Desde enero del 2022 ha entrado en vigor la ley 37/2021 de 16 de diciembre, de transposición de la 5a Directiva europea, y que al igual que en España, modifica parcialmente la vigente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de Andorra, obligando a todos los proveedores de servicios de activos digitales a adoptar medidas de diligencia debida que implica, entre otras cuestiones a tener debidamente identificados a los clientes/beneficiarios que hagan operaciones con activos digitales, aunque sean ocasionales, por importes igual o superior a 1.000€, si estos efectúan operaciones de intercambio entre activos digitales, estos con activos fiat, almacenaje, custodia o depósito de los mismos, o presten servicios financieros relacionados con la venta inicial o emisión de un activo digital por un emisor.

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