El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado inválida la disposición de la Directiva antiblanqueo que establece que los Estados miembros deben garantizar información sobre la titularidad real de sus sociedades, por considerarla una injerencia grave en los derechos fundamentales.

El caso parte de la controversia creada a partir de una ley luxemburguesa de 2019 a través de la cual se establece un Registro de la Titularidad Real. La norma prevé que toda una serie de datos sobre los titulares reales de las entidades registradas deben inscribirse y conservarse en ese registro. Una parte de esa información está a disposición del público en general, en particular a través de Internet. Dicha ley también recoge la posibilidad de que un titular real solicite a Luxembourg Business Registers (LBR), autoridad gestora del Registro, que limite el acceso a esa información en determinados casos.

Una sociedad luxemburguesa y el titular real de la misma solicitaron a LBR que limitara el acceso del público en general a los datos que les afectan. El registro desoyó las peticiones, lo que llevó a los reclamantes a presentar sendas demandas ante el Tribunal de Distrito de Luxemburgo. En los escritos al tribunal se afirma que la divulgación de tales datos podía conllevar un riesgo desproporcionado de violación de los derechos fundamentales de los titulares reales afectados.

Ante la tesitura planteada, la corte luxemburguesa decidió plantear al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva antiblanqueo y sobre la validez de tales disposiciones en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, ha declarado la invalidez, a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales, de la disposición de la Directiva antiblanqueo que establece que los Estados miembros deberán garantizar que la información sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio esté en todos los casos a disposición de cualquier miembro del público en general.

Según el TJUE, el acceso del público en general a la información sobre la titularidad real constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales consagrados, respectivamente, en los artículos 7 y 8 de la citada carta de derechos. En la sentencia se recrimina que la información divulgada permite a un número potencialmente ilimitado de personas informarse sobre la situación material y económica de un titular real. Además, “las consecuencias que para las personas afectadas podrían derivarse de una posible utilización abusiva de sus datos personales se ven agravadas por el hecho de que esos datos, una vez puestos a disposición del público en general, no solo pueden ser libremente consultados, sino también conservados y difundidos”.

Destaca el TJUE que, mediante la Directiva de blanqueo, el legislador de la Unión pretende prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, creando, a través de una mayor transparencia, un entorno menos susceptible de ser utilizado con tales fines. Reconoce el tribunal que con esta medida se persigue un objetivo de interés general “que puede justificar injerencias, incluso graves, en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales y que el acceso del público en general a la información sobre la titularidad real es idóneo para contribuir a alcanzar ese objetivo”.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia aprecia que “la injerencia que conlleva esta medida no se limita a lo estrictamente necesario ni es proporcionada en relación con el objetivo perseguido”.

A este respecto, señala que “aparte del hecho de que las disposiciones controvertidas autorizan la puesta a disposición del público de datos que no están suficientemente definidos ni son identificables, el régimen introducido por la Directiva antiblanqueo representa un menoscabo considerablemente más grave de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta que el régimen anterior, que establecía, además del acceso de las autoridades competentes y de determinadas entidades, el de toda persona u organización que pudiera demostrar un interés legítimo, sin que esa mayor gravedad se compense con los eventuales beneficios que, en lo que atañe a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, podrían resultar del nuevo régimen en comparación con el antiguo”.

El TJUE subraya que la eventual existencia de dificultades para definir con precisión los supuestos y las condiciones en las que existe tal interés legítimo, invocadas por la Comisión, no puede justificar que el legislador de la Unión prevea el acceso del público en general a la información de que se trata.

El Tribunal de Justicia añade que supeditar la puesta a disposición de la información sobre la titularidad real a una inscripción en línea y prever, en determinadas circunstancias, excepciones al acceso del público, no asegura una ponderación equilibrada entre el objetivo de interés general y los derechos fundamentales.

Fuente: www.economistjurist.es

«Fue una decisión clara, una decisión libre, de todos los Estados miembros cuando deciden formar parte de la Unión», ha explicado tras la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos celebrada en Luxemburgo.

La Comisión Europea (CE) ha subrayado que la primacía del Derecho de la Unión Europea sobre las leyes de los Estados miembros no es una imposición de las instituciones comunitarias, sino una decisión «libre» de los países cuando optan por entrar en la UE.

La CE se ha expresado así tras la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que niega la primacía del Derecho comunitario sobre las leyes polacas, lo cual ha provocado un nuevo enfrentamiento entre Bruselas y Varsovia.

«Hay una primacía del Derecho de la UE, pero no solo sobre las leyes nacionales, sino también sobre las provisiones de las diferentes constituciones, y no fue una imposición de las instituciones europeas o de Bruselas, como hemos oído algunas veces», ha declarado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

«Fue una decisión clara, una decisión libre, de todos los Estados miembros cuando deciden formar parte de la Unión», ha continuado durante una rueda de prensa tras la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos celebrada en Luxemburgo.

Ha añadido que fue «una decisión nacional consentir los tratados y esos principios».

«Está muy claro que cuando hablamos de la primacía del Derecho de la UE es también con respecto a las provisiones de las constituciones en los diferentes Estados miembros, del mismo modo que cuando hablamos del carácter vinculante de los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un carácter vinculante sobre todas las autoridades nacionales, incluidos los tribunales constitucionales».

También ha explicado que el respeto del Estado de Derecho «no se puede dar por hecho, incluso en la UE».

Hoy mismo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, incrementó la tensión entre su Gobierno y la Comisión Europea en un bronco debate en el Parlamento Europeo.

Reynders ha dicho a los ministros y secretarios de Estado las opciones de Bruselas ante Polonia, incluida la posible activación del nuevo mecanismo para vincular el presupuesto con los valores del Estado de Derecho, que aún no se ha puesto en marcha.

Reynders recordó que Von der Leyen aseguró el 15 de septiembre en el discurso sobre el Estado de la Unión que el mecanismo se pondría en marcha «en las próximas semanas».

Preguntado por la sentencia que la corte comunitaria debe dictar sobre la legalidad del mecanismo, Reynders dijo que el tribunal podría comunicarla a finales de este año o principios del próximo.

Otras opciones de la Comisión son el lanzamiento de nuevos procedimientos de infracción, así como el artículo 7 de los tratados, que lleva varios años activado contra Polonia, pero estancado en su fase de diálogo y con escasas posibilidades de llegar a retirar a Varsovia su derecho a voto en el Consejo.

Reynders aseguró que hubo en la reunión de hoy «un muy grande apoyo» a la postura de la CE sobre el modo de seguir adelante «con la excepción de quizá uno o dos Estados miembros».

Aunque no los mencionó de forma explícita, Polonia y Hungría son los países que han planteado más desafíos al respeto del Estado de Derecho en la UE los últimos años.

Fuente: www.expansion.com

El pasado sábado los países del G7 alcanzaron un acuerdo histórico por el que se dio luz verde a las líneas maestras para la imposición de un impuesto de Sociedades global, poniendo en jaque a los paraísos fiscales. Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido aceptaron conjuntamente diez años después un gravamen mínimo del 15% para las grandes empresas, porcentaje que aumenta hasta el 20% en el caso de aquellas compañías cuyos beneficios superen un margen de ganancia mínimo de un 10%.

Pese a que la lista de las empresas que deberán tributar por esta parte de sus beneficios no está claro, nombres como los de las grandes tecnológicas Google, Facebook o Amazon han sido los primeros en salir a la palestra.

Además, este nuevo gravamen global se aplicará sobre los beneficios globales en los territorios donde operan y no solo en el país donde tengan su sede social, como ocurría hasta ahora. «Nos comprometemos a llegar a una solución equitativa sobre el reparto de los derechos de imposición, concediendo a los países del mercado derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes y rentables», señala el texto del acuerdo.