El Tribunal Supremo ha rechazado los cuatro primeros recursos planteados por empresas y ciudadanos en los que se reclaman indemnizaciones al Estado por el impuesto de plusvalía municipal, anulado por el Constitucional. Este gravamen recaudaba cerca de 2.000 millones de euros y su eliminación abría la puerta a compensaciones milmillonarias.

En cuatro sentencias diferentes, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha desestimado los recursos que aludían a la responsabilidad patrimonial del Estado sobre esta figura tributaria, conocida técnicamente como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En octubre del 2021, el Tribunal Constitucional anuló el tributo, que se aplicaba al beneficio generado al vender un inmueble. Consideró que el cálculo de su base imponible se basaba en unos parámetros fijos que no recogían la verdadera evolución del mercado inmobiliario.
Aquella decisión obligó al Gobierno a reconfigurarlo, de modo que ahora el contribuyente puede ahora elegir entre la diferencia entre el valor de venta y de compra o, en segundo lugar, unos coeficientes en función del valor catastral.

La duda estaba en qué ocurría con los impuestos ya pagados. El Supremo la resuelve ahora en parte mediante unas sentencias que se centran en las reclamaciones que plantea la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Es la fórmula correcta porque la propia sentencia del Constitucional limitaba de forma expresa otras vías de reclamación, como la revisión de las obligaciones tributarias u otras fórmulas.

El Supremo concluye que la sentencia del Constitucional “no conduce necesariamente (…) a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades en concepto del (impuesto) o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial». Dicho de otro modo, el pago del impuesto no incumple de por sí la legislación.

No existen las condiciones para que el Estado deba indemnizar
Para que fuera posible reclamar la responsabilidad del Estado, señala, «es preciso que se acredite a través de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuantía distinta a la establecida por la Administración con su método de estimación objetiva, o que las reglas de cálculo aplicadas eran incorrectas”.

Ninguno de estos extremos resultó acreditado en los cuatro casos examinados, afirma. En dos de ellos se reconoció directamente por los recurrentes un incremento del valor del terreno y en los otros dos se permitió la estimación directa del valor mediante la prueba. En estos últimos casos hubo un incremento de valor del terreno y, en consecuencia, una «manifestación de riqueza real o potencial cuyo gravamen resulta plenamente compatible con la Constitución».

El tribunal considera que de la sentencia del Constitucional los demandantes podrían entender que hay una «presunción de la antijuricidad de los daños derivados». Sin embargo, no es necesariamente así. No existe, asegura el Supremo, «el automatismo pretendido por la parte actora», que entiendo que tiene derecho a una indemnizaciones solo por haber abonado el tributo».

Fuente: https://www.lavanguardia.com/

La proposta que el Govern ha inclòs en l’acord d’associació amb la Unió Europea equipara els andorrans que no viuen al Principat amb la resta de ciutadans europeus i estableix un termini de com a mínim cinc anys

Els andorrans que portin, com a mínim cinc anys vivint fora del país i vulguin comprar una segona residència estaran subjectes als mateixos criteris que els ciutadans europeus que vulguin adquirir un immoble. Així s’exposa en la proposta que Andorra ha fet a Brussel·les en el marc de l’acord d’associació amb la Unió Europea. El cap de Govern, Xavier Espot, també ha explicat que no es podrà exigir el dipòsit que s’exigeix per obtenir una residència passiva, però “hem negociat un sistema de quotes conservador que ens permetrà concedir-ne 20 o 30 màxim”.

El protocol que permet regular o limitar l’adquisició de les segones residències per a ciutadans europeus no està tancat del tot en el si de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Tal com a explicat Espot a preguntes del conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, forma part de l’annex 12 de la lliure circulació de capitals. En la sessió e control, ha llegit en francès la proposta que Andorra ha fet i que s’emmiralla en la legislació de Malta.

Exposa que “sabent de l’escassetat de terreny i la població d’Andorra, el país pot aplicar de forma no discriminatòria les disposicions que emanen de la Llei general d’ordenament del territori i la d’inversió estrangera, pel que fa a l’adquisició de béns immobles per a segones residències per a ciutadans europeus que no hagin residit al país durant cinc anys”. Això afecta també els nacionals que portin cinc anys vivint fora, tot i que dius “que pensem que hi haurà pocs casos d’aquestes característiques”. L’objectiu és que aquesta proposta es pugui tancar entre l’abril o el maig.

RESIDÈNCIES PASSIVES
En el cas de les residències passives, el cap de l’executiu ha remarcat que ja no es podrà exigir un dipòsit per obtenir-les. Assegura que “hem negociat un sistema de quotes conservador que ens permetrà concedir com a màxim entre 20 i 30 a l’any”.

El cap de l’executiu ha exposat que “l’acord d’associació no ha de comportar un increment desmesurat de la inversió estrangera”. Ha insistit que el país no pot créixer a un ritme de 4.000 persones per any perquè posen pressió als serveis bàsics del país. Per aquest motiu, ha demanat als grups parlamentaris que “hem de feina primer en l’àmbit domèstic i no podem imputar allò que no siguem capaços d’implementar a nivell nacional”. En aquest sentit, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, li ha demanat “què impedeix al Govern legislar aquestes limitacions amb la majoria absoluta que té al Consell General”. Li ha recordat que van entrar una proposició de llei per modificar la llei d’inversió estrangera i que no es va prendre en consideració. Espot li ha dit que “això no és exclusiu del Govern o de Concòrdia perquè és una temàtica prou transversal i rellevant perquè sigui consensuada i debatuda”.

Finalment, ha acceptat la demanda del principal grup de l’oposició de fer debats monogràfics al Consell General per explicar l’acord d’associació i resoldre dubtes. El primer podria tenir lloc en el pròxim període de sessions.

Font: https://www.altaveu.com/

La Audiencia Nacional ha anulado la derivación de responsabilidad subsidiaria por parte de Hacienda a todos los miembros del consejo de administración de una firma (cuando se les exige que paguen ellos la deuda de la empresa) al considerar que se realizó de forma genérica.

En una sentencia del 24 de octubre, de la que fue ponente el magistrado Javier Rodríguez Moral, determina que «no es admisible» que la Agencia Tributaria realice una derivación de responsabilidad a todo aquel que sea miembro del consejo de administración de una sociedad deudora sólo por el hecho de pertenecer al mismo y sin dar «una cierta explicación de su conducta» que produjo la inviabilidad del cobro de las deudas.
PUBLICIDAD

La Audiencia resuelve el litigio de un miembro del consejo de administración de una compañía a la que Hacienda le derivó la responsabilidad subsidiaria de las deudas por IVA y retenciones de la sociedad por un importe de 3,2 millones de euros, al carecer la firma de patrimonio alguno para hacer frente a sus obligaciones.

Saiz prepara cambios en la jubilación parcial y en el retiro anticipado por carreras penosas
El fallo determina que, aunque Hacienda, en su acuerdo de derivación «parece diferenciar entre el simple miembro del consejo de administración y el consejero delegado», no la pone en práctica al derivar la responsabilidad frente a todos los miembros del consejo por igual y sin distinción».

El fallo recuerda que el Tribunal Supremo, en sentencias antiguas (una del 27 de junio de 2011) ya vincula la derivación de responsabilidad a la justificación del cumplimiento de las funciones encomendadas en gestión y administración, «por lo que no es posible admitir derivaciones de responsabilidad genéricas basadas, exclusivamente, en el hecho de detentar el cargo de miembro del consejo de administración».

Añade la Audiencia Nacional al respecto: «La responsabilidad parece imputarse conjuntamente al consejo de administración sin discriminar las facultades del consejero delegado a las que se refiere el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas vigente a la fecha de los hechos que generaron las liquidaciones y, a juicio de esta Sala, hubiera sido necesario determinar las razones o motivos por lo que se acuerda la derivación de responsabilidad tributaria para unos y otros miembros del consejo de administración». Por tanto, estima el recurso del miembro del consejo y anula la derivación.

Fuente: https://www.eleconomista.es/

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha lanzado este viernes a audiencia pública la orden para modificar el modelo de declaración 239 con el objetivo de liberar a los abogados y cualquier otro intermediario financiero amparado por el secreto profesional de comunicar a terceros las estructuras fiscales agresivas u opacas de sus clientes.

Este cambio llega después de la aprobación de la Ley 13/2023, de 24 de mayo, por la que se modifican la Ley General Tributaria que acogió la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 8 de diciembre de 2012 que tumbó esta obligación para los intermediarios de tener que identificarse ante terceros, al considerar que vulneraba el deber de confidencialidad y del secreto profesional. Por tanto, ahora Hacienda modificará el modelo de declaración 239 para eliminar dicha comunicación.

«Se procede en la disposición final única de esta orden a modificar la Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, para excluir del contenido de la declaración el dato relativo a la identidad de los intermediarios, que no siendo clientes, están eximidos de la obligación de información por el deber de secreto profesional y por otro lado para incluir dentro del resumen del mecanismo transfronterizo, el deber de declarar cualquier información que pueda ayudar a la Administración tributaria a evaluar el riesgo fiscal del mecanismo», señala la Agencia Tributaria en su proyecto de orden.

Los interesados podrán presentar aportaciones al texto hasta el próximo 18 de diciembre. Una vez la Orden se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor al día siguiente.

Teléfono y correo para avisos
Por otro lado, la Administración modificará también los modelos 030, 036 y 037 de declaración censal en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, y en el Censo de obligados tributarios para indicar que el suministro de los datos de teléfono y direcciones electrónicas (correo electrónico) implicará la autorización para que sean utilizados para realizar avisos «de carácter meramente informativo» por la Agencia Tributaria, los tribunales económicos-administrativos y la Dirección General de Tributos.

Información de las plataformas digitales
Hacienta también somete a consulta otro proyecto de orden para aprobar el formulario 040 que obliga a las plataformas digitales a comunicar su alta, modificación o baja de actividad a la Agencia Tributaria, puesto que desde la Ley 13/2023 de 24 de mayo están obligadas a intercambiar información con el fisco de su actividad, de sus vendedores, de los ingresos y los medios por los que los reciben.

Para esta obligación de declaración, la AEAT también aprobará el modelo 238 de declaración informativa para la comunicación de información por parte de operadores de plataforma. Estarán obligados a informar plataformas y vendedores que se dediquen al arrendamiento y cesión temporal de inmuebles, medios de transportes, servicios personales y venta de bienes. Facilitán datos relativos a la identificación de los vendedores, a la actividad que desarrollan, la contraprestación satisfecha, la identificación de las cuentas a través de las que cobran o datos fiscales, entre otros.

La nova llei també crea una taxa de 300 euros que haurà d’abonar qui faci una sol·licitud per invertir al país, demandes que, a partir d’ara, en cas de silenci administratiu seran denegades

El nou impost que gravarà la inversió estrangera en immobles no s’aplicarà en cas que els béns transmesos sigui conseqüència o bé d’una herència o bé d’una operació (amb diners o per mig) entre familiars. Aquestes són les excepcions que preveu la llei que crea la figura i que també aprofita per regularitzar una taxa, de 300 euros, que es cobrarà davant cada sol·licitud que una persona física o jurídica de fora faci per ser autoritzat a invertir al país. A més, en aquestes peticions, a partir d’ara el silenci administratiu es considerà com a una negativa.

El text, al qual ha tingut accés Altaveu, s’ha de tramitar en els pròxims dies davant el Consell General. Consta d’un total de 18 articles que desgranen el funcionament del nou tribut -amb un gravaven que oscil·la entre el 3% i el 10% de l’operació- així com d’una disposició transitòria, la derogatòria que posa fi als efectes de la Llei de suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles al Principat d’Andorra, aprovada ara fa unes setmanes. També hi ha vuit disposicions finals, moltes de les quals modifiquen la normativa vigent sobre inversió estrangera.

La nova figura tributària gravarà tota inversió immobiliària que es faci al país per part de persones o societats estrangeres. Hi haurà, però, excepcions. Les marca l’article 4, que estableix que no seran part de l’impost “les adquisicions, per causa de mort, de béns immobles o de drets reals sobre els mateixos per part d’una persona física o jurídica no resident”. És a dir, les herències. Tampoc tributaran aquelles operacions que es facin entre familiars amb “un parentiu per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent i/o col·lateral fins a tercer grau” o bé que “siguin cònjuges o convivents en unions estables de parella”. I en aquest cas dona igual si per aquests traspassos de béns es cobra o si són gratuïts.

El text, en la seva disposició cinquena, aprofita per cobrir el que s’entenia una mancança de l’actual legislació: el fet que no hi ha una taxa concreta establerta. Fins ara hi havia “una norma ambigua” i un “import que ha quedat superat. Així, a partir de l’aprovació de la nova llei es demanaran 300 euros per a cada sol·licitud d’inversió estrangera que s’hagi de tramitar.

I, a més, es canvia el procediment de resolució. Fins ara, si en dos mesos -o tres en cas de pròrroga-, no hi havia cap resposta, la petició es considerava autoritzada. “De l’experiència acumulada, en ressurt la necessitat de comprovar penalment i econòmicament i a nivell internacional determinats expedients d’autorització que, en alguns casos, requereixen consultes a registres exteriors, i que no permeten complir amb garanties suficients per a la salvaguarda de l’Estat, una resolució favorable en el termini d’un mes”, es justifica en l’exposició de motius. Per això, a partir d’ara el silenci administratiu s’haurà d’interpretar com a una denegació.

Cal recordar que l’impost tindrà una bonificació del 90% si la inversió que es fa és per destinar els immobles al lloguer. Ara bé, amb una excepció, indicada en l’apartat 4 de l’article 10. D’aquest avantatge fiscal quedaran excloses “les inversions immobiliàries destinades a realitzar, sobre els immobles resultants, contractes de lloguer amb opció de compra, contractes de lloguer entre persones jurídiques i altres persones o entitats vinculades (…) i altres negocis jurídics que puguin constituir frau de llei”.

Un altre article, el 16, estableix les obligacions que hauran de complir notaris i saigs. Així, se’ls impedeix “autoritzar cap escriptura pública d’inversió estrangera immobiliària, si els obligats tributaris no acrediten haver liquidat l’impost amb caràcter previ, o que els són d’aplicació els supòsits d’exempció previstos” i també hauran de comunicar, de la forma que es determini reglamentàriament, les operacions d’aquest tipus que realitzin així com disposar dels formularis necessaris i “facilitar a l’administració tributària les dades, documents, antecedents i justificants amb transcendència tributària relacionats amb aquest impost”.

Font: https://www.altaveu.com/

El tribunal deniega la reclamación de 141 millones de la familia Cierco, al entender que la actuación del supervisor fue “razonada, razonable y proporcionada”

La Audiencia Nacional ha denegado la reclamación formulada por la familia Cierco para que se declarara la responsabilidad patrimonial del Banco de España por la intervención del Banco Madrid, en marzo de 2015. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente el recurso de la familia accionista mayoritaria de la entidad, en el sentido de que su reclamación no ha prescrito, pero ha descartado que el órgano supervisor tenga que afrontar indemnizaciones por los daños causados, que cifraron en 141 millones de euros.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han afirmado que la presentación de la reclamación efectuada por los hermanos Higini y Ramón Cierco, el 25 de septiembre de 2020, se hizo en plazo legal, en contra de lo que estableció el consejo de gobierno del Banco de España en mayo de 2021, que la consideró extemporánea.

No obstante, consideran que la actuación del Banco de España en la intervención de la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA) no puede tener consecuencias económicas porque el órgano actuó en todo momento de forma “razonada, razonable y proporcionada en el ejercicio de sus funciones, atendidas las circunstancias concurrentes y la información disponible en cada momento”. Es decir, que no se puede tener en cuenta datos obtenidos después “mediante valoraciones jurídicas y opiniones técnicas sobre resoluciones alternativas una vez conocido todo lo que aconteció”.

No es la primera vez que la Audiencia Nacional libra de responsabilidad patrimonial al Banco de España en este caso concreto. En septiembre de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya avaló la labor del organismo y falló en contra de 134 ex empleados de la entidad que pidieron una indemnización por su despido y daño en su reputación profesional como consecuencia de la intervención de la entidad.

Investigación penal archivada
El Banco de España, dirigido entonces por Luis Linde, intervino el Banco Madrid en marzo de 2015 ante las sospechas de que blanqueaba capitales. Todo ello como consecuencia directa de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas también tomara medidas sobre BPA, tras la acusación del Tesoro de Estados Unidos de que la entidad colaboró en el lavado de dinero procedente del crimen. El banco madrileño fue declarado en concurso por la posterior fuga de sus clientes.

Los magistrados recuerdan que los miembros del órgano de gestión y dirección de Banco Madrid fueron investigados por un presunto delito de blanqueo de capital, causa que finalmente fue archivada cuatro años después, en julio de 2019, por la Audiencia Provincial de Madrid por la falta de indicios para acreditar los hechos.

En este sentido, el fallo indica que “debe hacerse notar que el sobreseimiento provisional de las actuaciones no permite apreciar, como se sostiene en el escrito de demanda, la irrazonabilidad o arbitrariedad en la decisión de intervención, pues debe diferenciarse con claridad el ámbito de enjuiciamiento en sede penal de lo que aquí debe analizarse”.

En cuanto al procedimiento administrativo sancionador, el tribunal insiste en que, dada la información que se disponía en ese momento, el Comité Permanente de la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) alertó en un informe de inspección de potenciales irregularidades graves en materia de blanqueo de capitales. Sin embargo, el archivo del expediente en agosto de 2021 al no apreciar infracción administrativa alguna, “en nada empece la razonabilidad de la decisión de acordar la intervención”, dice la sentencia.

Documentación de una causa en Andorra
Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado admitir la documentación que la familia Higini presentó, relacionada con la comisión rogatoria internacional en un proceso penal que sigue la Justicia de Andorra contra expolicías, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y ex altos cargos del Gobierno español, como el expresidente Mariano Rajoy y los exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por la caída del banco BPA y su vinculación a la denominada ‘operación Cataluña’.

En este proceso se investiga si la alerta que emitió la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se basó en una en información “falsa” facilitada por la Policía española. Los magistrados de la Audiencia Nacional han considerado que toda esta información no es relevante para la resolución de la demanda de responsabilidad patrimonial.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/

Las españolas pueden compensarlo en el Impuesto de Sociedades
El juez pregunta si esta diferencia va en contra…
…de la libre circulación de capitales

La Justicia española remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un nuevo caso sobre la retención de Hacienda a los dividendos ingresados en España por una empresa no residente y la imposibilidad de compensarla en su país de origen. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha planteado la cuestión prejudicial en un auto fechado a 19 de septiembre del que fue ponente el magistrado Luis Javier Murgoitio Estefanía.

El magistrado pregunta al TJUE si va en contra del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que defiende la libre circulación de capitales, que España aplique la misma retención a un residente y a un no residente, pero que en el caso de que la compañía esté en pérdidas, el residente pueda compensar la retención y conseguir su devolución a través del Impuesto de Sociedades, mientras que el no residente no puede obtener la devolución en su país de origen.

El asunto se remonta a 2017, cuando Credit Suisse Securities, firma residente en Reino Unido, ingresó en España por los dividendos de Gamesa Renewable Energy un total de 2,76 millones de euros, sobre los que la Hacienda vasca le retuvo inicialmente un 19% (mismo tipo que a los residentes) que después bajó al 10% en base al Convenio de Doble Imposición (CDI) hispano-británico, que limita la retención a ese porcentaje.

Credit Suisse cerró ese ejercicio con pérdidas, pero ya se le había practicado la autoliquidación en España y no pudo compensarla por pérdidas en su país. El Convenio de Doble Imposición con Reino Unido no permite la compensación en situación de pérdidas. Para que sea deducible la retención es necesario que haya beneficios o ganancias gravables. Así, Reino Unido no tiene la obligación de devolver la retención del impuesto soportado en España y solo reconoce un crédito fiscal en caso de cuota positiva, no pudiéndose tampoco deducir en ejercicios posteriores. Sin embargo, si este caso hubiera ocurrido con una empresa española, ésta podría haber obtenido al devolución de la retención al estar en pérdidas a través de la declaración del Impuesto de Sociedades.

El magistrado de Bilbao pregunta si esta diferencia infringe la libre circulación de capitales.

Los tribunales españoles tienen miles de casos de firmas extranjeras, especialmente fondos de inversión, que han solicitado a Hacienda la devolución de la retención a dividendos ante la imposibilidad de neutralizarse esa carga fiscal en su país. Mientras que España aplica una retención del 1% por los dividendos a Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) españolas o Fondos de Inversión Libre (FIL) del país, retiene un 15% a vehículos similares de países extranjeros, sin poder luego compensarla en sus territorios de origen. De hecho, el Tribunal Supremo ya falló el 5 de abril de este año que solo existe neutralización fiscal en base a los efectos previstos en los convenios para evitar la doble imposición, si la compañía puede compensar ese pago de impuestos en su país hasta el límite de la diferencia de trato a que da lugar la normativa nacional.

La Agencia Tributaria reconoció hace poco que tiene 19.700 reclamaciones de entidades extranjeras que exigen la devolución de estas retenciones por un importe de 160 millones de euros.

Fuente: https://www.eleconomista.es/

Portugal se plantea eliminar las ventajas fiscales para los impatriados ante la inflación en la vivienda, justo cuando España ha mejorado su propio régimen

El ruido y las amenazas de cambio de residencia fiscal a Portugal de los grandes patrimonios españoles ha sido una constante desde 2019, con un repunte vivido con el impuesto a las grandes fortunas. Pero esto acaba de cambiar por completo. Lisboa se plantea eliminar las ventajas fiscales a los impatriados, justo cuando España está implementando una versión mejorada de su propio régimen, la ley Beckham. Comparar Lisboa u Oporto antes de la Gran Crisis Financiera y con la actualidad sirve para comprobar cómo han cambiado las ciudades portuguesas en los últimos 15 años. La llegada masiva de extranjeros con la Golden Visa —a cambio de comprar una vivienda u otras inversiones— o con las ventajas fiscales del régimen de impatriados, así como la inversión de fondos para reformar y rentabilizar inmuebles, ha contribuido a este cambio.

Pero dicho cambio también ha disparado la inflación en el sector inmobiliario, haciendo imposible a muchos portugueses seguir viviendo en sus antiguos barrios o encontrar una vivienda cerca de donde trabajan. El régimen fiscal residentes não habituais ha pasado a ser impopular. El Gobierno de António Costa ya eliminó la Golden Visa a principios de año, salvo en zonas rurales despobladas, y esta semana ha anunciado que prevé retirar las ventajas fiscales para impatriados, dado que, dice, suponen una “injusticia fiscal” que contribuye a que suban los precios de la vivienda.

El régimen fiscal de Portugal es siempre puesto como ejemplo por los fiscalistas como el más ventajoso. España o Italia también tienen ventajas para impatriados, pero el caso luso es el que va más allá. Creado en 2009, como una evolución del régimen español, conocido como ley Beckham, ha atraído a profesionales y jubilados. En el primer caso, tributan al 20%. En el segundo, al 10%. De hecho, es común que haya jubilados, incluidos los españoles, que se vayan una corta estancia a Portugal para capitalizar su plan de pensiones. Esto es, cobrar todo el ahorro con una tributación al 10%, y después volver a su país de origen. Si lo hacen en España, el ahorro en planes de pensiones se suma a la renta y tributa por los tipos del IRPF, mucho más altos. El 10 de octubre es la fecha clave para los fiscalistas, ya que es cuando se espera que se conozca la propuesta del Gobierno portugués. Se da por hecho que no será con carácter retroactivo, no afectando a los impatriados que estén ahora mismo disfrutando de ventajas fiscales, pero que sí podría haber una modificación sustancial en 2024. Por ahora, van a cesar las llamadas de clientes ricos preguntando por Portugal, algo que ha sido una constante en los últimos años, sobre todo desde que se aprobó el impuesto temporal de solidaridad para las grandes fortunas, que superpone al de patrimonio, para aquellos con una riqueza superior a los tres millones de euros.

Los abogados consultados coinciden en que apenas uno o dos de cada 10 contribuyentes de los que preguntan por mudarse deciden irse, normalmente a Portugal, ya que la recomendación siempre es que el cambio de residencia debe ser total para evitar problemas con Hacienda, que aun así persigue todas estas mudanzas. Aunque el impuesto seguirá teniendo litigios a la espera del Constitucional, una de las amenazas era la salida de grandes patrimonios, algo que ya no parece que vaya a ocurrir a partir de 2024. De esta forma, Portugal, de forma indirecta, ha dado un espaldarazo a Hacienda con el impuesto a los ricos. Pero, sobre todo, se lo da a la nueva ley Beckham que ha impulsado la vicepresidenta Nadia Calviño, con cambios en el régimen fiscal incrustados en la Ley de Startups que se aprobó en diciembre. Estas modificaciones mejoran el atractivo del régimen fiscal para impatriados de España, mucho más acotado que el de Portugal, que era la principal competencia, aunque también lo sean Italia o Grecia. España quiere atraer a directivos, profesionales cualificados y nómadas digitales con una mejora en las ventajas fiscales. Está previsto que, en cuanto el Consejo de Estado dé el visto bueno, se apruebe por orden ministerial el nuevo modelo 149 y en Consejo de Ministros la modificación del reglamento algunos detalles de las ventajas fiscales. De hecho, estaba previsto que se hubiera aprobado el 30 de julio, pero la convocatoria de elecciones paralizó todo, y ahora se espera para este mes de octubre. Con el régimen español, los impatriados acogidos tributan al 24% en IRPF en un tramo inicial de 600.000 euros —frente al 20% por toda la renta en Portugal—. Hay una exención en la retribución en especie para startups desde 12.000 euros hasta los 50.000 euros, incluyendo las stock options, y se bonificará el 50% de la participación de los gestores en los beneficios (carried interest, que Hacienda considera rentas del trabajo). Aumenta del 30% al 50% la deducción por invertir en empresas de nueva creación, con una base máxima que se eleva de 60.000 euros a 100.000 euros. Para facilitar que vuelvan directivos o profesionales, se reduce de 10 a cinco años el periodo mínimo que el contribuyente debe haber estado fuera de España para acogerse.

«A España están viniendo directivos y profesionales de multinacionales, así como nómadas digitales, tributando al 24% y generando más ingresos. Lo que está claro es que ahora el régimen fiscal español será aún más atractivo», apunta José María Leis, socio de Vialto. «España tiene altas probabilidades de captar el talento internacional que antes solo valoraba Portugal o se debatía entre ambos países», sostiene Carlos Saldaña, fiscalista de Zadal, que recuerda que la modificación de la Golden Visa este año ya fue más leve de lo anunciado inicialmente, con lo que podría ocurrir ahora lo mismo. Muchos dudan de que Portugal, en efecto, elimine las ventajas fiscales para impatriados teniendo a otros países, en especial España, con su propio régimen. Pero sí ven probable que se reduzcan o acoten, como ya hizo España al dejar fuera a los deportistas. Y también creen que habrá un cambio sustancial con la ventaja fiscal de la que disfrutan los jubilados, que tributan al 10%. «Desde hace algún tiempo, se ha venido culpando al régimen de residentes no habituales de la escasez de viviendas, sobre todo, para los jóvenes, pero ningún estudio confirma dicha relación. En cambio, el régimen español se ha mejorado más todavía con la Ley de Startups y sigue siendo muy atractivo para ejecutivos y científicos de todo el mundo», apunta Javier Vinuesa, socio de Gómez Acebo & Pombo.

«Los grandes patrimonios españoles que se han ido a Portugal bajo este régimen no van a tener problemas por ello ni van a volver por ese motivo, porque no creo que si hay algún cambio sea con carácter retroactivo», explica Javier Morera, socio de Broseta. No obstante, añade, «ahora resulta más atractivo nuestro régimen, aunque solo sea porque se elimina un régimen competidor. También lo es más desde las modificaciones de finales de 2022, aunque ahí hace falta desarrollo normativo». Cualquier cambio no solo afecta a la potencial salida de grandes patrimonios españoles, sino a la llegada de extranjeros a la península ibérica. «Los grandes patrimonios están solicitando informes para el traslado de su residencia fiscal como consecuencia de la inestabilidad política actual, la subida generalizada de impuestos y, sobre todo, por la duplicidad del impuesto sobre el patrimonio y el impuesto temporal solidario de las grandes fortunas», explican los fiscalistas Miguel Ángel Bernal y David Sanz Bujanda, que también recuerdan que «en el mercado inmobiliario prime de las grandes ciudades españolas, en especial Madrid, los inmuebles están siendo adquiridos por clientes de alto nivel adquisitivo del mercado latinoamericano». El cambio en Portugal «realzará a España como posible centro de atracción de residencia entre extranjeros, particularmente aquellos provenientes de fuera del área Schengen (por ejemplo, norteamericanos y latinoamericanos), por la posibilidad de combinar los beneficios de la Golden Visa española, que continúa vigente, y un régimen fiscal atractivo. Sin embargo, el régimen fiscal de impatriados español, aunque a partir de 2023 ha introducido nuevos supuestos y se ha flexibilizado en aspectos en algunos casos muy importantes, ha sido tradicionalmente objeto de inspección y comprobación detallada por parte de la AEAT española, que en algunos casos ha derivado en Actas de Inspección de importe extraordinariamente altas, por lo que recomendamos, especialmente a patrimonios significativos, una comprobación detallada de la aplicabilidad del mismo en cada caso, y un seguimiento y verificación activa de su estricto cumplimiento año a año», avisa Patricia García, socia de Avantia.
Competencia fiscal
Durante los últimos años, Portugal ha atraído a 89.000 contribuyentes, según datos hasta julio, y ha sido el país que más ha contribuido a la competencia fiscal interna en la Unión Europea. Según un trabajo del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, hay 200.000 contribuyentes acogidos a distintos regímenes fiscales en Europa, que erosionan las bases imponibles en 4.500 millones anuales. En España, los acogidos al régimen tributaron 502 millones menos de lo que hubieran pagado en impuestos sin la ley Beckham en 2020.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/

El consejo de ministros del Principado ha propuesto la medida, de carácter transitorio, para que se debata y vote el próximo jueves en el marco del consejo general del país pirenaico.

Andorra cierra las puertas a la inversión extranjera en inmuebles. El consejo de ministros del Principado, convocado en una sesión extraordinaria a petición de Conxita Marsol, ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, ha anunciado la intención de suspender de manera transitoria la autorización de inversión extranjera en inmuebles. La medida, que se tramitará con carácter inmediato, se espera que entre en debate y se apruebe el próximo jueves siete de septiembre, que es cuando está convocado el consejo general. Desde el Gobierno han anunciado que la decisión responde a la voluntad por garantizar un crecimiento sostenible en materia de inversión extranjera. De hecho, la solución que se persigue consistirá en hacer repercutir directamente en el Estado la capacidad económica de esta clase de inversión, mediante la creación de un impuesto que gravará todas las operaciones del sector. Sin embargo, durante este periodo transitorio previo a la votación del mandato, el Gobierno ha anunciado la entrada a trámite en el Proyecto de Ley de suspensión de la inversión extranjera en inmuebles dentro del Principado de Andorra para que sea resuelto “con carácter de extrema urgencia y necesidad para desincentivar las compraventas con finalidades especulativas”. En paralelo al anuncio de la votación, el Gobierno está trabajando en la actualización de la ley de inversión extranjera
Marsol ha asegurado que la moratoria es “una medida puntual que contribuirá a afrontar la problemática que tiene el país en escasez de vivienda de alquiler a precio asequible, como paso previo necesario durante este otoño para el establecimiento de un tributo sobre la inversión extranjera en inmuebles”, según ha considerado la directiva. Desde el Gobierno han defendido que la medida beneficiará a los ciudadanos del país, abriendo las puertas al fomento en infraestructuras o al incremento del parque público de vivienda de alquiler. Además, se prevé fijar un tributo para todos esos inversores extranjeros que desinviertan en Andorra antes de un periodo de tiempo determinado. En paralelo al anuncio de la votación, el Gobierno actual se plantea actualizar la ley de inversión extranjera para presentarla durante el primer trimestre del 2024. Xavier Espot, jefe del Gobierno, ha explicado que “hemos optado por adoptar la moratoria mientras no se establece el tributo que deberán pagar los extranjeros que quieran invertir en inmuebles, pero en paralelo estamos trabajando en una modificación de la ley a través de un proyecto participativo y plural”, según ha anunciado el máximo representante de la administración andorrana.

Fuente: https://www.ejeprime.com/

Con el objetivo de prevenir del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo las autoridades fiscales ponen el foco sobre las criptomonedas
Gran parte de los contribuyentes tiene en cuenta que existen algunas operaciones que deben declarar ante la Agencia Tributaria, como las transferencias bancarias, siempre y cuando reúnan algunas condiciones.

Sin embargo, pocos tienen en cuenta que también tienen que cumplir con algunas obligaciones fiscales si han adquirido algún tipo de criptomonedas. Descubre todos los detalles a continuación.

Declarar las criptomonedas
Bajo el propósito de prevenir del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las autoridades fiscales también pone el foco sobre las monedas virtuales.

Las personas que tienen criptomonedas están sujetas a algunas obligaciones fiscales.
A ojos de Hacienda, las criptomonedas «no son monedas de curso legal», dado que no están emitidas ni cuentan con la garantía de un banco central o autoridad pública.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se pueden utilizar como método de pago o para obtener otro tipo de bienes, están sujetas a la declaración del Impuesto de Patrimonio.

Dentro del amplio abanico de criptomonedas que existen, las más conocidas y populares son los bitcoins, si bien también existen las altcoins, un tipo de monedas virtuales alternativas.

Tanto los bitcoins como los altcoins, se generan a través de un sistema que protege la información y las comunicaciones mediante algoritmos que las hace seguras.

Los bitcoins son una de las monedas virtuales más populares

Además, se caracterizan por operar de forma independiente con sus propias redes DLT, una tecnología de registro distribuido o blockchain, detalla la Agencia Tributaria.

Los tokens son otras de las criptomonedas presentes en el mercado. Se diferencian de los bitcoins por no tener su propia red DLT, por lo que requieren de otra plataforma para funcionar.

El fisco distingue entre bitcoins, altcoins y tokens.
Un claro ejemplo es Ethereum, una de las plataformas que permite que personas o entidades puedan crear sus propias monedas virtuales para financiar proyectos.

Consecuentemente, los tokens pueden utilizarse como medio de pago pero también para otros usos. Pues, pueden representar una moneda, pero también una propiedad, una acción, un activo financiero.

Estos son los nuevos modelos
Según recoge el BOE de 29 de julio, a partir de enero de 2024 se deberán presentar distintos modelos para declarar aspectos relacionados con este tipo de monedas.

Las criptomonedas se habrán de declarar con el modelo 172, 173 o 721

Uno de ellos es el modelo 172, con el que se podrá declarar la información relativa a los saldos en monedas virtuales, sí como el modelo 173, en el que se podrán comunicar las operaciones que se realicen con este tipo de monedas.

También se podrá utilizar el modelo 721, con el que se podrá declarar los datos relacionados con las monedas virtuales situadas en el extranjero. Con todo, el plazo para presentar estos modelos se iniciará el 1 de enero del próximo año y se alargará hasta el 31 de marzo de 2024.

Fuente: https://www.economiadigital.es/