La entidad tendrá que devolver 380.000€ más intereses

La sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a un preferentista de Banca Privada de Andorra (BPA) que llevó a la justicia la entidad por unas acciones que compró el julio del 2011. El Superior ha desestimado el recurso presentado por el banco, intervenido a raíz de la nota de la FinCEN de marzo del 2015, contra la decisión del Tribunal de Alcaldes de agosto del año pasado de estimar la demanda del preferentista, y dar lugar a la nulidad de los contratos de adquisición de las participaciones por carencia de información clara y suficiente y adaptada al perfil del demandante por unos importes de 300.000 y 80.000 euros. La sentencia condenaba a BPA a reintegrar la inversión enmendada, incrementada con el ineterés legal desde la fecha en la que se realizó este cargo, julio de 2011, y disminuida de las cantidades que por dividendos o intereses se hubieran cobrado.

BPA, a través del AREB, presentó en enero pasado un recurso a la sala civil del Tribunal Superior de Justicia contra esta decisión donde se pedía la revocación de la sentencia y que se desestimase íntegramente la demanda interpuesta por el preferentista.

Los magistrados, para desestimar el recurso y confirmar la sentencia de la Batllia, recuerdan que el objeto esencial se centra en saber si la entidad defendiendo incurrió en alguna negligencia informativa respecto al producto que ofreció a su cliente antes de su contratación. La sentencia señala que no se trataba de un cliente profesional, que no se sabe que información recibió de BPA porque ni se ha propuesto la prueba e confesión ni se ha escuchado como testimonio a ningún empleado de la entidad, que no se le hizo ningún test de adecuación y que a pesar que le hicieron dos de idoneidad, el banco no tubo en cuenta que el cliente indicó que buscaba un horizonte temporal de liquidez de 1 a 3 años, que quería obtener alguna rentabilidad aunque asumiera algún tipo de riesgo, que tenía estudios medios y que no tenía, ni tiene una profesión vinculada al sistema financiero, asegurador o similar en el último año.

Recuerdan, en el momento de valorar la prueba, «que esta sala ha establecido una doctrina, contenida en varias sentencias, según la cual el deber de información y comunicación que corresponde a las entidades financieras hacia sus clientes, aun no estar previsto explícitamente en el contrato, se justifica en el deber de buena fe o de equidad. Esto significa que «hacia falta dejar constancia de los riesgos de las acciones preferentes que son especialmente elevados porque ponen en riesgo el capital invertido, algo que aleja a los inversores conservadores». de haberlo hecho, se «tenía que dejar constancia escrito»

 

Fuente: DiariAndorra

 

 

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