El Principado ha vuelto a subir el listón para quien quiere instalarse en Andorra sin ejercer actividad laboral. La Ley 2/2026, de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible —la conocida como Llei Òmnibus 2—, se aprobó en el Consell General el 22 de enero, se publicó en el BOPA el 12 de febrero y entró en vigor al día siguiente. Su efecto más comentado: el umbral de inversión para la residencia pasiva pasa a un millón de euros. Pero el detalle que de verdad debería hacer reflexionar a cualquier interesado no es la cifra en sí, sino cómo ha cambiado la naturaleza del compromiso financiero.
De un depósito recuperable a un pago sin vuelta atrás
Hasta esta reforma, la aportación de 50.000 euros ante la Autoritat Financera Andorrana (AFA) funcionaba como un depósito: si la persona abandonaba el país o no renovaba su autorización, recuperaba el dinero. Con la Llei Òmnibus 2, ese importe se convierte en un ingreso definitivo y no reembolsable —salvo en caso de denegación inicial de la solicitud—, que pasa directamente al ministerio de Finanzas.
Este cambio no es un matiz técnico menor. Significa que, a diferencia de antes, un planteamiento equivocado desde el principio —elegir mal la vía de inversión, no acreditar correctamente el origen de fondos, o iniciar un trámite sin tener resuelto de antemano el resto de requisitos— ya no tiene marcha atrás económica. El coste de improvisar ha subido tanto como el propio umbral de entrada.
Tres vías, y no todas encajan igual con cada perfil
La ley eleva el umbral general a 1.000.000 de euros en activos andorranos —instrumentos financieros autorizados o participaciones en sociedades—, mantiene una vía de 800.000 euros si la inversión se canaliza en vivienda, sujeta a nuevos valores mínimos por inmueble, y añade una tercera opción: 400.000 euros destinados al Fondo de Vivienda andorrano.
Tres caminos con implicaciones muy distintas en términos de liquidez, fiscalidad y planificación patrimonial a medio plazo. Qué vía conviene a un inversor concreto no es una decisión que deba tomarse a la ligera ni sin conocer en detalle su situación patrimonial y familiar.
Cambios que también alcanzan a quien ya trabaja por cuenta propia
La norma extiende el pago definitivo de 50.000 euros a la residencia y trabajo por cuenta propia, con una excepción reservada a empresas vinculadas a la economía digital, la innovación o el emprendimiento tecnológico. Distinguir si un proyecto encaja realmente en esa excepción —y cómo acreditarlo ante la administración— es, de nuevo, una cuestión que exige asesoramiento jurídico específico y no una lectura superficial de la ley.
A esto se suma la duplicación del impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria (IEI): del 3% al 6% en primera vivienda, y del 5% al 10% en segundas residencias o adquisiciones sucesivas por no residentes, un coste que conviene integrar en cualquier cálculo de rentabilidad desde el primer momento.
Por qué el asesoramiento pesa ahora más que antes
Con un régimen que se endurece cada pocos meses —esta es ya la segunda reforma en menos de un año— y donde los errores de planteamiento tienen un coste económico irreversible, la diferencia entre una solicitud bien construida y una mal planteada se ha vuelto mucho más cara. Desde S&M Advocats llevamos años acompañando a clientes en procesos de residencia, reagrupación familiar y traslado de actividad económica al Principado, y este es exactamente el tipo de reforma que aconseja sentarse con un profesional antes de comprometer capital: para elegir la vía correcta, anticipar los requisitos documentales y evitar que un paso mal dado se traduzca en un pago de 50.000 euros sin posibilidad de recuperarlo.
Si estás valorando trasladarte a Andorra o ya tienes un expediente en curso, conviene revisar tu caso con detalle antes de dar el siguiente paso.
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