Obligará a un alud de obligaciones, todo un ‘striptease’, para controlar a las empresas. Y crea un Modelo 721 como el 720 de Montoro para bienes en el extranjero, con grandes multas

Hacienda está preparando tres Modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, que supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para empresas y particulares, sobre los que la Agencia Tributaria (AEAT) pasará a ejercer un control férreo. Vozpópuli ha accedido a los preparativos del Fisco, que prevé que los contribuyentes que tienen, proveen, operan, intermedian y custodian estas monedas virtuales declaren los saldos y detallen cada operación con numerosos parámetros a riesgo de ser sancionados, lo que puede expulsar a las empresas pequeñas de esta actividad. En paralelo, va a crear un Modelo, el 721, para las criptomonedas que se entienden situadas en el extranjero, Modelo análogo al 720 que lanzó Cristóbal Montoro en 2012 en paralelo a la amnistía fiscal, la obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero, cuyas exigencias han acarreado un expediente de la Comisión Europea contra España, asunto sobre el que se va a pronunciar próximamente el Tribunal de Justicia de la UE.

Estos Modelos se aprobarán mediante Orden Ministerial una vez que el Reglamento de desarrollo esté vigente en un Real Decreto, tras su paso por audiencia pública. Y lo harán cuando todavía no hay una Directiva que regule la cuestión, sólo un proyecto de Reglamento europeo (MiCA), y una obsoleta e imprecisa definición en la se tratan aspectos colaterales de estos activos en la Directiva antiblanqueo. A esto se suma que España no tiene una definición jurídica y/o tributaria de cripotomonedas en ninguna norma, sólo ha entrado en ello la Dirección General de Tributos en casos concretos de consultas vinculantes. La OCDE ha elaborado unas directrices genéricas y de momento Canadá y EEUUtienen proyectos y determinadas obligaciones pero que operan o lo harán para contribuyentes con capacidad económica y operaciones desde determinadas cuantías.

Los Modelos 172 y 173 los deberán presentar todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas: creadores de monedas, agencias de cambio, monederos virtuales, quienes presten servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad. Así, los obligados serán residentes en España, con independencia del lugar donde presten los servicios y de la ubicación de las monedas o de sus titulares. Se prevé que estas funciones y obligaciones también puedan afectar a personas físicas.

En el 172, las empresas e individuos afectados deben declarar los saldos de monedas virtuales propios y de sus clientes. En concreto, los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia. Se trata de los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

El 173 crea la obligación de que las empresas informen sobre todas las operaciones que realicen, tanto en España como en el extranjero: adquisición, transmisión, permuta y transferencia, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación. Idéntica obligación tendrán aquellos que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

Por otro lado, se crea el Modelo 721 a imagen del temido 720, siendo en este caso los titulares, beneficiarios a autorizados los que tienen la obligación de presentar el formulario informativo, es decir, el dueño -y autorizado- de la divisa virtual y no el que presta servicios. Con las multas por su incumplimiento que vienen acompañando al 720 desde su nacimiento. Deberán declararse las criptomonedas «situadas» en el extranjero, concepto de difícil concreción para que se entenderá para cuando se dispone u opera con ellas a través de proveedores de servicios no residentes en España. Se presupone que la obligación sólo afectará a los saldos superiores a 50.000 euros.

La sanción por incumplimiento o cumplimiento erróneo de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero «consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros». Cuando la infracción derive de un cumplimiento extemporáneo, sin requerimiento previo, o del cumplimiento por medios no electrónicos estando obligado a ello, el importe de la multa será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros.

Como ocurre con las sanciones asociadas al Modelo 720, se trata de un régimen sancionador propio, específico y con multas de elevada cuantía por incumplimientos de tipo formal, que contempla dos tipos de infracciones con base a los «datos» o «conjunto de datos» tanto por la falta de presentación en plazo o la presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos de la declaración informativa, como por la presentación de la declaración informativa por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por tales medios.

Los deberes informativos de este tipo han afectado en todo caso a sectores estratégicos, regulados o con grandes recursos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como bancos, cajas, entidades aseguradoras y entidades públicas. Ahora se incluye a un sector concreto y que, por el momento, no parece que tenga gran envergadura e importancia para la economía nacional, ni tampoco queda muy claro que sus integrantes dispongan de medios suficientes para soportar la carga informativa que ahora se les va a imponer. Así lo trasladan los expertos a los que ha consultado este periódico, que además alertan de que se van a generar duplicidades informativas.

A esto se suma que Hacienda parece no contemplar algunas realidades como los ‘monederos fríos’, los contribuyentes que prefieren custodiar ellos mismos estos activos, y con estas nuevas obligaciones puede fomentar este tipo de prácticas, alerta Emilio Pérez Pombo, economista y asesor fiscal.

‘Patada en la puerta’

Esta regulación se desarrolla a partir de lo que establece la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, en vigor desde el pasado 10 de julio. Hacienda también quiere desarrollar el régimen jurídico de la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido de las empresas que introdujo en esta norma para enmendarle la plana al Tribunal Supremo. En concreto a la sentencia de octubre de 2020 que vetó las inspecciones sin aviso. En una segunda sentencia del pasado septiembre con la Ley del Fraude ya en vigor, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su criterio. El Plan Normativo 2022 que presentó el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes sitúa esta reforma reglamentaria entre sus planes en este ejercicio.

Fuente: www.vozpopuli.com

Las campañas dirigidas a más de 100.000 personas tendrán que pedir autorización previa al supervisor

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere atar corto la publicidad sobre criptomonedas. El organismo supervisor ha publicado este lunes una circular, la primera sobre esta materia en Europa, que obliga a las empresas que animan a invertir en estos productos no regulados a través de campañas masivas —dirigidas a más de 100.000 personas— a solicitar autorización al menos 10 días antes de su ejecución para garantizar que la información sea “clara, equilibrada, imparcial y no engañosa”. Esta medida, que entrará en vigor en un mes, afectará a los mensajes comerciales tanto en carteles tradicionales como en internet (webs y redes sociales). No escapan, por tanto, los protagonizados por influencers.

La revalorización desorbitada registrada durante años por el bitcoin y otras monedas virtuales —que ahora no viven su mejor momento— ha dado vuelo a la inversión en criptoactivos entre pequeños inversores no siempre cualificados, animados por la promesa de suculentas rentabilidades. Estos productos constituyen una preocupación creciente para la CNMV y el Banco de España por las expectativas desmedidas de ganancias que pueden generar y, además, por ser el origen de la mayor parte de las reclamaciones por fraude financiero que recibe la CNMV. Una muestra de la inquietud que generan fue la llamada de atención que el supervisor de los mercados dio al futbolista Andrés Iniesta en noviembre por anunciar en sus redes sociales (38 millones de seguidores en Instagram y 25 millones en Twitter) el portal de compraventa de criptomonedas Binance.

Con el objetivo de incrementar la transparencia, el supervisor se dota ahora de nuevos poderes para controlar la publicidad: “Se utilizará en ella un lenguaje sencillo y fácil de comprender y se evitará la omisión de información relevante o la inclusión de información ambigua, sesgada, incompleta o contradictoria que pueda inducir a confusión”, añade la circular, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado. En todas las comunicaciones comerciales deberá incluirse este mensaje de advertencia en un lugar visible: “La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido”.

Sanciones

En el caso de que las campañas vayan destinadas a más de 100.000 personas, habrá además que comunicar su contenido a la CNMV con 10 días de antelación. Si se incumplen las normas, se trataría de una infracción grave y los anunciantes se enfrentarían a multas de 300.000 euros o del doble del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción, entre otras sanciones.

Los llamados influencers también estarán sujetos a esta normativa cuando sus mensajes sean retribuidos. Las opiniones no remuneradas se excluyen por la libertad de expresión, según puntualizan fuentes de la CNMV. También dependerá del tono del mensaje, si este anima a invertir en estos activos o se trata solo de una publicidad corporativa. En el caso de patrocinios, sucederá lo mismo. El regulador tendrá que revisar el contenido de las campañas una a una para decidir. Fuentes del sector señalan que la supervisión puede causar retrasos en el lanzamiento de sus campañas —”tendremos en cuenta ese factor”, explican—, pero dan la bienvenida a que todos los que publicitan servicios ligados a las criptomonedas pasen a regirse por las mismas normas para acabar con las estafas.

La CNMV lleva trabajando en esta circular casi un año, justo después de que en un comunicado conjunto con el Banco de España advirtieran del “alto riesgo” de estos productos. Jorge Soriano, consejero delegado de la plataforma de compraventa y ahorro de criptomonedas Criptan, explica que llevan un tiempo adaptándose a los cambios que se avecinaban. “Todas las campañas que tenemos y que estamos preparando se han hecho teniendo en cuenta que la gente utilice las criptos de forma sensata”, asegura. “Espero, además, que así se nos deje hacer publicidad en medios como Instagram, Facebook o Google, donde ahora no nos dejan”, añade. Las tecnológicas han sido reacias hasta ahora a incluir estos anuncios, pero desde hace algunos meses están abriendo un poco la mano para permitirlos en algunos casos.

El hecho de que no haya ninguna regulación general sobre estos productos en la UE complica las cosas. La norma para que puedan prestarse servicios de criptoactivos con respaldo legal, que ya ha pasado por el visto bueno de todos los Estados miembros, ha retrasado su entrada en vigor efectiva hasta 2024. El último borrador del reglamento MiCA (siglas de markets in crypto-assets) dilata la aplicación para la mayor parte de las criptodivisas, entre ellas, el bitcoin y el resto de las monedas digitales.

Fuentes de la CNMV han aclarado este lunes que la circular no contiene ninguna norma sobre los criptoactivos en sí mismos, ni sobre sus proveedores ni los servicios proporcionados sobre estos activos, sino exclusivamente sobre los requisitos que deberá cumplir la actividad publicitaria que persiga ofrecerlos como posible inversión. La norma establece exenciones en los casos en que los criptoactivos no sean susceptibles de ser objeto de inversión, como determinados utility tokens, que más que una inversión se trata de monedas para utilizar en determinadas plataformas.

La circular de la CNMV establece que en la publicidad se deberá evitar hacer referencias a elevadas rentabilidades pasadas, y en el caso de hacerse deberá indicar expresamente el período de tiempo al que se refiere. Un intervalo que no debe ser inferior a 12 meses. El bitcoin ha pasado de pagarse a 800 dólares a finales de 2016 a marcar un récord en cerca de los 68.000 dólares el pasado mes de noviembre, su máximo. Este lunes, sin embargo, estaba en 37.406,31 euros, una muestra de las grandes oscilaciones de la moneda.

En cuanto a la publicidad, el consejero delegado de Criptan considera que “es complicado de valorar”, pero que no cree que “nadie haya hecho nada buscando engañar o generar una mala práctica”. “Sí que es cierto que la parte de publicidad en cripto tiene mucho de estrategia y las líneas son muy finas. Tienes que mantenerte al lado del regulador, al mismo tiempo que tratas de promover el ecosistema y das a conocer tu mensaje… No resulta fácil”, reconoce.

Fuente: El País

La Agencia Tributaria recupera el control de las Sicav, junto con un marco regulatorio más exigente que sin embargo incentiva que se liquiden y traspasen a fondos

La Agencia Tributaria (AEAT) ha recuperado el control de las Sicav que le arrebató, paradójicamente, en 2005 el Gobierno de Zapatero y otorgó a la CNMV ante la avalancha de inspecciones muy agresivas que venía realizando a las grandes fortunas. Así lo estableció una enmienda del PSOE a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal que ha entrado el 1 de enero en vigor, que además endurece los requisitos que deben cumplir estas sociedades de inversión colectiva para beneficiarse de una ventajosa tributación del 1%.

Pues bien, de las más de 3.000 Sicav que ha llegado a haber, las grandes fortunas han liquidado ya cerca de 800 por miedo a la Inspección de Hacienda. Es el caso de la Sicav de la familia Sainz de Vicuña, dueña histórica de Coca-Cola, de Carmavent Inversions, del cineasta y expolítico Pere Portabella, de Dosane, del exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa, y la del ex culé Iván de la Peña, entre otras.

Entre las que se mantienen de momento, destacan las de Alicia Koplowitz (Morinvenst) o Juan Abelló (Arbarin)El fundador de Pronovias, Alberto Palatchi, ha unificado este año sus dos Sicav.

A esto se suma que se ha abierto un periodo transitorio por el que se les permite liquidarse de forma ventajosa y traspasarse a fondos de inversión, una ventana de oportunidad cuando llega un régimen más duro y con la Inspección al acecho, que lleva a los expertos consultados por Vozpópuli a calcular que dentro de un año apenas sobrevivirán unas 500, con un capital de menos de 10.000 millones de los más de 30.000 que ha habido.

“Es razonable pensar que las que queden serán en su mayoría propiedad de personas jurídicas, ya que el régimen transitorio de liquidación y reinversión es beneficioso para las personas físicas (contribuyentes de IRPF), pues estas posteriormente pueden hacer traspasos con neutralidad fiscal a otras instituciones de inversión colectiva y en cambio las personas jurídicas no pueden”, apunta José Luis López-Hermida, director de Cliente Privado y Family Offices de KPMG Abogados.

Muchas Sicav se trasladan a otras jurisdicciones como Luxemburgo. Una opción es transformarse en Sociedad Limitada, proceso exento y en el que no se tributa en exceso en la venta, explica Raúl Salas, socio de Roca Junyent.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece la aplicación de un tipo del 1% a las Sicav que cumplan con el número mínimo de accionistas requerido, con carácter general, 100. La Ley de Lucha contra el Fraude introduce unas nuevas reglas para determinar el número mínimo de accionistas: se computarán sólo los accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros durante al menos las tres cuartas partes del período impositivo.

Este marco, que Podemos quería que el PSOE adoptara y estuvo en los fallidos Presupuestos de 2009, es finalmente menos exigente que el que figuró en los programas políticos de casi todos los partidos desde 2015, en que todo programa electoral que se preciara debía incluir un endurecimiento del régimen de las Sicav, lo que incluso también incorporaron PP y Ciudadanos. Muchas llevaban tiempo liquidándose por este motivo, el caso de las de la familia Gallardo (Almirall y Vithas). Susana Gallardo, ex de Alberto Palatchi y mujer ahora de Manuel Valls, presidía la tercera que cerraron.

Esta modificación va acompañada del citado régimen transitorio para las Sicav que acuerden su disolución y liquidación durante 2022 y realicen dentro de los seis meses posteriores todos los actos necesarios hasta su cancelación registral. La disolución quedará exenta de tributar por la modalidad de Operaciones Societarias del ITP y AJD y la Sicav podrá seguir aplicando el tipo reducido del 1% sin cumplir los nuevos requisitos desde 1 de enero de 2022 hasta la fecha de la cancelación registral.

A esto se suma que no tributará en el socio la ganancia patrimonial que se ponga de manifiesto en la liquidación siempre que se reinviertan el dinero o los bienes recibidos en fondos de inversión de carácter financiero o Sicav que cumplan con los nuevos requisitos.

La norma no permite la reinversión parcial, pero sí que se realice en una o varias instituciones de inversión colectiva durante el plazo de reinversión, que será de siete meses desde la finalización del plazo para la adopción del acuerdo de disolución con liquidación. El socio quedaría exonerado de la obligación de practicar pagos a cuenta de su correspondiente impuesto personal sobre las rentas derivadas de la liquidación.

Asimismo, estarán exentas de la tasa Tobin las adquisiciones de acciones sujetas a este impuesto que tuvieran lugar como consecuencia de la disolución con liquidación y reinversión. Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, brazo legislativo de Hacienda, establece que una vez liquidada y reinvertida, no hay un tope temporal mínimo de mantenimiento de la reinversión.

La Inspección, vigilante

Este proceso puede iniciarse en cualquier momento del año que empieza. Aunque 2022 sea un ejercicio de transición, fuentes conocedoras apuntan que la Inspección de Hacienda estará vigilante. El hecho de que no se pronuncie no impedirá que esté atenta sobre el periodo impositivo de cuatro años que ahora se abre. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, apunta que la tarea corresponde a la Inspección y no a los técnicos, como una sentencia del Tribunal Supremo ha puntualizado: atañe a la Inspección el control de los regímenes especiales.

Sobre determinadas prácticas que analizan realizar algunos gestores, que prevén cruzar y compartir participaciones para alcanzar el requisito de 100 partícipes, una especie de vuelta de tuerca a los mariachis o inversores de paja, fiscalistas consultados creen que se trata de fraude de la ley. Si no se acredita un sentido económico, es decir, si es sólo fiscal, De la Torre lo considera un conflicto en aplicación de la norma.

Fuente: https://www.vozpopuli.com/

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado sostiene introducir un procedimiento especial para algunos contribuyentes y crear dos delitos fiscales nuevos

Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha aprovechado su XXXI congreso, celebrado esta vez en Vigo, para pedir nuevos esfuerzos y capacidades en la lucha contra el fraude. Una de las actuaciones que solicitan los inspectores es la “muerte civil” para los mayores defraudadores, así como dos nuevos delitos fiscales, para las personas con “tenencia injustificable de bienes o derechos” y para sus colaboradores.

El organismo de este colectivo de 25.000 funcionarios de élite de Hacienda ha emitido un documento que incluye propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de la Administración pública. En una de las sugerencias, la asociación aboga por introducir en la Ley General Tributaria (LGT) un procedimiento especial que se aplicará “en los fraudes más graves o de carácter organizado: una especie de ‘muerte civil”.

Este concepto de ‘muerte civil’ implicaría la imposibilidad de expedir facturas, no poder tener contratos con la Administración, imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas, el cierre total de la operativa financiera (ya que el NIF estaría revocado), el cierre total de los registros públicos (excepto el civil) y la imposibilidad de realizar escrituras notariales de contenido económico, salvo las que estén dirigidas a cancelar deudas fiscales.

Se trataría de una medida drástica que estaría reservada para los principales defraudadores, tratando así de endurecer las consecuencias de los delitos fiscales. Así, dentro de la propuesta, el régimen de muerte civil sería para personas o entidades «ilocalizables o que no comparecen reiteradamente, a pesar de haber sido notificadas al efecto»; testaferros, sociedades pantalla, personas o entidades interpuestas, etc., o que figuren en una trama organizada de defraudación, lo que implicará la confección de un censo de este tipo de personas, bajo determinados criterios que permitan «concluir que se trata de ese tipo de sujetos»; personas físicas o jurídicas «declaradas responsables solidarias en los procedimientos tributarios de otras personas o entidades cuya deuda no haya sido ingresada»; personas sancionadas por infracciones tributarias firmes en vía administrativa si estas superan un importe mínimo que habría que fijar; personas condenadas por delito frente a Hacienda, o ante impagos tras sentencia firme de frustración de la ejecución o insolvencia punible, y, por último, condenadas por delito frente a la Hacienda Pública, frustración de la ejecución o insolvencia punible por sentencia firme.

Nuevos delitos fiscales

Dentro de la lucha contra el fraude, otra solución por la que optan los inspectores es la creación de dos delitos fiscales. Uno de ellos ya ha sido propuesto por la OCDE, la «tenencia injustificable de bienes o derechos«. «Se trata de atacar la riqueza acumulada por personas cuyas actividades conocidas o sus rentas declaradas no justifiquen su patrimonio». El segundo está ligado al anterior, ya que se refiere a tipificar «la conducta del ofrecimiento de servicios e instrumentos para cometer el delito fiscal«, dado que consideran que en la mayoría de los casos los defraudadores reciben asesoramiento especializado para realizar el fraude. También piden que la Agencia Tributaria (AEAT) ataque el blanqueo de capitales (competencia del Sepblac, dependiente de Economía y del Banco de España), al compartir lazos con el fraude fiscal.

Los inspectores de Hacienda sostienen que hay «dificultad por reprimir ciertos fraudes», lo que haría necesarias nuevas medidas. Además de la citada muerte civil para casos especiales, la asociación presidida por Julio Ransés también aboga por incrementar la seguridad jurídica de las actuaciones presenciales con la obligación de preservar algunos documentos, y nuevas facultades en el proceso de inspección. Entre ellas, explicitan poder «realizar actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, y en el caso de grandes fraudes, el pago a confidentes para permitir la denuncia de estos delitos».

Dentro de la lucha contra el fraude, la asociación apunta a varias potenciales mejoras. Una de ellas es la estadística. La Ley 11/2021 de medidas de prevención de la lucha contra el fraude ha aprobado la realización de un estudio para cuantificar la economía sumergida, y los inspectores creen que debería ser un informe periódico dentro del Plan Estadístico Nacional. También defienden completar el indicador de renta declarada en el IRPF. Y apuntan al acercamiento al ciudadano, haciendo referencia a «programas sistemáticos de educación cívico-tributaria» y a mejoras en la comunicación, algo que tiene proyectado Hacienda en el marco de facilitar los canales de comunicación, como la creación de la Administración Digital Integral (ADI), un mostrador virtual que funciona ‘online’ y por teléfono para toda España desde dos oficinas, Valencia y Vigo, abiertas este año a la espera de abrir una tercera hacia 2023 en Andalucía.

La asociación también hace hincapié en la residencia fiscal de los contribuyentes para evitar falsos desplazamientos o controlar las deducciones en IVA, cercando el fraude fiscal en este impuesto, así como en el de hidrocarburos. Mientras que, en el fraude recaudatorio, apuestan por «elevar a rango legal los supuestos de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas regulados reglamentariamente», y en materia concursal «reforzar la recuperación de deudas, con la inhabilitación de los administradores de entidades jurídicas insolventes que no hayan solicitado en plazo el proceso concursal».

Nacionalizar la AEAT

Los inspectores de Hacienda consideran que la organización actual de la Agencia Tributaria es ineficiente. Un ejemplo es que en Asturias hay inspectores suficientes para inspeccionar cada tres años a todas las empresas, mientras que en otras comunidades autónomas ocurre lo contrario y no hay recursos suficientes. El argumento que sostiene la asociación es que, con los medios telemáticos y las capacidades actuales de la AEAT, sería más óptimo nacionalizar el funcionamiento de la inspección, y que todos los inspectores trabajen para todo el territorio nacional.

Por otro lado, proponen la creación de un órgano especial dentro de la AEAT, dependiente del Departamento de Inspección, que «analizará expedientes complejos, entramados de sociedades y nuevas formas de defraudación, conjuntamente con otros temas conexos como la corrupción, el blanqueo de capitales o el contrabando y de la que dependería una policía fiscal creada al efecto». Sería una oficina nacional antifraude. Otro órgano propuesto es una oficina de evaluación de políticas tributarias para analizar el funcionamiento de la Administración Tributaria.

En el congreso que se está celebrando en Vigo, el alcalde Abel Caballero, también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha señalado la labor tanto de los ayuntamientos como de los inspectores de Hacienda como vertebradores de España, y ha argumentado que el fallo del Constitucional sobre la plusvalía es justo, ya que había una parte confiscatoria en el impuesto. No obstante, también ha defendido que los ayuntamientos, como suelen pedir las comunidades autónomas, deben ser compensados por la pérdida de ingresos derivados del tributo, que puede alcanzar el 40%, por lo que la FEMP propondrá enmiendas a todos los partidos sobre el proyecto de presupuestos de 2022 cuando llegue al Senado.

Otro punto destacado en el congreso ha sido la participación de varios funcionarios de alto nivel criticando el proyecto de reforma de las oposiciones que encabeza el ministro Miquel Iceta. Federico Andrés López de la Riva Carrasco, secretario del Ayuntamiento de Madrid, ha defendido el modelo actual y ha criticado que se hable de forma despectiva de puertas giratorias en las excedencias, que alcanzan, según los datos que ha enumerado, al 18%, llegando al 47% en el colectivo de abogados del Estado. «La Oficina de Conflictos de Interés, que parece que es la que impulsa la reforma, en 15 años ha tramitado 653 expedientes de ex altos cargos que han pedido el visto bueno para pasar a la vida privada. Y solo se han registrado 14 incompatibilidades», ha argumentado

Fuente: www.elconfidencial.com
  • Admitió dos recursos de casación y rechazó tres ante casos idénticos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sentencia de 14 de septiembre, ha condenado a España a indemnizar con 16.600 euros en concepto de costas y gastos, así como a reiniciar los procesos, a una compañía mercantil, Inmovilizados y Gestiones SL, por una disparidad de criterios en el Tribunal Supremo (TS) ante cinco casos idénticos. Además, actuaba el mismo magistrado como ponente. La Sala concluye que no existe motivo suficiente para justificar esa disparidad de criterios.

El caso se refiere al conocimiento de dos recursos de casación y a la inadmisión de otros sobre los mismos hechos. El motivo de la inadmisión de tres recursos fue su supuesta preparación defectuosa; en opinión del ponente, la empresa incumplió determinadas formalidades de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al preparar estos recursos.

Admisión provisional

Los otros dos fueron declarados «provisionalmente» admisibles, aunque sería posible desestimarlos en la fase de decisión. Sin embargo, estos recursos dieron lugar a dos sentencias favorables a esta sociedad.

La empresa demandante no reclamó cantidad alguna en concepto de daños y perjuicios. No obstante, manifestó que solicitaría la reapertura del procedimiento.

La demandante reclamó 50.687,42 euros por los costes y gastos incurridos ante el TS para interponer los cinco recursos de casación, y 10.600 euros por el procedimiento ante el Tribunal. Para ello, presentaron facturas y documentos. El Gobierno impugnó las cantidades reclamadas ante el TS porque no debían ser reembolsadas en este procedimiento.

Según la jurisprudencia del TEDH, un demandante solo tiene derecho al reembolso de las costas y los gastos en la medida en que se demuestre que estos se han producido efectiva y necesariamente para defenderse de la violación alegada y que su cuantía es razonable.

Fuente: www.eleconomista.es

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) advierte de la posible inconstitucionalidad de la reforma para permitir el registro en domicilio por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Lo señala en un informe que acaba de publicar, que lleva por título ‘la reforma de la Ley General Tributaria y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con la entrada y registro en el domicilio por la AEAT: visos de inconstitucionalidad’.

Su autor, José Luis Bosch Cholbi, profesor titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia y miembro de AEDAF, lleva a cabo un estudio pormenorizado de la problemática relativa a las frecuentes entradas y registros domiciliarios que realiza la AEAT.

Estos registros domiciliarios suelen llevarse a cabo con autorización judicial, aunque sin solicitar normalmente el consentimiento previo del titular.

El Tribunal Supremo, tal y como recuerda la asociación, en dos sentencias de 2019 y 2020, concretó qué contenido y requisitos debía cumplir esa autorización judicial, y exigió que, si no se ha notificado al contribuyente el inicio del procedimiento inspector, la AEAT no puede dirigirse al juez.

La reacción de la AEAT ha sido inmediata. Según se expone en el informe de AEDAF, se ha aprovechado la tramitación de un Proyecto de Ley de medidas contra el fraude fiscal para intentar que se introduzcan unas modificaciones en la LGT y la LJCA que pretenden dejar en papel mojado la doctrina garantista del Tribunal Supremo, reforzando las actuaciones de la AEAT en el domicilio de manera «tan deficiente e imprecisa» que generará una tremenda inseguridad jurídica a los contribuyentes, a los Tribunales de Justicia y a la propia AEAT.

Además, añade que la reforma legislativa incumple la exigencia constitucional de que sea una ley orgánica la que desarrolle ese derecho fundamental del artículo 18.2 de la Constitución, por lo que podría incurrir en inconstitucionalidad.

En definitiva, como explica Bosch Cholbi, «de aprobarse, en estos términos, la reforma de la LGT y la LJCA, se traslada la impresión, no quimérica, de que solo merecen previsiones legislativas especiales las entradas domiciliarias que lleva a cabo la AEAT, y cuando el Legislador se decide a intervenir, solo lo hace para reforzar la correspondiente potestad administrativa, cuando lo procedente hubiera sido llevar a cabo una regulación completa y genérica del derecho fundamental ante las entradas de las administraciones públicas en domicilio, en su conjunto». 

Fuente: confilegal.com

El tribunal insiste en que, para excluir la reducción del 30% de los rendimientos generados en un periodo superior a dos años, es el fisco quien debe probar su habitualidad o regularidad

Nuevo tirón de orejas del Tribunal Supremo a Hacienda por no admitir, sin justificación, que los abogados se apliquen la reducción establecida para los rendimientos generados durante un periodo superior a dos años, pero percibidos de una única vez. En una reciente sentencia, el alto tribunal ha anulado la sanción de 6.350 euros impuesta a un letrado por la liquidación del IRPF del ejercicio de 2012, y reprocha al fisco que «no ha probado en absoluto» la existencia de las circunstancias que permiten excluir la aplicación de la reducción del 40% que pretendía el profesional (en la actualidad, la ley la establece en el 30%).

El asunto enjuiciado gira en torno a la aplicación del artículo 32.1 de la Ley del IRPF en el ejercicio de la abogacía. Dicho precepto establece que «los rendimientos netos con un periodo de generación superior a dos años (…) se reducirán en un 30%, cuando se imputen en un único periodo impositivo». En cambio, continúa el artículo en su tercer párrafo, la reducción no resultará de aplicación cuando las rentas «procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos». Una reducción fiscal que se justifica para mitigar los efectos de la progresividad cuando las rentas se cobran de una sola vez, pero son una contraprestación por trabajos o servicios realizados durante varios ejercicios.

¿Encaja el ejercicio profesional de los abogados dentro de la excepción? Según Hacienda, sí. De hecho, la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana recurrida, dictada en 2014 y que denegaba la aplicación de la reducción, aseveraba que «las facturas referidas ponen de relieve que la propia actividad de la abogacía de forma habitual o regular genera este tipo de rendimientos derivados de la dirección técnico-jurídica en procedimientos judiciales que se alargan más allá de dos años en el tiempo, lo que descarta la aplicación de la reducción pretendida». Una posición que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autonómico en una sentencia dictada en abril de 2019 y que el demandante recurrió en casación.

El Supremo, sin embargo, reitera la doctrina establecida en su sentencia de 19 de marzo de 2018. En ella, determinó que la aplicación de la excepción contenida en el tercer párrafo del artículo 32.1 de la Ley del IRPF no puede hacerse de modo global sobre la profesión de abogado, sino que deberá «atenderse a la singular situación personal del contribuyente sometido a regularización, a la índole concreta de su actividad (defensa en juicio, asesoramiento, consulta, arbitraje, asistencia a órganos de administración mercantil, etc.) y a la naturaleza de los rendimientos obtenidos en su ejercicio, con respecto de los cuales se pueda precisar cuáles son regular o habitualmente obtenidos». Es decir, no cabe extraer una regla general sobre los letrados, sino que es necesario un análisis caso por caso. «La interpretación de tal excepción, por tanto, ha de hacerse por referencia a los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo, único en quien se manifiestan las notas de regularidad o habitualidad, no atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las características del sector o profesión de que se trate», remarcó el tribunal.

El deber de probar que se produce esa regularidad o habitualidad, en todo caso, será de la Administración tributaria, quien, a su vez, sufrirá las consecuencias de no acreditarlo, soportando la reducción de los ingresos fiscales. Así, en el caso analizado, el alto tribunal censura al fisco no haber justificado y motivado las razones por las que considera que la reducción debe excluirse.

Reproche al fisco

En su sentencia, el Supremo recupera su reproche a Hacienda por convertir en norma lo que en la ley se configura como una excepción. «La regla es la reducción de los rendimientos y la excepción es su eliminación por razón de habitualidad o regularidad», recuerdan los magistrados. Y continúan: «Como tal excepción ha de ser tratada, lo que significa que debe evitarse el riesgo de emplear un concepto restringido en la apreciación de la regla y otro expansivo cuando se trata de integrar los casos en la excepción a dicha regla. En otras palabras, la excepción no debe predominar sobre la regla, haciéndola inviable o dificultando su aplicación». Así, la sala pretende que, por la vía de una interpretación ‘exacerbada’ de los conceptos de habitualidad o regularidad, se esté limitando el derecho que la ley reconoce a los contribuyentes.

Juan Antonio Oliveros: «Un abogado concreto puede ser excluido, pero no cabe predicar esa solución para toda la colectividad profesional»

Juan Antonio Oliveros, socio del bufete Romá Bohorques, resalta que la resolución «supone un gran avance y espaldarazo a la fiscalidad de numerosos colectivos de profesionales liberales» (no solo abogados, también arquitectos, economistas, ingenieros, etc.), porque «despeja muchas dudas» sobre la aplicación del artículo 32.1 de la Ley del IRPF. Para al letrado, la sentencia tiene dos consecuencias de especial relevancia. La primera es que contribuye a eliminar incertidumbre sobre si la abogacía puede aplicarse la mencionada reducción. Y, en segundo término, concreta que la limitación «debe interpretarse atendiendo a los rendimientos percibidos por el contribuyente en cuestión, sin que sean válidas aproximaciones apriorísticas referidas de forma abstracta a toda una profesión liberal». O dicho de otro modo: el beneficiario concreto puede quedar fuera, pero «no cabe predicar la exclusión respecto a toda una colectividad de abogados».

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La Agencia Tributaria incluye en sus directrices de actuación para este año el uso de ‘big data’ tras la polémica de los ‘youtubers’ que se mudan a Andorra

Hacienda estrechará el cerco sobre los contribuyentes que dicen vivir en el extranjero. Y lo hará a través de una de las tecnologías más en boga: el big data. Así se desprende del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2021, cuyas directrices generales se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Agencia Tributaria utilizará el tratamiento masivo de datos para comprobar que los españoles que dicen haberse ido de España de verdad tienen residencia fiscal en el extranjero.

La publicación de las directrices de la Agencia llega en plena polémica sobre el traslado de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos. El Rubius ha sido el último influencer en anunciar que se mudará al microestado, hasta hace unos años considerado un paraíso fiscal tanto para España como para varios organismos internacionales por su secretismo bancario. Aunque el creador de contenido digital aseguró que la decisión de mudarse no tiene que ver con el dinero, también añadió que la imposición fiscal más laxa que tiene Andorra supone para él “un plus”.

Hacienda subraya que “las especiales características” de los contribuyentes más acaudalados, que más capacidad tienen y más uso hacen de la ingeniería fiscal, “requieren el uso de mecanismos de análisis sofisticado para investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios”. Por ello, la Agencia Tributaria ha venido desarrollando herramientas informáticas específicas, basadas en el procesamiento del big data, para “determinar el patrimonio neto de los ciudadanos, sus flujos globales de renta y sus relaciones familiares, económicas y societarias”. En otras palabras: comprobar si de verdad un contribuyente vive en el extranjero y no tiene que tributar en España.

Para cambiar la residencia fiscal no solo es necesario vivir más de 183 días (la mitad del año) en el extranjero. La normativa que regula el impuesto sobre la renta también tiene en cuenta dónde está el centro de intereses económicos relevante y operativo ―por ejemplo, la sede de la empresa donde el contribuyente sea titular, las cuentas bancarias, etcétera…―, y las relaciones familiares más cercanas.

Hacienda asegura que el resultado de las comprobaciones realizadas a través del uso masivo de datos se plasmará en el desarrollo de expedientes de comprobación que se iniciarán en 2021. “Los análisis desarrollados a través de esta nueva herramienta facilitan a la inspección tributaria la ejecución de las tareas necesarias para conocer de una forma ágil y eficiente los indicios de residencia, lo que permitirá intensificar durante este ejercicio las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados que dispongan de un nivel relevante de patrimonio o de renta”, aclara el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero aprobado para este año.

Vigilancia de los negocios menos golpeados por la crisis

La pandemia del coronavirus y las restricciones impuestas para limitar los contagios han supuesto un varapalo para la actividad económica, que sin embargo no han castigado por igual a todos los negocios. Mientras que sectores como el turismo o la hostelería han encajado el mayor golpe, otras actividades, muchas de ellas digitales, han resistido al vendaval e incluso han mejorado su desempeño. Y es ahí donde Hacienda quiere poner la lupa.

El plan de control tributario señala que la Agencia prevé evaluar “con un mayor nivel de prioridad” aquellas actividades de multinacionales y grandes empresas que han sido menos perjudicadas por la crisis desatada por la covid-19. Aunque no ofrezca una lista detallada de los sectores sobre los cuales pretende estrechar el cerco, sí menciona expresamente el negocio digital: “Especialmente en este 2021, la Agencia Tributaria prevé incrementar las actuaciones en aquellas actividades digitales que, en el contexto actual, puedan presentar un mayor riesgo tributario”.

Hacienda señala que estas comprobaciones irán dirigidas a averiguar que los gastos financieros deducidos por las sociedades que tributan como grupo sean correctos, y que se verifiquen los pagos de intereses y dividendos. Añade, además, que a lo largo de este año se llevará a cabo “un número significativo de controles multilaterales” dentro de la UE para analizar los pagos intragrupo por cesión de intangibles, y se finalizará el desarrollo del nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en precios de transferencia, que se verá reforzado gracias a la implementación de la directiva DAC 6 que obliga a los intermediarios a informar sobre la planificación fiscal agresiva.

Asimismo, la Agencia Tributaria reforzará en 2021 las medidas para controlar la actividad realizada a través del comercio electrónico, que ha vivido un empujón desde la declaración del primer estado de alarma en marzo del año pasado. En este sentido, Hacienda señala que la tasa Google puede ayudar a determinar el alcance real de la actividad de las grandes plataformas digitales. Este impuesto, que entró en vigor el pasado 16 de enero, carece aún del desarrollo normativo para que de facto sea recaudado. Por ello, el Gobierno ha decidido aplazar al segundo trimestre la primera liquidación.

“Ello no debe impedir que se continúe efectuando la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales del conjunto de los contribuyentes”, puntualiza el documento, “bien porque individualmente hayan logrado mantener su situación económica con mejor éxito que sus directos competidores, bien porque los riesgos antiguos que arrastran aconsejan la realización de las actuaciones de comprobación”.

 

CONTROL DE LAS CRIPTOMONEDAS

También las criptomonedas han vivido un auge durante el año de la pandemia, con el bitcoin marcando cotización récord. Ante este panorama, el plan de control de la Agencia Tributaria recoge un apartado dirigido a las divisas virtuales, en el cual advierte que prevé reforzar el control sobre las operaciones realizadas con ellas, incorporando información al modelo de bienes y derechos en el exterior y estableciendo una obligación informativa autónoma sobre criptomonedas. El documento, además, señala que la información obtenida será sistematizada y analizada ―también para las actuaciones de control contra el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos― y se potenciará la cooperación internacional.

 

Fuente: El País

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Aunque la norma ha entrado en vigor, las liquidaciones están pendientes de la publicación del Reglamento.

¿El desarrollo reglamentario tiene aún que regular las reglas para la declaración e ingreso?

La Ley prevé que el desarrollo reglamentario establezca el procedimiento de declaración e ingreso del impuesto y de los supuestos en los que un depositario central de valores establecido en territorio español sea quien, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, efectúe la declaración y el ingreso de la deuda tributaria.

Así, se permitirá lograr un alto grado de automatización en su gestión. Para los supuestos en que no es aplicable el procedimiento anterior se establece con carácter general el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo.

¿Quién es sujeto pasivo?

Es contribuyente del impuesto quien adquiere los valores. Señala la Ley del Impuesto que con carácter general, es sujeto pasivo el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, ya actúe por cuenta propia, en cuyo caso será sujeto pasivo a título de contribuyente, o por cuenta de terceros, en que tendrá la condición de sustituto del contribuyente.

¿Y las empresas de servicios de inversión o entidades de crédito que adquieran por cuenta propia?

Estas entidades pueden tener la condición de sujeto pasivo cuando realicen las adquisiciones sujetas al impuesto por cuenta propia, con independencia de qué intermediario financiero ejecute la operación.

En el caso de entidades españolas, serán sujeto pasivo las entidades de crédito y las sociedades de valores. Se excluyen, por tanto, las agencias de valores, las sociedades gestoras de carteras y las empresas de asesoramiento financiero, incluso en el caso de que realicen adquisiciones de valores sujetas al impuesto en nombre propio en el ejercicio de la administración de su patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 143.5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

¿Quién responde ante una comunicación errónea?

Será responsable solidario de la deuda tributaria el comprador de los valores que haya comunicado al sujeto pasivo información errónea o inexacta que cause la aplicación indebida de las exenciones o de una menor base imponible. La responsabilidad alcanzará a la deuda tributaria en cuanto se haya visto alterada por la información errónea.

¿Cuándo se considera que se produce el devengo?

La normativa establece el devengo del impuesto en el momento en que se lleve a cabo la anotación a favor del contribuyente de los valores objeto de la adquisición onerosa que supone el hecho imponible, bien se efectúe esta anotación en una cuenta de valores bien en los libros en una entidad financiera que preste el servicio de depósito o custodia, o bien en registros de un depositario central de valores o en los que lleven sus entidades participantes.

En el caso de las adquisiciones efectuadas en mercados secundarios oficiales de valores u otros centros de negociación, considera la Agencia Tributaria que se entiende producida en la fecha de la liquidación de la operación, tal y como dispone el artículo 94 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, al que remite también, en el caso de otros centros de negociación distintos de los mercados secundarios oficiales, el artículo 37.3 del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la UE en materia del mercado de valores.

¿Cuáles son las primeras adquisiciones que tributan?

Las primeras adquisiciones llevadas a cabo en centros de negociación sometidas a gravamen serán aquéllas cuya liquidación y, por tanto, la anotación registral de los valores, se efectúe a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley del Impuesto, con independencia de la fecha en la que se hayan ejecutado.

Así, se establece en el artículo 10 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). Regula la norma que con carácter general, las primeras adquisiciones gravadas corresponderán a las ejecutadas en los dos días hábiles anteriores al de la entrada en vigor de la Ley del Impuesto, según confirma la Agencia Tributaria. No obstante, fuentes de Hacienda han informado que que las liquidaciones no empezarán a realizarse hasta, al menos, los meses de mayo o junio, tras la publicación el Reglamento.

¿Están pendientes de publicación los términos y condiciones de la autoliquidación?

Los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación e ingresar el importe de la deuda tributaria resultante con el contenido y en el lugar, forma y plazos que se establezca reglamentariamente.

Los sujetos pasivos presentarán la autoliquidación e ingresarán el importe de la deuda tributaria resultante a través de un depositario central de valores establecido en territorio español.

Así, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar al depositario central de valores toda la información que deba constar en la autoliquidación y a abonarle el importe de la deuda tributaria resultante, de forma directa o a través de las entidades participantes en aquel en caso de sujetos pasivos que no tuvieran tal condición.

El depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente al periodo de liquidación con el contenido y en el lugar, forma y plazo que se establezca reglamentariamente.

El procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones por este impuesto podrá extenderse a otros depositarios centrales de valores establecidos en otros estados de la Unión Europea (UE), o en terceros estados que sean reconocidos para prestar servicios en la UE, mediante acuerdos de colaboración suscritos con un depositario central de valores establecido en territorio español.

¿Cuándo se produce la liquidación de operaciones?

De acuerdo con la normativa reglamentaria pendiente de publicación, explica la Agencia Tributaria, y a efectos de la liquidación del impuesto, se considera que la fecha de liquidación de las operaciones es la efectiva de liquidación.

No obstante, tratándose de operaciones efectuadas en centros de negociación, los sujetos pasivos podrán optar por considerar como fecha de liquidación la fecha teórica de liquidación, siendo esta el segundo día hábil posterior a la fecha de ejecución de la operación, sin perjuicio de las rectificaciones que procedan en caso de que, como consecuencia de incumplimientos en la liquidación de los valores, las operaciones no lleguen a liquidarse.

Esta opción debe efectuarse en la primera autoliquidación que deba presentar el sujeto pasivo en cada año natural y surtirá efectos al menos para ese año, y en los sucesivos en tanto no se renuncie a ella.

¿Cuándo se devenga en el procedimiento especial de intermediario financiero?

Este procedimiento especial contempla varias fases para la comunicación, aceptación y ejecución de las órdenes de transferencia que a él se acojan, de modo que se produzca inicialmente la anotación transitoria de los valores objeto de las órdenes en cuentas especiales de los intermediarios financieros (fase o fases transitorias) para procederse posteriormente a la anotación de los valores en las cuentas definitivas (fase final).

En el caso en el que se efectúen bajo este procedimiento adquisiciones sujetas al impuesto, este se devengará en la fase final, cuando se efectúe la anotación registral de los valores a favor del adquirente en la cuenta definitiva.

¿Qué base imponible tiene?

La Ley del Impuesto define como base imponible el importe de la contraprestación, sin incluir los gastos asociados a la transacción.

Se establecen determinadas reglas especiales en aquellos supuestos en los que la adquisición de los valores deriva de la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, o de cualquier instrumento o contrato financiero, así como en el caso de adquisiciones y transmisiones realizadas en el mismo día.

¿Cuáles son las reglas especiales para establecer la base imponible?

Como regla general, la base imponible estará constituida por el importe de la contraprestación, sin incluir los costes de transacción derivados de los precios de las infraestructuras de mercado, ni las comisiones por la intermediación, ni ningún otro gasto asociado a la operación. Sin embargo, existen reglas especiales para los siguientes supuestos: para el caso en el que no se exprese el importe de la contraprestación (artículo 5.1 de la Ley).

Para adquisiciones derivadas de canje o conversión de valores, la liquidación o ejecución de instrumentos financieros derivados y la liquidación de contratos financieros (artículo 5.2 de la Ley). En el caso de operaciones intradía, se gravan solo las compras netas de valores siempre que sean ordenadas o ejecutadas por el mismo sujeto pasivo, respecto de un mismo adquirente y que, además, se liquiden en la misma fecha.

Un dato importante a tener en cuenta es que no existe sin embargo una regla especial para operaciones vinculadas, quizá por la exención aplicable a las operaciones de referidas a las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo mercantil, aunque no parece que pueda cubrir todos los supuestos.

¿Qué tipo de cambio debe utilizarse para determinar la base imponible del impuesto?

Estima la Agencia Tributaria que se debe aplicar un criterio objetivo que consiste en el cambio de la divisa a euros publicado por el Banco Central Europeo correspondiente al último día hábil anterior a la fecha en que se produzca el devengo del impuesto respecto de los valores adquiridos. No se admite aplicar un tipo de cambio pactado en la operación por los contratantes.

¿En contraprestaciones en especie, cómo se determina la base imponible?

La Ley del Impuesto determina que «en el caso en el que no se exprese el importe de la contraprestación, la base imponible será el valor correspondiente al cierre del mercado regulado más relevante por liquidez del valor en cuestión el último día de negociación anterior al de la operación». El supuesto incluiría una contraprestación que se realice en especie.

A título de ejemplo, la Aeat indica que cuando la contraprestación de la operación sea la entrega de otras acciones, el valor de adquisición de las sujetas al impuesto será el de mercado el día anterior. Si las acciones que recibe la contraparte en contraprestación de su entrega están también sujetas al impuesto, la contraparte tendrá también que tributar por el valor de mercado del día anterior que tengan estas últimas.

Fuente: www.eleconomista.es

A través de estas notas intentaremos realizar una primera aproximación al texto del proyecto normativo que se identifica en el título, aprobado por el Consejo de Ministros el día 13 de octubre de 2020, en lo concerniente a las modificaciones previstas para la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT).

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, del día 23 de Octubre de 2020 se ha publicado el texto del citado Proyecto de Ley, cuyo artículo undécimo incluye propuestas de modificación de la LGT a los que dirigimos los comentarios siguientes, utilizando para ello el ordinal de los preceptos que se van a ver afectados, debiendo recordar en este instante, que, al referirnos al texto que ha sido propuesto por el Gobierno, las modificaciones proyectadas pueden sufrir variaciones al socaire del trámite parlamentario.

1.- Artículo 3, Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario.

Se pretende introducir una modificación en su apartado 1 para prohibir establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.

2.- Artículo 26, Interés de demora.

La modificación tiene el objetivo de limitar el devengo de los intereses de demora en favor del acreedor público en aquellos supuestos en que el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, cuando voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de la ley, relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.

3.- Artículo 27, Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

A través del Proyecto de Ley se pretende dar una configuración radicalmente diferente a este tipo de recargos, integrados en la norma para potenciar la regularización voluntaria por parte de los obligados, de forma que, de verse finalmente aprobado el nuevo esquema, el recargo será del 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

Además de lo anterior, se introduce una nueva fórmula que permitirá al obligado beneficiarse de su propia proactividad, al establecerse que no se exigirán los recargos establecidos en el precepto si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, y concurriesen, además, las siguientes circunstancias:

a) Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que la liquidación se notifique o se entienda notificada.

b) Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes de la declaración o autoliquidación en los términos previstos en el artículo.

c) Que no se presente solicitud de rectificación de la declaración o autoliquidación, ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación dictada por la Administración.

d) Que de la regularización efectuada por la Administración no derive la imposición de una sanción.

4.- Artículo 29, Obligaciones tributarias formales.

Se crea la obligación formal para productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.

Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.

5.- Artículo 31, Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

La modificación consiste en el establecimiento de una limitación en el devengo de los intereses de demora en favor del obligado tributario, señalándose que, a efectos de su cálculo, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración.

En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de la ley, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

6.- Artículo 32, Devolución de ingresos indebidos.

Análoga variación a la vista en el precepto anterior, pero en esta ocasión ligada al devengo de intereses en el ámbito de los ingresos indebidos.

7.- Artículo 47, Representación de personas o entidades no residentes.

La modificación consiste en establecer la obligación de designación de un representante en España exclusivamente cuando la normativa tributaria así lo establezca, desapareciendo la casuística a que la vigente norma se refiere.

8.- Artículo 81, Medidas cautelares.

Se pretende ampliar el ámbito de utilización de este tipo de medidas, de forma que, cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática o con dispensa total o parcial de garantías o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado, se puedan adoptar medidas cautelares que aseguren el cobro de las mismas.

9.- Artículo 95 bis, Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

Las modificaciones en el conocido comúnmente como “listado de deudores” giran en torno a varios ejes:

  • Por un lado, para ampliar el ámbito subjetivo, extendiéndose la publicidad de los responsables solidarios.
  • Por otro, rebajando el límite cuantitativo, que pasa a ser de 600.000 euros.
  • Se introduce el concepto de “plazo original de ingreso”.
  • Se contempla la posibilidad del pago íntegro de las deudas en el plazo que el interesado tiene para formular alegaciones, previo a la publicación del listado, situación ésta que, de producirse, evitaría su inclusión en el mismo.
  • Se actualiza la remisión a la normativa sobre protección en el tratamiento de datos personales.

10.- Artículo 130, Terminación del procedimiento iniciado mediante declaración.

La modificación consiste en excluir la posibilidad de conclusión por caducidad respecto de aquellos tributos que se liquiden por las importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera para los derechos de importación.

Además, se introduce una fórmula específica de terminación por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento iniciado mediante declaración o algún elemento de dicho objeto, en los tributos que se liquiden por las importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera para los derechos de importación.

11.- Artículo 150, Plazo de las actuaciones inspectoras.

Se pretende ampliar el catálogo de supuestos de suspensión del cómputo del plazo del procedimiento de inspección, incluyendo el caso de comunicación a las Administraciones afectadas de los elementos de hecho y los fundamentos de derecho de la regularización en los supuestos a los que se refiere el artículo 47 ter del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y aquellos supuestos de carácter análogo establecidos en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre.

El caso es el referente a las fusiones y escisiones de empresas, cuando los beneficios fiscales deben ser reconocidos por las dos Administraciones concernidas.

Como consecuencia, también muta la regulación del fin de la suspensión, para incluir, obviamente, la nueva norma específica referida a ese concreto caso.

12.- Artículo 157, Actas de disconformidad.

La modificación del precepto consiste en hacer potestativa la emisión del informe del actuario, cuando sea preciso completar la información recogida en el acta.

13.- Artículo 161, Recaudación en periodo ejecutivo.

Importante cambio, consistente en establecer que las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o compensación presentadas en período voluntario, así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.

Además de lo anterior, se señala en la modificación que la declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicha Ley.

14.- Artículo 175, Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.

El proyecto introduce, de nuevo, la referencia al periodo voluntario de pago original de la deuda que se deriva, para determinar, en atención a que el mismo hubiese transcurrido o no, la forma de proceder frente al responsable: con mero requerimiento de pago o mediante acuerdo declarativo de la responsabilidad.

La novedad está, como indicamos, en la utilización del concepto de periodo voluntario de pago original.

El objetivo declarado es el de clarificar la normativa vigente, especificándose, a efectos del procedimiento de exigencia de la responsabilidad solidaria, que el período voluntario de pago de las deudas es el originario de pago, sin que las vicisitudes acaecidas frente al deudor principal, como suspensiones o aplazamientos, deban proyectarse sobre el procedimiento seguido con el responsable.

15.- Artículo 181, Sujetos infractores.

Aflora en la norma, como sujeto infractor, la entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.

16.- Artículo 188, Reducción de las sanciones.

Se pretende incrementar los actuales porcentajes de reducción en los supuestos de actas con acuerdo, que pasará del 50% al 65%, y en los supuestos de pago (artículo 188.3), en los que del 25% se pasaría al 40%.

17.- Artículo 198, Infracción tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones.

En esta infracción, la sanción por no presentar en plazo declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.

Pues bien, el cambio está en que el importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se elevará a 600 euros cuando la falta de presentación en plazo se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.

18.- Artículo 199, Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.

En el ámbito de esta infracción, tratándose de declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras presentados de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.

La modificación pretende establecer que el importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se elevará a 600 euros cuando la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.

19.- Artículo 201 bis (nuevo), Infracción tributaria por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

Como consecuencia de la nueva obligación formal establecida en el artículo 29, a la que hicimos referencia más arriba, se establece, a través de éste nuevo artículo 201 bis, el régimen de infracciones y sanciones asociado.

20.- Artículo 209, Iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria.

El cambio perseguido es la ampliación del plazo de inicio de los procedimientos sancionadores, tanto en el caso de las sanciones pecuniarias como no pecuniarias, que se pretende pase a 6 meses desde los actuales 3, no variando el inicio del plazo de cómputo.

21.- Artículo 233, Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa.

Modificación trascendente a través de la que se pretende establecer lo siguiente:

  • El tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud de suspensión (en los supuestos de dispensa total o parcial de garantías, cuando la ejecución pudiese causar perjuicios de difícil o imposible reparación y en los casos de error aritmético, material o de hecho), y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación aportada en la solicitud de suspensión o existente en el expediente administrativo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho.
  • Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente.

Como puede observarse, en ambos casos nos encontramos ante la elevación a rango legal de preceptos que, estando en este momento incorporados en reglamento, se considera precisan de una cobertura normativa más elevada.

22.- Disposición adicional decimoctava, Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

La modificación amplía el ámbito material de la obligación, ya que se intenta establecer la de suministro de información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

Además, se incorpora del régimen de infracciones y sanciones vinculado a la nueva obligación.

23.- Disposición adicional vigésima, Tributos integrantes de la deuda aduanera.

El objetivo es establecer la no aplicación a las declaraciones aduaneras lo previsto en el artículo 27 de la LGT (recargos por extemporaneidad en la presentación de autoliquidaciones y declaraciones).

24.- Disposición adicional vigésima segunda, Obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.

La modificación se refiere al deber de conservación de las pruebas documentales, declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y de diligencia debida a que se refiere la propia disposición adicional, que deberán estar a disposición de la Administración Tributaria hasta la finalización del quinto año siguiente a aquel en el que se deba suministrar la información respecto de las citadas cuentas.

Hasta ahora el límite de ese deber era el cuarto año siguiente a aquel en el que se produjese el cierre de la cuenta financiera.

25.- Disposición adicional vigésima quinta (nueva), Garantías globales de la deuda aduanera.

A través de este precepto se establecerá que cuando un representante aduanero que actúe en la modalidad de representación directa, aún sin tener la condición de deudor, quiera solicitar la constitución de la garantía global prevista en el artículo 95 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, quedará obligado al pago de la deuda aduanera y tributaria derivada de las declaraciones aduaneras vinculadas a la misma cuando dicha deuda aduanera y tributaria no haya sido satisfecha por el deudor o recaudada como consecuencia de la ejecución de la garantía. Dicha responsabilidad tendrá carácter solidario.

Además, el texto en proyecto recoge que la obligación de pago será exigible directamente al responsable una vez iniciado el período ejecutivo sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivación de responsabilidad previsto en el artículo 41.5 de la LGT.

26.- Disposición transitoria única. Régimen transitorio en materia de recargos, reducción de sanciones y limitación de pagos en efectivo.

Se integra en el texto proyectado una disposición transitoria para regular la aplicación temporal de las modificaciones que se pretenden aprobar en cuanto a los recargos por extemporaneidad, el régimen de aplicación temporal de la nueva normativa sobre reducción de las sanciones, así como en materia de limitación de pagos en efectivo.

27.- Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La norma que resulte finalmente aprobada se prevé entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, y por lo que se refiere a las modificaciones proyectadas en la LGT, se establece una entrada en vigor demorada tres meses para lo dispuesto en los artículos 29.f y 201 bis, relativos a la obligación formal relativa a los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión.

 

OTRAS MODIFICACIONES LEGALES PROYECTADAS

1.- Modificación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Se propone la modificación del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en relación con la limitación de pagos en efectivo, para:

– Modificar los umbrales por encima de los cuales no podrían efectuarse pagos en efectivo, que quedarían establecidos de la siguiente forma:

  • No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
  • No obstante, cuando el pagador sea una persona física y no actúe en calidad de empresario o profesional el citado importe será de:

a) 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

b) 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador justifique que no tiene su domicilio fiscal en España.

– Modificar el régimen sancionador en consonancia con los citados límites, permitiendo, además, la reducción de la sanción en caso de pago voluntario por el presunto responsable antes de la notificación de la resolución del procedimiento sancionador.

2.- Modificación de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Se proyecta la modificación de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y en concreto de su disposición adicional primera, para regular la definición de jurisdicción no cooperativa.

Fuente: https://elderecho.com/