwC y ahora tienen una expectativa claramente muy superior para hacerse con el contrato. Aunque la firma de Gonzalo Sánchez siga con su cartel de favorita tanto Deloitte como KPMG cuentan con unas posibilidades que parecían remotas. Lo mismo se puede decir de EY si bien esta ‘Big Four’ cuenta con el hándicap que supone ser el auditor del BBVA. Nada impide que el Santander contrate a la firma que trabaja para su principal competidor en España pero eso es algo que debe decidir personalmente Ana Botín.

Fuente: https://theobjective.com/

El magistrado dicta el auto de transformación en el que señala a Ángel Ron, otros 12 exdirectivos y a PwC por presuntos delitos en la ampliación de capital

El juez José Luis Calama proponer sentar en el banquillo a la antigua cúpula de Banco Popular por la ampliación de capital de 2016, tras la que decenas de miles de inversores perdieron 2.500 millones de euros. El magistrado del Juzgado Número 4 de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de transformación, el primer paso antes de que los imputados pasen a estar procesados y se abra el juicio oral. En este, propone juzgar al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros 12 directivos y a la auditora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. Desde el entorno de Ron señalaron que «recurrirá el auto porque entiende que no se corresponde con lo que se ha instruido, contradice a la normativa contable y las conclusiones a las que llega no se apoyan en hechos». Mientras, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para el expresidente Emilio Saracho al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable, sino que, por el contrario, dice el juez, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco. Además, señala que no se ha podido constatar que fuera el responsable de las “graves filtraciones” a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que sufrió el Banco Popular.

Los otros apuntados por el auto del juez son el exvicepresidente Roberto Higuera, el ex-CEO Francisco Gómez, el exconsejero Jorge Oroviogoicoechea, los auditores de PwC Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda, la propia auditora, los ex directores financieros Javier Moreno y Francisco Sancha, el exdirector de riesgos José María Sagardoy, el exdirector de auditoría, Jesús Arellano, el exdirector de banca minorista, Antonio Pujol, el exdirector de negocio, José Ramón Alonso y el exdirector de legal Tomás Pereira.

Según el auto, Popular amplió capital en junio de 2016 con «información financiera conscientemente alterada», que ocultó pérdidas de 2.500 millones de euros, en lugar de los beneficios declarados, de 100 millones. Frente a ello, Ron recuerda en su comunicado que «en esa ampliación de capital de 2016, yo mismo y otros consejeros invertimos en total 500 millones de euros, por lo que soy un perjudicado de los que considero un expolio del Banco Popular». A partir de ahora, la Fiscalía Anticorrupción y las restantes acusaciones, que se cuentan por decenas, tendrán que formular los escritos en los que pidan que se abra o no juicio, contra quiénes y que delimiten el perjuicio sufrido. Posteriormente, será el turno de las defensas de exponer las razones por las que no debería haber juicio. Y, por último, se tendrá que dictar el auto de apertura de juicio oral, en el que finalmente se fija quiénes van a juicio y por qué delitos. Este caso se abrió en septiembre de 2017 tras la resolución del Popular en junio de ese año, por el que el banco fue vendido por un euro a Santander tras las pérdidas sufridas por todos los accionistas y buena parte de los bonistas.

En esta investigación, se ha interrogado a todos los imputados y a decenas de testigos, entre ellos trabajadores de las oficinas del Popular, clientes, supervisores (como Luis María Linde y Fernando Restoy) y a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. También tuvo que testificar la expresidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Konig, tras sus desafortunadas declaraciones en las que reconoció que Popular era una preocupación semanas antes de su resolución, lo que aceleró la fuga de depósitos. La investigación de Calama durante estos seis años y medio ha girado en torno a dos ejes. Por un lado, la gestión contable del banco bajo la presidencia de Ron y cómo se hizo la ampliación de 2016. Y, por otro lado, la etapa de Saracho como presidente, en la que el banco fue a resolución tras una gran fuga de depósitos y un desplome continuo de la cotización en bolsa. Gran parte de la investigación y el auto de Calama se basan en los informes periciales que el juez ha ido pidiendo durante estos años a inspectores del Banco de España, en los que se detectaron diversos fallos en la interpretación contable, un déficit de provisiones, problemas en las tasaciones y un agujero tapado a través de sociedades en Luxemburgo (Thesan Capital).

En este sentido, según Calama, está probado que Popular refinanció «a una parte relevante de grandes acreditados en situación de impago de cuotas, concediéndoles plazos que evitaban su morosidad formal o utilizando estructuras societarias instrumentales radicadas en Luxemburgo a fin de mantener como viables créditos que en realidad eran dudosos». En esta causa, hay personados cientos de inversores, algunos con pérdidas declaradas de cientos de millones. Solo en el caso de los bonistas, liderados por Pimco, y el antiguo accionista chileno Luksic, hay en juego casi 1.000 millones.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que los consumidores podrán reclamar los gastos hipotecarios desde el momento en que conocen la abusividad de la cláusula hipotecaria, incluso si la ley nacional establece que su derecho a pedir la nulidad expira en un máximo de diez años. Con esta decisión se abre la puerta a que los clientes tengan más tiempo y puedan ampliarse los plazos para recurrir.

La sentencia nace de un recurso de varios consumidores que tenían contratos hipotecarios con Bankia (luego fusionado con CaixaBank), BBVA, el Banco Santander y el Banco Sabadell. Estos pagaron los gastos de notario, registro y gestión derivados de la celebración del contrato, pero tiempo después solicitaron la anulación de las cláusulas consideradas abusivas. Entonces, los bancos los rechazaron porque consideran que había prescrito, porque había expirado el plazo de diez años previsto en el Código Civil catalán.
Tras varias sentencias y recursos, la Audiencia Provincial de Barcelona, que lleva los casos de los consumidores, preguntó a la justicia europea para que se pronunciara en varios cuestiones. Para empezar, según los jueces de la Audiencia Provincial se considera que los diez años establecido en el Código Civil cumple con el principio de efectividad porque se trata de “un largo plazo”, pero quiere determinar en qué punto empieza a correr éste. Por otra otra parte, también querían saber cuál es el nivel de conocimiento que debe tener un consumidor sobre el carácter abusivo de la cláusula, y saber cuál es el momento en que empieza el plazo también.

Avala el criterio de la JUR, que concluyó que los afectados no tenían derecho a ser compensados, ya que no hubiesen salido mejor parados si se hubiese realizado su liquidación

El Tribunal General de la Unión Europea confirmó este miércoles que los acreedores y accionistas que sufrieron pérdidas con la resolución del Banco Popular en 2017 no tienen derecho a ser compensados porque no hubieran recibido un trato mejor en caso de que el banco hubiese sido liquidado.

En varias sentencias, contra las que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la corte de Luxemburgo avala el criterio de la Junta Única de Resolución (JUR), que en 2020 concluyó que los afectados no tenían derecho a ser compensados puesto que no hubiesen salido mejor parados si se hubiese realizado una liquidación al uso de la entidad.

Varios accionistas y acreedores afectados recurrieron esta decisión ante el Tribunal General, que hoy se pronunció por primera vez sobre la legalidad de la misma y desestimó todos los recursos. Así, la Corte rechaza las alegaciones que cuestionaban la independencia de la firma que realizó la valoración del banco —la consultora Deloitte— y se fundaban en la vulneración del derecho a ser oídos de los afectados, pues considera que el valorador se basó en una metodología correcta y no incurrió en errores manifiestos al valorar los activos del Banco Popular.

«El resultado a que habría conducido un procedimiento de insolvencia ordinario habría sido, en consecuencia, el mismo que el de la resolución, de manera que no se vulneró el derecho de propiedad de los accionistas y acreedores afectados», dijo el tribunal en un comunicado.

La resolución del Banco Popular en 2017, la primera ordenada por la JUR, se saldó con su venta al Banco Santander por un euro y costó 11.400 millones de euros que pagaron íntegramente accionistas y tenedores de deuda subordinada, en línea con las normas bancarias europeas adoptadas tras la crisis financiera para evitar rescates públicos. Estas prevén que, si los accionistas o acreedores de una entidad que ha sido objeto de resolución han sufrido pérdidas mayores de las que hubieran sufrido con un proceso de insolvencia ordinario, la JUR puede utilizar el Fondo Único de Resolución —financiado por la banca— para pagarles una compensación.

Tras la resolución del Banco Popular, se encargó a la consultora Deloitte, que había elaborado los informes que sirvieron de base para ordenar la resolución, una valoración de la operación para determinar si la resolución fue más ventajosa para inversores y depositantes que una liquidación al uso.

Ese tercer informe concluyó que la liquidación habría costado entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros, por encima de los 11.400 millones que costó la resolución, por lo que la JUR concluyó en 2020, tras escuchar las alegaciones de los afectados, que no se requería compensarles, puesto que no hubiesen recibido un trato mejor con la liquidación. Así, la resolución del Banco Popular ha sido objeto de decenas de recursos ante los tribunales españoles y comunitarios. En varias sentencias previas, la Justicia europea ya confirmó la legalidad de la operación.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha instado en una reciente sentencia a un juez a examinar de oficio las cláusulas abusivas de un contrato de préstamo que llevó a una entidad financiera a proceder a una ejecución hipotecaria por el impago de 1.106 euros.

Madrid, 13 nov (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha instado en una reciente sentencia a un juez a examinar de oficio las cláusulas abusivas de un contrato de préstamo que llevó a una entidad financiera a proceder a una ejecución hipotecaria por el impago de 1.106 euros.

En una sentencia fechada el pasado 9 de noviembre a la que ha tenido acceso EFE, el TJUE aborda la situación de un particular que suscribió diversos créditos al consumo y puso su vivienda como garantía.

El cliente fue abonando las cuotas de los distintos préstamos hasta que en 2013, tras el impago de una cuota de 1.106 euros, la entidad financiera decidió proceder a la venta en subasta extrajudicial de la vivienda.

Tras examinar el expediente, el TJUE concluye que el juez nacional debe examinar «el carácter proporcionado de la facultad atribuida al acreedor de exigir, en virtud de esta cláusula, la totalidad de las cantidades adeudadas al apreciar su eventual carácter abusivo».

Es preciso, explica el tribunal, ver «en qué medida el consumidor incumple sus obligaciones contractuales, como el importe de los vencimientos que no han sido satisfechos en relación con el importe total del crédito y con la duración del contrato».

El TJUE ha entendido que ejecutar el préstamo por un solo impago afecta a los derechos de los consumidores, y recuerda que el juez nacional «puede examinar de oficio el control de abusividad y proporcionalidad».

El abogado Luis Losada, socio director del bufete Navas & Cusí, señala que la sentencia del TJUE «vuelve a poner sobre el tapete la desigualdad del consumidor bancario respecto a las entidades financieras y la obligación del juez de actuar de oficio en defensa de los derechos del consumidor.

Luxemburgo es garantista con los derechos del consumidor, añade el letrado, y «eso es una buena noticia para consumidores pero también para las entidades, que deben de estar tranquilos si actúan con transparencia, diligencia y proporcionalidad», añade Losada.

El tribunal deniega la reclamación de 141 millones de la familia Cierco, al entender que la actuación del supervisor fue “razonada, razonable y proporcionada”

La Audiencia Nacional ha denegado la reclamación formulada por la familia Cierco para que se declarara la responsabilidad patrimonial del Banco de España por la intervención del Banco Madrid, en marzo de 2015. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente el recurso de la familia accionista mayoritaria de la entidad, en el sentido de que su reclamación no ha prescrito, pero ha descartado que el órgano supervisor tenga que afrontar indemnizaciones por los daños causados, que cifraron en 141 millones de euros.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han afirmado que la presentación de la reclamación efectuada por los hermanos Higini y Ramón Cierco, el 25 de septiembre de 2020, se hizo en plazo legal, en contra de lo que estableció el consejo de gobierno del Banco de España en mayo de 2021, que la consideró extemporánea.

No obstante, consideran que la actuación del Banco de España en la intervención de la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA) no puede tener consecuencias económicas porque el órgano actuó en todo momento de forma “razonada, razonable y proporcionada en el ejercicio de sus funciones, atendidas las circunstancias concurrentes y la información disponible en cada momento”. Es decir, que no se puede tener en cuenta datos obtenidos después “mediante valoraciones jurídicas y opiniones técnicas sobre resoluciones alternativas una vez conocido todo lo que aconteció”.

No es la primera vez que la Audiencia Nacional libra de responsabilidad patrimonial al Banco de España en este caso concreto. En septiembre de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya avaló la labor del organismo y falló en contra de 134 ex empleados de la entidad que pidieron una indemnización por su despido y daño en su reputación profesional como consecuencia de la intervención de la entidad.

Investigación penal archivada
El Banco de España, dirigido entonces por Luis Linde, intervino el Banco Madrid en marzo de 2015 ante las sospechas de que blanqueaba capitales. Todo ello como consecuencia directa de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas también tomara medidas sobre BPA, tras la acusación del Tesoro de Estados Unidos de que la entidad colaboró en el lavado de dinero procedente del crimen. El banco madrileño fue declarado en concurso por la posterior fuga de sus clientes.

Los magistrados recuerdan que los miembros del órgano de gestión y dirección de Banco Madrid fueron investigados por un presunto delito de blanqueo de capital, causa que finalmente fue archivada cuatro años después, en julio de 2019, por la Audiencia Provincial de Madrid por la falta de indicios para acreditar los hechos.

En este sentido, el fallo indica que “debe hacerse notar que el sobreseimiento provisional de las actuaciones no permite apreciar, como se sostiene en el escrito de demanda, la irrazonabilidad o arbitrariedad en la decisión de intervención, pues debe diferenciarse con claridad el ámbito de enjuiciamiento en sede penal de lo que aquí debe analizarse”.

En cuanto al procedimiento administrativo sancionador, el tribunal insiste en que, dada la información que se disponía en ese momento, el Comité Permanente de la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) alertó en un informe de inspección de potenciales irregularidades graves en materia de blanqueo de capitales. Sin embargo, el archivo del expediente en agosto de 2021 al no apreciar infracción administrativa alguna, “en nada empece la razonabilidad de la decisión de acordar la intervención”, dice la sentencia.

Documentación de una causa en Andorra
Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado admitir la documentación que la familia Higini presentó, relacionada con la comisión rogatoria internacional en un proceso penal que sigue la Justicia de Andorra contra expolicías, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y ex altos cargos del Gobierno español, como el expresidente Mariano Rajoy y los exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por la caída del banco BPA y su vinculación a la denominada ‘operación Cataluña’.

En este proceso se investiga si la alerta que emitió la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se basó en una en información “falsa” facilitada por la Policía española. Los magistrados de la Audiencia Nacional han considerado que toda esta información no es relevante para la resolución de la demanda de responsabilidad patrimonial.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

Las entidades interpretan la base imponible y dejan fuera del cómputo los ingresos de sociedades no financieras

La banca española desafía a Hacienda y recorta la factura por el impuesto temporal al sector. Las entidades afectadas por el gravamen diseñado por el Gobierno para los ejercicios 2022 y 2023 han encontrado la forma de arañar parte del abono sin haber recibido una llamada de atención por parte de la Agencia Tributaria. Al menos de momento.

Los bancos aseguran haber cumplido con la norma, que se basa en aplicar una tasa del 4,8% a la suma del margen de intereses y comisiones netas del negocio generado en España. Pero, al mismo tiempo, reconocen que cada entidad ha hecho una interpretación propia sobre cuál debe ser la base imponible. Es decir, de todas las partidas de ingresos, las entidades han seleccionado cuáles de ellas se incluían dentro del cómputo para calcular el impuesto y cuáles no. Y de forma generalizada han excluido los ingresos procedentes de las sucursales en el extranjero y los negocios no relacionados con la concesión de crédito. “Las entidades cumplen la norma, pero buscan ajustar el perímetro en España. ¿Cuentan con el aval de Hacienda? No. Pero tampoco ha dicho que esté mal”, resumen fuentes del sector.

El texto de la norma, tal como está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no recoge ninguna aclaración sobre las partidas del margen de intereses y las comisiones que están gravadas y las que no, por lo que da pie a varias lecturas. Únicamente detalla que solo está sometido al impuesto el negocio generado en España. A partir de ahí, la interpretación generalizada del sector ha sido excluir los ingresos de las sucursales en el extranjero. En su mayoría se trata de oficinas de representación que no generan un gran volumen de negocio para los bancos, pero dejarlas fuera del cómputo permite rebajar una parte de la factura.

“Aunque no esté recogido en el texto, el consenso común de los sujetos afectados defiende que la interpretación permite dejar fuera estos negocios”, explican fuentes conocedoras. Y añaden que como el espíritu del gravamen es actuar contra los beneficios extraordinarios o caídos del cielo, “no tendría sentido que quedasen afectadas las partes del negocio que no se han visto beneficiadas por la subida de tipos. Este sería el caso de las gestoras de fondos o aseguradoras”.

El Ministerio de Hacienda asegura estar conforme con los ingresos recibidos por el pago anticipado, que debía abonarse antes del pasado 20 de febrero. En total, fueron 637,1 millones, una cifra que permitiría llegar a los 1.300 millones previstos para el conjunto del ejercicio, pese a que en su momento, cuando se diseñó la prestación, el objetivo de Hacienda era llegar a los 1.500 millones. El ministerio, no obstante, recuerdan que no será hasta septiembre cuando se conozca “el dibujo del impuesto al completo”.

Diseño de la base imponible
Fuentes conocedoras de cómo se ha calculado el pago del impuesto explican que los bancos han hecho ajustes teniendo en cuenta las especificidades de cada grupo en función de su modelo de negocio. De esta forma, las entidades han seleccionado minuciosamente las filiales sometidas al gravamen y las que quedan excluidas.

Aunque los bancos presentan sus resultados de forma consolidada, realmente cuentan con un gran abanico de filiales, cada una especializada en una actividad. En ese sentido, los negocios relacionados con seguros, inversión o gestión de activos han quedado fuera del cómputo para calcular el pago de la prestación. También las transacciones intragrupo o las operaciones que se cierran fueran de España, aunque se realicen desde el país.

Se da la paradoja de que, aunque los bancos han dejado fuera varias partidas de ingresos, la recaudación ha cumplido las expectativas de Hacienda. La acelerada subida de tipos de interés ha permitido generar más ingresos bancarios, que son los sujetos al gravamen, compensando así la minoración de la base imponible.

El pago que han abonarán al final del año los bancos estará, incluso, por debajo de las previsiones iniciales que comunicaron las propias entidades. En un primer momento, CaixaBank anunció que pagaría entre 400 y 450 millones y finalmente desembolsará 373 para todo el año. Sabadell anunció 170 millones y pagará 157; Bankinter calculó un pago de entre 80 y 100 millones y pagará 77. Y Abanca estimó 50 millones y abonará 39 millones. Santander y BBVA, por su parte, sí cumplirán con sus estimaciones previas. Pero se da la circunstancia de que Santander, que genera más ingresos que BBVA en España, ha abonado menos (224 millones) que el banco pilotado por Carlos Torres (225 millones).

El gravamen, recurrido en los tribunales
Rechazo. El Ejecutivo diseñó el gravamen temporal que se aplicará sobre los ejercicios 2022 y 2023 al considerar que los bancos obtendrán beneficios extraordinarios debido a las continuas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para tratar de combatir la elevada inflación. Desde el primer momento, tanto los bancos como las patronales AEB y CECA mostraron su rechazo argumentando que no se trata de beneficios caídos del cielo, sino de una normalización de la política monetaria después de seis años con tasas de interés negativas. Igualmente, defendían que esta medida restaría capacidad de conceder crédito y que se aplicaba sobre los ingresos sin tener en cuenta los mayores que afrontan las entidades por provisiones debido al previsible aumento de la morosidad.

Impugnación. Los bancos, a nivel particular, y las propias patronales, ya han recurrido ante los tribunales el gravamen. En general, las defensas han alegado inconstitucionalidad, al considerar que vulnera los principios de igualdad y progresividad del sistema tributario sin que tenga alcance confiscatorio. También argumentan doble imposición que van a ser gravados por partida doble: primero, por los ingresos obtenidos y posteriormente, esos mismos ingresos se verán gravados por los beneficios, a través del impuesto de sociedades.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

El tribunal europeo desestima el recurso Aeris Invest contra la sentencia que avaló la negativa a entregar la información sobre la situación de la entidad desaparecida

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha echado por tierra el último intento de la familia Luksic, unos de los principales accionistas del Banco Popular, de poder acceder a documentos del Banco Central Europeo (BCE) relacionados con la resolución del la entidad bancaria española, en junio de 2017.

En una sentencia, dada a conocer este jueves, el máximo tribunal europeo ha confirmado la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE), dictada el 6 de octubre de 2021, que desestimó los recursos Aeris Invest, brazo inversor de Luksic contra la decisión del órgano bancario europeo de no entregar los archivos reclamados, en los que se explicaban la situación del Banco Popular, entonces dirigido por Emilio Saracho. Entre dichos documentos se encontraba el expediente completo del procedimiento de resolución; la valoración hecha por la auditora Deloitte; o las notificaciones o comunicaciones efectuadas en el marco del procedimiento.

El BCE denegó tal petición porque dichos archivos estaban total o parcialmente protegidos, al tratarse de documento confidenciales cubiertos por el secreto profesional aplicable a las instituciones. Asimismo, argumentó que la divulgación de la utilización de provisión urgente de liquidez (ELA, por sus siglas en inglés) por el Banco Popular en los días anteriores a su resolución, así como de la información sobre la situación de liquidez y las ratios de capital, podrían perjudicar la eficacia de la política monetaria y la estabilidad financiera de la Unión o de un Estado miembro, así como a los intereses comerciales del Banco Popular y del Banco Santander, que adquirió la entidad resuelta por el valor simbólico de un euro.

Recurso contra la resolución
El Tribunal General de la Unión Europea estimó parcialmente su recurso y le permitió poder revisar únicamente el resultado de una votación en el Consejo de Gobierno del instituto emisor. Esto no era suficiente para la familia del magnate chileno Andrónico Luksic, que invirtió 113 millones de euros en acciones del Banco Popular, y presentó un recurso de casación ante el TJUE, alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se le daba acceso a información para preparar su ofensiva legal contra el mecanismo de resolución que aplicó la Junta Única de Resolución (JUR), que fue avalado por la Justicia europea en junio de 2022.

La Corte con sede en Luxemburgo avala la actuación del tribunal de instancia y afirma que interpretó de manera adecuada el derecho de acceso público a documentos de la institución dirigida por Christine Lagarde. Según indica en su sentencia, el BCE no cuenta con normas destinadas a proteger el interés específico que una determinada persona pueda tener en acceder a un documento ni regular las cuestiones relativas a las pruebas que las partes deben aportar en un procedimiento judicial.

Según el TJUE, aun suponiendo que Aeris Invest tuviera derecho a acceder a un documento que obra en poder del BCE, y que supuestamente necesita para preparar de la mejor manera posible su recurso de anulación contra la resolución, ese derecho no podría ejercerse específicamente recurriendo a los mecanismos de acceso del público a los documentos establecido por la citada Decisión del BCE.

“Así pues, la eventual violación de ese derecho no puede derivarse de una decisión denegatoria de acceso adoptada con arreglo a dicha Decisión ni, por consiguiente, ser objeto de censura por parte del juez de la Unión a través de la estimación de un recurso de anulación presentado contra dicha decisión denegatoria”, concluye la sentencia del TJUE.

Pide la imputación de Santander
Luksic se encuentra inmerso en una batalla judicial con el fin de recuperar lo perdido en el Banco Popular. Uno de los procedimientos en los que está personado como perjudicado es el conocido caso Popular, en el que la Audiencia Nacional investiga las consecuencias que provocaron la desaparición del banco, y en el que recientemente, y a falta de unos días para que el juez decida si vuelve a prorrogar esta causa o finaliza su instrucción, ha solicitado que se impute al Banco Santander.

La entidad que dirige Ana Botín, que ostenta en dicha causa la condición de responsable civil subsidiario -como ‘heredera’ del Popular-, ha respondido que esta petición es “absurda” y un “auténtico despropósito”.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/