La CNMC investiga a la gran banca por las hipotecas a tipo fijo: qué hay detrás y qué significa para tu dinero

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un nuevo frente con el sector bancario al abrir un expediente sancionador a las seis grandes entidades del país por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario. Considera que se han ido intercambiando mensajes en público con el objetivo de “anticipar el comportamiento futuro” en sus estrategias comerciales. La decisión ha generado malestar entre los bancos, que entienden que Competencia malinterpreta reflexiones de sus directivos en las ruedas de prensa de los resultados, según fuentes del sector.

La investigación se dirige a los seis grandes bancos cotizados, que son el Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, y parte de las declaraciones de los directivos de las entidades acerca del mercado, en las que algunos de ellos se han quejado de que se están concediendo hipotecas a tipos demasiado bajos. Quedan fuera otras entidades como Abanca o Bancaja.

Se lanza además en el último día de mandato de Cani Fernández como presidenta del organismo de Competencia, cargo al que accedió en el 2002. A la espera de que el Gobierno traslade al Congreso el nombre de su sucesor, Fernández seguirá al frente de la institución de manera interina.

Dentro del ámbito bancario, la CNMC ha supervisado durante su mandato que los bancos no repercutan el gravamen extraordinario que el Gobierno impuso al sector en el 2022 y ha abordado expedientes sensibles, como el de la opa del BBVA sobre el Sabadell. También ha investigado la concesión de créditos ICO durante la pandemia y el mercado de depósitos, sin hallar conductas merecedoras de sanción.

Las declaraciones de los directivos, bajo lupa

Ahora, aborda el crédito para la compra de vivienda, que ha estado creciendo a tasas cercanas al 5% en un momento de fuerte subida de precios. “La CNMC considera que determinadas declaraciones públicas realizadas por los directivos de estas entidades bancarias constituyen indicios de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia”, afirma el regulador. Las posibles prácticas también serían contrarias al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, añade.

La investigación se dirige a los seis grandes bancos cotizados, que son el Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, y parte de las declaraciones de los directivos de las entidades acerca del mercado, en las que algunos de ellos se han quejado de que se están concediendo hipotecas a tipos demasiado bajos. Quedan fuera otras entidades como Abanca o Bancaja.

Se lanza además en el último día de mandato de Cani Fernández como presidenta del organismo de Competencia, cargo al que accedió en el 2002. A la espera de que el Gobierno traslade al Congreso el nombre de su sucesor, Fernández seguirá al frente de la institución de manera interina.

Dentro del ámbito bancario, la CNMC ha supervisado durante su mandato que los bancos no repercutan el gravamen extraordinario que el Gobierno impuso al sector en el 2022 y ha abordado expedientes sensibles, como el de la opa del BBVA sobre el Sabadell. También ha investigado la concesión de créditos ICO durante la pandemia y el mercado de depósitos, sin hallar conductas merecedoras de sanción.

Las declaraciones de los directivos, bajo lupa

Ahora, aborda el crédito para la compra de vivienda, que ha estado creciendo a tasas cercanas al 5% en un momento de fuerte subida de precios. “La CNMC considera que determinadas declaraciones públicas realizadas por los directivos de estas entidades bancarias constituyen indicios de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia”, afirma el regulador. Las posibles prácticas también serían contrarias al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, añade.

Las declaraciones sobre las que se centran las investigaciones se refieren a “la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo”. Estas declaraciones “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, añade la CNMC, que cuenta a partir de ahora con un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del expediente.

El mensaje de los bancos: carteras “deficitarias” al 2% a 30 años

El organismo no identifica las declaraciones que motivan el expediente, si bien varios bancos se quejaron en las últimas presentaciones trimestrales de resultados del comportamiento “irracional” de las entidades que ofrecen hipotecas a tipos demasiado bajos.

El Santander y el BBVA han utilizado expresiones de este tipo, mientras que desde Bankinter se habló de “carteras deficitarias” en las que se conceden hipotecas al 2% a 30 años, lo que eleva el riesgo ante posibles subidas de tipos. CaixaBank rechazó, frente a los comentarios de estos bancos, que esté siendo demasiado “agresiva” para quitar mercado a los demás.

Los datos del BCE muestran que los bancos españoles remuneran los depósitos por debajo de la media de la zona euro, pero al mismo tiempo están entre los que conceden las hipotecas más baratas. Los últimos datos, de abril, sitúan el tipo medio en España en el 3,2%, frente a la media de la zona euro del 3,44% o al 3,72% de Francia y al 4,18% de Alemania.

Los bancos argumentan que el mercado hipotecario español es el más competitivo de Europa

La reacción de los bancos ha llegado unas horas después a través de la Asociación Española de Banca (AEB). En una jornada organizada por PWC, su presidenta, Alejandra Kindelán, ha defendido la conducta de las entidades y el nivel de competencia en el mercado.

“No conozco los detalles, pero puedo decir que los bancos cumplen la legalidad sobre todo en materia de competencia y tenemos el mercado más competitivo de Europa”, ha afirmado. Kindelán ha defendido que “los tipos de interés son casi un punto más  baratos que la media de la zona euro”.

Los consumidores hablan de “comportamientos paralelos” en la política comercial

Los consumidores en cambio lo ven de forma muy distinta. Desde Asufin aseguran que el expediente reafirma las denuncias de la propia asociación sobre la falta de competencia, tras “años alertando de comportamientos paralelos en la política comercial de las entidades, especialmente en hipotecas, depósitos y comisiones”.

Asufin reclama una “investigación profunda” y asegura que las principales entidades adoptan estrategias comerciales “prácticamente idénticas”. En su momento, trasladó a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) su preocupación por la denominada “excepción ibérica” del mercado bancario español, caracterizada por “una escasa remuneración de los depósitos mientras se encarecía de forma acelerada el crédito”.

Durante la misma jornada, el socio de PWC Santiago Martínez Pinna, ha indicado que los bancos registraron el año pasado su mayor rentabilidad desde que en el 2014 la UE empezó a trabajar en la unión bancaria. La tasa actual de rentabilidad es del 15%.

Mientras la CNMC pone la lupa en el sector, los bancos reclaman a las autoridades nacionales y europeas avances en la simplificación regulatoria para ganar competitividad. Pinna ha indicado durante la presentación del informe que los requerimientos de capital se han triplicado desde el 2007, en ocasiones con solapamientos. “El airbag no deja espacio para conducir”, ha señalado.

En la misma jornada ha participado el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien ha explicado que la institución sigue analizando, como le piden organismos como el FMI, la posible imposición de limitaciones a la concesión de hipotecas por parte de los bancos. España es, con Italia, el único país de Europa donde no existe ningún límite, pero el Banco de España quiere “afinar” su decisión para evitar efectos contraproducentes en caso de aplicarla. “Lo estamos analizando con muchísimo cuidado”, ha dicho.

Escrivá también ha considerado que “no hay ningún problema de restricción de crédito” y que, en el mercado hipotecario, “no hay ni de lejos una situación comparable a la anterior”, en alusión a la Gran Recesión. También ha asegurado que “la atención al cliente por parte de los bancos es claramente mejorable”.

Fuente: La vanguardia

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Trasladar una empresa a Andorra: qué permite la planificación fiscal legal y qué exige realmente

En los últimos ejercicios hemos visto crecer de forma notable las consultas de empresarios, grupos familiares y asesores que se plantean trasladar su actividad al Principado. No es casualidad: la presión fiscal sobre las sociedades en España se ha endurecido, el Impuesto sobre Sociedades se mantiene con carácter general en un tipo nominal del 25 % y varios de los instrumentos clásicos de planificación han ido perdiendo recorrido. En ese escenario, mirar hacia jurisdicciones con marcos fiscales más competitivos —siempre dentro de una planificación legal, documentada y alineada con los estándares internacionales de transparencia— se ha convertido en una conversación habitual.

Andorra figura entre las opciones más estudiadas, y por motivos concretos. Pero conviene separar desde el primer minuto las ventajas del titular de las condiciones reales que el proyecto exige. Trasladar una empresa al Principado no es un trámite exprés ni un cambio de domicilio sobre el papel: es una operación que debe diseñarse con criterio jurídico y fiscal. Vamos a verlo con detalle.

Por qué Andorra atrae a tantas empresas

El atractivo fiscal del Principado descansa en unas cifras fáciles de recordar:

  • Impuesto sobre Sociedades con un tipo general del 10 %.
  • IGI (Impost General Indirecte), el equivalente andorrano al IVA, con un tipo general del 4,5 %.
  • Ausencia de un impuesto general sobre el patrimonio.
  • Inexistencia de un impuesto general sobre sucesiones y donaciones comparable al de buena parte de los países del entorno.

A esto se suman factores que no aparecen en la casilla de la declaración pero que pesan, y mucho, en la decisión: seguridad, un sistema sanitario sólido, calidad de vida y una ubicación a poco más de dos horas de Barcelona y de Toulouse. Quien se traslada por los impuestos suele quedarse por todo lo demás.

Ahora bien, ninguna de estas ventajas se activa por el mero hecho de constituir una sociedad en Andorra. El beneficio fiscal real depende de cómo se estructure la operación y, sobre todo, de que la actividad se desarrolle de verdad en el Principado.

Qué significa «trasladar» una empresa (y la distinción que casi todo el mundo pasa por alto)

El primer punto técnico que aclaramos a cualquier cliente es este: Andorra no forma parte de la Unión Europea. Por tanto, los mecanismos de traslado transfronterizo del domicilio social previstos para los Estados miembros —los de la Directiva (UE) 2019/2121 sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas— no resultan directamente aplicables.

¿Qué implica esto en la práctica? Que «llevarse la empresa a Andorra» rara vez consiste en mover una sociedad española tal cual. Lo habitual es articular una operación estructurada que, según el caso, puede tomar formas muy distintas:

  • Constitución de una nueva sociedad andorrana.
  • Aportación o transmisión de activos a esa sociedad.
  • Reorganización previa del grupo.
  • Traslado efectivo de funciones operativas y contratación de medios locales.
  • En determinados supuestos, liquidación ordenada de la entidad española.

La fórmula adecuada depende de la naturaleza de la actividad, de los activos implicados, de los contratos en vigor, de la residencia fiscal de los socios y del tratamiento de las plusvalías latentes. No hay una solución única, y ahí es donde el diseño previo marca la diferencia.

Las consecuencias fiscales en España: lo que conviene resolver antes de salir

Cada una de esas operaciones puede generar hechos imponibles en España. La salida de activos, el cambio de residencia, la liquidación de una sociedad, la transmisión de ramas de actividad o el reparto de reservas pueden tener impacto en el Impuesto sobre Sociedades, en el IRPF de los socios o en otros tributos.

Conviene recordar, además, que el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades considera residente en España a una entidad cuando se cumple alguno de estos criterios: que se haya constituido conforme a la legislación española, que tenga su domicilio social en territorio español o que tenga aquí su sede de dirección efectiva. Dicho de otro modo: una sociedad puede seguir siendo residente fiscal en España aunque «esté» en Andorra, si su dirección real continúa ejerciéndose desde aquí.

Por eso la planificación de todo lo que ocurre antes del traslado es tan determinante como la estructura que se adopte después en el Principado.

La autorización de inversión extranjera: una etapa, no una formalidad

Cuando inversores no residentes constituyen una sociedad andorrana, la operación puede requerir autorización previa de inversión extranjera ante las autoridades del Principado, conforme a la Llei 10/2012 d’inversió estrangera al Principat d’Andorra y su desarrollo.

No conviene confundir este paso con un mero registro. La administración andorrana puede valorar la naturaleza de la inversión, la identidad de los inversores, la coherencia del proyecto y el cumplimiento de las exigencias legales, con especial atención a la actividad económica efectiva y a la prevención del blanqueo de capitales.

El expediente suele incluir, según el tipo de inversión y la situación de socios y administradores:

  • Certificado de antecedentes penales de los intervinientes, legalizado o apostillado.
  • Copia del pasaporte.
  • Información sobre la trayectoria profesional de socios o administradores.
  • Descripción del proyecto empresarial.
  • Documentación que acredite el origen de los fondos aportados.

Toda la documentación debe presentarse en una lengua admitida por la administración o acompañarse de la traducción certificada que corresponda. En cuanto a plazos, un expediente completo puede tramitarse de manera orientativa en cuatro a ocho semanas, aunque dependerá de la complejidad del caso y de la carga administrativa del momento. Una vez autorizada la inversión, la sociedad se constituye ante notario andorrano, se inscribe en el Registre de Societats y obtiene el NRT, su número fiscal.

El test de sustancia: la condición que decide si el traslado tiene efecto fiscal real

Si hay un concepto que debe quedar grabado, es este. La ventaja fiscal andorrana no se obtiene por constituir una sociedad, sino por desarrollar allí una actividad real. La residencia fiscal de una entidad se analiza atendiendo a dónde se ejerce la dirección efectiva, dónde se toman las decisiones relevantes y dónde se desarrolla la actividad económica.

La normativa andorrana considera residentes, entre otras, a las entidades constituidas conforme a sus leyes, a las que tienen su domicilio social en Andorra o a las que sitúan allí su sede de dirección efectiva. Los criterios españoles, como hemos visto, son equivalentes. El resultado es claro: una sociedad con domicilio en Andorra pero dirigida realmente desde España queda expuesta a una discusión de residencia fiscal y a una posible regularización por parte de la AEAT.

¿Qué pide en concreto el análisis de sustancia? Elementos verificables:

  • Medios personales adecuados a la actividad.
  • Locales o infraestructura proporcionales.
  • Funciones de dirección ejercidas efectivamente desde Andorra.
  • Documentación de las reuniones y decisiones relevantes.
  • Coherencia entre contratos, facturación, operativa bancaria y realidad empresarial.

Las reuniones del órgano de administración deben celebrarse de forma coherente con la residencia que se defiende, y la función directiva ha de ser real, no meramente formal. Este punto no es secundario: es la línea que separa una estructura sólida de una que no se sostiene.

Aquí conviene subrayar algo que vinculamos siempre con nuestros clientes: trasladar la empresa y trasladar la residencia personal suelen ir de la mano. La modalidad de residencia por cuenta propia en Andorra, por ejemplo, se apoya precisamente en la titularidad de más del 20 % de una sociedad andorrana y en el ejercicio de un cargo de dirección en ella. Puedes consultar las distintas modalidades en https://www.vivir-andorra.com/. Diseñar ambas piezas de forma conjunta y coherente refuerza la posición frente a cualquier revisión.

El convenio de doble imposición España-Andorra

El Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal se firmó en Andorra la Vella el 8 de enero de 2015, se publicó en el BOE en diciembre de ese año y entró en vigor el 26 de febrero de 2016.

El convenio reparte la potestad tributaria sobre distintas categorías de renta —dividendos, intereses, cánones, rentas del trabajo, beneficios empresariales y ganancias patrimoniales— y resulta especialmente útil para resolver situaciones de doble imposición o conflictos de residencia. Para una empresa que traslada actividad, los aspectos más relevantes son los relativos a los beneficios empresariales, los establecimientos permanentes, la residencia fiscal y el intercambio de información.

Eso sí, un matiz importante: el convenio no protege estructuras artificiales o carentes de sustancia. Si la administración española cuestiona la residencia andorrana de una sociedad, esta deberá poder acreditar que su dirección efectiva, sus funciones reales y sus medios operativos están realmente en el Principado.

Las reglas de transparencia fiscal internacional

Para los socios personas físicas residentes en España, el artículo 91 de la Ley del IRPF puede obligar a imputar en su base imponible determinadas rentas obtenidas por una entidad no residente cuando concurren ciertos requisitos: una participación relevante, una tributación efectiva por debajo del umbral legal y la obtención de determinadas categorías de renta.

Para los socios personas jurídicas, el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades contiene un régimen equivalente de transparencia fiscal internacional, asociado a circunstancias como una participación superior al 50 % y una carga tributaria directa inferior al 75 % de la que habría correspondido en España.

La mejor defensa frente a estas reglas vuelve a ser la misma: la actividad económica real. Si la sociedad andorrana ejerce de verdad una actividad empresarial en el Principado, con medios propios, dirección efectiva y operativa coherente con su objeto social, la posición se refuerza de manera sustancial. Todo conecta, una vez más, con el test de sustancia.

El régimen de holdings para grupos empresariales

Para empresas que forman parte de un grupo o que tienen participaciones en otras sociedades, la normativa andorrana del Impuesto sobre Sociedades contempla mecanismos que pueden resultar favorables, sobre todo en materia de dividendos y de plusvalías derivadas de participaciones, con la posibilidad de aplicar exenciones o reducciones orientadas a evitar la doble imposición económica.

Su aplicación, no obstante, exige analizar caso por caso los requisitos legales: la naturaleza y el porcentaje de las participaciones, el período de mantenimiento, la tributación de la entidad participada y la sustancia de la estructura. Tras las reformas recientes del sistema fiscal andorrano, es especialmente importante calcular el tipo efectivo de tributación y no presentar los tipos reducidos como un resultado automático. Bien planteado, este régimen puede convertir a Andorra en una opción muy funcional para grupos de tamaño medio que buscan una estructura de tenencia eficiente.

Andorra no es una jurisdicción opaca

Un último punto que trasladamos sin ambigüedad: Andorra no es un paraíso opaco. El Principado aplica el Common Reporting Standard (CRS) y realizó su primer intercambio automático de información financiera en septiembre de 2018, con base en los datos de 2017, conforme a los estándares de la OCDE y el G20.

Andorra ha suscrito instrumentos de intercambio de información y convenios para evitar la doble imposición con diversos Estados —España, Francia, Portugal o Luxemburgo, entre otros— y su cooperación con la Unión Europea se ha ido actualizando para incorporar la evolución del estándar. En octubre de 2025 se comunicó la firma de un protocolo de enmienda para adaptar estos acuerdos a las modificaciones del CRS aprobadas por la OCDE en 2022, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026 tras los trámites internos de ratificación.

La conclusión es importante: lo que ofrece Andorra no es opacidad, sino un tipo impositivo competitivo aplicado con transparencia sobre entidades que ejercen allí su actividad de forma real. Una estructura que cumple los requisitos de sustancia, documenta sus decisiones y se encuadra correctamente en los convenios aplicables es jurídicamente sólida. Una estructura que mantiene su dirección efectiva en España, no.

En resumen

Trasladar una empresa a Andorra puede ser una decisión acertada y perfectamente legal, pero exige planificación, no improvisación. Tres ideas para quedarse:

  1. No es un cambio de domicilio sobre el papel, sino una operación estructurada con consecuencias fiscales en España que conviene resolver antes de salir.
  2. La sustancia lo es todo: dirección efectiva, medios reales y actividad genuina en el Principado.
  3. Transparencia y documentación son la mejor protección frente a cualquier revisión, tanto en Andorra como en España.

En Solé & Martínez Advocats acompañamos todo el proceso: desde el análisis de viabilidad y el diseño de la estructura hasta la autorización de inversión extranjera, la constitución de la sociedad y la conformidad fiscal continuada, coordinando además el traslado de la residencia personal cuando el proyecto lo requiere. Si estás valorando dar el paso, hablemos: estudiaremos tu caso y te diremos con franqueza qué permite y qué exige.

Más información y solicitud de cita en https://www.vivir-andorra.com/.

 

Este artículo tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Cada operación debe analizarse de forma individualizada a la vista de su situación concreta y de la normativa vigente en cada momento.

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Els passius de països tercers també hauran de passar el filtre de seguretat de l’‘entry/exit’

Font: https://www.altaveu.com/

Amb el nou sistema de control, que està en vigor des d’aquest divendres, a diferència dels treballadors, que podran accedir a una autorització temporal, qui vingui a residir sense treballar haurà d’esperar a superar el període de tramitació per aconseguir el permís

Les persones nacionals de països tercers que vulguin accedir a un permís de residència passiva també hauran de passar l’avaluació de seguretat que farà França o Espanya en virtut del nou acord de gestió de fronteres entre Andorra i la UE per l’aplicació del sistema ‘entry/exit’, que està en vigor des d’aquest divendres. De fet, tal com han confirmat fonts oficials del Govern, a diferència de les persones que vulguin accedir a un permís de treball, que podran disposar d’una autorització temporal d’activitat econòmica mentre no es completa el procés de l’avaluació de seguretat, en el cas dels passius no podran accedir al seu permís fins que no s’hagi superat completament tot el període de tramitació.

Els residents passius d’Andorra provenen majoritàriament de països membres de la Unió Europea, però també n’hi ha que són extracomunitaris. Concretament i segons dades oficials del Govern, el 2025 hi havia 2.035 persones amb el permís en vigor de residència passiva o sense activitat lucrativa provinents de països de la UE, mentre que 1.322 eren nacionals de països tercers. Les dades actualitzades del 2026 són pràcticament idèntiques: 2.049 passius de països UE i 1.317 extracomunitaris. I són precisament els de països tercers els que també es veuran afectats pel nou acord de gestió de fronteres entre Andorra i la UE a l’hora d’aconseguir el permís de residència, perquè tots els nous residents extracomunitaris hauran de passar pel mateix filtre. No es farà diferències.

Des de l’executiu es deixa clar que el que es volia evitar era que els passius poguessin, d’alguna manera, ‘comprar’ el passi per l’àrea Schengen tenint un permís de residència passiva. Tal com ja es va informar fa uns dies, a banda de l’aportació econòmica prevista per llei, els passius també hauran de demostrar que tenen una connexió genuïna amb el país, és a dir, justificar que hi viuen el mínim de dies establerts per llei (90 per a la residència passiva, 183 si també es vol la residència fiscal).

Així, quan algun extracomunitari sol·liciti el permís de residència passiva, haurà de passar els controls habituals que fa Andorra i també el nou filtre de seguretat que exerciran França o Espanya. A diferència de qui demana un permís de treball, però, que se li atorga una autorització temporal d’activitat econòmica per poder treballar mentre supera el període de tramitació, els residents passius hauran d’esperar a haver completat el procés per poder accedir al permís. Ara bé, com a la resta de nacionals de països tercers, la targeta que se’ls entregarà també els permetrà circular per Schengen sense controls addicionals.

ENTRADA EN VIGOR

El sistema ‘entry/exit’ (EES), desplegat des de l’octubre del 2025 i plenament operatiu des d’aquest 10 d’abril, busca reforçar la seguretat i eficiència dels controls frontereres. Amb tot, l’acord entre Andorra i la UE encara no està en vigor: està rubricat però pendent de signatura, ratificació i d’una posterior aplicació (en uns terminis que per ara no s’han concretat).

Que implica doncs l’entrada en vigor del nou sistema a la UE? Tal com es va recordar fa uns dies per part del Govern, els nacionals andorrans no estan subjectes a l’EES i queden exempts de qualsevol obligació de registre o autorització prèvia per desplaçar-se dins l’espai Schengen.

En el cas dels nacionals de països no membres de la UE amb permís de residència al país que vulguin viatjar a països de l’espai Schengen que no siguin França i Espanya, han d’informar-se, amb suficient antelació, dels requisits de viatge al país de destí o trànsit.

Quan entri en vigor l’acord entre Andorra i la UE, serà quan es començarà a aplicar l’avaluació de seguretat prèvia a l’obtenció del permís de residència definitiu per als nacionals de països tercers. Si se supera, el permís de què es disposarà permetrà circular per l’espai Schengen per estades curtes sense necessitat de visat ni autorització ETIAS i sense haver de registrar-se al sistema EES en els controls fronterers.

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Assessors legals i una seixantena de potencials residents passius esclaten contra l’administració

Font: https://www.altaveu.com/

Mesos després de tramitar les pertinents autoritzacions per establir-se al país sense treball o per raons esportives o culturals, desenes de demandants han rebut una notificació de desestimació que els convida a deixar el país en qüestió de vuit dies

“No es tracta de si aquests són rics i ja els està bé. És que l’administració andorrana ha entrat en una espiral de presa de decisions que el que fa és crear una inseguretat jurídica brutal.” Aquest és el clam d’un dels diferents assessors legals que aquests darrers dies han començat a treballar en els recursos administratius que diversos potencials residents passius aniran promovent en breu contra la desestimació que els ha notificat en aquest cas funcionaris de policia a la petició per establir-se a Andorra com a residents passius. Els afectats, una seixantena segons diverses fonts, engloben diverses modalitats incardinades en aquest tipus d’autorització per residir. 

Hi hauria residents passius estrictes, per tant, persones adinerades a qui no cal treballar i que va trobar interessant establir-se al Principat. Però també hi ha persones que demanaven l’autorització per residència en relació amb el seu interès esportiu, cultural o científic. Tots els que han rebut la notificació de desestimació de la demanda han vist que la justificació és que es va esgotar la quota durant el procés de tramitació de les autoritzacions. Aquest fet està causant una profunda indignació. Perquè no són pocs els gestors i assessors legals implicats indirectament en els casos que havien tingut altres assessorats que havent tramitat les peticions en posterioritat als ara desestimats, sí que van ser acceptats.

“Va ser al gener quan es va anunciar que la quota s’havia esgotat. Però en aquesta ocasió, entre les persones que han estat notificades recentment com a no autoritzades hi ha qui havia presentat la documentació i estaven pendents de tràmit des de l’octubre o el novembre passat.” Tenint en compte, segons les mateixes fonts, que les autoritzacions, en principi, segueixen un ordre cronològic, el que no pot ser és que, segons això, per una deficient organització de l’administració -perquè hi ha hagut baixes entre el personal o el que escaigui, s’hagin completat a temps unes peticions i altres no.

Tot plegat, i a banda de la indignació i el temor per les garanties i la seguretat jurídica que es pot realment trobar al Principat, obre com a mínim tres escenaris espinosos. D’entrada, s’obliga les persones desestimades ha tornat a iniciar el procés de petició d’autorització de resident passiva, sempre que hi hagi quota disponible. I això vol dir tornar a obtenir certificats de penals i altra documentació que sol ser força feixuga d’obtenir en més d’un cas.

En segon lloc, les peticions s’hauran d’atendre, ara, al nou marc legal, amb canvis important. Com un increment de la inversió a realitzar al país o del dipòsit a fer, que té una part a fons perdut, circumstància que fins ara no es preveia. Això, evidentment, comporta un perjudici econòmic evident. Perquè ara, en ser desestimades les seves demandes, recuperaran els dipòsits realitzats. Però altres elements caldrà veure’ls. Perquè la majoria de les persones que es troben en aquesta situació, davant la perspectiva de dret de poder-se establir al Principat ja havien realitzat alguna o altra inversió.

Finalment, una altra gran preocupació, és el fet que la notificació policial porta associada el recordatori que en ser desestimada la residència, en vuit dies s’ha de deixar el país. Això, suposa un daltabaix en molts dels ara informats. I és que n’hi ha que han rebut la negativa tres i quatre i cinc mesos després de demanar el permís. I no pensaven pas que es trobessin en aquest escenari. Per tant, el primer que cal fer es recorre contra la decisió davant l’administració i acollir-se al codi administratiu per, d’entrada, paralitzar que corri el rellotge de la sortida.

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Cómo las “alucinaciones” de la IA están complicando el mundo del derecho

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta con enorme potencial en muchos sectores, y el ámbito jurídico no es la excepción. Sin embargo, su adopción también está dejando al descubierto graves problemas cuando no se emplea con cuidado.

¿Qué son las “alucinaciones” de la IA?

Cuando hablamos de “alucinaciones” en IA nos referimos a la tendencia de estos sistemas a generar información que parece plausible y bien redactada, pero que en realidad es incorrecta o directamente inventada. En derecho, esto puede traducirse en jurisprudencia que nunca existió, citas a sentencias falsas o interpretaciones normativas erróneas.

Los riesgos reales en la práctica jurídica

El problema ha dejado de ser teórico para convertirse en un riesgo tangible dentro de los tribunales. En varios países, abogados y hasta jueces han presentado documentos elaborados con ayuda de IA que contienen referencias falsas o mal fundamentadas, simplemente porque la herramienta generó resultados que no verificaron lo suficiente.

Por ejemplo, en España, un tribunal superior decidió investigar a un abogado que presentó un recurso citando jurisprudencia e informes que, tras analizarse, resultaron ser fruto de un modelo de IA y no existían en la realidad. La investigación está encaminada a determinar si hubo una falta a la buena fe procesal.

Otro caso ocurrió en Navarra, donde un letrado presentó una querella con una referencia incorrecta a un artículo del código penal colombiano creyendo que era del español; el error derivó del uso descuidado de herramientas basadas en IA.

¿Por qué ocurren estos errores?

Las IA generativas funcionan prediciendo texto con base en patrones aprendidos de grandes cantidades de datos; no verifican hechos contra fuentes oficiales. Esa falta de una capacidad intrínseca de comprobación hace que, si no hay supervisión humana, los resultados puedan ser engañosos o directamente falsos.

Además, muchos profesionales aún no tienen suficiente formación digital ni protocolos claros sobre cómo integrar estas herramientas en su trabajo diario.

La supervisión humana sigue siendo indispensable

Abogados, jueces y otros expertos coinciden en que la IA puede ser útil para tareas repetitivas o para procesar grandes volúmenes de información, pero siempre bajo supervisión humana. La responsabilidad última de verificar y validar cada dato sigue recayendo en las personas que firman y presentan los documentos ante los tribunales.

De hecho, organismos como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han subrayado la necesidad de establecer protocolos que aseguren el control consciente y efectivo de los sistemas de IA utilizados en contextos legales.

La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar el ejercicio del derecho, haciéndolo más eficiente y accesible. Pero estas ventajas solo se materializan si se reconoce y se afronta su principal limitación: la posibilidad de generar errores convincentes. Por ello, abogados y jueces deben combinar la innovación tecnológica con un riguroso análisis crítico y verificaciones humanas para evitar que las “alucinaciones” de la IA causen más perjuicios que beneficios.

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La Justícia pica el crostó a Govern per denegar la nacionalitat sense motiu a una resident

L’executiu argumentava que el fet que la dona hagués fet diferents viatges durant un semestre trencava la continuïtat de la seva estada al Principat i, per tant, considerava que no complia el requisit per accedir al passaport, fets que els tribunals no consideren correctes

La Justícia ha picat el crostó a Govern per denegar de forma incorrecta la petició d’una resident que volia accedir a la nacionalitat andorrana. L’executiu havia refusat la petició tot entenent que la dona no complia el requisit de deu anys vivint al país de forma continuada en haver fet una sèrie de viatges consecutius durant els quals, es defensava, no havia tornat al Principat. La Batllia primer i el Superior després revoquen aquesta decisió, tot defensant que la interessada havia acreditat de forma fefaent els requisits exigits legalment.

La resident que ara ha guanyat la batalla legal contra és d’origen togolès, però viu al país des del juliol del 2002 i hi va cursar estudis de primària i secundària abans de marxar a França a cursar una carrera universitària. El 2023 va demanar el passaport tot entenent que acumulava els deu anys que es fixen com a requisits per a aquelles persones que hagin cursat l’ensenyament al país. Govern, però, li va denegar. Entenien que la dècada de residència no havia estat ininterrompuda, tot al·legant que un cop acabada la carrera i abans de començar a treballar –entre setembre del 2022 i febrer del 2023- va fer diferents viatges a l’estranger, fet que, segons l’executiu, trencava la continuïtat de la residència.

La sentència considera que la dona va provar de forma contrastada que entre els diferents viatges va fer estades al país, com demostrarien els càrrecs amb una targeta de crèdit a diferents estabilments

Un cop vista la denegació, la dona va recórrer contra la decisió a la Justícia. La Batlia, en primera instància, li va donar la raó. Govern va recórrer al Superior que, ara, ha validat definitivament la primera resolució i ha confirmat que l’actuació de l’executiu no va ser correcta.

En la sentència, els magistrats refusen els arguments de Govern. Entre aquests, l’afirmació que al llarg dels mesos de viatge la recurrent no va tornar al país, fet que ella nega. De fet, sempre va assegurar que entre desplaçament i desplaçament va tornar a casa dels seus pares al Principat. L’executiu no ho considerava demostrat perquè no aportava proves del trajecte de retorn en bus. En la resolució, es recorda que “a Andorra es pot arribar no només en bus sinó també en vehicle particular”.

A més, es posa en relleu un altre element que donen versemblança a l’afirmació de la dona d’haver estat al país entre els viatges: les despeses fetes amb targeta de crèdit. Hi ha càrrecs fets en aquestes dates a llocs com ara la piscina Muntanya, la Borda Pairal, Mango Escaldes o l’Hiper Andorra”. Govern esgrimia que s’havia pagat amb targeta francesa, fet que per al Superior no és rellevant. En canvi, sí que ho és el fet que “les compres i despeses corresponguin a establiments radicats a Andorra, la qual cosa sí que demostra la seva estada al Principat”.

Per al Superior, “és inqüestionable que la part agent va mantenir la seva residència familiar al Principat durant el temps de la seva estada a França pels seus estudis universitaris”. A la vegada, també considera “acreditat que, un cop acabat els viatges a l’estranger, va tornar a treballar al Principat, segons és de veure al full d’extracte de punts de la CASS”.

Així, amb tots aquests elements sobre la taula, el Superior considera que la resolució de Batllia és correcta. I, per tant, desestima el recurs de Govern. D’aquesta forma, es confirma que l’executiu haurà de concedir-li la nacionalitat andorrana.

 

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Espanyols i francesos estan exempts de l’impost d’inversió immobiliària

El conveni per evitar la doble imposició estableix que seria discriminatori perquè els andorrans no l’han de pagar

El Govern està (o estava) convençut que amb la llei òmnibus per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge tenia encarada la solució a un dels problemes que més neguiteja i apressa –els va agafar amb el peu canviat– els ciutadans. Però ara resultat que no, que tampoc, que comencen a sortir dificultats estructurals greus a les pretensions de la majoria. Potser la més greu, perquè un factor que afecta una de les mesures estrella per aturar o minimitzar el frenesí constructor i ha d’aportar uns ingressos considerables per a les arques de l’Estat penja d’un fil. L’impost que grava les inversions estrangeres immobiliàries als no nacionals entre el 3 i el 10% del valor real de l’immoble, en funció del nombre total, no es pot aplicar ni a espanyols ni a francesos –els principals inversors– ni a la resta de països amb què s’ha firmat un CDI (conveni per evitar la doble imposició) excepte Romania. Un informe elaborat per especialistes en dret fiscal d’un prestigiós despatx belga expert en dret comunitari a què ha tingut accés el Diari afirma que els nacionals dels països esmentats estan exempts de pagar aquest impost perquè és discriminatori, des del moment que els andorrans tampoc l’han de satisfer. També és cert que, fins ara, la llei ha donat pocs o cap resultat. Que no ha servit per frenar l’especulació immobiliària queda ben palès amb la recaptació de l’any passat, que va pujar fins als 13 milions d’euros quan Govern n’havia pressupostat menys de la meitat. No obstant, caldrà veure en què queda quan els inversors espanyols i francesos i de la resta de països esmentats comencin a reclamar, si s’escau, la quota ja satisfeta més els interessos moratoris que se’n puguin derivar. Per a aquest exercici, les previsions d’ingressos s’enfilen per sobre els 9 milions, que a partir d’ara són més que dubtosos.

El 16 d’abril

La nova regulació a la inversió estrangera que es va aprovar el 16 d’abril d’enguany va obrir la caixa de Pandora. Fins a aquell moment, tributar l’impost o no fer-ho es fixava a partir de criteris de residència, la qual cosa va crear malestar entre els andorrans que invertien en totxo però residien fora del Principat. Havien de pagar. Per resoldre-ho, el legislador va decidir que quedaran exempts de pagar l’impost tots els nacionals d’Andorra visquin on visquin. De paràmetres de residència es passa als de nacionalitat. I és a partir d’aquí quan els CDI es posen sobre la taula. La llei que estableix qui està subjecte a la taxa diu que ho estan tots els no andorrans, “salvats els convenis internacionals”, entre els quals es compta aquest. Com per exemple el que el gener del 2015 es va firmar amb Espanya, que en una clàusula de l’article 22 estableix el principi de no discriminació: “Els nacionals d’un Estat contractant no han d’estar sotmesos en l’altre Estat contractant a cap imposició o obligació que s’hi refereixi, i que no s’exigeixi o que sigui més costosa que la que tenen o a la qual podrien estar sotmesos els nacionals d’aquests altre Estat que es troben en la mateixa situació…”.

Un precepte per a tota la resta de CDI que Andorra ha firmat, en què deixa clar que preval la nacionalitat de l’inversor, amb independència d’on resideixi. Per tant, no han de pagar. Per si quedava algun dubte, l’informe recorda que l’ombra de la Unió Europea és molt allargada, i si bé Andorra no n’és membre, via l’acord d’associació es comprometria a garantir el principi de no-discriminació per nacionalitat, prohibit taxativament a l’article 18 del tractat de funcionament de la UE.

Els convenis per evitar la doble imposició es refereixen només a impostos sobre la renda (directe), mentre que la taxa a la inversió estrangera immobiliària és un tribut indirecte. De manera que es podria pensar que no es poden escapar de pagar-lo perquè el CDI no el cobreix. Tampoc serveix. L’informe afirma, seguint amb el cas d’Espanya, que l’article 22.5 estipula que la clàusula de no discriminació afecta tots els impostos, sigui quina sigui la seva naturalesa. Amb la qual cosa tornem a ser al cap del carrer i estan exempts de tributar.

Pagar primer o no

El procediment que s’ha de seguir, aconsella el mateix document, és que els afectats primer facin efectiva la taxa i a continuació iniciïn els tràmits per reclamar la devolució. Un procés que una segona font consultada, que coincideix en tota la resta del treball, creu que no és necessari, en virtut també de l’article 22 del conveni amb Espanya, consideració que val per a la resta de països. D’aquesta circumstància n’haurien estat advertits personalment els ministres de finances i economia fa setmanes. Del que no hi ha CDI que els salvi és de demanar l’autorització per invertir.

ELS FACTORS

  1. Nova regulació de la inversió estrangera. El Govern impulsa l’abril d’enguany la modificació de la llei perquè els andorrans que no viuen al país quedin exempts de l’impost d’inversió estrangera.
  2. Impost per nacionalitat, no per residència. La nova regulació deixa enrere el criteri de la residència al país per passar a vincular l’obligació del pagament de l’impost a la nacionalitat de l’inversor.
  3. Un informe diu que el tracte és discriminatori. Els CDI fixen el principi de no-discriminació entre els països firmants. Un informe revela que es vulnera el principi perquè els andorrans no l’han de pagar.
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La Audiencia mantiene a Santander como responsable civil de Banco Popular

La sala rechaza el recurso del banco presidido por Botín al considerar que la sentencia de Luxemburgo no tiene aplicación sobre la investigación penal.

Banco Santander tendrá que responder de una posible condena penal por Banco Popular. Así lo considera, al menos de momento, la Audiencia Nacional, que ha rechazado por segunda vez el recurso de la entidad presidida por Ana Botín para que la liberara de esta responsabilidad. El banco que preside Ana Botín hizo la solicitud poco después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordara que los accionistas que sufrieron pérdidas por la resolución del Banco Popular no pueden reclamar compensación al Santander. En su auto, los magistrados indican que la resolución del TJUE se refiere a acreedores y deudores, pero no a aquellos que pudieran resultar perjudicados por los «avatares» de las conductas delictivas cometidas por una persona jurídica posteriormente transformada, que ha dado lugar a un procedimiento penal que se encuentra en fase de instrucción.

Esta batalla es clave para Santander y las decenas de acusaciones del caso Banco Popular. En caso de que esta causa acabara en juicio y en condena por estafa en la ampliación de capital de 2017, el banco sería uno de los responsables encargados de asumir la factura judicial, de cientos de millones. Solo en el caso de los bonistas, liderados por Pimco, y el antiguo accionista chileno Luksic, hay en juego casi 1.000 millones.

Argumentos
Santander se agarraba a la sentencia del pasado mes de mayo, en la que el tribunal europeo consideró que los accionistas del Banco Popular que participaron en la ampliación de capital de 2016 y que se habían querellado por información incorrecta en el folleto o por dolo por haber ocultado información patrimonial relevante no pueden ejercitar contra Santander. «Aunque hay un claro interés general en garantizar una protección fuerte y coherente de los inversores en toda la Unión, no puede considerarse que ese interés prevalezca en todo caso sobre el interés general consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero», expuso el TJUE.

Según la Audiencia, dicha sentencia del TJUE no puede ser utilizada como «patente de corso» frente a cualquier reclamación, en todos los órdenes jurisdiccionales, cualquiera que sea su naturaleza; además, la cuestión prejudicial a la que da respuesta la mencionada sentencia del TJUE se gestó en el seno de un proceso civil, por el ejercicio de unas concretas y determinadas peticiones de reparación. No cabe «una aplicación automática, sin más, de la doctrina sentada por el TJUE a supuestos que no son análogos», añade el auto. Más que «extemporánea», como calificó la Fiscalía la pretensión del Santander, la sala la considera «prematura y precipitada», ya que ni siquiera ha concluido la fase de instrucción.

Funt: www.elconfidencial.com

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El TJUE falla contra España por obstruir las compensaciones patrimoniales a los contribuyentes

El tribunal de Luxemburgo abre la puerta a nuevas reclamaciones por el modelo 720

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUJE) ha fallado este martes contra España por obstruir y entorpecer los procesos de reclamación patrimonial iniciados por los contribuyentes contra el Estado. En concreto, el tribunal con sede en Luxemburgo ha tumbado parte de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 de la normativa española sobre responsabilidad patrimonial, que hacía prácticamente imposible o excesivamente arduo el resarcimiento de los contribuyentes que se enfrentaban a uno de estos procesos de reparación.

Las normativas en cuestión fueron redactadas en el año 2015 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En opinión de varios expertos consultados, el objetivo del texto no era otro que impedir mediante una amalgama de condicionantes y disposiciones que el Estado tuviese que abonar a los ciudadanos y empresas afectados por unos impuestos ilícitos cantidades ingentes de dinero.

Tal y como explica Isaac Ibáñez García, el abogado fiscalista que elevó el asunto a la Comisión Europea en 2015, el tribunal anula la restricción de las reclamaciones a solo un año desde la publicación de la sentencia. También tumba la caducidad de cinco años desde que se produce el hecho causante del daño. Entiende, por lo tanto, «que los particulares perjudicados tienen derecho a ser resarcidos»

https://cincodias.elpais.com/

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