Lleva a audiencia pública el real decreto para declarar en 2023.

Las medidas afectarán también a los bienes en el extranjero.

 

Las personas y empresas titulares en España de monedas virtuales tendrán que informar a la Agencia Tributaria a finales de cada ejercicio sobre la cantidad de criptomonedas que ostentan y su valoración en euros. Esta obligación será extensible además a las operaciones realizadas con este tipo de activos, así como a los titulares de monedas virtuales situadas en el extranjero, según recoge el último proyecto de real decreto sometido a información pública por el Ministerio de Hacienda.

El documento, entre otras medidas, pretende ampliar el desarrollo normativo vigente a los cambios introducidos a finales del pasado año en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como en el impuesto sobre sociedades, en el de patrimonio y en el de la renta de no residentes, vinculados todos ellos a este tipo de criptoactivos.

Entre las empresas afectadas están los creadores de monedas, las agencias de cambio, los monederos virtuales y los prestadores de servicios para salvaguardar claves criptográficas en nombre de terceros.

Además, las novedades a las que apunta Hacienda de cara a los bienes situados en el extranjero podrían servir de guía para el nuevo modelo 721 en el que trabaja el ministerio, en el que se sentarán las bases para declarar ya en 2023 –sobre el ejercicio 2022– las criptomonedas depositadas en otros países. Esta obligación recaerá en los titulares, pero también en los beneficiarios, autorizados y apoderados.

El texto propuesto por Hacienda entiende que los activos estarán en el extranjero «cuando la persona o entidad o establecimiento permanente que las custodie proporcionando servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros», así como «para mantener, almacenar y transferir dichas monedas» no estuviera obligado a declarar el IRPF o los impuestos sobre sociedades, sobre patrimonio o sobre la renta de no residentes.

Para efectuar la valoración en euros, explica la cartera que dirige María Jesús Montero, los sujetos obligados –tengan los bienes dentro o fuera de España– tomarán la cotización media del activo a 31 de diciembre que ofrezcan las principales plataformas de negociación. En su defecto, se servirán de mecanismos comúnmente utilizados de valoración que proporcionen una estimación razonable del valor de mercado en euros de la moneda virtual en la misma fecha. “A este respecto, se indicará la cotización o valor utilizado para efectuar tal valoración”, detalla el texto.

A su vez, dentro del apartado de los saldos, Hacienda obligará también a informar de la moneda fiduciaria destinada a proporcionar servicios de salvaguarda, almacenaje o transferencia de criptomonedas, “así como su valoración en euros cuando la moneda sea distinta del euro”.

En el apartado de las operaciones, por su parte, la información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá el tipo de movimiento, la fecha de la operación y las claves públicas o direcciones públicas de origen y destino asociadas a las monedas virtuales recibidas o entregadas. También habrá que dejar constancia del tipo y el número de unidades de moneda virtual adquirida, transmitida, permutada o transferida, el valor en euros por el que se efectúa la operación y, en su caso, las comisiones y gastos asociados y que vaya a percibir el sujeto obligado a proporcionar la información.

En paralelo, cuando la operación no lleve aparejada contraprestación en moneda fiduciaria en su totalidad, y, por tanto, resulte necesario efectuar la valoración de la operación en euros, de nuevo los sujetos obligados tomarán la cotización media que ofrezcan las principales plataformas en la fecha en la que se haya efectuado la operación. Si ello no es posible se recurrirá otra vez a los mecanismos comúnmente utilizados de valoración.

 

 

Fuente: Cinco Dias

Hechos clave:
  • Hasta ahora, solo dos países convirtieron a bitcoin en moneda de curso legal.
  • Hay países en los que no hay leyes sobre bitcoin, pero aun así su uso está permitido.

¿Leíste alguna vez en las redes sociales que bitcoin (BTC) ahora es considerado moneda legal en Cuba o en Panamá? Ambas afirmaciones son incorrectas.

La confusión —que ha dado lugar a algunas fake news, o noticias falsas— se produce por ignorancia de la definición de tres conceptos que son: legalizar, regular y convertir en moneda de curso legal. Aunque suenen parecido, transmiten tres ideas diferentes, que a continuación serán detalladas.

Al terminar la lectura, podrás distinguir con mayor precisión cuál es el estatus de la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto en cada país y determinar si alguna próxima noticia que leas, o escuches sobre el tema, es cierta o no.

En primer lugar, veamos qué significa convertir a una moneda —cualquiera que sea— en dinero de curso legal en un país o jurisdicción. El Banco de España, por ejemplo, define al dinero de curso legal como la «moneda oficial en un Estado, en cuyo territorio goza de poder liberatorio». Esto significa, según la mencionada entidad, «que los ciudadanos de ese país están obligados a aceptarla como medio de pago de una deuda».

A esta definición, la enciclopedia de Internet, Wikipedia, añade que al dinero de curso legal también se lo denomina «moneda corriente» y «unidad monetaria». Según esta fuente, se trata de «la forma de pago, definida por la ley de un Estado, que se ha declarado aceptable como medio de cambio y forma legal de cancelar las deudas».

Por lo tanto, si yo ofrezco algún producto o servicio, estoy obligado a aceptar pagos en la moneda de curso legal en el país en el que me encuentre. Si estoy en Argentina, no podré rechazar pagos en pesos; si estoy en Venezuela no podré rechazar pagos en bolívares; y si estoy en España, no podré decirle que no a quien me paga con euros.

Entonces, en un país en el que bitcoin es moneda de curso legal, cualquier oferente de productos o servicios, así como el Estado que percibe haberes impositivos, está obligado a aceptar BTC para la cancelación de esos pagos.

Hasta el momento de la publicación de este texto, solo en dos países bitcoin es moneda de curso legal: El Salvador (ley vigente desde septiembre de 2021) y la República Centroafricana (ley aprobada y en proceso de reglamentarse y ejecutarse).

En El Salvador, el artículo 7 de la ley redactada por el presidente Nayib Bukele establece: «Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio».

Lo mismo ocurre en la República Centroafricana con el artículo 10 de la ley presentada por el presidente Faustin-Archange Touadéra: «Todo agente económico está obligado a aceptar criptomonedas como forma de pago».

En ningún otro país existe esta obligación de aceptar pagos en bitcoin. Si lees que bitcoin es moneda de curso legal en Cuba, Panamá, Ucrania, o cualquier país que no sea El Salvador o República Centroafricana, se trata —al menos, por ahora— de una información incorrecta.

¿Qué es legalizar a bitcoin?

El Diccionario Jurídico Elemental, de Guillermo Cabanellas de Torres, define a la legalización, entre otras acepciones, como la «ampliación de las normas jurídicas positivas a esferas o actividades antes excluidas del ordenamiento positivo».

Entonces, legalizar algo —lo que sea— significa que ese algo, antes prohibido (es decir, fuera de la ley), pasa a estar permitido. Para el caso que aquí nos concierne, bitcoin, legalizarlo significa cambiar el ordenamiento jurídico positivo para que su uso y/o tenencia deje de estar prohibida.

Hay países en los que bitcoin y las criptomonedas están prohibidos. En América, ese es el caso de Bolivia. También ha sido ampliamente reportado por CriptoNoticias el caso de China, donde es ilegal el intercambio y la minería de cualquier moneda digital.

Si alguno de esos países diera marcha atrás con su prohibición explícita, entonces puede hablarse de legalización. El ordenamiento jurídico se modificaría y bitcoin pasaría de estar prohibido, a estar permitido (es decir, legalizado).

Sobre esto hay una confusión frecuente: ¿qué pasa sobre los países que nunca prohibieron a bitcoin, pero que tampoco lo permitieron explícitamente? En estos casos suele regir lo que se conoce como «principio de legalidad» y establece que todo lo que no está prohibido, está permitido.

Según autores como el jurista y filósofo austríaco, Hans Kelsen, este principio forma parte de todo orden jurídico y su idea central es que el derecho prohíbe ciertas conductas, y las restantes, al no estar prohibidas, están automáticamente permitidas.

En algunos países, esto tiene estatus constitucional. Entre otros, ese es el caso de Argentina, cuya Constitución, en el artículo 19 establece:

«(…) Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».

Constitución de la Nación Argentina, artículo 19.

Por lo tanto, no se requiere un permiso explícito del Estado para poder utilizar bitcoin o cualquier otra criptomoneda. De todos modos, su uso deberá estar encuadrado dentro del ordenamiento legal en vigencia, es decir, que debe ser para fines que no infrinjan las leyes.

¿Qué es regular a bitcoin?

Como se vio en el punto anterior, puede que el uso de bitcoin esté permitido en un determinado país, sin que existan leyes que explícitamente así lo determinen. Simplemente por el hecho de no estar prohibido es que puede usarse.

Cuando se emiten leyes o reglamentos que detallan cómo es que bitcoin puede ser utilizado, qué impuestos pagarán las transacciones, en qué casos no puede usarse, etcétera, allí se habla de regulación.

La Real Academia española brinda algunas definiciones del verbo «regular» que son útiles para entender la idea. Se explica en el diccionario que equivale a «ajustar, reglar o poner en orden algo». También puede significar el «ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines». Por último, puede ser el «determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo».

Recientes casos de regulación sobre bitcoin son los que ocurrieron en Panamá Cuba, ambos reportados por CriptoNoticias. En esos países, el Estado a través de organismos que lo constituyen, sancionó leyes y reglamentos que estipulan cómo es que las criptomonedas deben ser utilizadas.

Por ejemplo, en Panamá, la ley aprobada establece que tanto individuos como comerciantes podrán pactar el uso de criptomonedas sin limitación como medio de pago. Pero esto no significa que sean moneda de curso legal, porque la aceptación no es obligatoria.

En el caso cubano, una reciente legislación establece los requerimientos que deben cumplir las empresas que brindan servicios con bitcoin u otras criptomonedas. Eso es un tipo de regulación hacia la industria.

Visto todo esto, debería quedar clara la diferencia entre hacer a bitcoin moneda de curso legal, legalizarlo y regularlo. Son tres conceptos que suenan parecido, pero difieren en gran manera en implicaciones.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/

 

Aun así, solo un 5,3% del total de inversores de cripto de nuestro país ha recibido el aviso, según informan desde TaxDown

La proliferación de la inversión en criptomonedas en nuestro país ha tenido como principal consecuencia que el Ejecutivo avance con la creación de un marco legal que defina estas divisas. Esto se debe a que Hacienda aumenta un 1.400% los avisos por inversiones en criptos.

Una de las grandes apuestas de este año es la creación de una casilla específica (la 1626 y siguientes) en la declaración de la renta para estas monedas virtuales, con el objetivo de ofrecer un IRPF más transparente.

Esta novedad también se ha visto reflejada en el número de avisos que ha enviado la Agencia Tributaria que ha alcanzado la friolera de 233.000, es decir, un 1.474% más que el año anterior, cuando sólo se trasladaron 14.800 notificaciones, según confirman desde TaxDown.

A pesar de este aumento en el número de alertas, solo se han enviado al 5,3% de los inversores de criptomonedas, según informan desde TaxDown. Puesto que hay que tener en cuenta que las personas que invierten en este tipo de divisas ya alcanza los 4,4 millones, según refleja el ‘III Informe sobre conocimiento y hábitos de fintech’ de Asufin. Con todo, en esta campaña de la declaración de la renta solo tendrán que incluir criptos en el IRPF aquellos contribuyentes que hayan vendido o intercambiado en 2021 alguna de estas monedas virtuales, independientemente de si se han obtenido ganancias o pérdidas en el proceso. Pero no tendrán que hacerlo aquellos que simplemente las compraron y no hicieron ningún movimiento con ellas.

Avance en una regulación de las criptomonedas

De esta manera, se avanza en una regulación de las criptomonedas en un contexto en el que estas divisas han entrado en la actualidad debido a la invasión de Ucrania y a la aparición de posibles sectas ligadas a estas monedas.

Asimismo, en un ámbito europeo, la primera directiva para enmarcar legalmente y específicamente estos activos comenzó a elaborarse en 2018, el conocido como el Reglamento MiCA, aunque se espera que no entre en vigor hasta 2024. Mientras tanto, en España, se rigen por el tratamiento normal de las ganancias y pérdidas patrimoniales provocadas por la transmisión de elementos.

Fuente: www.capitalradio.es

Axie Infinity’ es el videojuego con tecnología NFT más importante del mundo

El mayor robo de criptomonedas de la historia se ha llevado a cabo en un videojuego. Un grupo de hackers ha extraído más de 620 millones de dólares (557 millones de euros al cambio) del videojuego Axie Infinity, popular por su uso de los NFT. Los atacantes habrían aprovechado una brecha en la seguridad para acceder a la plataforma.

El juego Axie Infinity funciona a través de una red de blockchain controlada por el proyecto Ronin, la empresa que ha recibido el ataque informático. Según explica la propia compañía, el hacker realizó dos transacciones: una de 173.600 Ethereum y una de 25,5 millones en USDC, la moneda virtual vinculada con el dólar americano. En total, la suma del robo asciende a más de 620 millones de dólares.

Ronin descubrió ayer que había sido atacada, cuando un usuario intentó retirar 5.000 Ethereum y el servicio no le dejó. En ese momento, la empresa empezó a tomar medidas para evitar un nuevo hackeo y pidió ayuda a los equipos de seguridad de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas.

‘Axie Infinity’ y los NFT en los videojuegos

Axie Infinity es conocido por ser el principal videojuego con tecnología NFT. La premisa es similar a la de un Pokémon: los usuarios coleccionan pequeños monstruos de bolsillo llamados Axie, aunque, en este caso, estos son activos digitales con un valor en el mercado de las criptomonedas. En el fondo es un juego extremadamente sencillo que no destaca por sus mecánicas, su estilo visual o su jugabilidad.

El uso de NFT en los videojuegos es bastante controvertido. Muchos usuarios y grandes empresas ven a esta nueva tecnología como el futuro del ocio electrónico, mientras que muchos otros se refieren a ella con desconfianza. Lo cierto es que los NFT aún no se han implementado con éxito en ningún videojuego grande e importante de ninguna compañía y no está demasiado claro qué pueden aportar de interesante al sector.

Fuente: La Vanguardia

El BOE publica los modelos de declaración de los dos impuestos.
Recuerda al contribuyente cuáles son las deducciones por rehabilitar viviendas.

 

A partir del próximo 6 de abril y hasta el 30 de junio, en torno a 20 millones de contribuyentes tendrán su cita anual con Hacienda para presentar su borrador de declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP). El viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se aprueban los modelos de declaración, así como el procedimiento para la presentación por medios exclusivamente electrónicos o telefónicos.

Sin embargo, y pese a que la determinación de las cuotas de ambos impuestos van en función de las rentas generadas en 2021 y por lo tanto eso ya no puede modificarse, la orden del Ministerio de Hacienda viene a incidir en aquellos aspectos que al contribuyente pueden resultarle más complicados o son novedosos en los conocidos modelos D-100 o D-714.

De hecho, según se recoge en la explicación de motivos de la norma publicada, todas las modificaciones persiguen mejorar la asistencia del contribuyente y limitar, dentro de lo posible, los requerimientos a los contribuyentes con el fin de conseguir una administración tributaria más eficiente.

 

Casilla para las criptomonedas

La principal novedad del modelo de declaración de la renta es que este año introduce un apartado que sirve para identificar los saldos de monedas virtuales y que hasta ahora debían incluirse en el apartado genérico de demás bienes y derechos de contenido económico. El fuerte incremento de actividad que está teniendo este activo en forma de criptomonedas ha sido decisivo para que la Agencia Tributaria se haya decidido a modificar el modelo de declaración facilitando al declarante su ubicación en el documento de declaración de estas monedas virtuales, no físicas y que deben su nombre a que utilizan la criptografía como medio de control.

 

Rehabilitación

Dentro del impuesto sobre la renta, una de las principales novedades en el apartado de las deducciones de la cuota íntegra se encuentra en las bonificaciones por obras de mejora de la eficiencia energética de vivienda, introducidas para impulsar la parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relativa a la agenda urbana y acelerar la modernización del parque residencial, uno de los objetivos fijados por la Comisión Europea para impulsar la transformación verde y sostenible.

Las deducciones oscilan entre el 20% y el 60% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas, con diferentes bases máximas por vivienda y tipo de intervención. A grandes rasgos, hay una deducción del 20% para quienes, al realizar determinadas obras, reduzcan al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, con una base máxima de 5.000 euros.

Se contempla otra bonificación del 40% para los propietarios que rebajen hasta un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética. En este caso el límite está en los 7.500 euros.

Por último, se permite otra de hasta el 60% para edificios enteros aplicable a cantidades satisfechas por personas físicas propietarias de vivienda, condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30% como mínimo, o bien, a la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación. En este caso, el límite se sitúa en los 5.000 euros anuales, con un tope máximo de 15.000 euros en el plazo de cuatro años.

 

Alquiler

El modelo de la declaración de la renta también incluye una casilla para que “los arrendadores distintos de los grandes tenedores”, es decir, los que tienen en propiedad un máximo de 10 inmuebles o menos de 1.500 metros cuadrados construidos, puedan consignar como gasto deducible la rebaja de la renta que voluntariamente hubiesen aplicado sobre sus locales alquilados a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19.

 

Subvenciones y ayudas públicas

Otra de las mejoras recogidas en el denominado modelo 100 es la referente a la declaración de las subvenciones y las ayudas públicas que pueden imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes. En años sucesivos el servicio de tramitación del borrador/declaración informará de las cantidades pendientes de imputar en los próximos periodos impositivos.

 

Distinción en las aportaciones a previsión social

El documento aprobado por Hacienda distingue las aportaciones individuales de las empresariales imputadas por el promotor en los periodos impositivos de 2016 a 2020, pendientes de reducción a 1 de enero de 2021 en la base imponible. La separación también se efectúa respecto de las aportaciones y contribuciones correspondientes al ejercicio 2021 para la aplicación de los nuevos límites establecidos en el artículo 52 de la ley del impuesto.

 

Inversión en cine

En cuanto a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas, este ejercicio se recoge la posibilidad de que los contribuyentes que realicen una actividad económica puedan aplicar las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas españolas de largometrajes y cortometrajes, así como por la producción de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, ya sea como productores o porque aporten cantidades para financiar o sufragar el total o parte de los costes de producción.

 

Patrimonio

Dentro del impuesto sobre patrimonio, Hacienda extiende a todos los no residentes, sean de zonas europeas o de países terceros, el derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la comunidad autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija abonar el tributo.

 

 

 

Fuente: www.cincodias.elpais.com

La nueva legislación audiovisual impondrá fuertes sanciones a los ‘vloggers’ por publicidad engañosa o infracciones de la protección al menor o delitos de odio
Los influencers cada vez tienen mayor relevancia social y su repercusión no solo se mide en el número de visionados sino en las ventas millonarias de los productos que promocionan en sus vídeos a través de redes como Instagram, Facebook o YouTube. Sus contenidos van desde la moda a la tecnología, pasando por el deporte, la cocina o la vida saludable. Y, contrariamente a lo que les ocurre a las empresas audiovisuales tradicionales como las cadenas de televisión, gozan de total libertad para difundir cualquier mensaje, porque no están sometidos a ningún control específico por su actividad.

Pero esta situación está a punto de cambiar. La nueva ley Audiovisual, cuya aprobación parlamentaria está prevista para el primer semestre de este año, va a incluir por primera vez la actividad de estos “vloggers o nuevos agentes audiovisuales que utilizan y difunden sus contenidos a través de plataformas de intercambio de vídeos”, según la denominación oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la nueva norma, los influencers que tengan una actividad profesional van a ser declarados “prestadores de servicio de comunicación audiovisual”, y, por tanto, tendrán que someterse al régimen de obligaciones y responsabilidades de los tradicionales agentes del medio como las cadenas de televisión. El incumplimiento de esas normas acarrea unas sanciones de hasta un millón de euros o la retirada de la licencia en el caso de las infracciones más graves, por lo que los videobloggers deberán revisar bien sus guiones y cuidar sus intervenciones si no quieren ver truncada su carrera profesional.

Se trata de un cambio normativo muy relevante porque los videos que difunden influencers como El Rubius, Dulceida, Ibai Llanos, Patry Jordán, Pelayo Díaz, Dalas Review, Patty Dragona, David Dobrik o Georgina Rodríguez tienen más impacto mediático y publicitario que la mayor parte de los programas que emiten las cadenas generalistas como Telecinco o Antena 3.

Pero no todos los usuarios que suban un vídeo a las redes sociales van a tener que someterse a esa regulación. De acuerdo a la propuesta de la CNMC, que está abierta a consulta pública y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, para que un influencer pueda equipararse a un servicio de comunicación audiovisual deben cumplirse hasta siete requisitos: tratarse de un servicio económico; el prestador debe ostentar la responsabilidad editorial sobre los contenidos que ofrece; debe ser un servicio dirigido al público en general; la función de los contenidos tiene que ser principalmente informar, entretener o educar; su propósito principal será la provisión de programas, y esos programas deben ser audiovisuales y deben proveerse mediante redes de comunicaciones electrónicas.

La repercusión más inmediata de esta declaración como prestadores de comunicación audiovisual es que los influencers tendrán que afinar sus mensajes para no incurrir en importantes sanciones económicas. En particular, la emisión de contenidos que de forma manifiesta se consideren que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

La ley hace también hincapié en la protección al menor, y en su nueva redacción incluirá limitaciones para los influencers en la temática y horarios para difundir ciertos contenidos dirigidos al público más joven, como la que ya restringe las emisiones de las teles.

Publicidad engañosa

No obstante, los influencers más célebres y con más ingresos no suelen meterse en terrenos pantanosos en materias ideológicas, debido a que su contenido aspira a llevar el mensaje al espectro sociológico más amplio posible, y suelen optar por videos de apariencia simpática y contenido más bien intrascendente. En el fondo, su objetivo en la mayor parte de los casos es hacer llegar el mensaje publicitario de una forma subliminal de los patrocinadores que les financian. Por eso, la inclusión de su actividad en la nueva ley Audiovisual va a suponer un duro golpe para la mayor parte de ellos, porque establece un corsé normativo y de control de la publicidad que transmiten en sus vídeos.

Cuando entre en vigor, los influencers podrán ser sancionados administrativamente por la emisión de comunicaciones comerciales encubiertas, que utilicen técnicas subliminales, o que fomenten comportamientos nocivos para la salud o la seguridad de las personas o para el medio ambiente, según ha podido conocer este diario. Es decir, se va a perseguir la publicidad engañosa, que ahora se abre terreno libre en mucho de los canales de estos influencers, y que ha tenido repercusiones públicas con casos sonados de promoción a la anorexia, la ludopatía o incluso la adicción a las drogas.

También en Andorra

Una de las principales novedades de la ley es que la supervisión a los influencers se producirá, aunque no estén domiciliados en España (Andorra, por ejemplo), siempre y cuando sus contenidos sean ofrecidos en España. “Podrán estar bajo la supervisión de la CNMC servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por prestadores sujetos a la jurisdicción española, que pueden ser personas físicas o jurídicas no necesariamente domiciliadas en España”, señala el borrador. De esta forma, aunque los influencers hayan podido escapar del régimen tributario mudándose a países con fiscalidad más liviana, como el sonado caso de El Rubius cuando se mudó a Andorra, estarán sujetos al control de su publicidad y contenidos aunque residan en otro Estado.

No obstante, la ley subrayará que no todas aquellas entidades que emitan contenidos audiovisuales en las plataformas deberán ser consideradas prestadores audiovisuales per se. Así, por ejemplo, aquellos servicios en los que no concurran dichos criterios, “como los vídeos generados por los usuarios finales donde no prima un interés económico ni realmente tienen un impacto significativo en la audiencia” estarán excluidos de la aplicación de la ley. Es decir, la mayor parte de los millones de vídeos que suben los particulares a las redes sociales cada día para destacar algún capítulo de su vida cotidiana o empatizar con los amigos.

El cambio es sustancial porque hasta ahora la actividad de los influencers profesionales no está sometida a ninguna norma, más allá del Código Penal y del régimen fiscal a los todos los ciudadanos están sujetos. La única iniciativa hasta ahora para tratar de encauzar esta labor es un código de conducta para influencers no vinculante que se lanzó a finales de 2020. Se trata del Protocolo de fomento de la autorregulación en medios digitales, firmado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y Autocontrol con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Consumo. El objetivo del código era que los contenidos digitales o menciones realizadas por influencers que tengan naturaleza publicitaria sean identificables como tales para sus seguidores.

Entre otros, el código de conducta establece que en aquellos casos en los que la naturaleza publicitaria del contenido no sea clara y manifiesta, será necesario incluir una indicación al respecto que debe ser explícita, inmediata y adecuada al medio y mensaje sobre la naturaleza publicitaria de tales menciones o contenidos. También establece que las empresas adheridas informarán de la existencia del código a los influencers, así como y que deberán favorecer la adhesión de estos al mismo e incluir en sus contratos con ellos la necesidad del cumplimiento de las normas éticas contenidas en el código.

“No hay ninguna ley como tal que regule la actividad de los influencers, solo un código de conducta con una serie de reglas básicas para que los contenidos publicitarios se acomoden a los valores que quiere la marca sin sobrepasar ningún límite, y no hemos tenido nunca ningún problema”, señala Álvaro Sanz, responsable del departamento de Social Media de Neoattack, una agencia de marketing que a influencers en alguna de sus campañas.

Fuente: https://elpais.com/

Els canvis suposaran que la sanció serà com a màxim del 50% del valor del bé o els valors no declarats i que no es pugui reclamar res si fa cinc exercicis o més de la seva adquisició.

El govern espanyol treballa per adaptar la normativa sobre la declaració de béns a l’estranger -el polèmic model 720- per adaptar-la a la contundent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). L’executiu preveu reduir considerablement les multes de les sancions per no fer-ho i, també, imposant una prescripció de quatre anys. El canvi podria facilitar que molts ciutadans del país veí del sud regularitzin immobles que tenen el Principat.
Des del mateix moment que es va conèixer la resolució del TJUE, el govern que encapçala Pedro Sánchez ja va anunciar la voluntat de fer modificacions legislatives per acatar-la i adaptar-s’hi. Els canvis s’estan ja preparant i, segons ha avançat el diari ‘El País’ inclouran unes multes considerablement inferiors a les tombades per la justícia comunitària i la fi d’una altre punt que també generava molta controvèrsia: que no hi havia prescripció.

Per impulsar la nova normativa, el govern de coalició PSOE-Podemos preveu aprofitar una llei, la de modificació de l’impost de societat i del de la renda de no residents, ara a tràmit al Senat. Es faran esmenes amb els canvis. I s’espera que aquests puguin ser aprovats en un termini relativament breu.

Així, per un costat, es tocaran les multes previstes per aquells contribuents que no declaressin un bé o fons a l’estranger, com ara un pis comprat a Andorra. Malgrat ser un tràmit merament informatiu, no fer-ho (sempre que el valor fos superior als 50.000 euros) podia suposar, amb la normativa tombada pel TJUE, sancions molt elevades per cada dada omesa o comunicada fora de termini i, fins i tot, una quantitat equivalent al 150% del valor del bé del qual no s’hagués informat. Ara, aquest càstig serà, com a màxim, del 50%.

I, pel que fa a la prescripció, es marcarà el termini ja fixat pels delictes fiscals: quatre anys. Segons els experts consultats per Altaveu això podria suposar que si el bé, com ara un immoble, s’ha comprat fa més temps, Hisenda no podria fer cap reclamació al contribuent ni, evidentment, imposar cap sanció.

L’objectiu del govern espanyol és que aquestes modificacions puguin estar enllestides abans del 31 de març. Això suposaria tenir-ho abans que acabi el termini per presentar el model 720 relatiu a l’exercici 2020.

Font: Altaveu

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència planteja que els creadors de continguts haurien de tenir les mateixes normes que les cadenes i això ha indignat molts d’ells, sumat a la proposta de les noves quotes dels autònoms

L’arribada de ‘youtubers’ espanyols a Andorra, amb el cas del ‘Rubius’ com a nom més destacat va tenir un motiu principal: la recerca d’un marc fiscal menys dur. Ara, però, altres creadors de continguts que encara romanen al país veí estan plantejant-se seguir el mateix camí. La causa? La voluntat d’imposar-los les mateixes normes que a les cadenes de televisió.
Segons han posat en relleu alguns mitjans espanyols, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) preveu equiparar aquests professionals amb la llei general de comunicació audiovisual. Per tant, es vol que estiguin sotmesos a les mateixes regles que els mitjans tradicionals. I això vol dir, per exemple, identificar la publicitat o deixar clar quina és la classificació d’edat de cada emissió. I també es podria imposar un pagament d’un cànon sobre la música o els videojocs que utilitzen en les seves retransmissions.

Aquesta possibilitat ha generat alarma i indignació entre els ‘youtubers’ que encara resideixen a Espanya, que entenen que l’aplicació de la normativa pensada per a cadenes de televisió, en molts casos, faria inviable el seu actual model de negoci. I així ho han fet saber en algunes de les seves emissions o a través de les xarxes.

I no són pocs els que han posat en relleu quina seria l’alternativa: marxar d’Espanya. I Andorra seria el destí. “Sempre he dit que em quedo perquè aquí estan els meus pares, però no sóc imbècil. Si cal, faig les maletes”, ha afirmat, per exemple, Cristina López ‘Cristini’, especialitzada en la narració d’esports electrònics.

“Si això entra en vigor, sou conscients que la penya marxaria a Andorra?”, demanava IlloJuan, posició similar a l’expressada per Carola. “Si em ve Espanya i em diu que haig de tenir uns horaris, fer unes coses i donar un contingut… bon dia, marxo a Andorra. Seria d’imbècils quedar-se aquí”, ha apuntat.

La sensació que tenen molts, fins i tot alguns dels ja residents al Principat, és que la mesura que estudia la CNMC estaria influenciada per les pressions dels grans grups de comunicació. A banda, ara es té clar que per a aquells que han emigrat cap a Andorra la decisió ha estat beneficiosa: segueixen tenint una gran presència i, a més, s’estalvien una gran quantitat de diners en impostos. Caldrà veure, doncs, com evoluciona el treball de l’òrgan regulador i si, finalment, s’opta per aquesta mesura. I, si això succeeix, si les amenaces dels ‘youtubers’ acaben fent-se realitat.

Aquesta possibilitat se suma a un altre fet també molt criticat pels creadors de contingut: les quotes dels autònoms. La reforma proposada des del govern espanyol també va generar una important indignació entre el col·lectiu. Un dels més enutjats va ser el Xokas: “Que no es passin de llestos perquè marxo a Andorra”, va arribar a assegurar.

Fuente: www.altaveu.com

Desde enero del 2022 ha entrado en vigor la ley 37/2021 de 16 de diciembre, de transposición de la 5a Directiva europea, y que al igual que en España, modifica parcialmente la vigente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de Andorra, obligando a todos los proveedores de servicios de activos digitales a adoptar medidas de diligencia debida que implica, entre otras cuestiones a tener debidamente identificados a los clientes/beneficiarios que hagan operaciones con activos digitales, aunque sean ocasionales, por importes igual o superior a 1.000€, si estos efectúan operaciones de intercambio entre activos digitales, estos con activos fiat, almacenaje, custodia o depósito de los mismos, o presten servicios financieros relacionados con la venta inicial o emisión de un activo digital por un emisor.

 

Tendrá poder en las comunicaciones publicitarias que se dirijan a españoles

El idioma, que exista una web y los teléfonos serán determinantes

España será pionera en el control de la publicidad sobre criptoactivos. La CNMV se ocupará a partir del próximo jueves, 17 de que los anuncios, también los que realicen los influencers en sus redes, mitiguen el riesgo de que atraigan a pequeños inversores. Las campañas masivas necesitarán autorización previa y su ámbito de actuación no se limitará a España. Cualquier personaje relevante estará en el ojo del supervisor si el mensaje se dirige a inversores españoles. El idioma y que exista una web o teléfonos de contacto serán claves para que pueda intervenir.

Los poderes del supervisor español de los mercados trascenderán las fronteras patrias. Tendrá capacidad de intervención sobre cualquier actividad publicitaria dirigida a inversores en España y se presumirá que es así cuando se efectúen en español, “salvo que contengan medidas que atestigüen que los servicios o productos promocionados no están dirigidos o no son accesibles a inversores en España”. Incluidas, por supuesto, las que realicen los influencers en cualquier red social: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok…

El arsenal que se guarda el vigilante de los mercados que preside Rodrigo Buenaventura es amplio. Puede ponerse en contacto directamente con el influencer, con la empresa que paga el anuncio, con el canal que lo distribuye o con una eventual agencia de publicidad que esté de por medio.

Las reglas serán las mismas para los criptoinfluencers que para el resto de las campañas. Incluirán, con un espacio que suponga al menos una quinta parte del anuncio, el siguiente aviso a navegantes: “La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido”.

La actividad de criptos de Rafa Nadal no estará bajo la lupa de la CNMV

Y no solo eso, habrán de incluir o indicar dónde consultar otros 12 peligros. Entre ellos, que los precios de los criptoactivos se constituyen en ausencia de mecanismos que aseguren su correcta formación y que las facilidades de anonimato que pueden aportar los convierten en un objetivo para los ciberdelincuentes.

También estarán sometidos al régimen de autorización previa para campañas que se consideren masivas, aquellas que se dirijan a más de 100.000 personas. Para las redes sociales se usará como medida “el más elevado entre el número de usuarios estimados en las campañas publicitarias y el número de seguidores de las cuentas utilizadas”.

La primera incursión que realizó la CNMV en la cuestión de los criptoactivos fue el pasado 24 de noviembre, cuando llamó la atención al futbolista Andrés Iniesta por anunciar en sus redes sociales la plataforma Binance. Entonces ya contaba con la habilitación expresa del Gobierno, en una reforma exprés de la ley del mercado en marzo de 2021, para que pudiera tomar cartas en el asunto.

El coordinador de las comisiones europeas de valores, ESMA, avisó en un documento fechado el pasado 31 de enero del riesgo creciente de la influencia de las redes sociales en las decisiones de inversión. Desde octubre del año pasado cuenta con un manual para intervenir en redes en temas financieros sin ser sancionado.

Mientras tanto, el número de casos contra famosos que han empleado sus redes sociales para promocionar criptoactivos crece. La modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian, el exjugador de la NBA Paul Pierce y el boxeador Floyd Mayweather Jr. han sido demandados. El mes de mayo pasado promocionaron un token llamado EthereumMax. Más de medio año después, la estrella estadounidense y la leyenda del boxeo se enfrentan a una demanda en la que se alega que las celebridades engañaron a los inversores en la promoción de la criptomoneda.

Matt Damon lanzó una campaña, también en España, para la plataforma Crypto.com. Los anuncios también tuvieron sus tentáculos en Twitter, aunque estos se realizaron en inglés.

El flamante ganador del Open de Australia, Rafa Nadal, lanzará una colección de tokens no fungibles, que son únicos y no intercambiables, con Autograph. Este tipo de activos, considerados arte, no está sometido al control publicitario por parte de la CNMV.

Avalancha de advertencias del supervisor

  • Entidades no registradas. La CNMV lanzó ayer sus propias advertencias sobre entidades no registradas, así como los avisos recibidos por otros organismos supervisores. En número, los que se llevan el premio gordo son los chiringuitos relacionados con las criptodivisas.
  • Sin regulación. Cierto es que la ausencia de un marco jurídico –la directiva europea MiCA está todavía en proceso de elaboración y no se espera que comience a aplicarse al menos hasta 2024– provoca un vacío legal en las actividades de este tipo. Los primeros movimientos del Gobierno español se refieren solo a la publicidad y la tributación.
Fuente: https://cincodias.elpais.com/