El TJUE rechaza la «golden visa»: la ciudadanía europea no puede comprarse

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dejado claro en una reciente sentencia que la ciudadanía de la Unión no puede ser fruto de una simple transacción económica. En una contundente resolución contra el régimen maltés de concesión de nacionalidad a cambio de inversiones, el alto tribunal recuerda que aunque los Estados miembros tienen competencia para determinar quién puede adquirir o perder la nacionalidad, esa potestad debe ejercerse en armonía con los principios y valores del Derecho comunitario.

En este sentido, el TJUE subraya que la nacionalidad de un Estado miembro –y, con ella, la ciudadanía de la Unión– debe basarse en un vínculo auténtico de solidaridad, lealtad y derechos recíprocos entre el individuo y el Estado. Convertir este vínculo en una operación puramente financiera socava la confianza mutua entre países y contraviene el principio de cooperación leal consagrado en los Tratados de la UE.

El régimen maltés permitía obtener la ciudadanía mediante una serie de pagos e inversiones que incluían una contribución al Estado de hasta 750.000 euros, la compra o alquiler de un bien inmueble, una donación a una entidad sin ánimo de lucro y un periodo de residencia relativamente breve. Este sistema también contemplaba el acceso a la nacionalidad para los familiares directos del solicitante, mediante pagos adicionales.

A juicio del Tribunal, este modelo equivale a “comercializar” la ciudadanía, desvirtuando su sentido esencial. La sentencia sostiene que la ciudadanía europea no puede convertirse en un producto disponible a cambio de dinero, especialmente en ausencia de un vínculo real entre el solicitante y el país en cuestión.

El fallo insiste en que este tipo de programas comprometen los intereses comunes de la Unión, al permitir que decisiones unilaterales de un Estado miembro afecten al conjunto del bloque. Además, generan inseguridad jurídica y amenazan el equilibrio de derechos y deberes que define la ciudadanía europea.

La sentencia marca un punto de inflexión en la política de “golden visas” y abre la puerta a un replanteamiento por parte de otros Estados miembros que mantienen mecanismos similares. Más allá del caso de Malta, el TJUE recuerda que los beneficios de pertenecer a la Unión Europea no pueden quedar en manos del mejor postor.