La nueva legislación audiovisual impondrá fuertes sanciones a los ‘vloggers’ por publicidad engañosa o infracciones de la protección al menor o delitos de odio
Los influencers cada vez tienen mayor relevancia social y su repercusión no solo se mide en el número de visionados sino en las ventas millonarias de los productos que promocionan en sus vídeos a través de redes como Instagram, Facebook o YouTube. Sus contenidos van desde la moda a la tecnología, pasando por el deporte, la cocina o la vida saludable. Y, contrariamente a lo que les ocurre a las empresas audiovisuales tradicionales como las cadenas de televisión, gozan de total libertad para difundir cualquier mensaje, porque no están sometidos a ningún control específico por su actividad.

Pero esta situación está a punto de cambiar. La nueva ley Audiovisual, cuya aprobación parlamentaria está prevista para el primer semestre de este año, va a incluir por primera vez la actividad de estos “vloggers o nuevos agentes audiovisuales que utilizan y difunden sus contenidos a través de plataformas de intercambio de vídeos”, según la denominación oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la nueva norma, los influencers que tengan una actividad profesional van a ser declarados “prestadores de servicio de comunicación audiovisual”, y, por tanto, tendrán que someterse al régimen de obligaciones y responsabilidades de los tradicionales agentes del medio como las cadenas de televisión. El incumplimiento de esas normas acarrea unas sanciones de hasta un millón de euros o la retirada de la licencia en el caso de las infracciones más graves, por lo que los videobloggers deberán revisar bien sus guiones y cuidar sus intervenciones si no quieren ver truncada su carrera profesional.

Se trata de un cambio normativo muy relevante porque los videos que difunden influencers como El Rubius, Dulceida, Ibai Llanos, Patry Jordán, Pelayo Díaz, Dalas Review, Patty Dragona, David Dobrik o Georgina Rodríguez tienen más impacto mediático y publicitario que la mayor parte de los programas que emiten las cadenas generalistas como Telecinco o Antena 3.

Pero no todos los usuarios que suban un vídeo a las redes sociales van a tener que someterse a esa regulación. De acuerdo a la propuesta de la CNMC, que está abierta a consulta pública y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, para que un influencer pueda equipararse a un servicio de comunicación audiovisual deben cumplirse hasta siete requisitos: tratarse de un servicio económico; el prestador debe ostentar la responsabilidad editorial sobre los contenidos que ofrece; debe ser un servicio dirigido al público en general; la función de los contenidos tiene que ser principalmente informar, entretener o educar; su propósito principal será la provisión de programas, y esos programas deben ser audiovisuales y deben proveerse mediante redes de comunicaciones electrónicas.

La repercusión más inmediata de esta declaración como prestadores de comunicación audiovisual es que los influencers tendrán que afinar sus mensajes para no incurrir en importantes sanciones económicas. En particular, la emisión de contenidos que de forma manifiesta se consideren que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

La ley hace también hincapié en la protección al menor, y en su nueva redacción incluirá limitaciones para los influencers en la temática y horarios para difundir ciertos contenidos dirigidos al público más joven, como la que ya restringe las emisiones de las teles.

Publicidad engañosa

No obstante, los influencers más célebres y con más ingresos no suelen meterse en terrenos pantanosos en materias ideológicas, debido a que su contenido aspira a llevar el mensaje al espectro sociológico más amplio posible, y suelen optar por videos de apariencia simpática y contenido más bien intrascendente. En el fondo, su objetivo en la mayor parte de los casos es hacer llegar el mensaje publicitario de una forma subliminal de los patrocinadores que les financian. Por eso, la inclusión de su actividad en la nueva ley Audiovisual va a suponer un duro golpe para la mayor parte de ellos, porque establece un corsé normativo y de control de la publicidad que transmiten en sus vídeos.

Cuando entre en vigor, los influencers podrán ser sancionados administrativamente por la emisión de comunicaciones comerciales encubiertas, que utilicen técnicas subliminales, o que fomenten comportamientos nocivos para la salud o la seguridad de las personas o para el medio ambiente, según ha podido conocer este diario. Es decir, se va a perseguir la publicidad engañosa, que ahora se abre terreno libre en mucho de los canales de estos influencers, y que ha tenido repercusiones públicas con casos sonados de promoción a la anorexia, la ludopatía o incluso la adicción a las drogas.

También en Andorra

Una de las principales novedades de la ley es que la supervisión a los influencers se producirá, aunque no estén domiciliados en España (Andorra, por ejemplo), siempre y cuando sus contenidos sean ofrecidos en España. “Podrán estar bajo la supervisión de la CNMC servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por prestadores sujetos a la jurisdicción española, que pueden ser personas físicas o jurídicas no necesariamente domiciliadas en España”, señala el borrador. De esta forma, aunque los influencers hayan podido escapar del régimen tributario mudándose a países con fiscalidad más liviana, como el sonado caso de El Rubius cuando se mudó a Andorra, estarán sujetos al control de su publicidad y contenidos aunque residan en otro Estado.

No obstante, la ley subrayará que no todas aquellas entidades que emitan contenidos audiovisuales en las plataformas deberán ser consideradas prestadores audiovisuales per se. Así, por ejemplo, aquellos servicios en los que no concurran dichos criterios, “como los vídeos generados por los usuarios finales donde no prima un interés económico ni realmente tienen un impacto significativo en la audiencia” estarán excluidos de la aplicación de la ley. Es decir, la mayor parte de los millones de vídeos que suben los particulares a las redes sociales cada día para destacar algún capítulo de su vida cotidiana o empatizar con los amigos.

El cambio es sustancial porque hasta ahora la actividad de los influencers profesionales no está sometida a ninguna norma, más allá del Código Penal y del régimen fiscal a los todos los ciudadanos están sujetos. La única iniciativa hasta ahora para tratar de encauzar esta labor es un código de conducta para influencers no vinculante que se lanzó a finales de 2020. Se trata del Protocolo de fomento de la autorregulación en medios digitales, firmado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y Autocontrol con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Consumo. El objetivo del código era que los contenidos digitales o menciones realizadas por influencers que tengan naturaleza publicitaria sean identificables como tales para sus seguidores.

Entre otros, el código de conducta establece que en aquellos casos en los que la naturaleza publicitaria del contenido no sea clara y manifiesta, será necesario incluir una indicación al respecto que debe ser explícita, inmediata y adecuada al medio y mensaje sobre la naturaleza publicitaria de tales menciones o contenidos. También establece que las empresas adheridas informarán de la existencia del código a los influencers, así como y que deberán favorecer la adhesión de estos al mismo e incluir en sus contratos con ellos la necesidad del cumplimiento de las normas éticas contenidas en el código.

“No hay ninguna ley como tal que regule la actividad de los influencers, solo un código de conducta con una serie de reglas básicas para que los contenidos publicitarios se acomoden a los valores que quiere la marca sin sobrepasar ningún límite, y no hemos tenido nunca ningún problema”, señala Álvaro Sanz, responsable del departamento de Social Media de Neoattack, una agencia de marketing que a influencers en alguna de sus campañas.

Fuente: https://elpais.com/

Els canvis suposaran que la sanció serà com a màxim del 50% del valor del bé o els valors no declarats i que no es pugui reclamar res si fa cinc exercicis o més de la seva adquisició.

El govern espanyol treballa per adaptar la normativa sobre la declaració de béns a l’estranger -el polèmic model 720- per adaptar-la a la contundent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). L’executiu preveu reduir considerablement les multes de les sancions per no fer-ho i, també, imposant una prescripció de quatre anys. El canvi podria facilitar que molts ciutadans del país veí del sud regularitzin immobles que tenen el Principat.
Des del mateix moment que es va conèixer la resolució del TJUE, el govern que encapçala Pedro Sánchez ja va anunciar la voluntat de fer modificacions legislatives per acatar-la i adaptar-s’hi. Els canvis s’estan ja preparant i, segons ha avançat el diari ‘El País’ inclouran unes multes considerablement inferiors a les tombades per la justícia comunitària i la fi d’una altre punt que també generava molta controvèrsia: que no hi havia prescripció.

Per impulsar la nova normativa, el govern de coalició PSOE-Podemos preveu aprofitar una llei, la de modificació de l’impost de societat i del de la renda de no residents, ara a tràmit al Senat. Es faran esmenes amb els canvis. I s’espera que aquests puguin ser aprovats en un termini relativament breu.

Així, per un costat, es tocaran les multes previstes per aquells contribuents que no declaressin un bé o fons a l’estranger, com ara un pis comprat a Andorra. Malgrat ser un tràmit merament informatiu, no fer-ho (sempre que el valor fos superior als 50.000 euros) podia suposar, amb la normativa tombada pel TJUE, sancions molt elevades per cada dada omesa o comunicada fora de termini i, fins i tot, una quantitat equivalent al 150% del valor del bé del qual no s’hagués informat. Ara, aquest càstig serà, com a màxim, del 50%.

I, pel que fa a la prescripció, es marcarà el termini ja fixat pels delictes fiscals: quatre anys. Segons els experts consultats per Altaveu això podria suposar que si el bé, com ara un immoble, s’ha comprat fa més temps, Hisenda no podria fer cap reclamació al contribuent ni, evidentment, imposar cap sanció.

L’objectiu del govern espanyol és que aquestes modificacions puguin estar enllestides abans del 31 de març. Això suposaria tenir-ho abans que acabi el termini per presentar el model 720 relatiu a l’exercici 2020.

Font: Altaveu

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència planteja que els creadors de continguts haurien de tenir les mateixes normes que les cadenes i això ha indignat molts d’ells, sumat a la proposta de les noves quotes dels autònoms

L’arribada de ‘youtubers’ espanyols a Andorra, amb el cas del ‘Rubius’ com a nom més destacat va tenir un motiu principal: la recerca d’un marc fiscal menys dur. Ara, però, altres creadors de continguts que encara romanen al país veí estan plantejant-se seguir el mateix camí. La causa? La voluntat d’imposar-los les mateixes normes que a les cadenes de televisió.
Segons han posat en relleu alguns mitjans espanyols, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) preveu equiparar aquests professionals amb la llei general de comunicació audiovisual. Per tant, es vol que estiguin sotmesos a les mateixes regles que els mitjans tradicionals. I això vol dir, per exemple, identificar la publicitat o deixar clar quina és la classificació d’edat de cada emissió. I també es podria imposar un pagament d’un cànon sobre la música o els videojocs que utilitzen en les seves retransmissions.

Aquesta possibilitat ha generat alarma i indignació entre els ‘youtubers’ que encara resideixen a Espanya, que entenen que l’aplicació de la normativa pensada per a cadenes de televisió, en molts casos, faria inviable el seu actual model de negoci. I així ho han fet saber en algunes de les seves emissions o a través de les xarxes.

I no són pocs els que han posat en relleu quina seria l’alternativa: marxar d’Espanya. I Andorra seria el destí. “Sempre he dit que em quedo perquè aquí estan els meus pares, però no sóc imbècil. Si cal, faig les maletes”, ha afirmat, per exemple, Cristina López ‘Cristini’, especialitzada en la narració d’esports electrònics.

“Si això entra en vigor, sou conscients que la penya marxaria a Andorra?”, demanava IlloJuan, posició similar a l’expressada per Carola. “Si em ve Espanya i em diu que haig de tenir uns horaris, fer unes coses i donar un contingut… bon dia, marxo a Andorra. Seria d’imbècils quedar-se aquí”, ha apuntat.

La sensació que tenen molts, fins i tot alguns dels ja residents al Principat, és que la mesura que estudia la CNMC estaria influenciada per les pressions dels grans grups de comunicació. A banda, ara es té clar que per a aquells que han emigrat cap a Andorra la decisió ha estat beneficiosa: segueixen tenint una gran presència i, a més, s’estalvien una gran quantitat de diners en impostos. Caldrà veure, doncs, com evoluciona el treball de l’òrgan regulador i si, finalment, s’opta per aquesta mesura. I, si això succeeix, si les amenaces dels ‘youtubers’ acaben fent-se realitat.

Aquesta possibilitat se suma a un altre fet també molt criticat pels creadors de contingut: les quotes dels autònoms. La reforma proposada des del govern espanyol també va generar una important indignació entre el col·lectiu. Un dels més enutjats va ser el Xokas: “Que no es passin de llestos perquè marxo a Andorra”, va arribar a assegurar.

Fuente: www.altaveu.com

Desde enero del 2022 ha entrado en vigor la ley 37/2021 de 16 de diciembre, de transposición de la 5a Directiva europea, y que al igual que en España, modifica parcialmente la vigente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de Andorra, obligando a todos los proveedores de servicios de activos digitales a adoptar medidas de diligencia debida que implica, entre otras cuestiones a tener debidamente identificados a los clientes/beneficiarios que hagan operaciones con activos digitales, aunque sean ocasionales, por importes igual o superior a 1.000€, si estos efectúan operaciones de intercambio entre activos digitales, estos con activos fiat, almacenaje, custodia o depósito de los mismos, o presten servicios financieros relacionados con la venta inicial o emisión de un activo digital por un emisor.

 

Tendrá poder en las comunicaciones publicitarias que se dirijan a españoles

El idioma, que exista una web y los teléfonos serán determinantes

España será pionera en el control de la publicidad sobre criptoactivos. La CNMV se ocupará a partir del próximo jueves, 17 de que los anuncios, también los que realicen los influencers en sus redes, mitiguen el riesgo de que atraigan a pequeños inversores. Las campañas masivas necesitarán autorización previa y su ámbito de actuación no se limitará a España. Cualquier personaje relevante estará en el ojo del supervisor si el mensaje se dirige a inversores españoles. El idioma y que exista una web o teléfonos de contacto serán claves para que pueda intervenir.

Los poderes del supervisor español de los mercados trascenderán las fronteras patrias. Tendrá capacidad de intervención sobre cualquier actividad publicitaria dirigida a inversores en España y se presumirá que es así cuando se efectúen en español, “salvo que contengan medidas que atestigüen que los servicios o productos promocionados no están dirigidos o no son accesibles a inversores en España”. Incluidas, por supuesto, las que realicen los influencers en cualquier red social: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok…

El arsenal que se guarda el vigilante de los mercados que preside Rodrigo Buenaventura es amplio. Puede ponerse en contacto directamente con el influencer, con la empresa que paga el anuncio, con el canal que lo distribuye o con una eventual agencia de publicidad que esté de por medio.

Las reglas serán las mismas para los criptoinfluencers que para el resto de las campañas. Incluirán, con un espacio que suponga al menos una quinta parte del anuncio, el siguiente aviso a navegantes: “La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido”.

La actividad de criptos de Rafa Nadal no estará bajo la lupa de la CNMV

Y no solo eso, habrán de incluir o indicar dónde consultar otros 12 peligros. Entre ellos, que los precios de los criptoactivos se constituyen en ausencia de mecanismos que aseguren su correcta formación y que las facilidades de anonimato que pueden aportar los convierten en un objetivo para los ciberdelincuentes.

También estarán sometidos al régimen de autorización previa para campañas que se consideren masivas, aquellas que se dirijan a más de 100.000 personas. Para las redes sociales se usará como medida “el más elevado entre el número de usuarios estimados en las campañas publicitarias y el número de seguidores de las cuentas utilizadas”.

La primera incursión que realizó la CNMV en la cuestión de los criptoactivos fue el pasado 24 de noviembre, cuando llamó la atención al futbolista Andrés Iniesta por anunciar en sus redes sociales la plataforma Binance. Entonces ya contaba con la habilitación expresa del Gobierno, en una reforma exprés de la ley del mercado en marzo de 2021, para que pudiera tomar cartas en el asunto.

El coordinador de las comisiones europeas de valores, ESMA, avisó en un documento fechado el pasado 31 de enero del riesgo creciente de la influencia de las redes sociales en las decisiones de inversión. Desde octubre del año pasado cuenta con un manual para intervenir en redes en temas financieros sin ser sancionado.

Mientras tanto, el número de casos contra famosos que han empleado sus redes sociales para promocionar criptoactivos crece. La modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian, el exjugador de la NBA Paul Pierce y el boxeador Floyd Mayweather Jr. han sido demandados. El mes de mayo pasado promocionaron un token llamado EthereumMax. Más de medio año después, la estrella estadounidense y la leyenda del boxeo se enfrentan a una demanda en la que se alega que las celebridades engañaron a los inversores en la promoción de la criptomoneda.

Matt Damon lanzó una campaña, también en España, para la plataforma Crypto.com. Los anuncios también tuvieron sus tentáculos en Twitter, aunque estos se realizaron en inglés.

El flamante ganador del Open de Australia, Rafa Nadal, lanzará una colección de tokens no fungibles, que son únicos y no intercambiables, con Autograph. Este tipo de activos, considerados arte, no está sometido al control publicitario por parte de la CNMV.

Avalancha de advertencias del supervisor

  • Entidades no registradas. La CNMV lanzó ayer sus propias advertencias sobre entidades no registradas, así como los avisos recibidos por otros organismos supervisores. En número, los que se llevan el premio gordo son los chiringuitos relacionados con las criptodivisas.
  • Sin regulación. Cierto es que la ausencia de un marco jurídico –la directiva europea MiCA está todavía en proceso de elaboración y no se espera que comience a aplicarse al menos hasta 2024– provoca un vacío legal en las actividades de este tipo. Los primeros movimientos del Gobierno español se refieren solo a la publicidad y la tributación.
Fuente: https://cincodias.elpais.com/