La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) advierte de la posible inconstitucionalidad de la reforma para permitir el registro en domicilio por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Lo señala en un informe que acaba de publicar, que lleva por título ‘la reforma de la Ley General Tributaria y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con la entrada y registro en el domicilio por la AEAT: visos de inconstitucionalidad’.

Su autor, José Luis Bosch Cholbi, profesor titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia y miembro de AEDAF, lleva a cabo un estudio pormenorizado de la problemática relativa a las frecuentes entradas y registros domiciliarios que realiza la AEAT.

Estos registros domiciliarios suelen llevarse a cabo con autorización judicial, aunque sin solicitar normalmente el consentimiento previo del titular.

El Tribunal Supremo, tal y como recuerda la asociación, en dos sentencias de 2019 y 2020, concretó qué contenido y requisitos debía cumplir esa autorización judicial, y exigió que, si no se ha notificado al contribuyente el inicio del procedimiento inspector, la AEAT no puede dirigirse al juez.

La reacción de la AEAT ha sido inmediata. Según se expone en el informe de AEDAF, se ha aprovechado la tramitación de un Proyecto de Ley de medidas contra el fraude fiscal para intentar que se introduzcan unas modificaciones en la LGT y la LJCA que pretenden dejar en papel mojado la doctrina garantista del Tribunal Supremo, reforzando las actuaciones de la AEAT en el domicilio de manera «tan deficiente e imprecisa» que generará una tremenda inseguridad jurídica a los contribuyentes, a los Tribunales de Justicia y a la propia AEAT.

Además, añade que la reforma legislativa incumple la exigencia constitucional de que sea una ley orgánica la que desarrolle ese derecho fundamental del artículo 18.2 de la Constitución, por lo que podría incurrir en inconstitucionalidad.

En definitiva, como explica Bosch Cholbi, «de aprobarse, en estos términos, la reforma de la LGT y la LJCA, se traslada la impresión, no quimérica, de que solo merecen previsiones legislativas especiales las entradas domiciliarias que lleva a cabo la AEAT, y cuando el Legislador se decide a intervenir, solo lo hace para reforzar la correspondiente potestad administrativa, cuando lo procedente hubiera sido llevar a cabo una regulación completa y genérica del derecho fundamental ante las entradas de las administraciones públicas en domicilio, en su conjunto». 

Fuente: confilegal.com

El tribunal insiste en que, para excluir la reducción del 30% de los rendimientos generados en un periodo superior a dos años, es el fisco quien debe probar su habitualidad o regularidad

Nuevo tirón de orejas del Tribunal Supremo a Hacienda por no admitir, sin justificación, que los abogados se apliquen la reducción establecida para los rendimientos generados durante un periodo superior a dos años, pero percibidos de una única vez. En una reciente sentencia, el alto tribunal ha anulado la sanción de 6.350 euros impuesta a un letrado por la liquidación del IRPF del ejercicio de 2012, y reprocha al fisco que «no ha probado en absoluto» la existencia de las circunstancias que permiten excluir la aplicación de la reducción del 40% que pretendía el profesional (en la actualidad, la ley la establece en el 30%).

El asunto enjuiciado gira en torno a la aplicación del artículo 32.1 de la Ley del IRPF en el ejercicio de la abogacía. Dicho precepto establece que «los rendimientos netos con un periodo de generación superior a dos años (…) se reducirán en un 30%, cuando se imputen en un único periodo impositivo». En cambio, continúa el artículo en su tercer párrafo, la reducción no resultará de aplicación cuando las rentas «procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos». Una reducción fiscal que se justifica para mitigar los efectos de la progresividad cuando las rentas se cobran de una sola vez, pero son una contraprestación por trabajos o servicios realizados durante varios ejercicios.

¿Encaja el ejercicio profesional de los abogados dentro de la excepción? Según Hacienda, sí. De hecho, la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana recurrida, dictada en 2014 y que denegaba la aplicación de la reducción, aseveraba que «las facturas referidas ponen de relieve que la propia actividad de la abogacía de forma habitual o regular genera este tipo de rendimientos derivados de la dirección técnico-jurídica en procedimientos judiciales que se alargan más allá de dos años en el tiempo, lo que descarta la aplicación de la reducción pretendida». Una posición que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autonómico en una sentencia dictada en abril de 2019 y que el demandante recurrió en casación.

El Supremo, sin embargo, reitera la doctrina establecida en su sentencia de 19 de marzo de 2018. En ella, determinó que la aplicación de la excepción contenida en el tercer párrafo del artículo 32.1 de la Ley del IRPF no puede hacerse de modo global sobre la profesión de abogado, sino que deberá «atenderse a la singular situación personal del contribuyente sometido a regularización, a la índole concreta de su actividad (defensa en juicio, asesoramiento, consulta, arbitraje, asistencia a órganos de administración mercantil, etc.) y a la naturaleza de los rendimientos obtenidos en su ejercicio, con respecto de los cuales se pueda precisar cuáles son regular o habitualmente obtenidos». Es decir, no cabe extraer una regla general sobre los letrados, sino que es necesario un análisis caso por caso. «La interpretación de tal excepción, por tanto, ha de hacerse por referencia a los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo, único en quien se manifiestan las notas de regularidad o habitualidad, no atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las características del sector o profesión de que se trate», remarcó el tribunal.

El deber de probar que se produce esa regularidad o habitualidad, en todo caso, será de la Administración tributaria, quien, a su vez, sufrirá las consecuencias de no acreditarlo, soportando la reducción de los ingresos fiscales. Así, en el caso analizado, el alto tribunal censura al fisco no haber justificado y motivado las razones por las que considera que la reducción debe excluirse.

Reproche al fisco

En su sentencia, el Supremo recupera su reproche a Hacienda por convertir en norma lo que en la ley se configura como una excepción. «La regla es la reducción de los rendimientos y la excepción es su eliminación por razón de habitualidad o regularidad», recuerdan los magistrados. Y continúan: «Como tal excepción ha de ser tratada, lo que significa que debe evitarse el riesgo de emplear un concepto restringido en la apreciación de la regla y otro expansivo cuando se trata de integrar los casos en la excepción a dicha regla. En otras palabras, la excepción no debe predominar sobre la regla, haciéndola inviable o dificultando su aplicación». Así, la sala pretende que, por la vía de una interpretación ‘exacerbada’ de los conceptos de habitualidad o regularidad, se esté limitando el derecho que la ley reconoce a los contribuyentes.

Juan Antonio Oliveros: «Un abogado concreto puede ser excluido, pero no cabe predicar esa solución para toda la colectividad profesional»

Juan Antonio Oliveros, socio del bufete Romá Bohorques, resalta que la resolución «supone un gran avance y espaldarazo a la fiscalidad de numerosos colectivos de profesionales liberales» (no solo abogados, también arquitectos, economistas, ingenieros, etc.), porque «despeja muchas dudas» sobre la aplicación del artículo 32.1 de la Ley del IRPF. Para al letrado, la sentencia tiene dos consecuencias de especial relevancia. La primera es que contribuye a eliminar incertidumbre sobre si la abogacía puede aplicarse la mencionada reducción. Y, en segundo término, concreta que la limitación «debe interpretarse atendiendo a los rendimientos percibidos por el contribuyente en cuestión, sin que sean válidas aproximaciones apriorísticas referidas de forma abstracta a toda una profesión liberal». O dicho de otro modo: el beneficiario concreto puede quedar fuera, pero «no cabe predicar la exclusión respecto a toda una colectividad de abogados».

www.elconfidencial.com

La Agencia Tributaria incluye en sus directrices de actuación para este año el uso de ‘big data’ tras la polémica de los ‘youtubers’ que se mudan a Andorra

Hacienda estrechará el cerco sobre los contribuyentes que dicen vivir en el extranjero. Y lo hará a través de una de las tecnologías más en boga: el big data. Así se desprende del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2021, cuyas directrices generales se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Agencia Tributaria utilizará el tratamiento masivo de datos para comprobar que los españoles que dicen haberse ido de España de verdad tienen residencia fiscal en el extranjero.

La publicación de las directrices de la Agencia llega en plena polémica sobre el traslado de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos. El Rubius ha sido el último influencer en anunciar que se mudará al microestado, hasta hace unos años considerado un paraíso fiscal tanto para España como para varios organismos internacionales por su secretismo bancario. Aunque el creador de contenido digital aseguró que la decisión de mudarse no tiene que ver con el dinero, también añadió que la imposición fiscal más laxa que tiene Andorra supone para él “un plus”.

Hacienda subraya que “las especiales características” de los contribuyentes más acaudalados, que más capacidad tienen y más uso hacen de la ingeniería fiscal, “requieren el uso de mecanismos de análisis sofisticado para investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios”. Por ello, la Agencia Tributaria ha venido desarrollando herramientas informáticas específicas, basadas en el procesamiento del big data, para “determinar el patrimonio neto de los ciudadanos, sus flujos globales de renta y sus relaciones familiares, económicas y societarias”. En otras palabras: comprobar si de verdad un contribuyente vive en el extranjero y no tiene que tributar en España.

Para cambiar la residencia fiscal no solo es necesario vivir más de 183 días (la mitad del año) en el extranjero. La normativa que regula el impuesto sobre la renta también tiene en cuenta dónde está el centro de intereses económicos relevante y operativo ―por ejemplo, la sede de la empresa donde el contribuyente sea titular, las cuentas bancarias, etcétera…―, y las relaciones familiares más cercanas.

Hacienda asegura que el resultado de las comprobaciones realizadas a través del uso masivo de datos se plasmará en el desarrollo de expedientes de comprobación que se iniciarán en 2021. “Los análisis desarrollados a través de esta nueva herramienta facilitan a la inspección tributaria la ejecución de las tareas necesarias para conocer de una forma ágil y eficiente los indicios de residencia, lo que permitirá intensificar durante este ejercicio las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados que dispongan de un nivel relevante de patrimonio o de renta”, aclara el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero aprobado para este año.

Vigilancia de los negocios menos golpeados por la crisis

La pandemia del coronavirus y las restricciones impuestas para limitar los contagios han supuesto un varapalo para la actividad económica, que sin embargo no han castigado por igual a todos los negocios. Mientras que sectores como el turismo o la hostelería han encajado el mayor golpe, otras actividades, muchas de ellas digitales, han resistido al vendaval e incluso han mejorado su desempeño. Y es ahí donde Hacienda quiere poner la lupa.

El plan de control tributario señala que la Agencia prevé evaluar “con un mayor nivel de prioridad” aquellas actividades de multinacionales y grandes empresas que han sido menos perjudicadas por la crisis desatada por la covid-19. Aunque no ofrezca una lista detallada de los sectores sobre los cuales pretende estrechar el cerco, sí menciona expresamente el negocio digital: “Especialmente en este 2021, la Agencia Tributaria prevé incrementar las actuaciones en aquellas actividades digitales que, en el contexto actual, puedan presentar un mayor riesgo tributario”.

Hacienda señala que estas comprobaciones irán dirigidas a averiguar que los gastos financieros deducidos por las sociedades que tributan como grupo sean correctos, y que se verifiquen los pagos de intereses y dividendos. Añade, además, que a lo largo de este año se llevará a cabo “un número significativo de controles multilaterales” dentro de la UE para analizar los pagos intragrupo por cesión de intangibles, y se finalizará el desarrollo del nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en precios de transferencia, que se verá reforzado gracias a la implementación de la directiva DAC 6 que obliga a los intermediarios a informar sobre la planificación fiscal agresiva.

Asimismo, la Agencia Tributaria reforzará en 2021 las medidas para controlar la actividad realizada a través del comercio electrónico, que ha vivido un empujón desde la declaración del primer estado de alarma en marzo del año pasado. En este sentido, Hacienda señala que la tasa Google puede ayudar a determinar el alcance real de la actividad de las grandes plataformas digitales. Este impuesto, que entró en vigor el pasado 16 de enero, carece aún del desarrollo normativo para que de facto sea recaudado. Por ello, el Gobierno ha decidido aplazar al segundo trimestre la primera liquidación.

“Ello no debe impedir que se continúe efectuando la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales del conjunto de los contribuyentes”, puntualiza el documento, “bien porque individualmente hayan logrado mantener su situación económica con mejor éxito que sus directos competidores, bien porque los riesgos antiguos que arrastran aconsejan la realización de las actuaciones de comprobación”.

 

CONTROL DE LAS CRIPTOMONEDAS

También las criptomonedas han vivido un auge durante el año de la pandemia, con el bitcoin marcando cotización récord. Ante este panorama, el plan de control de la Agencia Tributaria recoge un apartado dirigido a las divisas virtuales, en el cual advierte que prevé reforzar el control sobre las operaciones realizadas con ellas, incorporando información al modelo de bienes y derechos en el exterior y estableciendo una obligación informativa autónoma sobre criptomonedas. El documento, además, señala que la información obtenida será sistematizada y analizada ―también para las actuaciones de control contra el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos― y se potenciará la cooperación internacional.

 

Fuente: El País

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Aunque la norma ha entrado en vigor, las liquidaciones están pendientes de la publicación del Reglamento.

¿El desarrollo reglamentario tiene aún que regular las reglas para la declaración e ingreso?

La Ley prevé que el desarrollo reglamentario establezca el procedimiento de declaración e ingreso del impuesto y de los supuestos en los que un depositario central de valores establecido en territorio español sea quien, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, efectúe la declaración y el ingreso de la deuda tributaria.

Así, se permitirá lograr un alto grado de automatización en su gestión. Para los supuestos en que no es aplicable el procedimiento anterior se establece con carácter general el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo.

¿Quién es sujeto pasivo?

Es contribuyente del impuesto quien adquiere los valores. Señala la Ley del Impuesto que con carácter general, es sujeto pasivo el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, ya actúe por cuenta propia, en cuyo caso será sujeto pasivo a título de contribuyente, o por cuenta de terceros, en que tendrá la condición de sustituto del contribuyente.

¿Y las empresas de servicios de inversión o entidades de crédito que adquieran por cuenta propia?

Estas entidades pueden tener la condición de sujeto pasivo cuando realicen las adquisiciones sujetas al impuesto por cuenta propia, con independencia de qué intermediario financiero ejecute la operación.

En el caso de entidades españolas, serán sujeto pasivo las entidades de crédito y las sociedades de valores. Se excluyen, por tanto, las agencias de valores, las sociedades gestoras de carteras y las empresas de asesoramiento financiero, incluso en el caso de que realicen adquisiciones de valores sujetas al impuesto en nombre propio en el ejercicio de la administración de su patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 143.5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

¿Quién responde ante una comunicación errónea?

Será responsable solidario de la deuda tributaria el comprador de los valores que haya comunicado al sujeto pasivo información errónea o inexacta que cause la aplicación indebida de las exenciones o de una menor base imponible. La responsabilidad alcanzará a la deuda tributaria en cuanto se haya visto alterada por la información errónea.

¿Cuándo se considera que se produce el devengo?

La normativa establece el devengo del impuesto en el momento en que se lleve a cabo la anotación a favor del contribuyente de los valores objeto de la adquisición onerosa que supone el hecho imponible, bien se efectúe esta anotación en una cuenta de valores bien en los libros en una entidad financiera que preste el servicio de depósito o custodia, o bien en registros de un depositario central de valores o en los que lleven sus entidades participantes.

En el caso de las adquisiciones efectuadas en mercados secundarios oficiales de valores u otros centros de negociación, considera la Agencia Tributaria que se entiende producida en la fecha de la liquidación de la operación, tal y como dispone el artículo 94 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, al que remite también, en el caso de otros centros de negociación distintos de los mercados secundarios oficiales, el artículo 37.3 del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la UE en materia del mercado de valores.

¿Cuáles son las primeras adquisiciones que tributan?

Las primeras adquisiciones llevadas a cabo en centros de negociación sometidas a gravamen serán aquéllas cuya liquidación y, por tanto, la anotación registral de los valores, se efectúe a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley del Impuesto, con independencia de la fecha en la que se hayan ejecutado.

Así, se establece en el artículo 10 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). Regula la norma que con carácter general, las primeras adquisiciones gravadas corresponderán a las ejecutadas en los dos días hábiles anteriores al de la entrada en vigor de la Ley del Impuesto, según confirma la Agencia Tributaria. No obstante, fuentes de Hacienda han informado que que las liquidaciones no empezarán a realizarse hasta, al menos, los meses de mayo o junio, tras la publicación el Reglamento.

¿Están pendientes de publicación los términos y condiciones de la autoliquidación?

Los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación e ingresar el importe de la deuda tributaria resultante con el contenido y en el lugar, forma y plazos que se establezca reglamentariamente.

Los sujetos pasivos presentarán la autoliquidación e ingresarán el importe de la deuda tributaria resultante a través de un depositario central de valores establecido en territorio español.

Así, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar al depositario central de valores toda la información que deba constar en la autoliquidación y a abonarle el importe de la deuda tributaria resultante, de forma directa o a través de las entidades participantes en aquel en caso de sujetos pasivos que no tuvieran tal condición.

El depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente al periodo de liquidación con el contenido y en el lugar, forma y plazo que se establezca reglamentariamente.

El procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones por este impuesto podrá extenderse a otros depositarios centrales de valores establecidos en otros estados de la Unión Europea (UE), o en terceros estados que sean reconocidos para prestar servicios en la UE, mediante acuerdos de colaboración suscritos con un depositario central de valores establecido en territorio español.

¿Cuándo se produce la liquidación de operaciones?

De acuerdo con la normativa reglamentaria pendiente de publicación, explica la Agencia Tributaria, y a efectos de la liquidación del impuesto, se considera que la fecha de liquidación de las operaciones es la efectiva de liquidación.

No obstante, tratándose de operaciones efectuadas en centros de negociación, los sujetos pasivos podrán optar por considerar como fecha de liquidación la fecha teórica de liquidación, siendo esta el segundo día hábil posterior a la fecha de ejecución de la operación, sin perjuicio de las rectificaciones que procedan en caso de que, como consecuencia de incumplimientos en la liquidación de los valores, las operaciones no lleguen a liquidarse.

Esta opción debe efectuarse en la primera autoliquidación que deba presentar el sujeto pasivo en cada año natural y surtirá efectos al menos para ese año, y en los sucesivos en tanto no se renuncie a ella.

¿Cuándo se devenga en el procedimiento especial de intermediario financiero?

Este procedimiento especial contempla varias fases para la comunicación, aceptación y ejecución de las órdenes de transferencia que a él se acojan, de modo que se produzca inicialmente la anotación transitoria de los valores objeto de las órdenes en cuentas especiales de los intermediarios financieros (fase o fases transitorias) para procederse posteriormente a la anotación de los valores en las cuentas definitivas (fase final).

En el caso en el que se efectúen bajo este procedimiento adquisiciones sujetas al impuesto, este se devengará en la fase final, cuando se efectúe la anotación registral de los valores a favor del adquirente en la cuenta definitiva.

¿Qué base imponible tiene?

La Ley del Impuesto define como base imponible el importe de la contraprestación, sin incluir los gastos asociados a la transacción.

Se establecen determinadas reglas especiales en aquellos supuestos en los que la adquisición de los valores deriva de la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, o de cualquier instrumento o contrato financiero, así como en el caso de adquisiciones y transmisiones realizadas en el mismo día.

¿Cuáles son las reglas especiales para establecer la base imponible?

Como regla general, la base imponible estará constituida por el importe de la contraprestación, sin incluir los costes de transacción derivados de los precios de las infraestructuras de mercado, ni las comisiones por la intermediación, ni ningún otro gasto asociado a la operación. Sin embargo, existen reglas especiales para los siguientes supuestos: para el caso en el que no se exprese el importe de la contraprestación (artículo 5.1 de la Ley).

Para adquisiciones derivadas de canje o conversión de valores, la liquidación o ejecución de instrumentos financieros derivados y la liquidación de contratos financieros (artículo 5.2 de la Ley). En el caso de operaciones intradía, se gravan solo las compras netas de valores siempre que sean ordenadas o ejecutadas por el mismo sujeto pasivo, respecto de un mismo adquirente y que, además, se liquiden en la misma fecha.

Un dato importante a tener en cuenta es que no existe sin embargo una regla especial para operaciones vinculadas, quizá por la exención aplicable a las operaciones de referidas a las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo mercantil, aunque no parece que pueda cubrir todos los supuestos.

¿Qué tipo de cambio debe utilizarse para determinar la base imponible del impuesto?

Estima la Agencia Tributaria que se debe aplicar un criterio objetivo que consiste en el cambio de la divisa a euros publicado por el Banco Central Europeo correspondiente al último día hábil anterior a la fecha en que se produzca el devengo del impuesto respecto de los valores adquiridos. No se admite aplicar un tipo de cambio pactado en la operación por los contratantes.

¿En contraprestaciones en especie, cómo se determina la base imponible?

La Ley del Impuesto determina que «en el caso en el que no se exprese el importe de la contraprestación, la base imponible será el valor correspondiente al cierre del mercado regulado más relevante por liquidez del valor en cuestión el último día de negociación anterior al de la operación». El supuesto incluiría una contraprestación que se realice en especie.

A título de ejemplo, la Aeat indica que cuando la contraprestación de la operación sea la entrega de otras acciones, el valor de adquisición de las sujetas al impuesto será el de mercado el día anterior. Si las acciones que recibe la contraparte en contraprestación de su entrega están también sujetas al impuesto, la contraparte tendrá también que tributar por el valor de mercado del día anterior que tengan estas últimas.

Fuente: www.eleconomista.es

A través de estas notas intentaremos realizar una primera aproximación al texto del proyecto normativo que se identifica en el título, aprobado por el Consejo de Ministros el día 13 de octubre de 2020, en lo concerniente a las modificaciones previstas para la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT).

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, del día 23 de Octubre de 2020 se ha publicado el texto del citado Proyecto de Ley, cuyo artículo undécimo incluye propuestas de modificación de la LGT a los que dirigimos los comentarios siguientes, utilizando para ello el ordinal de los preceptos que se van a ver afectados, debiendo recordar en este instante, que, al referirnos al texto que ha sido propuesto por el Gobierno, las modificaciones proyectadas pueden sufrir variaciones al socaire del trámite parlamentario.

1.- Artículo 3, Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario.

Se pretende introducir una modificación en su apartado 1 para prohibir establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.

2.- Artículo 26, Interés de demora.

La modificación tiene el objetivo de limitar el devengo de los intereses de demora en favor del acreedor público en aquellos supuestos en que el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, cuando voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de la ley, relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.

3.- Artículo 27, Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

A través del Proyecto de Ley se pretende dar una configuración radicalmente diferente a este tipo de recargos, integrados en la norma para potenciar la regularización voluntaria por parte de los obligados, de forma que, de verse finalmente aprobado el nuevo esquema, el recargo será del 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

Además de lo anterior, se introduce una nueva fórmula que permitirá al obligado beneficiarse de su propia proactividad, al establecerse que no se exigirán los recargos establecidos en el precepto si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, y concurriesen, además, las siguientes circunstancias:

a) Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que la liquidación se notifique o se entienda notificada.

b) Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes de la declaración o autoliquidación en los términos previstos en el artículo.

c) Que no se presente solicitud de rectificación de la declaración o autoliquidación, ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación dictada por la Administración.

d) Que de la regularización efectuada por la Administración no derive la imposición de una sanción.

4.- Artículo 29, Obligaciones tributarias formales.

Se crea la obligación formal para productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.

Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.

5.- Artículo 31, Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

La modificación consiste en el establecimiento de una limitación en el devengo de los intereses de demora en favor del obligado tributario, señalándose que, a efectos de su cálculo, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración.

En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de la ley, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

6.- Artículo 32, Devolución de ingresos indebidos.

Análoga variación a la vista en el precepto anterior, pero en esta ocasión ligada al devengo de intereses en el ámbito de los ingresos indebidos.

7.- Artículo 47, Representación de personas o entidades no residentes.

La modificación consiste en establecer la obligación de designación de un representante en España exclusivamente cuando la normativa tributaria así lo establezca, desapareciendo la casuística a que la vigente norma se refiere.

8.- Artículo 81, Medidas cautelares.

Se pretende ampliar el ámbito de utilización de este tipo de medidas, de forma que, cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática o con dispensa total o parcial de garantías o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado, se puedan adoptar medidas cautelares que aseguren el cobro de las mismas.

9.- Artículo 95 bis, Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

Las modificaciones en el conocido comúnmente como “listado de deudores” giran en torno a varios ejes:

  • Por un lado, para ampliar el ámbito subjetivo, extendiéndose la publicidad de los responsables solidarios.
  • Por otro, rebajando el límite cuantitativo, que pasa a ser de 600.000 euros.
  • Se introduce el concepto de “plazo original de ingreso”.
  • Se contempla la posibilidad del pago íntegro de las deudas en el plazo que el interesado tiene para formular alegaciones, previo a la publicación del listado, situación ésta que, de producirse, evitaría su inclusión en el mismo.
  • Se actualiza la remisión a la normativa sobre protección en el tratamiento de datos personales.

10.- Artículo 130, Terminación del procedimiento iniciado mediante declaración.

La modificación consiste en excluir la posibilidad de conclusión por caducidad respecto de aquellos tributos que se liquiden por las importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera para los derechos de importación.

Además, se introduce una fórmula específica de terminación por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento iniciado mediante declaración o algún elemento de dicho objeto, en los tributos que se liquiden por las importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera para los derechos de importación.

11.- Artículo 150, Plazo de las actuaciones inspectoras.

Se pretende ampliar el catálogo de supuestos de suspensión del cómputo del plazo del procedimiento de inspección, incluyendo el caso de comunicación a las Administraciones afectadas de los elementos de hecho y los fundamentos de derecho de la regularización en los supuestos a los que se refiere el artículo 47 ter del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y aquellos supuestos de carácter análogo establecidos en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre.

El caso es el referente a las fusiones y escisiones de empresas, cuando los beneficios fiscales deben ser reconocidos por las dos Administraciones concernidas.

Como consecuencia, también muta la regulación del fin de la suspensión, para incluir, obviamente, la nueva norma específica referida a ese concreto caso.

12.- Artículo 157, Actas de disconformidad.

La modificación del precepto consiste en hacer potestativa la emisión del informe del actuario, cuando sea preciso completar la información recogida en el acta.

13.- Artículo 161, Recaudación en periodo ejecutivo.

Importante cambio, consistente en establecer que las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o compensación presentadas en período voluntario, así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.

Además de lo anterior, se señala en la modificación que la declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicha Ley.

14.- Artículo 175, Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.

El proyecto introduce, de nuevo, la referencia al periodo voluntario de pago original de la deuda que se deriva, para determinar, en atención a que el mismo hubiese transcurrido o no, la forma de proceder frente al responsable: con mero requerimiento de pago o mediante acuerdo declarativo de la responsabilidad.

La novedad está, como indicamos, en la utilización del concepto de periodo voluntario de pago original.

El objetivo declarado es el de clarificar la normativa vigente, especificándose, a efectos del procedimiento de exigencia de la responsabilidad solidaria, que el período voluntario de pago de las deudas es el originario de pago, sin que las vicisitudes acaecidas frente al deudor principal, como suspensiones o aplazamientos, deban proyectarse sobre el procedimiento seguido con el responsable.

15.- Artículo 181, Sujetos infractores.

Aflora en la norma, como sujeto infractor, la entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.

16.- Artículo 188, Reducción de las sanciones.

Se pretende incrementar los actuales porcentajes de reducción en los supuestos de actas con acuerdo, que pasará del 50% al 65%, y en los supuestos de pago (artículo 188.3), en los que del 25% se pasaría al 40%.

17.- Artículo 198, Infracción tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones.

En esta infracción, la sanción por no presentar en plazo declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.

Pues bien, el cambio está en que el importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se elevará a 600 euros cuando la falta de presentación en plazo se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.

18.- Artículo 199, Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.

En el ámbito de esta infracción, tratándose de declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras presentados de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por 1.000 del valor de las mercancías a las que las declaraciones y documentos se refieran, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.000 euros.

La modificación pretende establecer que el importe mínimo de la sanción que se menciona en el párrafo anterior se elevará a 600 euros cuando la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos se refiera a la declaración sumaria de entrada a la que alude el artículo 127 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.

19.- Artículo 201 bis (nuevo), Infracción tributaria por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

Como consecuencia de la nueva obligación formal establecida en el artículo 29, a la que hicimos referencia más arriba, se establece, a través de éste nuevo artículo 201 bis, el régimen de infracciones y sanciones asociado.

20.- Artículo 209, Iniciación del procedimiento sancionador en materia tributaria.

El cambio perseguido es la ampliación del plazo de inicio de los procedimientos sancionadores, tanto en el caso de las sanciones pecuniarias como no pecuniarias, que se pretende pase a 6 meses desde los actuales 3, no variando el inicio del plazo de cómputo.

21.- Artículo 233, Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa.

Modificación trascendente a través de la que se pretende establecer lo siguiente:

  • El tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud de suspensión (en los supuestos de dispensa total o parcial de garantías, cuando la ejecución pudiese causar perjuicios de difícil o imposible reparación y en los casos de error aritmético, material o de hecho), y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación aportada en la solicitud de suspensión o existente en el expediente administrativo, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho.
  • Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no impedirá la continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la suspensión fuese concedida finalmente.

Como puede observarse, en ambos casos nos encontramos ante la elevación a rango legal de preceptos que, estando en este momento incorporados en reglamento, se considera precisan de una cobertura normativa más elevada.

22.- Disposición adicional decimoctava, Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

La modificación amplía el ámbito material de la obligación, ya que se intenta establecer la de suministro de información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

Además, se incorpora del régimen de infracciones y sanciones vinculado a la nueva obligación.

23.- Disposición adicional vigésima, Tributos integrantes de la deuda aduanera.

El objetivo es establecer la no aplicación a las declaraciones aduaneras lo previsto en el artículo 27 de la LGT (recargos por extemporaneidad en la presentación de autoliquidaciones y declaraciones).

24.- Disposición adicional vigésima segunda, Obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.

La modificación se refiere al deber de conservación de las pruebas documentales, declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y de diligencia debida a que se refiere la propia disposición adicional, que deberán estar a disposición de la Administración Tributaria hasta la finalización del quinto año siguiente a aquel en el que se deba suministrar la información respecto de las citadas cuentas.

Hasta ahora el límite de ese deber era el cuarto año siguiente a aquel en el que se produjese el cierre de la cuenta financiera.

25.- Disposición adicional vigésima quinta (nueva), Garantías globales de la deuda aduanera.

A través de este precepto se establecerá que cuando un representante aduanero que actúe en la modalidad de representación directa, aún sin tener la condición de deudor, quiera solicitar la constitución de la garantía global prevista en el artículo 95 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, quedará obligado al pago de la deuda aduanera y tributaria derivada de las declaraciones aduaneras vinculadas a la misma cuando dicha deuda aduanera y tributaria no haya sido satisfecha por el deudor o recaudada como consecuencia de la ejecución de la garantía. Dicha responsabilidad tendrá carácter solidario.

Además, el texto en proyecto recoge que la obligación de pago será exigible directamente al responsable una vez iniciado el período ejecutivo sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivación de responsabilidad previsto en el artículo 41.5 de la LGT.

26.- Disposición transitoria única. Régimen transitorio en materia de recargos, reducción de sanciones y limitación de pagos en efectivo.

Se integra en el texto proyectado una disposición transitoria para regular la aplicación temporal de las modificaciones que se pretenden aprobar en cuanto a los recargos por extemporaneidad, el régimen de aplicación temporal de la nueva normativa sobre reducción de las sanciones, así como en materia de limitación de pagos en efectivo.

27.- Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La norma que resulte finalmente aprobada se prevé entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, y por lo que se refiere a las modificaciones proyectadas en la LGT, se establece una entrada en vigor demorada tres meses para lo dispuesto en los artículos 29.f y 201 bis, relativos a la obligación formal relativa a los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión.

 

OTRAS MODIFICACIONES LEGALES PROYECTADAS

1.- Modificación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Se propone la modificación del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en relación con la limitación de pagos en efectivo, para:

– Modificar los umbrales por encima de los cuales no podrían efectuarse pagos en efectivo, que quedarían establecidos de la siguiente forma:

  • No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
  • No obstante, cuando el pagador sea una persona física y no actúe en calidad de empresario o profesional el citado importe será de:

a) 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

b) 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador justifique que no tiene su domicilio fiscal en España.

– Modificar el régimen sancionador en consonancia con los citados límites, permitiendo, además, la reducción de la sanción en caso de pago voluntario por el presunto responsable antes de la notificación de la resolución del procedimiento sancionador.

2.- Modificación de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Se proyecta la modificación de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y en concreto de su disposición adicional primera, para regular la definición de jurisdicción no cooperativa.

Fuente: https://elderecho.com/

Aunque no hay un patrón único, el contribuyente que simula un cambio de domicilio fiscal para eludir el pago de impuestos en Catalunya suelen ser del mundo del espectáculo, del deporte o tenedores de un gran patrimonio y que no realizan una actividad laboral diaria. “En ocasiones cuando les investigamos les cuesta recordar cuál es su domicilio fiscal declarado tanto si es en otra comunidad como en el extranjero porque sencillamente no viven allí”, explican fuentes de la Agencia Tributaria española AEAT. “A veces cuando el inspector de Hacienda pregunta al portero de la finca en el que dice vivir el contribuyente, este no les conoce o no les ha visto nunca”, añaden.

Es parte del trabajo de análisis que lleva a cabo la agencia tributaria estatal AEAT para perseguir la simulación de residencias fiscales con las que evadir impuestos. La AEAT mantiene una buena relación con la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y tanto analizan los casos que ellos les presentan como les facilitan información sobre los que descubren ellos derivados de la labor inspectora.

Solo el año pasado se llevaron a cabo 111 requerimientos de información por parte de la ATC

La Agència Tributària de Catalunya liquidó 73 actas de infracción por deslocalizaciones ficticias entre el 2015 y el 2019, con las que recuperó 54,8 millones de euros correspondientes al impuesto de patrimonio y al de sucesiones y donaciones, ya que son los que tienen cedidos los gobiernos autonómicos. En paralelo, la AEAT española realizó las correspondientes inspecciones del impuesto sobre la renta y de Patrimonio, trasladando el resultado en Patrimonio a la ATC para su liquidación.

El cambio de residencia fiscal de un contribuyente con alto patrimonio es un primer elemento que se utiliza para recabar información sobre si ese traslado es real o simulado, explican desde la AEAT. En el caso de Hacienda catalana el proceso es similar ya que el equipo que vigila los traslados ficticios de domicilio analiza de oficio todos los cambios que se comunican. Por eso, solo el año pasado se llevaron a cabo 111 requerimientos de información por parte de la ATC.

Según la Hacienda española, las deslocalizaciones fraudulentas dentro de las comunidades autónomas españolas son en busca de tipos más bajos de renta o de patrimonio y no necesariamente son todas a Madrid. En ocasiones son también a los territorios forales (Navarra y País Vasco) pero también a otras comunidades con presión fiscal baja.

Según el último informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que elabora cada año el REAF Asesores Fiscales-Consejo General de Economistas de España, a partir de unos ingresos por rendimientos de trabajo de más de 110.000 euros al año, la Comunidad de Madrid es la que presenta los tipos de IRPF más bajos de toda España. Fuentes de la AEAT explican, no obstante, que el perfil tipo del que simula un traslado de domicilio no suele ser el de un contribuyente con nómina, ya que es más fácil hacer el seguimiento. En el impuesto de patrimonio Madrid es la única comunidad que lo ha eliminado de facto al tenerlo bonificado al 100%.

Por eso señalan desde la Agencia Tributaria que lo que sí que se da son cambios de domicilio reales de contribuyentes. Precisamente ese dumping fiscal estuvo ayer sobre la mesa en la reunión que mantuvieron el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig. Los dos mostraron su “sintonía en el lucha contra el dumping fiscal en la Unión Europea y en el Estado español y para impedir la competencia desleal de aquellos territorios que rebajan la tributación de las grandes fortunas con tal de captarlas”, según un comunicado del Govern.

La labor inspectora de las agencias tributarias catalana y española es definida como “activa” por parte de uno de los principales despachos de asesores fiscales de la comunidad. “La Agència Tributària de Catalunya mira traslados a otra comunidades autónomas mientras la española traslados al extranjero”, señalan fuentes del citado despacho de asesores. Las mismas fuentes añaden que también se ha incrementado “las comprobaciones de patrimonio y de mantenimiento de los beneficios de empresas familiares tras una donación o fallecimiento”.

La labor de inspección no es sencilla porque Hacienda debe averiguar dónde vivió el contribuyente varios años atrás. Los inspectores analizan desde recibos de consumo energético, movimientos de tarjetas o matrículas escolares o del gimnasio.

Fuente: La Vanguardia

Prensa Tribunal Supremo. – El Pleno de la Sala Primera se pronuncia en las sentencias 580 y 581 de 2020 sobre la validez de la modificación de la cláusula suelo de un préstamo hipotecario, consistente en reducir el tipo de interés mínimo, y también sobre la validez de la renuncia genérica al ejercicio de cualesquiera acciones que traigan causa del contrato de préstamo, o de liquidaciones y pagos anteriores a tal acuerdo.

La Sala Primera reitera la jurisprudencia de la sentencia de Pleno nº 205/2018, de 11 de abril, conforme a la doctrina de la STJUE de 9 de julio de 2020 (C452/28).

En primer lugar, se declara que una cláusula potencialmente nula puede ser modificada. Si no se hace de forma negociada individualmente y ha sido predispuesta por el banco es necesario que se cumpla el requisito de la transparencia.

En los casos de las sentencias, al tratarse de cláusulas predispuestas, el TS aplica las pautas de transparencia contenidas en la doctrina del TJUE. Toma en consideración principalmente el contexto en que se suscribió la novación, unos meses después de la sentencia de pleno nº 241/2013, de 9 de mayo, cuando ya existía un conocimiento generalizado de la posible nulidad de las cláusulas suelo. Considera asimismo que la nota manuscrita del cliente en la que manifestaba ser consciente de la limitación a la baja del tipo de interés, si bien no es indicio de que haya habido negociación, sí puede contribuir, junto con otros elementos, a apreciar la transparencia.

El requisito de la transparencia exige que el prestatario esté en condiciones de conocer las consecuencias económicas derivadas de la modificación (reducción del suelo), especialmente mediante la información de la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula el tipo de interés.

En los casos examinados, la sala considera que la exigencia de tal información se cumplía teniendo en cuenta el conocimiento por el consumidor de la cuota periódica que había venido pagando, sobre la que incidía la evolución del índice; por el propio documento que especifica el valor del índice en el momento del acuerdo; y por la publicación oficial y periódica de los índices de referencia oficiales por el Banco de España.

La renuncia al ejercicio de acciones, también predispuesta por el banco, debe ser sometida al mismo examen de transparencia, a fin de comprobar si el consumidor dispuso de la información pertinente para conocer las consecuencias jurídicas de la suscripción de la cláusula.

Al respecto, siguiendo la doctrina del TJUE, la sala declara la no vinculación del consumidor a la renuncia a controversias futuras sobre acciones basadas en derechos reconocidos por la Directiva 93/13 y, en consecuencia, la nulidad de las renuncias en estos casos por exceder de las acciones relativas a la validez del suelo y de pagos realizados hasta la fecha, extendiéndose a cuestiones ajenas a la controversia objeto de transacción.

En consecuencia, estimando solo en parte el recurso de casación interpuesto por la entidad financiera, el Pleno declara la validez de la estipulación que modifica la cláusula suelo originaria, de manera que solo será válida la cláusula suelo rebajada en beneficio del consumidor, no la original. Confirma la nulidad de la renuncia genérica de acciones que ya declaró la sentencia recurrida.

El Consejo de ministros celebrado el pasado martes 13 de octubre ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que recoge una serie de iniciativas para combatir las prácticas elusorias en el ámbito tributario.

El Gobierno de España y, en particular, el Ministerio de Hacienda, considera prioritaria la lucha contra el fraude fiscal, poniendo en valor que no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades, generando en consecuencia competencia desleal y un deterioro para el Tesoro Público, tornándose esta situación más grave si cabe en estos tiempos de pandemia provocados por el coronavirus y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales.

Este proyecto normativo, que vuelve a cobrar impulso desde su génesis en octubre de 2018, busca intensificar la labor que viene haciendo la Agencia Tributaria, que el año pasado consiguió ingresar 15.715 millones de euros, es decir, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior, gracias a la lucha contra la elusión fiscal.

No obstante, la previsión es que las medidas incluidas en el proyecto de ley permitan ingresar 800 millones de euros adicionales en un año.

Nuevas obligaciones de información sobre criptodivisas

En cuanto al mercado de criptodivisas, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, o transferencia.

También se incorpora la obligación de informar en el Modelo 720 de Declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales situadas en el extranjero, de tal forma que las personas o empresas que realicen operaciones con monedas virtuales tengan que informar de ello a la Agencia Tributaria e identificarse a los titulares, autorizados o beneficiarios.

Prohibición de software que permita la manipulación de datos contables

Por otro lado, se pretende prohibir la tenencia y comercialización del denominado software de doble uso que permite manipular la contabilidad de las empresas para que parte de su actividad económica quede oculta. Hay que señalar que se prevén fuertes sanciones a los fabricantes de estos programas contables de hasta 150.000 euros.

Prohibición de amnistías fiscales

Asimismo, de aprobarse, la futura ley prohibirá las amnistías fiscales ya que el Ejecutivo actual las considera un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y una derrota para la consolidación del Estado del bienestar.

Ampliación de la lista de paraísos fiscales

En cuanto al tratamiento de los paraísos fiscales, se ampliará su concepto y se actualizará la lista actual, incluyendo a aquellos países que destacan por su opacidad fiscal o falta de transparencia. Si bien hay que tener en cuenta que se trata de una materia en la que existe una armonización en el seno de la Unión Europea. De hecho, el pasado 7 de octubre, el DOUEC publicó una actualización de la Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

Inclusión de responsables solidarios en la lista de morosos

Se producirán modificaciones en el listado de morosos con la Hacienda Pública, que pasará a incluir también a los responsables solidarios, reduciendo el umbral de inclusión del millón de euros actual a los 600.000 euros.

Límite del pago en efectivo

Por otra parte, no se permitirá realizar operaciones en efectivo entre empresarios o profesionales que superen los 1.000 euros, frente a los 2.500 euros actuales, aunque ya ha advertido el ejecutivo que la indicada cifra se irá reduciendo de forma progresiva para favorecer la trazabilidad de todas las operaciones. Esta medida no afecta en principio a las transacciones realizadas entre particulares.

Además, se reducirá el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/

Podemos impulsó una reforma en el tributo para las herencias a cambio de apoyar los presupuestos de la Generalitat. El mayor golpe es para patrimonios de 500.000 euros

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha admitido una revisión de la base de ingresos públicos que, en otras palabras, quiere decir una subida de impuestos. El pacto entre PSOE y Podemos para formar el actual Ejecutivo ya abogó por incrementos impositivos a altos patrimonios y empresas, y la marca de la formación morada en Cataluña ya ha mostrado un camino a seguir. Para apoyar los presupuestos de la Generalitat impulsó un cambio en Sucesiones que, según cálculos de expertos, multiplica la fiscalidad hasta por siete en patrimonios de entre 500.000 euros y dos millones.

El presidente del Ejecutivo admitió esta semana que «sin duda alguna» habrá que recalibrar la cesta de impuestos. En los últimos meses las grandes fortunas y las empresas familiares están realizando cambios a contrarreloj para blindar el patrimonio y aliviar los golpes fiscales. Estos se prevén en el impuesto al Patrimonio, en la posible limitación a la deducción de dividendos entre empresas de grupos familiares o en Sociedades.

Pero otro foco en el que abogados, asesores y banqueros están moviendo ficha con sus clientes es en el terreno sucesorio, ante el temor de que haya un cambio que eleve la factura. Algo así ha ocurrido en Cataluña, precisamente, por iniciativa de En Comú Podem. La formación morada condicionó su apoyo a los presupuestos a una revisión del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Así, Cataluña ha establecido varias modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con efectos desde el 1 de mayo de 2020, cambios que resultan sustanciales. Según cálculos recogidos en un informe del despacho Gómez-Acebo & Pombo, hay incrementos de entre el 57% y el 773% en patrimonios superiores a los 500.000 euros. Lo curioso es que el impacto se va reduciendo cuando aumenta la fortuna a la que se grava, mientras que cuanto mayor es el patrimonio, más capacidad hay de maniobrar para reducir la factura fiscal.

La previsión para aliviar el golpe de Hacienda es a futuro, porque los patrimonios altos o medio-altos de Cataluña no han tenido tiempo para blindarse. Más aún cuando, por desgracia, en los últimos meses ha habido un aumento de mortalidad a causa del coronavirus.

El 30 de abril, la Generalitat incluyó en la normativa catalana (DOGC) varias medidas fiscales, como la subida en el tipo marginal del tramo autonómico del IRPF para las rentas entre 90.000 euros y 175.000 euros. Sin embargo, «las principales modificaciones se producen en relación con el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con un incremento generalizado de la tributación efectiva», señala un informe de Gómez-Acebo & Pombo.

Los cambios se dirigen a las herencias y también a los seguros de vida ‘unit link’ cuando el que contrata el producto es diferente al beneficiario, en cuyo caso se eliminan reducciones habituales en donaciones (en vez de tipos del 5% al 9%, del 7% al 32%), y se eleva la factura fiscal. Los tipos aplicables se mantienen. En donaciones, 5% hasta 200.000 euros, 7% entre 200.000 euros y 600.000 euros, y 9% de 600.000 euros en adelante. Mientras que en sucesiones hay cinco tramos: 7% hasta 50.000 euros, 11% entre 50.000 y 150.000 euros, 17% entre 150.000 y 400.000 euros, 24% entre 400.000 y 800.000 euros, y 32% desde este umbral en adelante.

La Generalitat ha reintroducido los coeficientes multiplicadores de estos tipos para el grado de parentesco más cercano en función del patrimonio preexistente —es decir, el patrimonio que tienen los herederos—. Esto es, descendientes menores de 21 años (grupo I) y descendientes a partir de 21 años, ascendientes y cónyuges (grupo II). En patrimonios hasta 500.000 euros es 1, con lo que no hay subida de la factura fiscal, pero en el tramo de 500.000,01 euros a 2 millones es de 1,1; de 2 a 4 millones, de 1,15, y de más de 4 millones, de 1,2.

Asimismo, la reforma mantiene las deducciones para los descendientes menores de 21 años y para el cónyuge de la persona que fallece, pero no para los descendientes mayores de esa edad y para los ascendientes, a los que se reduce la bonificación drásticamente. La combinación de estos cambios implica repuntes relevantes en la tributación.

Según los cálculos del análisis de Gómez-Acebo & Pombo apunta que para una herencia de entre 500.000 euros y 2 millones que recibe un descendiente con más de 21 años y con un patrimonio preexistente, el tipo efectivo pasa del 0,75% hasta el 6,58%. Es decir, de tributar 3.765,44 euros por 500.000 euros, hasta los 32.876,97 euros, un 773,12% más. El aumento llega a ser del 852,5% para una herencia de 500.000 euros si el patrimonio preexistente supera los 4 millones.

Aunque el discurso de Podemos en los últimos años ha apuntado a los ricos, llegando a proponer un impuesto especial, este cambio fiscal es mayor para patrimonios que sobrepasan el medio millón de euros. Los abogados expertos en fiscalidad recuerdan, además, que los patrimonios con varios millones de euros tienen capacidad para estructurar su riqueza de tal forma que sea fiscalmente más eficiente. Pero para un patrimonio de 500.000 euros es más difícil llevar a cabo este tipo de medidas.

En cualquier caso, muchos grandes patrimonios, especialmente entre la burguesía catalana, están articulados en torno a grupos empresariales familiares. La transmisión de participaciones por sucesiones o donaciones está bonificada al 95%. En Cataluña, las bonificaciones para los herederos de los grupos I y II se reducían a la mitad si se aplicaban reducciones recogidas por el régimen de la empresa familiar. Pero a partir de la reforma introducida desde el 1 de mayo, se pierde totalmente el derecho.

Es decir, cuando hay una herencia en la que se incluyen participaciones en una empresa familiar, los herederos deben decidir si se acogen a las bonificaciones y reducciones por cercanía con la persona que ha fallecido, o a las bonificaciones por la transmisión de acciones de un grupo familiar. Esto obligará a un estudio pormenorizado para mejorar la eficiencia fiscal y, en cualquier caso, supone un golpe a las herencias entre familias que controlan participaciones superiores al 5% en una empresa.

 

Fuente: https://www.elconfidencial.com/

 

El Constitucional no se pronuncia sobre el tipo mínimo en los pagos a cuenta, cuestión que se mantiene en el aire, pero carga contra la decisión de modificarlo por la vía del Real Decreto-ley

 

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la modificación de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades establecida por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2016. El Gobierno fijó un pago mínimo fraccionado del 23% sobre el resultado contable de las grandes empresas, lo que obligaba a éstas a adelantar unos 8.000 millones de euros a la Agencia Tributaria. El TC no se ha pronunciado sobre la posible inconstitucionalidad de la medida en sí misma, sino que la ha tumbado por haber sido aprobada por la vía del Real Decreto-ley.

El Pleno del Constitucional ha fallado por unanimidad la inconstitucionalidad del pago fraccionado establecido en 2016 a pesar de las alegaciones realizadas por el actual Ministerio de Hacienda. No es la primera vez que el Tribunal Constitucional tumba una medida de Montoro por abusar de los decretos. En el año 2017 también declaró inconstitucional la amnistía fiscal de 2012 porque se aprobara por la vía del Real Decreto-ley. Montoro dejó atado este cambio legislativo en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, por lo que es difícil que el Constitucional lo tumbe con estos argumentos.

 

En el año 2016 España tenía una situación presupuestaria muy delicada como consecuencia de la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de eliminar el mínimo en el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades como medida electoral. Las empresas, que realizan pagos a cuenta tres veces al año, optaron por reducir sus pagos adelantados para liquidar posteriormente el tributo a ejercicio vencido. La caída de la recaudación fue tan dramática que obligó a Montoro a corregir su decisión y recuperar un pago mínimo que elevó hasta el 23% del resultado contable para las empresas con facturación de más de 10 millones de euros. Lo hizo en el Real Decreto-ley 2/201 y que fue convalidado en el Congreso con el apoyo del PSOE y Ciudadanos. De esta forma, el Gobierno logró que el pago fraccionado de octubre fuera muy positivo para las arcas públicas, obligando así a las empresas a adelantar una buena parte del tributo.

 

La Audiencia Nacional elevó esta medida al Constitucional, ya que tenía serias dudas sobre su encaje en el ordenamiento jurídico, y fue admitido a trámite hace un año. En primer lugar, porque el pago adelantado del 23% sobre el resultado contable sin correcciones supone el adelanto de una cuantía que es incluso superior al tributo realmente devengado. En otras palabras, las empresas estarían adelantando una cuantía que no les corresponde y que, cuando se liquida el impuesto, Hacienda tiene que devolver una parte de ese dinero.

 

El TC no resuelve la cuestión de la Audiencia Nacional sobre la vulneración del principio de capacidad económica del pago fraccionado

 

En segundo lugar, la Audiencia planteó al Constitucional la duda sobre la vía elegida para hacerlo: el Real Decreto-ley. El TC finalmente se ha pronunciado sólo sobre esta cuestión, como ha informado en una nota de prensa. El fallo argumenta que, aunque no se modifican los tipos efectivos del tributo, la obligación del pago fraccionado mínimo obliga a las empresas a adelantar una recaudación significativa del tributo, lo que supone un gran esfuerzo de tesorería. El tipo aplicado asciende al 23% sobre el resultado positivo contable, lo que supone un adelanto que, en numerosas ocasiones, es superior al que finalmente tienen que pagar las empresas.

En opinión del TC, la modificación del impuesto «afecta de forma sustancial a su cuantificación y lo hace respecto de las empresas de mayor tamaño que, aunque relativamente pocas en número, son las que aportan más de la mitad de la recaudación del impuesto». Tales modificaciones exceden los límites establecidos por la Constitución para las materias reguladas por la vía del Real Decreto-ley. Esta figura, razona el Constitucional, no puede emplearse para modificar los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, entre los que se encuentra el «deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos».

De esta forma, el tribunal reitera su doctrina de que el RDL no es un instrumento aceptable para realizar modificaciones significativas de los tributos. La vía para hacerlo es la de la ley, ya que esta permite a los diferentes grupos parlamentarios introducir enmiendas parciales. Por la vía del Real Decreto-ley no existe esta posibilidad, sino que tienen que aprobar o rechazar el texto completo.

 

https://www.elconfidencial.com/