El letrado considera que «la fórmula matemática de cálculo» empleada por la banca es «compleja y poco transparente para un consumidor medio»

Una cantidad de entre 250 y 300 euros mensuales ha sido, en especial durante la recesión, la diferencia entre mantener la casa o perderla. Ese es el desembolso que, según las entidades de afectados, han abonado de más quienes tenían su hipoteca vinculada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) respecto a quienes usan el euríbor. En total, más de un millón de ciudadanos. El caso ha llegado a la justicia europea, que debe dirimir si estas hipotecas están regidas por la directiva sobre cláusulas abusivas para determinar su grado de transparencia. Y, de momento, el abogado general de la UE, cuya opinión no es vinculante pero sí determina la decisión del tribunal, ha abierto la puerta a que los jueces puedan declarar abusivos esos contratos y compensar a sus clientes al considerar que «una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional», también la del IRPH, «no está excluida del ámbito de aplicación de la directiva». Y anticipa que «la fórmula matemática de cálculo resulta compleja y poco transparente para un consumidor medio».

Lo que debe dirimir el Tribunal de Justicia de la UE no es si esa referencia es legal o no, sino sobre si estos contratos están sujetos a tutela judicial y, por lo tanto, puede determinarse la transparencia y claridad de sus cláusulas. En plata: si está sujeta a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas, por la que la justicia europea ha asestado ya varios golpes a España. La causa llegó a Luxemburgo después de que un cliente de Bankia cuya hipoteca estaba referenciada al IRPH presentara una demanda de nulidad de esta cláusula por considerarla abusiva ante el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, cuyo titular decidió formular una cuestión prejudicial a la justicia europea.

El juez acudió a Luxemburgo después de que el Tribunal Supremo considerara que el IRPH no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la directiva al ser fijado por una disposición legal. Ante el elevado coste que estos préstamos suponen al consumidor (según el juzgado barcelonés, entre 18.000 y 21.000 euros más anuales respecto a quien esté pagando de acuerdo al euríbor), el magistrado preguntó al tribunal europeo si los jueces españoles pueden controlar el «carácter abusivo de dicha cláusula» y cuál debe ser la información que «el profesional ha de facilitar» dada la complejidad de la fórmula matemática de la que resulta el tipo aplicado a la hipoteca.

El juez acudió a Luxemburgo después de que el Tribunal Supremo considerara que el IRPH no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la directiva al ser fijado por una disposición legal. Ante el elevado coste que estos préstamos suponen al consumidor (según el juzgado barcelonés, entre 18.000 y 21.000 euros más anuales respecto a quien esté pagando de acuerdo al euríbor), el magistrado preguntó al tribunal europeo si los jueces españoles pueden controlar el «carácter abusivo de dicha cláusula» y cuál debe ser la información que «el profesional ha de facilitar» dada la complejidad de la fórmula matemática de la que resulta el tipo aplicado a la hipoteca.

El abogado de la UE es claro en sus conclusiones. Primero, considera que una cláusula pactada entre profesional y consumidor no puede excluirse del ámbito de aplicación de la directiva, al contrario de lo defendido por el Supremo. Y, segundo, admite que la fórmula de cálculo es «compleja y poco transparente» para un consumidor medio. A su juicio, el criterio de transparencia y claridad que la legislación exige a cualquier estipulación para que no sea considerada abusiva debe cumplir dos requisitos: ser «suficiente» para que el cliente pueda tomar una «decisión prudente y con pleno conocimiento de causa» en cuanto al método de cálculo del préstamo y, además, contener una explicación sobre la evolución de ese índice en el pasado.

Varapalo a la banca

La banca española podría recibir un nuevo golpe de la justicia europea en caso de que siga el criterio del abogado general. La Corte de Luxemburgo ha fallado ya para que la justicia española deje sin efecto las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo y asuma los gastos hipotecarios. Más ambigua fue con las estipulaciones que fijaban el vencimiento anticipado de los préstamos, que los jueces nacionales hasta ahora están interpretando de forma dispar.

El tribunal, además, volvería a enmendar la plana al Tribunal Supremo que, en una sentencia de diciembre de 2017, consideró que el IRPH no estaba dentro del ámbito de la directiva al tratarse de un «índice definido y regulado legalmente» que superaba «el control de transparencia». Y desestimó el comportamiento más favorable que había tenido el euríbor para el consumidor al considerar que el «sesgo retrospectivo» no puede ser la pauta para realizar un «control de transparencia». Bankia y el Gobierno español defendieron ese argumento. Pero el abogado de la UE es claro: «No veo cómo un Estado miembro podría afirmar que una cláusula contractual no es abusiva en la medida en que […] refleja una disposición imperativa cuyo contenido es contrario al efecto útil de la directiva 93/13».

Las entidades financieras españolas tienen una cartera de casi 17.000 millones de euros referenciada a estos préstamos, según han ido detallando los propios bancos. El coste de otro eventual varapalo podría oscilar entre los 7.000 y los 44.000 millones de euros, según la banca de inversión Goldman Sachs. Nada más conocerse las conclusiones del abogado general, las principales entidades financieras españolas han empezado a caer en Bolsa.

Fuente: www.elpais.es

 

El fallo considera que el veto al plan de pagos elimina la segunda oportunidad

Hacienda no puede anular el perdón, pasados cinco años, de las deudas de una empresa concursada, incluido en un plan de pagos aprobado por el juez del concurso, al existir un error en la redacción de la Ley Concursal (LC), que daba la iniciativa al Juzgado y, al tiempo, introducía la exigencia de permiso del deudor público.

Así, lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia, de 2 de julio de 2019, en la que establece que «aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público».

En la sentencia se explica que la contradicción existente en la LC hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el artículo 178bis de la LC, que es la exoneración de deudas.

Por ello, interpreta el ponente, que a través de este artículo se permite que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda, por lo que la sentencia, bajo una interpretación finalista, dictamina que «ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas, incluido el acreedor público, sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan».

El ponente, el magistrado Sancho Gargallo, concluye que cuando el concursado opte por la exoneración inmediata, pero Hacienda considere que no se cumplen los requisitos para ello, no hay inconveniente en que opte por la alternativa del plan de pagos en cinco años, con la condición de que se cumplan las garantías legales exigibles.

La referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general del artículo 7.1 del Código Civil, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del artículo 178.3 de la LC, cuya naturaleza es heterogénea.

Existencia de buena fe

La denuncia de la inexistencia de buena fe exigida por ese artículo de la LC se debe ceñir al cumplimiento de esos requisitos y no, como subyace argumentaba Hacienda, a que en la solicitud inicial se hubiera omitido la existencia de un crédito contra la masa que luego, al oponerse la Aeat, fue admitida.

Sancho Gargallo explica que la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas. Esta condonación puede ser inmediata o en cinco años.

En ambos casos, se supedita a unas exigencias que justifiquen la condición de buena fe del deudor y a la satisfacción de un reembolso parcial de la deuda. La deuda debe tener en cuenta el interés equitativo de los acreedores y que, en la medida de lo posible, sea proporcionada a los activos y la renta embargables o disponibles del deudor concursado, pues de otro modo en la mayoría de los casos la exoneración del pasivo sería imposible, y la norma se haría prácticamente inaplicable.

En atención a estas consideraciones, estima el ponente, que la exoneración plena en cinco años está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general.

Para que se pueda eximir la deuda, la Ley Concursal exige que el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se hubiera acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso.

Y, además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata o la exoneración en cinco años, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa.

  • El juez exige justificar las pérdidas sufridas por cada titular de camión

Una nueva sentencia, esta vez de un Juzgado de Primera Instancia de Amsterdam, de 15 de mayo de 2019, sobre las reclamaciones de camioneros por el conocido como Cártel de Camiones, ha reconocido su derecho a reclamar, pero ha apercibido a los fondos de inversión que les representan legalmente por no estar bien preparada su documentación para poder demostrar que han sufrido daños por la actuación del cártel.

Entre 1997 y el 2011 los grandes fabricantes pactaron los precios de los camiones de medio y alto tonelaje. Estos importes suponían de media un alza de más de un 20 % sobre el coste real del producto. En el 2016, y tras varios años de investigaciones, Bruselas decidía sancionarlos con una multa de casi 3.000 millones.

Como ocurriese en la sentencia de la Audiencia Territorial de Stuttgart, de 18 de febrero de 2019, la demanda promovida por un Fondo de Inversión contra el cártel de fabricantes de camiones ha sido declara inadmisible.

En aquel caso, el Tribunal alemán argumentó que el objeto del fondo de inversión que representaba a los camioneros reclamantes era la prestación de servicios de naturaleza financiera, o sea, servicios no jurídicos, por lo que declaró que su intervención judicial vulneraba la ley alemana de prestación de servicios jurídicos.

Ahora, la sentencia holandesa, el tribunal se refiere a la necesidad de presentar pruebas con las particularidades y las circunstancias concretas de la compra de cada camión. Además, se plantea la necesidad de demostrar la validez y legitimidad de la cesión de las reclamaciones de los transportistas al Fondo.

Argumentan los jueces neerlandeses que los fabricantes de camiones deben estar en condiciones de poder defenderse contra las acciones emprendidas por los reclamantes, por lo que pueden invocar todas las excepciones de que dispongan contra el fundamento de la responsabilidad.

De esta forma, indican que corresponde a los demandantes presentar los hechos de tal manera que la base de la responsabilidad pueda ser evaluada y, si es posible, determinada caso por caso.

Y en el caso en litigio, la obligación de hacer una declaración en este sentido aún no había sido cumplida por todos los demandantes.

Información de cada caso

El Tribunal invita a los demandantes a que faciliten información más específica sobre aspectos de las compras, arrendamientos y usos individuales dados a los camiones, incluso si el daño final se establece en un daño procedimiento de evaluación.

El Tribunal entiende que, en el contexto de que la práctica colusoria en materia de camiones duró desde 1997 hasta el 2011, pero que la Comisión no reveló hasta 2016, es posible que ya no se disponga de la documentación correspondiente a todos los productos. camiones afectados.

Se estima que en España la cifra de afectados por el cártel de camiones se aproxima a los 100.000, dueños de este tipo de vehículos, pero las reclamaciones se están presentando en todos los países europeos.

La Comisión Europea ha anunciado una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis fabricantes de camiones, DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN, por prácticas contra la competencia, que componían el cártel.

Fuente: eleconomista.es

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) puede sentar un precedente y evitar que los pisos de los no residentes españoles dejen de estar sujetos al formulario 720 y, en consecuencia, dejar de pagar una multa del 150%. Esta situación permitiría que aflorasen pisos que a día de hoy están cerrados por temor a la sanción, ya que el formulario 720 obliga a los contribuyentes a declarar todos los activos que tengan en el extranjero que superen los 50.000 euros.
En contra de esta obligación, también está la Comisión Europea, que en 2015 emitió un dictamen por el cual instaba al estado a modificar las normas sobre los activos que los residentes mantienen en terceros países, con la amenaza de llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Justo a este escrito de acoge la sentencia del TSJCL que anula las multas «desproporcionadas» que la Agencia Tributaria impuso a un contribuyente en la declaración de bienes en el extranjero y condenó al estado a pagar las costas.

Fuente: Diari d’Andorra