La querella acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes

Una juez andorrana ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al que fuera su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que les investiga a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.

La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d’Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada Operación Cataluña e incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, según han informado las entidades denunciantes.

La Batlle de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, ha expedido ahora comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da quince días para que designen representación letrada, advirtiéndoles que de no hacerlo se les nombrará uno de oficio, han explicado el Institut y Drets en un comunicado. También ha acordado la juez remitir de nuevo comisiones rogatorias al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Diez, que ya fueron citados en su día pero no se presentaron.

La querella, que inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada “policía patriótica”, se amplió posteriormente a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol. La querella, presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.

La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid (ambos ya clausurados) sino facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que “intimidaba” al Gobierno andorrano ya sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015,para precipitar el cierre de la entidad.

Fuente: https://elpais.com/

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Balón de oxígeno para las entidades financieras. Esta sentencia, la 904/2022, de 30 de mayo, de la Sección 15, de lo Civil, de la Audiencia Provincial de Barcelona, valida que el interés de un 26,70 % TAE de una tarjeta «revolving» Wizink no es usurario.

El tribunal, del que han formado parte los magistrados José María Ribelles Arellano, Luis Rodríguez Vega y Marta Cervera Martínez –esta como ponente– entiende que la «revolving» está en precio de mercado. Con esta decisión asume una postura que está contracorriente de los fallos que hasta ahora se venían produciendo.

Samuel Tronchoni, director del área de litigación de Lexer Abogados, ha defendido a Wizink en este asunto.

Subraya que esta “es la primera sentencia que una Audiencia Provincial tras la sentencia de mayo del Tribunal Supremo. Realiza la comparación del test de la usura con un documento aportado por nuestro cliente donde se ven reflejados los términos en TAE”.

La TAE, o tasa anual equivalente, recoge el precio que el banco cobra por prestarnos el dinero, teniendo en cuenta los gastos y comisiones asociados al préstamo o crédito.

El Banco de España, por su parte, publica unas estadísticas que están en términos de TEDR (Tipo Efectivo Definición Restringida) o lo que es lo mismo, para entendernos, la TAE sin incluir las comisiones asociadas a la financiación y gastos.

“Este fallo judicial sigue las tesis de la sentencia del Supremo de 4 de mayo pasado que dijo que un TAE del 24.5 % no era usurario. El tribunal analiza si está, o no, en precio de mercado. Y concluye que lo está. Que no es usurario», afirma Tronchoni.

Para ello, el tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona «ha medido los parámetros de forma correcta. No utiliza los datos del Banco de España porque el término fijado en el contrato es un TAE. Wizink aportó un informe donde compara cual era la TAE media en España en el 2015. En ese momento era de un 24,34 %. La del contrato es de un 26,70 %, que no es notablemente superior, como dice el Supremo en su último fallo».

«Por eso ha concluido que no es usurario. Porque debe haber un cierto margen de competencia entre las entidades que comercializa estas tarjetas”.

“Además, no se puede medir un TEDR con una TAE. La TAE siempre es más alta porque lleva implícita comisiones y gastos. Hay que medir con términos iguales porque de lo contrario se genera un desequilibrio importante”, aclara Tronchoni.

Samuel Tronchoni, director del área de litigación de Lexer Abogados, que ha representado a Wizink en este caso.

MEDIR EL PRECIO DEL MERCADO

Respecto a la otra cuestión a la que se suele recurrir en este tipo de asuntos, como es la transparencia de la tarjeta y sus condiciones, “el propio tribunal señala que supera el control de transparencia, con lo cual no habría ningún tipo de abusividad y respaldaría su validez».

En esta oportunidad, la Audiencia Provincial de Barcelona ha recogido el guante del Tribunal Supremo sobre el precio medio de mercado de este producto.

El caso en cuestión era el de un particular que tenía dos tarjetas. Una de 2014 y otra de 2015. La parte actora recurre por la TAE de 2015. Y lo que hace la Audiencia Provincial de Barcelona, en apelación, es confirmar el fallo de la primera instancia.

Tronchoni subraya que lo relevante de este caso es que el tribunal de la Audiencia Provincial se ha preocupado por conocer el precio de mercado de estas tarjetas en aquel año 2015. “Se ha ido al Boletin del Banco de España, ha comprobado que no es válido, y ha utilizado otros medios de prueba”.

Con anterioridad a esa fecha, se referenciaba estas tarjetas a la estadística del crédito consumo.

La primera sentencia del Supremo, de 2015, hablaba del duplo de ese dato.

Con posterioridad, estos argumentos se superaron con la sentencia de 4 de marzo del 2020 del Supremo, donde establece que hay que medir de otra manera y se toma como referencia el índice publicado por el Banco de España.

Francia permite un margen del 33 % por cien, Alemania hasta un desvío de 1.200 puntos básicos; Portugal un 25 %; Italia, un 25 % y 400 puntos básicos; Suecia hasta un 40 %; Dinamarca, un 35 %; Irlanda, que está en pleno debate legislativo valora, un TAE del 33 %

Pero esa elección “lo que no tenía en cuenta es que si las tarjetas iban referenciadas a TAE y no a TEDR. No se está midiendo bien. Esto es lo que acoge la Audiencia Provincial de Barcelona para decir que en este tema, para poder analizar si esta en precio del mercado, no va al boletín del Banco de España sino que lo mide con un informe que presenta una de las partes, en este caso Wizink, donde si se mide TAE con TAE”, aclara Tronchoni.

El pasado 6 de abril se publicó una nueva Circular del Banco de España en la que se desarrollan las obligaciones de información que han de facilitar las entidades a sus clientes al comercializar productos de crédito «revolving», tanto antes de la contratación como durante la vida del contrato y que nuestra publicación anticipaba.

En este caso la Audiencia Provincial de Barcelona valora el precio de mercado y se va al informe aportado por Wizink en las actuaciones. El documento 5, donde se hace un análisis de los TAE de las tarjetas «revolving» de ese año.

Antes de 2010, el Banco de España se iba a los índices de referencia del precio de consumo que era lo que se publicaba. Pero eso se supera con la sentencia de marzo del 2020.  El Banco de España no lo hace para fijar precios, sino que publica para que el resto de los estados miembros conozca cuáles son los tipos de las tarjetas, pero publica en TEDR.

Este experto cree que la sentencia está bien fundamentada. “Deja claro que no se puede comparar la TAE de la tarjeta con el TEDR. Y que no se aprecia una desproporción de ese 26,70 % con el precio de mercado”.

Wizink cree que esta sentencia podría cambiar el sentido de las sentencias que se han producido hasta ahora.

EN LA UNIÓN EUROPEA EL UMBRAL DE LA USURA ES SUPERIOR, SEGÚN WIZINK

Tronchoni habla de otra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, la número 2622/2021, de 17 de diciembre, donde fija sus criterios en cuanto a la transparencia.

“En este caso señala que son transparentes las condiciones generales incluidas en este tipo de contrato. La sentencia toma en consideración términos homogéneos, TAE con TAE para realizar el test de usura”.

A partir de ahora se puede abrir un nuevo escenario en este contexto de conflictividad en las tarjetas «revolving», sobre todo por el peso específico que tiene entre los órganos judiciales la Audiencia Provincial de Barcelona. “Al final hay que buscar los documentos que soportan las partes para ver qué es o no usurario. Y es que parece claro que los jueces quieren entender cuál es el precio de mercado de cada tarjeta”.

Este experto destaca que “en Europa el umbral de la usura es más elevado que el que supuestamente se quiere introducir en nuestro país. Este es un producto que no debe mezclarse con el crédito al consumo”.

A este respecto explica que Francia permite un margen del 33 % por cien, Alemania hasta un desvío de 1.200 puntos básicos; Portugal un 25 %; Italia, un 25 % y 400 puntos básicos; Suecia hasta un 40 %; Dinamarca, un 35 %; Irlanda, que está en pleno debate legislativo valora, un TAE del 33 % .

Este abogado dice que “parece que con la última sentencia del Supremo y esta de la Audiencia Provincial de Barcelona, España quiere homologarse con Europa. El mercado comunitario es más elevado. Habrá que ver dicen otras Audiencias Provinciales sobre si se consolida la medición de las TAE con las TAE en el futuro”.

Ese precio de mercado supone hacer un análisis ponderado de las tarjetas comercializada.

“Así lo dijo el Supremo en el fallo de mayo reciente. que indicaba que el TAE era de un 24 % a un 26 %. La Audiencia Provincial de Barcelona habla del 26,70 % y lo compara con un informe de ese año donde se señalaba el 24,35 %, que no es notablemente superior”.

A juicio del abogado de Wizink, con esta sentencia se da más seguridad jurídica a las entidades financieras porque se habla de precio de mercado de este tipo de negocios.

Esa media de mercado se modifica cada año.

Desde las entidades financieras se han quejado señalando que los precios estaban siendo marcados por los juzgados, cuestión que no se entiende cuando hay un libre mercado de precios.

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Estamos a las puertas de que el Santander se tope con un ‘regalo’ de 3.000 millones de euros, en detrimento de los ahorros de miles de antiguos accionistas de Popular, vilmente engañados

el periplo va llegando a su fin. Nos referimos al caso C-410/20, sobre el que el TJUE dictará sentencia el próximo 5 de mayo, y en el que el Abogado General ha concluido que los inversores adquirientes de acciones de Banco Popular, mediando información falsa, no pueden reclamar a Banco Santander, por cuanto, a su entender, con la resolución de la entidad los accionistas pierden todos sus derechos. De esta manera, en base a la resolución del Santander, parte interesada del proceso, se produce la sanación de todos los males, incluidos engaños, falsedades contables, asistencia financiera, etcétera. Por increíble que parezca, es lo que sostiene el Abogado General.

Sorprende que el Abogado General llegue a tal conclusión, ya que la JUR (Junta Única de Resolución), tal y como establece el procedimiento de resolución, antes de acordar la resolución de Banco Popular, encargó y recibió un informe realizado por un valorador independiente (Deloitte) llamado: ‘Hippocrates Provisional Valuation Report (Sale of Business scenario)‘, en el cual se contabilizaron como pasivo de Banco Popular, las contingencias legales derivadas de las ampliaciones de capital de 2012 y 2016.

Con base en dicho informe se acordó la resolución de Banco Popular y su venta a Banco Santander por el precio de 1 euro, que obviamente incluía los pasivos de Banco Popular de ahí la exigua cifra, y en ello estuvieron de acuerdo todos los participantes, Banco Santander incluido. Tanto es así que, materializada la compra, el Banco Santander, sabedor de que era responsable de dichas contingencias legales en aras de evitar litigios y el daño reputacional asociado, realizó un programa denominado ‘Bonos de Fidelización’ por valor de 980 millones de euros, en el que indemnizó a afectados que habían adquirido acciones en la ampliación de capital de 2016.

Posteriormente, en el informe de Valoración III denominado ‘Valoración de la diferencia de trato Banco Popular Español’ —el último informe de los tres que ha emitido Deloitte—, en la página 70 y siguientes se valoran las contingencias jurídicas, que incluyen a las obligaciones convertibles obligatorias y a las ampliaciones de capital de 2012 y 2016, estimándose allí su impacto. Si bien estos apartados figuran tachados para que no sea posible desglosar las cifras, en el cuadro resumen se valoran las contingencias legales totales en 1.788 millones de euros para el mejor escenario, y en 3.453 millones de euros en el más desfavorable.

Y aun si quedase lugar para mantener algún tipo de duda razonable en beneficio de Banco Santander, cabe señalar que este, en su Folleto de Actividad Continuada remitido a la CNMV el 28 de junio de 2018, se ha reconocido expresamente como responsable de las contingencias legales de Banco Popular, al no haberse realizado la adquisición con ningún esquema de protección de activos (EPA).

No puede dejar de resaltarse tampoco que en un primer momento Banco Santander adquirió Banco Popular, manteniendo la personalidad jurídica de este último, pasando a ser su accionista único, por lo que resulta patente que en esos instantes cualquier antiguo accionista podía demandar a Banco Popular por haber mentido en sus estados contables, sumado al hecho de que la posterior fusión por absorción, y consecuente extinción de la personalidad jurídica de Banco Popular, en modo alguno extingue sus pasivos, sino que los traslada a la entidad absorbente.

En síntesis, Banco Santander adquirió Banco Popular por 1 euro, conociendo perfectamente su deber de asumir las contingencias legales derivadas tanto de las ampliaciones de capital como de la comercialización defectuosa de productos financieros complejos, contingencias legales que fueron puestas de manifiesto en todos y cada uno de los informes de valoración de Deloitte que sirvieron como base de la resolución de la JUR, y como guía para la realización de la oferta por 1 euro.

Y ahora, más allá de toda la evidencia existente que no deja lugar a dudas, estamos a las puertas de que Banco Santander se tope con un ‘regalo’ de 3.000 millones de euros, en detrimento de los ahorros de miles de antiguos accionistas de Banco Popular, vilmente engañados.

El contrato se firmó en la notaría con un poder y sin presencia de los avalistas, los padres de más de 70 años de uno de los intervinientes

El Juzgado de Primera Instancia 83 de Madrid ha anulado en una reciente sentencia el aval de un préstamo hipotecario porque el banco no informó a los avalistas de las “consecuencias y extensión de la fianza que asumían ni las condiciones del préstamo” ya que una de las personas hipotecadas representó mediante un poder notarial a los fiadores.

En julio de 2007 una pareja firmó un préstamo hipotecario con Caixabank de 275.000 euros por la compra de una vivienda unifamiliar en Madrid. Los padres de uno de los hipotecados avalaron el préstamo con su vivienda cuando ya tenían más de 70 años. A la firma de la hipoteca en la notaría sólo comparecieron el banco, los compradores y la hija de los avalistas con el poder notarial suscrito por los padres.

Ante el impago de las cuotas hipotecarias, Caixabank demandó mediante procedimiento ordinario a todos los deudores solidarios, incluidos los padres avalistas, con independencia del grado de responsabilidad o cualidad por la participación en el préstamo.

El juez considera que el banco que contrata con un fiador debe demostrar “cómo se comercializó el producto que vende y dejar constancia de que se hizo de forma clara y fácilmente entendible para el consumidor”.

Poder de representación

El avalista ni siquiera estuvo presente en la aceptación de la escritura y otras personas firmaron en su nombre, como consta en la escritura notarial al señalar que una de las hipotecadas representó a los fiadores mediante un poder.

El juez concluye que al no quedar claro cómo se informó a los fiadores de las consecuencias y extensión del aval que asumían ni las condiciones del préstamo “la fianza así constituida no puede tenerse por válida”, imponiendo a Caixabank el pago de las costas procesales que tuvieron que asumir los avalistas.

José Miguel Sanz, abogado de Javaloyes Legal y letrado defensor de los avalistas, destaca que ante la participación de avalistas hipotecantes mediante poderes, el banco “tiene la obligación de informar de manera suficiente y acreditada de la extensión, términos y consecuencias de su posición”.

De este modo, los fiadores tendrán conocimiento de las consecuencias del impago de las cuotas, pero también de que van a estar informados debidamente de cualquier incidencia previa a la reclamación judicial. Así tendrán la oportunidad de solucionar el impago antes de la demanda ante la posibilidad de que los deudores no les tengan al tanto de la falta de pago y de su solución.

Sanz asegura que si el banco no negoció con los fiadores las condiciones del aval ni tampoco se les informó en notaria, “nada acredita que más allá de haber otorgado un poder para comparecer en su nombre en la firma, sean conocedores del contenido al que se vinculan”.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

Las entidades han de asegurarse de que la información del inversor es fiable

Deben elaborar un ranking de artículos en función de su complejidad

El escenario ideal es que la banca ofrezca a sus clientes solo los productos financieros que sean convenientes para ellos. Para lograrlo, el coordinador de las comisiones europeas de valores, ESMA, acaba de aprobar nuevas directrices sobre cómo evaluar la conveniencia, y la CNMV las asumirá como suyas, según un documento del supervisor. Los intermediarios deben asegurarse de que la información que les proporcionan los clientes es fiable y han de elaborar un ranking de complejidad de los diferentes artículos de su catálogo.

El vigilante de una parte de la conducta de las entidades financieras da una nueva vuelta de tuerca a su política. Las nuevas reglas europeas de juego del sector, que pueden consultarse en la edición online de CincoDías, en vigor desde inicios de año, son más restrictivas en la comercialización de los productos que se venden sin asesoramiento.

Uno de los lemas que ESMA dirige a las entidades es Conoce a tu cliente y conoce tu producto. El retrato del consumidor es clave; este se exige para los productos complejos desde 2007, cuando entró en vigor la primera versión de la directiva Mifid, con una reconfiguración en 2018, año en el que se estrenó la segunda edición de la directiva para que los mercados funcionen mejor.

Pero, después de todo este tiempo, los supervisores han concluido que es necesaria “una mayor convergencia en la comprensión y aplicación de varios aspectos de los requisitos de conveniencia y ejecución por parte de las empresas de los distintos países”. Así lo constató ESMA tras un análisis de la situación efectuado durante 2019 en el que participó la CNMV.

El gran problema está en los productos complejos, que suelen ser más complicados de entender, pueden suponer un mayor riesgo y contar con menos liquidez. Entre ellos están los derivados –futuros, opciones, warrants, contratos por diferencias…–, los fondos alternativos y los bonos que no sean simples. También está dentro de esta categoría cualquier producto estructurado o artículo financiero que incluya derivados o apalancamiento.

Una de las novedades es que no será suficiente una aplicación binaria del criterio de complejidad –sí o no–. Los intermediarios deberán elaborar un ranking. Solo se podrán agrupar “los que tengan características y riesgos comparables”, señalan desde finReg 360º. En esta firma especializada en regulación financiera indican que, en función del nivel de complejidad, la entidad evaluará “el conocimiento y la experiencia del cliente de manera más específica y no solo sobre el tipo al que pertenece el producto (por ejemplo, deuda subordinada, en lugar de bonos en general)”.

ESMA señala en sus directrices que las entidades deben definir políticas y procedimientos que les permitan obtener toda la información necesaria, entre los que se incluirán también las conversaciones. Y no solo deberán asegurarse de que hacen bien las preguntas, sino de que las respuestas son fiables. “Las empresas deben estar atentas a cualquier contradicción relevante entre las diferentes piezas de información recogidas”, sentencia. Por ejemplo, deberán pedir aclaraciones cuando la información recopilada sobre sus conocimientos y experiencia muestre que el cliente sabe más sobre bonos complejos que sobre simples.

 El caso español

La CNMV ya anticipa en un documento que tiene previsto aplicar las directrices de conveniencia de ESMA –cuenta con un plazo de dos meses para hacerlas suyas desde que se traducen al castellano–, al tiempo que, por supuesto, hará cumplir su propia guía, que será aprobada en breve y que actualiza la que el supervisor publicó en 2010. Han transcurrido 12 años y es necesario ponerla al día.

El borrador de estas instrucciones nacionales explicita que las entidades “deben asegurarse de que aquellos productos que, a priori, consideran no adecuados para determinados inversores (…) no se comercialicen activamente a dichos inversores, especialmente cuando se trate de productos complejos”. Es decir, bancos e intermediarios financieros “deben evitar contactar con los clientes y ofrecérselos”.

Ojo con la «información personalizada»

  • Solo ejecución. La normativa europea abre la puerta a que el cliente tome la iniciativa para contratar un producto considerado no complejo; en este caso, la entidad advertirá al cliente de que no tiene obligación de valorar si el producto es adecuado o no para él y ejecutará su orden de compra sin más. Este supuesto se denomina solo ejecución. Pero la CNMV es restrictiva en cuanto a la posibilidad de que se emplee esta modalidad de contratación e indica que hay situaciones en las que, con carácter general, “resulta poco probable que la iniciativa [de contratación] haya partido del cliente”. Esto se produce cuando se hayan realizado al cliente informaciones personalizadas a través de la red de sucursales o se lo llame por teléfono y cuando, directamente, se realizan campañas internas de venta de un producto concreto sin apoyo de campañas publicitarias dirigidas al público en general. Si se produce esto último, la CNMV aclara que resulta razonable considerar que una parte de las operaciones se realicen a iniciativa de los clientes.

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Es una de las principales conclusiones del I Congreso de Crédito Revolving

La conferencia de clausura de Juan María Díaz Fraile, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el I Congreso de Crédito Revolving ha revelado claramente lo que es un secreto a voces y reclaman muchos expertos: Es necesario un marco legislativo claro que regule el mercado de ‘revolving’.

“Díaz Fraile deja claro que es imprescindible que el legislador español regule esta materia. Se trata de actualizar nuestra centenaria Ley de Usura, que ha tenido una única actualización en el 2000 a nivel procesal”, explica Jesús Sánchez, vicedecano del ICAB y experto en derecho financiero.

Y es que, «hay que recordar que esta Ley de Usura está basada en la tacha de inmoralidad y en el ámbito casuístico, resolución de caso por caso. Un mercado financiero como el actual requiere actualizar esa ley a los tiempos actuales”.

Para este jurista, “en nuestro derecho comparado, a nivel de países más avanzados de Europa, este tipo de créditos su tope máximo está regulado. Y la media de esos países europeos, entre los que está Francia, Italia, Alemania o Dinamarca, es un 30% aproximado, en el caso de Portugal es un 25%.

“Todo lo que supera un 30% del tipo medio se puede considerar un interés usurario, lo que sucede es que nos lo regulan a través de la usura, otros a nivel de normativa propia de crédito al consumo”.

«En este tipo de créditos que ya de por si son altos a nivel de créditos revolving, cuando la media supera ese tercio o 33% del tipo medio se considera que es excesivo, ilegal o usuario. Así está regulado en muchos países europeos”.

Mantiene la misma tesis que “la sentencia de 4 de marzo del 2020 de la Sala Civil, de la que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá. Concretar el interés usurario en ese tercio. Ese fallo así lo dice que cuando supere ese tercio, es usuario”.

Sin embargo, esta interpretación de Sánchez no ha calado en muchos de nuestros tribunales que hacen otra valoración del fallo de la Sala de lo Civil. “Si pones un 10 o un 15% de diferencia por encima del 20% impides que las entidades financieras sean competitivas porque no dejas margen”.

A su juicio, “este tipo de planteamientos podrían cargarse el mercado. Se trataría de establecer una horquilla que sea razonable suficiente para que haya competencia de mercado por una cuestión de lógica económica. Por eso la mayor parte de los países europeos lo han puesto en ese tercio”, aclara.

Sánchez reconoce que ese tercio sobre el tipo medio “ya es un interés alto. En nuestro caso, España está en la media europea no hay mucha diferencia con países de nuestro entorno, pero se ha interpretado de forma errónea por una parte de Audiencias Provinciales esa sentencia de marzo del 2020. La sentencia de Sarazá habla de que por encima de seis puntos ya es un interés usurario, o lo que es lo mismo un tercio del total”.

En estos momentos, según este experto, hay “un bazar jurisprudencial con diferentes formas de entender la sentencia del Supremo que no beneficia a nadie. Esto genera mucha inseguridad jurídica en el mercado. El gran culpable de esta situación es que el legislador por el momento no ha regulado esta materia”.

Para Sánchez lo que hizo el Tribunal Supremo en esta sentencia “es fijar el tercio, pero muchos tribunales no han interpretado de forma adecuada esta sentencia por lo que estamos viendo”.

ACUERDO DE CÁDIZ SOBRE ‘REVOLVING

En este contexto este jurista señala la Audiencia Provincial de Cádiz, que en fecha 9 de abril de 2021 alcanzaban un acuerdo  de unificación de criterios en aras a adoptar una posición común acerca del porcentaje a considerar usurario en los intereses de las tarjetas ‘revolving’, y limitada la discusión únicamente a este tipo de tarjetas.

Así, la Audiencia ha acordado considerar usurario el que supere en un porcentaje del 30% el tipo medio de interés correspondiente a la categoría que corresponda a la operación crediticia en el momento de celebración del contrato. La Audiencia Provincial de Cádiz se basa del tenor literal de la sentencia del TS de 4 de marzo de 2020, pues había una diferencia de más de este tenor, 34% y el TS lo declaró usurario.

“Al mismo tiempo ha habido otros acuerdos de la sección 16 y 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona, al igual que la Audiencia Provincial de Albacete que también suscriben acuerdos en el mismo sentido”, indica este jurista.

Estos órganos judiciales mantienen el 30% como interés diferencial, “de alguna forma siguen las tesis del Tribunal Supremo y en segundo lugar, si lo dejas en puntos o tanto por cierto seria demasiado arbitrario. No dejaría margen para que hubiera competencia entre las entidades”.

Sánchez recuerda que el Tribunal Supremo para los préstamos personales el interés usurario lo tiene en el doble del tipo medio. “En este tipo de créditos es consciente que no puede aplicar el doble porque ya sería altísimo. Lo que hace el Supremo es rebajarlo al tercio según la sentencia para los créditos ‘revolving’”.

Este jurista indica que el Tribunal Supremo tiene pendiente de resolver un recurso que admitió a trámite en noviembre de este año, “seria la mejor manera de aclarar la situación existente y delimitar mejor lo que es interés usurario”.

Para este experto, “al mismo tiempo que nuestro legislador haga los deberes y realice la reforma legislativa que todos esperamos. Es como el IRPH no tenía que haber generado tanta litigiosidad. El legislador no pone orden y genera graves problemas de seguridad jurídica en el mercado financiero”.

CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL TJUE

En este escenario, Jesus Sánchez recuerda que hay una cuestión prejudicial planteada, “hay una magnifica presentada por la juez del juzgado 4 de primera instancia de Castellón. Está muy bien fundamentado ese auto. La cuestión plantea que para este tipo de mercado financiero no se puede ir a la Ley de Usura porque estamos ante un mercado financiero regulado por la Directiva de Crédito al Consumo  y por toda  una normativa sectorial desarrollada por la UE. A nivel de condiciones generales de contratación etc.”.

En esa cuestión prejudicial la magistrada plantea que no se podría acudir a nuestra ley de usura “porque esta se basa en supuestos concretos y esencialmente en la tacha de inmoralidad de un operador concreto o persona concreta,  pero no de un mercado completo, que es ahí donde está el error de aplicar dicha normativa”.

Por el momento, la problemática está ahí. No hay una uniformidad en nuestros tribunales a la hora de considerar cuando ese crédito ‘revolving’ tiene un interés usurario, “todavía la tendencia de Audiencias Provinciales para aplicar ese tercio es una tendencia minoritaria respecto al total de órganos judiciales”.

Sánchez cree que lo lógico sería “aplicar el diferencial entre el tipo medio y el tipo aplicado a ese contrato. De esa forma, si se dice que todo lo que supere un tercio es usurario, parece claro y no habría discusión. Ahí daría igual que el crédito estuviera al 18 o al 20 por ciento realmente. De esa forma se crearía seguridad jurídica y confianza”.

En este contexto, este jurista nos aclara que al haber tanta dispersión jurídica “las entidades financieras no quieren llegar a ningún acuerdo ante tanta diversidad. Y eso es lo que fomenta la litigiosidad».

Para este experto es importante tener en cuenta las sentencias de la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Tenerife, sentencia de 24 de marzo del 2021; de la Sección 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de marzo del 2021; la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, sentencia de 24 de febrero de este año; la sentencia de 16 de febrero del 2021 de la Sección 8 de la Audiencia Provincial de Albacete y la Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de octubre de este año.

“Estas audiencias fijan el interés abusivo en el tercio o en el 30%, que es la media que sigan la mayor parte de los países de la Unión Europea en estos momentos”.

Fuente: www-confilegal.com

La Agencia Tributaria recupera el control de las Sicav, junto con un marco regulatorio más exigente que sin embargo incentiva que se liquiden y traspasen a fondos

La Agencia Tributaria (AEAT) ha recuperado el control de las Sicav que le arrebató, paradójicamente, en 2005 el Gobierno de Zapatero y otorgó a la CNMV ante la avalancha de inspecciones muy agresivas que venía realizando a las grandes fortunas. Así lo estableció una enmienda del PSOE a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal que ha entrado el 1 de enero en vigor, que además endurece los requisitos que deben cumplir estas sociedades de inversión colectiva para beneficiarse de una ventajosa tributación del 1%.

Pues bien, de las más de 3.000 Sicav que ha llegado a haber, las grandes fortunas han liquidado ya cerca de 800 por miedo a la Inspección de Hacienda. Es el caso de la Sicav de la familia Sainz de Vicuña, dueña histórica de Coca-Cola, de Carmavent Inversions, del cineasta y expolítico Pere Portabella, de Dosane, del exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa, y la del ex culé Iván de la Peña, entre otras.

Entre las que se mantienen de momento, destacan las de Alicia Koplowitz (Morinvenst) o Juan Abelló (Arbarin)El fundador de Pronovias, Alberto Palatchi, ha unificado este año sus dos Sicav.

A esto se suma que se ha abierto un periodo transitorio por el que se les permite liquidarse de forma ventajosa y traspasarse a fondos de inversión, una ventana de oportunidad cuando llega un régimen más duro y con la Inspección al acecho, que lleva a los expertos consultados por Vozpópuli a calcular que dentro de un año apenas sobrevivirán unas 500, con un capital de menos de 10.000 millones de los más de 30.000 que ha habido.

“Es razonable pensar que las que queden serán en su mayoría propiedad de personas jurídicas, ya que el régimen transitorio de liquidación y reinversión es beneficioso para las personas físicas (contribuyentes de IRPF), pues estas posteriormente pueden hacer traspasos con neutralidad fiscal a otras instituciones de inversión colectiva y en cambio las personas jurídicas no pueden”, apunta José Luis López-Hermida, director de Cliente Privado y Family Offices de KPMG Abogados.

Muchas Sicav se trasladan a otras jurisdicciones como Luxemburgo. Una opción es transformarse en Sociedad Limitada, proceso exento y en el que no se tributa en exceso en la venta, explica Raúl Salas, socio de Roca Junyent.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece la aplicación de un tipo del 1% a las Sicav que cumplan con el número mínimo de accionistas requerido, con carácter general, 100. La Ley de Lucha contra el Fraude introduce unas nuevas reglas para determinar el número mínimo de accionistas: se computarán sólo los accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros durante al menos las tres cuartas partes del período impositivo.

Este marco, que Podemos quería que el PSOE adoptara y estuvo en los fallidos Presupuestos de 2009, es finalmente menos exigente que el que figuró en los programas políticos de casi todos los partidos desde 2015, en que todo programa electoral que se preciara debía incluir un endurecimiento del régimen de las Sicav, lo que incluso también incorporaron PP y Ciudadanos. Muchas llevaban tiempo liquidándose por este motivo, el caso de las de la familia Gallardo (Almirall y Vithas). Susana Gallardo, ex de Alberto Palatchi y mujer ahora de Manuel Valls, presidía la tercera que cerraron.

Esta modificación va acompañada del citado régimen transitorio para las Sicav que acuerden su disolución y liquidación durante 2022 y realicen dentro de los seis meses posteriores todos los actos necesarios hasta su cancelación registral. La disolución quedará exenta de tributar por la modalidad de Operaciones Societarias del ITP y AJD y la Sicav podrá seguir aplicando el tipo reducido del 1% sin cumplir los nuevos requisitos desde 1 de enero de 2022 hasta la fecha de la cancelación registral.

A esto se suma que no tributará en el socio la ganancia patrimonial que se ponga de manifiesto en la liquidación siempre que se reinviertan el dinero o los bienes recibidos en fondos de inversión de carácter financiero o Sicav que cumplan con los nuevos requisitos.

La norma no permite la reinversión parcial, pero sí que se realice en una o varias instituciones de inversión colectiva durante el plazo de reinversión, que será de siete meses desde la finalización del plazo para la adopción del acuerdo de disolución con liquidación. El socio quedaría exonerado de la obligación de practicar pagos a cuenta de su correspondiente impuesto personal sobre las rentas derivadas de la liquidación.

Asimismo, estarán exentas de la tasa Tobin las adquisiciones de acciones sujetas a este impuesto que tuvieran lugar como consecuencia de la disolución con liquidación y reinversión. Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, brazo legislativo de Hacienda, establece que una vez liquidada y reinvertida, no hay un tope temporal mínimo de mantenimiento de la reinversión.

La Inspección, vigilante

Este proceso puede iniciarse en cualquier momento del año que empieza. Aunque 2022 sea un ejercicio de transición, fuentes conocedoras apuntan que la Inspección de Hacienda estará vigilante. El hecho de que no se pronuncie no impedirá que esté atenta sobre el periodo impositivo de cuatro años que ahora se abre. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, apunta que la tarea corresponde a la Inspección y no a los técnicos, como una sentencia del Tribunal Supremo ha puntualizado: atañe a la Inspección el control de los regímenes especiales.

Sobre determinadas prácticas que analizan realizar algunos gestores, que prevén cruzar y compartir participaciones para alcanzar el requisito de 100 partícipes, una especie de vuelta de tuerca a los mariachis o inversores de paja, fiscalistas consultados creen que se trata de fraude de la ley. Si no se acredita un sentido económico, es decir, si es sólo fiscal, De la Torre lo considera un conflicto en aplicación de la norma.

Fuente: https://www.vozpopuli.com/

El Abogado General de la UE se posiciona del lado de Santander para que el TJUE cierre la puerta de posibles demandas a los antiguos accionistas del Popular

Giro clave en el caso Banco Popular. El abogado general de la Unión Europea (UE) se ha inclinado a favor de Banco Santander para tumbar a partir de ahora todas las demandas que reciba la entidad presidida por Ana Botín de antiguos accionistas del banco que se quedó en resolución en junio de 2017.

«La Directiva sobre la Reestructuración y la Resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión se opone, por un lado, a que quienes adquirieron sus acciones unos meses antes del inicio del procedimiento de disolución, con ocasión de una ampliación de capital con oferta pública de suscripción, puedan promover contra la entidad emisora o contra la entidad resultante de una fusión por absorción posterior, con posterioridad a la decisión de disolución, demandas de resarcimiento o demandas de efecto equivalente basadas en que el folleto de la emisión contenía información defectuosa«, expone el abogado general.

Este es un frente en el que Santander se juega mucho. Desde que se quedó Banco Popular hace más de cuatro años se ha encontrado con una avalancha de demandas de antiguos accionistas y bonistas de la entidad que presidió Ángel Ron. Prácticamente todas las que proceden de inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016 —de 2.500 millones de euros— están siendo perdidas por Santander, incluidas las de inversores institucionales, a raíz de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de junio. Antes incluso de esta sentencia, Santander reconoció hace algunos meses que tenía en marcha 16.000 demandas.

Este frente legal supone para el primer grupo español un riesgo de que dejen de salir los números que hizo cuando compró Popular y un desgaste a su equipo jurídico y a nivel reputacional. De ahí que la opinión del abogado general haya sido una de las mejores noticias recibidas en la Ciudad Financiera desde hace tiempo.

Otras implicaciones

El abogado general también niega que los tribunales españoles puedan tener «obligaciones de restituir el contravalor de las acciones suscritas y de abonar intereses como consecuencia de la declaración de nulidad, con efectos retroactivos, del contrato de suscripción de las acciones, en virtud de demandas promovidas con posterioridad a la resolución de la entidad».

El abogado general justifica esta decisión en la Directiva de Resolución, que justifica todo tipo de acciones para mantener la estabilidad financiera: «El interés de los inversores no prevalece en todo caso sobre el interés consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero».

 

Junto a ello, su escrito sostiene que hay objetivos de interés público que permiten restringir el derecho a la propiedad de los accionistas en el ámbito de la disolución bancaria y que los accionistas cuyas acciones hayan sido canceladas en el marco de un procedimiento de disolución bancaria «disponen de otras vías para obtener una indemnización o para que se imponga una sanción». Hay varios accionistas que tienen en marcha procesos en contra de la resolución en el TJUE.

 

Este órgano de la Justicia europea responde así a una cuestión prejudicial elevada por un tribunal de A Coruña, ante el planteamiento que hizo Santander ante el mismo. La opinión del abogado general de la UE no es vinculante, aunque el TJUE sigue sus criterios en un 70% de los casos.

Fuente: www.elconfidencial.com

La paralización pone en entredicho el futuro del índice de Referencia de los Precios Hipotecarios que fija los precios de más de un millón de hipotecas en España

Primero fueron los gastos de inscripción y registro de las hipotecas y más adelante las clausulas-suelo. Parece que ahora será la aplicación del denominado Índice de Referencia de los Precios Hipotecarios (IRPH) la cuestión en que el Tribunal Supremo español vea una vez más revocada una de sus sentencias por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los jueces de los muy atascados tribunales españoles no quieren más trabajo extraordinario como el que provocaron los casos de rectificación anteriores y han optado por suspender los juicios sobre el IRPH a la espera de que la cuestión se clarifique al más alto nivel. Sólo este año, tres juzgados han planteado una cuestión prejudicial –Barcelona, Reus y Almería-. Otros diez han suspendido juicios sobre IRPH, incluyendo Madrid, Sevilla, Barcelona, Palma del Condado, San Fernando, Gavá y La Bisbal.

En el fondo de la cuestión está no ya la legitimidad misma del IRPH -un índice alternativo al Euribor fabricado por los propios bancos para establecer los precios de referencia que se aplican a las hipotecas a tipo variable y que no pocos expertos independientes consideran fácilmente manipulable o directamente manipulado-, sino el hecho de que el consumidor deba ser informado sobre su uso, lo que se conoce como ‘control de transparencia’ en el lenguaje jurídico.

Algunos estudios estiman en un millón el número de hipotecas que podrían estar afectadas por la clausulas IRPH

En un principio, el Tribunal Supremo español se pronunció sobre la cuestión al final de diciembre de 2017 eximiendo a los bancos de este control de transparencia. Pero, meses después, y a instancias de un juez catalán, la Comisión Europea consideró que el IRPH es difícil de comprender –por la manera en que se calcula y por su funcionamiento en sí- para el particular medio, por lo que no sólo recomendaba un control de transparencia, sino que también instaba al TJUE a pronunciarse sobre el asunto. En el caso anterior de las clausulas-suelo, este tribunal acabó dictando su nulidad por la inadecuada información recibida por los consumidores, lo que desembocó en gravosas compensaciones para algunos bancos españoles.

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La sentencia europea, que llegará después de un procedimiento prolongado que comenzará con un informe previo del Abogado General de la UE y será de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español, podría estar lista para antes del verano que viene, según calculan las fuentes consultadas por El Plural.

El IRPH, que fue presentado por sus promotores como un índice de referencia de los tipos de interés de las hipotecas más estable que el Euribor -aunque ha estado sistemáticamente por encima de este en el porcentaje aplicado incluso hasta en dos puntos-, alcanzó su mayor vigencia en España en el ejercicio 2009, el primero después del estallido de la crisis económica, según puede verificarse en los informes sobre este particular hechos públicos en la época por el Banco de España.

El Colectivo Ronda, una cooperativa de abogados y abogadas, tiene presentadas demandas colectivas contra el BBVA, Bankia, UCI, CaixaBank y Banc Sabadell por hipotecas referenciadas al índice IRPH. La asociación de consumidores Asufin tiene presentadas cinco demandas colectivas relacionadas con el IRPH y ya cuenta con una sentencia favorable frente a Bankia, aunque la entidad bancaria la ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Para Patricia Suárez, presidenta de Asufin, las suspensiones de juicios y el informe de la Comisión Europea son “un espaldarazo a los afectados por IRPH, que pueden y deben seguir luchando por la nulidad de esta cláusula en sus hipotecas. Han sido muchos los juzgados que se han rebelado contra el Supremo y, en estos momentos, lo justo sería que todas las demandas pendientes se paralizaran en espera de que el TJUE se pronuncie. En Asufin siempre hemos estado convencidos de que Europa, una vez más, rescataría a los consumidores españoles de este abuso. El IRPH es una cláusula que está costando, además de dinero, problemas emocionales y físicos a muchas familias”.

Algunos estudios estiman en un millón el número de hipotecas que podrían estar afectadas por la cláusulas IRPH.

Fuente: ww.elplural.com/

 

El tribunal considera que, aunque haya contradicción entre los titulares, el banco debe promover su consignación

La Audiencia Provincial de Cantabria condena a un banco a pagar a una cotitular de una cuenta bancaria la cantidad existente en la misma, a pesar de que la otra cotitular también lo había reclamado extrajudicialmente. Los magistrados consideran que la entidad bancaria no puede retener el saldo de la cuenta en caso de existir una reclamación judicial por uno de los titulares.

La demandante y cotitular de la cuenta corriente reclamó a la entidad el pago del total del saldo existente en la misma. Solicitud que fue denegada por el banco, alegando «la no entrega por ésta de un documento que acreditara la conformidad de la otra cotitular, quien al parecer también había solicitado la entrega». Por lo que, ante las pretensiones contradictoria de ambas titulares, el banco decidió que no debía hacer entrega del saldo.

Reclamación judicial

Aunque la demanda fue desestimada en primera instancia, la Audiencia Provincial de Cantabria estima el recurso de apelación interpuesto por la demandante, ya que considera que éste no puede retener el saldo de la cuenta en caso de reclamación judicial por uno de los titulares.

La sentencia señala en primer lugar que, aun admitiendo que la otra titular de la cuenta haya reclamado efectivamente la entrega del saldo (lo que sólo acredita la financiera demandada a través de un correo electrónico interno de la propia entidad), no consta que dicha reclamación haya sido judicial, ni su fecha concreta, ni si fue anterior a la reclamación extrajudicial de la demandante.

Hay que recordar que, en virtud de los artículos 1.137 y siguientes del Código Civil, cualquiera de los cotitulares de una cuenta bancaria a la vista puede exigir a la entidad el cumplimiento de la obligación, es decir, el pago íntegro de lo debido, debiendo el deudor cumplir frente a ese acreedor de forma íntegra, con todos los requisitos del pago.

Por tanto, explica la sentencia, llegado el momento de cumplimiento de la obligación, el banco puede pagar a cualquiera de los cotitulares, pudiendo escoger a cuál de ellos hace el pago; pero tal facultad de elección cesa cuando alguno de los cotitulares ha demandado judicialmente el cumplimiento. Y es que, a partir de entonces el deudor sólo puede pagarle a él, de manera que el abono a cualquier otro de los acreedores solidarios no le liberaría de su obligación de pago. Así lo considera la sala, en virtud del art. 1.142 CC que dice «el deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores solidarios; pero si hubiere sido judicialmente demandado por alguno, a este deberá hacer el pago».

Liberación

Además, añade la sentencia, aunque hubiera existido realmente una contradicción coetánea entre las titulares, no le está permitido a la entidad financiera retener el saldo en su poder, sino tan solo promover su consignación conforme a lo dispuesto en el art. 1176 CC, que la prevé, precisamente, para que el deudor pueda liberarse en el caso de que varias personas pretendan tener derecho a cobrar.

Por todo ello, la Audiencia condena a la entidad bancaria a entregar la cantidad solicitada a la cotitular demandante, más los intereses moratorios devengados.

Fuente: noticias.juridicas.com