Todos los demás intermediarios implicados, y el propio contribuyente, si tendrán la obligación de comunicar la información
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha asegurado que la obligación de los abogados de informar sobre los operaciones de planificación fiscal agresiva de sus clientes vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre abogado y cliente.

En una sentencia del 8 de diciembre de 2022, el TJUE tumba parte de la directiva conocida como DAC6 sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

“La obligación impuesta al abogado de informar a los demás intermediarios implicados no es necesaria y vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones con su cliente”, afirma el TJUE, que también establece que “todos los demás intermediarios implicados en esa planificación y el propio contribuyente están sometidos a la obligación de comunicación de información, lo que permite garantizar que la Administración tributaria sea informada”.

El tribunal, en respuesta al Tribunal Constitucional belga, asegura que “el artículo 8 bis ter, apartado 5, de la Directiva 2011/16 modificada vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre el abogado y su cliente, garantizado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Y recuerda que dicho artículo “protege la confidencialidad de toda la correspondencia entre particulares y ofrece una protección reforzada en el caso de los intercambios entre abogados y sus clientes. Esta protección específica del secreto profesional de los abogados se justifica por el hecho de que se les encomienda un cometido fundamental en una sociedad democrática, a saber, la defensa de los justiciables.”

La DAC6 es la Directiva (UE) 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica, la Directiva 2011/16/UE y establece la obligación de que los intermediarios fiscales informen a las autoridades tributarias sobre los mecanismos transfronterizos que impliquen una planificación fiscal agresiva.

El decreto que transpuso esta directiva en Bélgica estableció que, cuando un abogado implicado en una planificación fiscal transfronteriza está sujeto a secreto profesional, debe informar a los demás intermediarios de que no puede llevar a cabo la comunicación de información. Dos organizaciones profesionales de abogados interpusieron recurso ante el Tribunal Constitucional belga por considerar que no es posible cumplir esta obligación sin violar el secreto profesional. Y el Constitucional planteó la cuestión al TJUE.

La transposición en España comenzó con la Ley 10/2020, de 29 de diciembre de 2021, que modificó la Ley General Tributaria. A esta siguieron varios reglamentos, que establecieron la obligación de declaración de determinados mecanismos transfronterizos por los obligados tributarios o por intermediarios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado inválida la disposición de la Directiva antiblanqueo que establece que los Estados miembros deben garantizar información sobre la titularidad real de sus sociedades, por considerarla una injerencia grave en los derechos fundamentales.

El caso parte de la controversia creada a partir de una ley luxemburguesa de 2019 a través de la cual se establece un Registro de la Titularidad Real. La norma prevé que toda una serie de datos sobre los titulares reales de las entidades registradas deben inscribirse y conservarse en ese registro. Una parte de esa información está a disposición del público en general, en particular a través de Internet. Dicha ley también recoge la posibilidad de que un titular real solicite a Luxembourg Business Registers (LBR), autoridad gestora del Registro, que limite el acceso a esa información en determinados casos.

Una sociedad luxemburguesa y el titular real de la misma solicitaron a LBR que limitara el acceso del público en general a los datos que les afectan. El registro desoyó las peticiones, lo que llevó a los reclamantes a presentar sendas demandas ante el Tribunal de Distrito de Luxemburgo. En los escritos al tribunal se afirma que la divulgación de tales datos podía conllevar un riesgo desproporcionado de violación de los derechos fundamentales de los titulares reales afectados.

Ante la tesitura planteada, la corte luxemburguesa decidió plantear al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva antiblanqueo y sobre la validez de tales disposiciones en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, ha declarado la invalidez, a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales, de la disposición de la Directiva antiblanqueo que establece que los Estados miembros deberán garantizar que la información sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio esté en todos los casos a disposición de cualquier miembro del público en general.

Según el TJUE, el acceso del público en general a la información sobre la titularidad real constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales consagrados, respectivamente, en los artículos 7 y 8 de la citada carta de derechos. En la sentencia se recrimina que la información divulgada permite a un número potencialmente ilimitado de personas informarse sobre la situación material y económica de un titular real. Además, “las consecuencias que para las personas afectadas podrían derivarse de una posible utilización abusiva de sus datos personales se ven agravadas por el hecho de que esos datos, una vez puestos a disposición del público en general, no solo pueden ser libremente consultados, sino también conservados y difundidos”.

Destaca el TJUE que, mediante la Directiva de blanqueo, el legislador de la Unión pretende prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, creando, a través de una mayor transparencia, un entorno menos susceptible de ser utilizado con tales fines. Reconoce el tribunal que con esta medida se persigue un objetivo de interés general “que puede justificar injerencias, incluso graves, en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales y que el acceso del público en general a la información sobre la titularidad real es idóneo para contribuir a alcanzar ese objetivo”.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia aprecia que “la injerencia que conlleva esta medida no se limita a lo estrictamente necesario ni es proporcionada en relación con el objetivo perseguido”.

A este respecto, señala que “aparte del hecho de que las disposiciones controvertidas autorizan la puesta a disposición del público de datos que no están suficientemente definidos ni son identificables, el régimen introducido por la Directiva antiblanqueo representa un menoscabo considerablemente más grave de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta que el régimen anterior, que establecía, además del acceso de las autoridades competentes y de determinadas entidades, el de toda persona u organización que pudiera demostrar un interés legítimo, sin que esa mayor gravedad se compense con los eventuales beneficios que, en lo que atañe a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, podrían resultar del nuevo régimen en comparación con el antiguo”.

El TJUE subraya que la eventual existencia de dificultades para definir con precisión los supuestos y las condiciones en las que existe tal interés legítimo, invocadas por la Comisión, no puede justificar que el legislador de la Unión prevea el acceso del público en general a la información de que se trata.

El Tribunal de Justicia añade que supeditar la puesta a disposición de la información sobre la titularidad real a una inscripción en línea y prever, en determinadas circunstancias, excepciones al acceso del público, no asegura una ponderación equilibrada entre el objetivo de interés general y los derechos fundamentales.

Fuente: www.economistjurist.es

Señaló que «debe ir mucho más allá de trasladar normativas ya aplicadas a las finanzas tradicionales» y señaló que «es también responsabilidad de las empresas» que operan en él
El golpe a la industria de criptomonedas tras la quiebra de FTX ha sido notable. Por ello, Changpeng Zhao, el CEO de Binance, la principal plataforma de intercambio de criptos del mundo, defendió este lunes una «mejor regulación del sector» tras las nuevas turbulencias que atraviesa el mercado y que han puesto también en la diana a otra como Crypto.com, que ha sufrido una fuerte retirada de dinero. «Necesitamos ciertas regulaciones para proteger a los clientes y para que el sector sea más estable», dijo Zhao durante su intervención en el foro de negocios del G20, una reunión en la víspera de la cumbre de líderes del grupo de las 20 principales economías globales que se celebra en la isla indonesia de Bali.

Zhao, considerado una de las figuras más influyentes en el sector de las criptomonedas, se pronunció así tras la «semana loca» que ha vivido esta industria con la caída de la plataforma FTX, declarada en bancarrota el pasado día 11 tras las dudas generadas sobre su solvencia.

La propia Binance planteó un posible rescate de FTX días antes, pero terminó retirando su oferta de compra debido a que la operación «no era beneficiosa» para la firma, según explicó el propio Zhao, en una carta a sus empleados hecha pública.

El colapso de FTX, que recientemente llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, ha desatado una nueva tormenta en los mercados de las criptomonedas, la principal de las cuales, el bitcoin, acumula una caída superior al 60% en lo que va de año y se encuentra en niveles mínimos desde finales de 2020.

Zhao señaló que la regulación del sector «debe ser más sofisticada e ir mucho más allá de trasladar normativas ya aplicadas a las finanzas tradicionales», y señaló que la estabilización del mismo «es también responsabilidad de las propias empresas» que operan en él. En particular, destacó que los operadores de criptomonedas «deben invertir mucho más en seguridad», «evitar los atajos» y «trabajar en la educación financiera» de los clientes. «Como industria, necesitamos mejorar nuestra transparencia», dijo el empresario conocido como CZ, quien compareció en el foro ataviado con una camisa tradicional indonesia batik.

En el foro de negocios del G20 también intervinieron de forma telemática el magnate sudafricano Elon Musk y el presidente de Amazon, Jeff Bezos, el CEO de la compañía de transporte y servicios Grab, Anthony Tan, y el presidente surcoreano, Yoon Suk-Yeol, entre otros.

El público puede percibirla como una indicación de la procedencia de los productos y los servicios en cuestión, creando confusión

El Tribunal General de la Unión Europea, en una reciente sentencia, ha confirmado que el signo figurativo ANDORRA no puede ser objeto de registro como marca de la Unión de varios productos y servicios, una pretensión instada por el gobierno andorrano. Dicho signo, remarcan sus magistrados, puede ser percibido por el público como una indicación de la procedencia geográfica de los productos y servicios en cuestión, y no del origen comercial particular de estos.

Como recogen los hechos del caso, en junio de 2017 el Govern d’Andorra (Gobierno del Principado de Andorra) presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, para el signo figurativo «ANDORRA». Bajo esta marca buscaba abarcar un amplio abanico de productos y servicios.

La solicitud de registro fue denegada por la EUIPO en febrero de 2018. Dicha denegación fue confirmada mediante resolución de 26 de agosto de 2019. La EUIPO consideró, por un lado, que el signo sería percibido como designación del origen geográfico de los productos y servicios de que se trata.

Por otro lado, el signo ANDORRA carecía, a su juicio, de carácter distintivo, puesto que informaba simplemente de ese origen geográfico, y no del origen comercial particular de los productos y servicios designados.

Recurso

El Govern d’Andorra interpuso ante el Tribunal General un recurso contra la resolución de la EUIPO. Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal General desestima el recurso en su totalidad. El Govern d’Andorra alega en particular que Andorra no es un país conocido por la fabricación de los productos y la prestación de los servicios en cuestión, de modo que para el consumidor no hay ninguna relación actual o potencial entre los productos y servicios en cuestión y la marca solicitada que permita considerar que el término «Andorra» indica una procedencia geográfica en el sentido del Reglamento.

El Tribunal General procede seguidamente a examinar el carácter descriptivo de la marca solicitada en relación con los productos y servicios en cuestión. Para ello debe determinar, por un lado, si el término geográfico que constituye la marca solicitada es percibido como tal y conocido por el público pertinente y, por otro lado, si ese término geográfico presenta o podría presentar en el futuro un vínculo con los productos y servicios reivindicados.

Tras un examen detallado, el Tribunal General concluye que el Govern d’Andorra no ha logrado desvirtuar las apreciaciones de la EUIPO sobre el carácter descriptivo de la marca 1 Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, en su versión modificada y sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea

Se trata efectivamente de un motivo de denegación absoluto que justifica por sí solo que el signo no pueda registrarse como marca de la Unión.

El Tribunal General considera, por otra parte que, en su resolución, la EUIPO no incumplió su obligación de motivación ni vulneró el derecho de defensa ni violó los principios de seguridad jurídica, igualdad de trato y buena administración.

Fuente: https://noticias.juridicas.com

El tribunal de Luxemburgo abre la puerta a nuevas reclamaciones por el modelo 720

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUJE) ha fallado este martes contra España por obstruir y entorpecer los procesos de reclamación patrimonial iniciados por los contribuyentes contra el Estado. En concreto, el tribunal con sede en Luxemburgo ha tumbado parte de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 de la normativa española sobre responsabilidad patrimonial, que hacía prácticamente imposible o excesivamente arduo el resarcimiento de los contribuyentes que se enfrentaban a uno de estos procesos de reparación.

Las normativas en cuestión fueron redactadas en el año 2015 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En opinión de varios expertos consultados, el objetivo del texto no era otro que impedir mediante una amalgama de condicionantes y disposiciones que el Estado tuviese que abonar a los ciudadanos y empresas afectados por unos impuestos ilícitos cantidades ingentes de dinero.

Tal y como explica Isaac Ibáñez García, el abogado fiscalista que elevó el asunto a la Comisión Europea en 2015, el tribunal anula la restricción de las reclamaciones a solo un año desde la publicación de la sentencia. También tumba la caducidad de cinco años desde que se produce el hecho causante del daño. Entiende, por lo tanto, «que los particulares perjudicados tienen derecho a ser resarcidos»

https://cincodias.elpais.com/

«Fue una decisión clara, una decisión libre, de todos los Estados miembros cuando deciden formar parte de la Unión», ha explicado tras la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos celebrada en Luxemburgo.

La Comisión Europea (CE) ha subrayado que la primacía del Derecho de la Unión Europea sobre las leyes de los Estados miembros no es una imposición de las instituciones comunitarias, sino una decisión «libre» de los países cuando optan por entrar en la UE.

La CE se ha expresado así tras la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que niega la primacía del Derecho comunitario sobre las leyes polacas, lo cual ha provocado un nuevo enfrentamiento entre Bruselas y Varsovia.

«Hay una primacía del Derecho de la UE, pero no solo sobre las leyes nacionales, sino también sobre las provisiones de las diferentes constituciones, y no fue una imposición de las instituciones europeas o de Bruselas, como hemos oído algunas veces», ha declarado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

«Fue una decisión clara, una decisión libre, de todos los Estados miembros cuando deciden formar parte de la Unión», ha continuado durante una rueda de prensa tras la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos celebrada en Luxemburgo.

Ha añadido que fue «una decisión nacional consentir los tratados y esos principios».

«Está muy claro que cuando hablamos de la primacía del Derecho de la UE es también con respecto a las provisiones de las constituciones en los diferentes Estados miembros, del mismo modo que cuando hablamos del carácter vinculante de los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un carácter vinculante sobre todas las autoridades nacionales, incluidos los tribunales constitucionales».

También ha explicado que el respeto del Estado de Derecho «no se puede dar por hecho, incluso en la UE».

Hoy mismo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, incrementó la tensión entre su Gobierno y la Comisión Europea en un bronco debate en el Parlamento Europeo.

Reynders ha dicho a los ministros y secretarios de Estado las opciones de Bruselas ante Polonia, incluida la posible activación del nuevo mecanismo para vincular el presupuesto con los valores del Estado de Derecho, que aún no se ha puesto en marcha.

Reynders recordó que Von der Leyen aseguró el 15 de septiembre en el discurso sobre el Estado de la Unión que el mecanismo se pondría en marcha «en las próximas semanas».

Preguntado por la sentencia que la corte comunitaria debe dictar sobre la legalidad del mecanismo, Reynders dijo que el tribunal podría comunicarla a finales de este año o principios del próximo.

Otras opciones de la Comisión son el lanzamiento de nuevos procedimientos de infracción, así como el artículo 7 de los tratados, que lleva varios años activado contra Polonia, pero estancado en su fase de diálogo y con escasas posibilidades de llegar a retirar a Varsovia su derecho a voto en el Consejo.

Reynders aseguró que hubo en la reunión de hoy «un muy grande apoyo» a la postura de la CE sobre el modo de seguir adelante «con la excepción de quizá uno o dos Estados miembros».

Aunque no los mencionó de forma explícita, Polonia y Hungría son los países que han planteado más desafíos al respeto del Estado de Derecho en la UE los últimos años.

Fuente: www.expansion.com

Los Fiscales podrán consultar datos del Índice Único Notarial

 

Laura Codrua Kövesi, Fiscal General Europea, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En virtud de este acuerdo, los integrantes de la Fiscalía Europea podrán solicitar telemáticamente información relacionada con sus investigaciones al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN.

Las solicitudes podrán contener datos recogidos en el Índice Único Informatizado Notarial relacionados con las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía Europea dentro de sus competencias; en particular, en el ámbito de la investigación de la delincuencia económica. La información del Índice Único Informatizado Notarial, elaborado con los datos de las escrituras públicas autorizadas en las 2.800 notarías españolas, permitirá a la Fiscalía Europea disponer, de forma inmediata, de información global y centralizada en cada requerimiento que formule, lo que contribuirá decisivamente a prevenir los actos ilícitos y aportar valor a las investigaciones y diligencias.

La información elaborada proviene de las escrituras públicas de 2.800 notarías

El contenido de los requerimientos podrá incluir operaciones notariales de un particular (con datos complementarios y documentación); información de titularidad real de personas físicas o jurídicas concretas; datos sobre la condición de una persona con responsabilidad pública (según normativa española); solicitudes de seguimiento, etc.

El CGN habilitará una plataforma web desde la que se canalizarán los requerimientos de información presentados por la Fiscalía Europea. La formulación de estas solicitudes requerirá la identificación del fiscal que la lleva a cabo; instrumentada mediante un sistema de firma electrónica corporativa.

Fuente: www.eleconomista.es

El pasado sábado los países del G7 alcanzaron un acuerdo histórico por el que se dio luz verde a las líneas maestras para la imposición de un impuesto de Sociedades global, poniendo en jaque a los paraísos fiscales. Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido aceptaron conjuntamente diez años después un gravamen mínimo del 15% para las grandes empresas, porcentaje que aumenta hasta el 20% en el caso de aquellas compañías cuyos beneficios superen un margen de ganancia mínimo de un 10%.

Pese a que la lista de las empresas que deberán tributar por esta parte de sus beneficios no está claro, nombres como los de las grandes tecnológicas Google, Facebook o Amazon han sido los primeros en salir a la palestra.

Además, este nuevo gravamen global se aplicará sobre los beneficios globales en los territorios donde operan y no solo en el país donde tengan su sede social, como ocurría hasta ahora. «Nos comprometemos a llegar a una solución equitativa sobre el reparto de los derechos de imposición, concediendo a los países del mercado derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes y rentables», señala el texto del acuerdo.

El objetivo de esta medida es impedir que las grandes multinacionales deslocalicen su sede a otro país donde tengan un trato fiscal mucho más favorable, además de hacerles pagar en los países donde operan. La cifra del 15% que sea de aplicación general está por encima del porcentaje de impuesto de Sociedades que aplican ahora países como Irlanda, aunque se sitúa aún por debajo del nivel más bajo del G7. Sin embargo, se trata de un primer movimiento para implicar a más actores internacionales.

«Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global. El #G7 llega hoy a un acuerdo histórico que permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales. El objetivo: una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social», señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la secretaria de Estado del Tesoro, Janet Yellen, señalaba el pasado sábado que este acuerdo supondría poner fin a «30 años de competición entre los Estados para atraer las inversiones de las grandes multinacionales mediante la reducción de sus impuestos», una guerra que ahora amenaza con poner punto y final a los paraísos fiscales.

Las tecnológicas, las afectadas

La lista de empresas afectadas por esta medida saldrá a la luz en las próximas semanas. Por ahora, y siguiendo los datos que cada año aporta la OCDE, se puede observar que multinacionales como Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft y Netflix utilizan este tipo de estrategias y lagunas legales para ahorrarse miles de millones en impuestos. El grupo activista británico Fair Tax Mark ha puesto cifras a este ahorro y ha calculado que las grandes tecnológicas se habrían ahorrado más de 100.000 millones de euros en tasas entre los años 2010 y 2019, momento en que se emitió el último informe.

Tras conocerse el acuerdo, algunas multinacionales tecnológicas se manifestaron públicamente al respecto. Fue el caso de Facebook, cuyo jefe de asuntos globales, Nock Clegg, valoró positivamente la medida a través de su cuenta de Twitter: «Damos la bienvenida al importante progreso realizado en el G7».

Todavía faltan por cortar los últimos flecos de esta medida, sobre todo en puntos relevantes sobre cuándo comenzará a aplicarse y la forma de adaptarla a las diferentes normativas locales.

Esta propuesta será también promovida en el G20 y se debatirá en el encuentro del próximo mes de julio en Venecia, según afirmó Rishi Sunak, ministro de Hacienda de Reino Unido. Este gesto busca reforzar la unanimidad a la hora de imponer el nuevo gravamen, evitando que los países que ahora mantienen una tributación más baja puedan tirar el acuerdo.

Decisiones verdes

Más allá de este nuevo impuesto, los países del G7 también se han comprometido a integrar el cambio climático y la biodiversidad en la toma de decisiones, fomentando este tipo de medidas mediante la creación de un grupo de trabajo para perseguir los crímenes medioambientales.

Además han afirmado que avanzarán hacia un modelo estándar para que las empresas declaren su impacto medioambiental, facilitando la comparación a los inversores que busquen premiar la sostenibilidad.

En la reunió bilateral mantinguda en el marc de la cimera, entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president Pedro Sánchez s’ha apostat per intensificar “la cooperació” i la “col•laboració” entre administracions per “l’intercanvi d’informació” tributària

Xavier Espot i Pedro Sánchez, han mantingut una reunió bilateral en el marc de la Cimera Iberoamericana que s’està celebrant a Soldeu. Tots dos mandataris han abordat la qüestió fiscal en primer terme després de la polèmica dels ‘youtubers’. Així, han acordat intensificar la “cooperació” i la “col·laboració” per a “l’intercanvi d’informació” així com la institucionalització de reunions anuals entre les autoritats fiscals per fer un seguiment de la situació. El màxim responsable de l’executiu també ha mantingut una trobada amb el rei Felip VI.

La trobada entre el cap de Govern i el president espanyol ha permès abordar aspectes d’interès per als dos Estats. Un dels punts que s’ha abordat, com ja va avançar Espot el passat divendres, és la fiscalitat andorrana amb relació amb el projecte legislatiu contra el frau fiscal que s’està tramitant a les corts espanyoles així com arran de la polèmica sorgida a Espanya per la marxa de destacats ‘youtubers’ al Principat buscant un règim tributari més suau. Des d’Andorra s’ha volgut deixar clar que hi ha cooperació en aquest àmbit, a través dels mecanismes d’intercanvi d’informació.

Així, i segons s’ha informat des de Govern, tant Espot com Sánchez haurien “celebrat la bona entesa” entre els dos executius, que es dona tant “en l’àmbit polític com en el tècnic”. Això, ha remarcat, “afavoreix la transparència i l’intercanvi d’informació mutu en matèria tributària”.

A la vegada, un dels acords tancats ha estat la “institucionalització” de trobades regulars -s’ha parlat d’una a l’any- entre els responsables en matèria fiscal de cada país. Aquestes haurien de servir per fer un seguiment de la situació, a la vegada que per enfortir la cooperació i col·laboració ja existents així com “l’intercanvi d’informació”. Fonts de la Moncloa han deixat clar que en cap cas es pretén que Andorra equipari el seu sistema tributari amb l’espanyol.

I ho han fet després que, en un primer moment, les primeres informacions aparegudes parlessin d’una “harmonització de la situació”. L’expressió, no del tot ben escollida, ha generat un cert rebombori i algun malentès que s’ha hagut d’aclarir per part de fonts del govern espanyol. Sí que es vol fer aquest seguiment, amb les trobades anuals com a principal punt per donar continuïtat “al que ja s’està fent”.

Altres temes que s’han posat sobre la taula han estat la campanya de vacunació. Així, s’ha compartit l’experiència de les respectives campanyes d’immunització i Espot ha volgut agrair a Sánchez el subministrament de vaccins de Pfizer. De fet, tots dos mandataris han volgut reiterar la defensa, ja feta el dimarts, que cal afavorir l’arribada de fàrmacs a tot el món.

Un altre punt vinculat a la pandèmia que s’ha posat sobre la taula és la implementació del certificat digital que ha de permetre els viatges segurs per tota Europa de cara a l’estiu. En aquest sentit, cal recordar que, des del Govern, es treballa perquè, de forma provisional, es trobi una solució perquè els ciutadans andorrans puguin accedir al document fins que la Unió Europea validi el sistema en el qual treballen el ministeri de Salut i el Servei d’Atenció Sanitària (SAAS).

Espot i Sánchez també han abordat l’estat de les negociacions amb la Unió Europea per tancar l’acord d’associació. En aquest sentit, el president espanyol ha refermat novament el ple suport del seu govern per assolir aquest conveni. El cap de Govern ha remarcat que la facilitat en les relacions a nivell polític i tècnic entre Espanya i Andorra participen activament per avançar en aquest procés.

Trobada amb el rei

En el marc de l’agenda bilateral, Espot també ha mantingut una reunió amb el rei espanyol, Felip VI. En ella s’ha aprofitat per fer balanç de la feina feta per Andorra al capdavant de la Cimera i, segons s’ha explicat des de l’executiu, el monarca ha volgut expressar les seves felicitacions pel “contingut  aportat en aquest fòrum internacional i per l’oportunitat de debatre aspectes rellevants en el context actual, com ara la recuperació després de la pandèmia”.

Tots dos han volgut celebrar el fet que, malgrat les dificultats provocades per la pandèmia, la cita comptarà amb una gran participació  i “un alt nivell”. Felip VI ha volgut destacar l’organització dels diferents actes i les facilitats per a la participació telemàtica.

Font: www.altaveu.com/

 

La Casa Blanca plantea al G-20 reformas para acorralar a los paraísos fiscales

Deshacer parte del legado de su predecesor es una vieja tradición de los presidentes de Estados Unidos, una empresa a la que Donald Trump, acérrimo detractor de Barack Obama, se entregó con especial empeño. También el demócrata Joe Biden ha dedicado muchas de sus primeras acciones en la Casa Blanca a derribar parte de las obras de su anterior inquilino. En el terreno de la fiscalidad, el nuevo presidente no se va a conformar simplemente con deshacer sus políticas.

Necesitado de ingresos para financiar su megaplan de infraestructuras, valorado en dos billones de dólares, lo que Biden trata de impulsar es un auténtico cambio de paradigma con efectos más allá de las fronteras de Estados Unidos.

“Las empresas ya no van a poder esconder sus ingresos en paraísos fiscales como las islas Caimán o las islas Bermudas”, aseguró Biden esta semana en una comparecencia en la Casa Blanca en la que defendió su propuesta para reformar la fiscalidad corporativa en Estados Unidos, un plan que ha extendido al G-20 con vistas a crear un tipo mínimo del impuesto de sociedades a escala global.

De resistirse a cualquier medida internacional que cuestionara la soberanía fiscal de los países, Washington ha pasado a proponer un cambio de potenciales efectos “sísmicos”, según Biden, en la forma en que operan las multinacionales.

Tributo suplementario

Biden: “Las empresas ya no van a poder esconder sus ingresos en paraísos fiscales”

Además de proponer subir del 21 al 28% el impuesto de sociedades en Estados Unidos, que era del 35% cuando Trump llegó al poder), y elevar del 10,5% al 21% el gravamen sobre los beneficios obtenidos en el extranjero, el plan de la Casa Blanca incluye una tasa mínima del 15% que se aplicaría a todos los beneficios incluidos en la declaración financiera a sus inversores, independientemente de donde tributen.

De sacar adelante el plan, las multinacionales se quedarían teóricamente sin incentivos para asignar parte de sus beneficios a paraísos fiscales o jurisdicciones con tipos especialmente bajos, como los citados por Biden o Irlanda, por ejemplo, que ofrece un 12,5% frente al 21% que se aplica de media en la Unión Europea.

Las empresas tecnológicas son las que más facilidades tienen para, simplemente sobre el papel, mover sus ingresos entre países en busca de la fiscalidad más ventajosa y gigantes como Amazon no pagan prácticamente ningún impuesto federal, denuncia la Casa Blanca.

El tipo del 15% pretende asegurar que las empresas “más agresivas” en su política para eludir impuestos “se vean forzadas a asumir obligaciones fiscales significativas”, afirma el Tesoro en un informe publicado esta semana. La propuesta es no obstante más modesta que la que Biden planteó en campaña. La tasa del 15% solamente se aplicaría a las empresas que declaran ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares, en lugar del umbral de 100 millones que el demócrata planteaba antes de llegar a la Casa Blanca.

Según cálculos del Tesoro, solo 45 compañías, en vez de 180, tendrían que pagar este suplemento tributario. Como contrapartida, las empresas podrían deducirse las inversiones que hagan en áreas como la investigación o las energías renovables, un reconocimiento según The Wall Street Journal de que el plan original habría afectado a su habilidad de invertir en estos sectores.

Una promesa de campaña

La propuesta del nuevo recargo fiscal afectaría a 45 grandes empresas, en lugar de a 180

La reforma fiscal “cambia los términos del juego”, defiende la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. “Estados Unidos competirá con su capacidad de producir trabajadores preparados, investigación puntera e infraestructuras, no tratando de tener impuestos más bajos que las islas Bermudas o Suiza. “Nuestra recaudación fiscal ya está al nivel más bajo en varias generaciones, si sigue cayendo vamos a tener aún menos dinero para invertir en carreteras, puentes, banda ancha e I+D”, insiste Yellen.

Para convencer a otros países de la necesidad de aceptar un tipo mínimo del impuesto de sociedades y poner fin a la “carrera fiscal a la baja” de las últimas décadas, el plan de la Casa Blanca incluye duros límites a las deducciones que las empresas con sedes en otros países pueden hacerse si estos no se suman al cambio.

La propuesta fue bien recibida por los miembros del G-20, que se han planteado llegar a un acuerdo en julio. Según los cálculos de Tax Foundation, el tipo medio del impuesto de sociedades a nivel mundial ha pasado del 40% en 1980 al 24% en el 2020.

Ofensiva global

El G-20 se ha propuesto pactar en julio un tipo mínimo del impuesto de sociedades

Aunque Jeff Bezos, el consejero delegado de Amazon, una de las empresas que peor parada sale en todos estos debates, ha sorprendido al mundo esta semana con su apoyo a la idea de una subida de los impuestos a las empresas para así financiar mejoras en infraestructuras, las grandes empresas norteamericanas han expresado su “firme rechazo” al plan.

“Los políticos deberían evitar crear nuevas barreras a la creación de empleo y el crecimiento económico, especialmente durante la recuperación”, ha dicho en un comunicado la organización Business Roundtable, que reúne a los presidentes ejecutivos de 181 de las mayores corporaciones de Estados Unidos, Apple, JPMorgan Chase y Amazon entre ellas.

La reforma fiscal permitiría a Estados Unidos ingresar dos billones de dólares adicionales durante los próximos 15 años. Aunque algunas de las propuestas de Biden podrán ser adoptadas, la mayoría precisa del apoyo del Congreso para salir adelante.

Las precarias mayorías de los demócratas obligan a la Casa Blanca a negociar y el presidente ha dicho esta semana que está dispuesto a hacerlo. “El debate es bienvenido. Los cambios son seguros” pero “la inacción no es una opción”.

«Definan infraestructuras»

“Si pudiéramos ponernos de acuerdo sobre la definición de la palabra infraestructuras (…) creo que podría haber una salida pero debe de ser financiada de forma creíble, no mediante una completa revisión del código fiscal del 2017”, ha dicho esta semana Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Congreso. Los conservadores reclaman al presidente Joe Biden que limite su plan de infraestructuras a proyectos tradicionales como carreteras, puentes y la banda ancha de internet y elimine otros que se dirigen a luchar contra el cambio climático o crear centros para mayores o guarderías. Tal y como está redactado, afirma McConnell, el plan es “un caballo de Troya” para subir impuestos y hacer dispendios innecesarios. Las reclamaciones republicanas coinciden con las de la patronal Business Roundtable, cuyo presidente, Josh Bolten, sostiene que el plan de Biden “volverá a convertirnos en el país menos competitivo del mundo desarrollado”. La Casa Blanca ha presentado el plan de infraestructuras, valorado en dos billones de dólares, como una forma de “reconstruir mejor” el país tras la pandemia y estimular la recuperación.

Fuente: La Vanguardia