La ‘Big Four’ irá a juicio por el Banco Popular justo cuando Ana Botín ultima el concurso de Auditoría del Banco Santander

El procesamiento de PwC en el juicio por la ampliación de capital llevada a cabo por el Banco Popular hace ocho años amenaza con trastocar la posición competitiva de la Big Four que preside Gonzalo Sánchez en el llamado contrato del siglo que el Banco Santander está gestionando en la actualidad con vistas a la provisión de sus servicios de auditoría externa durante los próximos diez años. Se da la circunstancia de que PwC es el actual auditor del primer banco del país y su relación mercantil a tal efecto con la entidad cántabra vence a finales de 2025.

La ley de Auditoría que entró en vigor en 2016 tras su aprobación un año antes a instancias del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, determinaba como principal novedad la necesidad de que las entidades de interés público (EIP) cambiasen obligatoriamente de auditor cada diez años. En el caso del Santander el contrato con PwC data de 2016 por lo que el banco tendría que buscar ahora un nuevo proveedor entre algunas de las otras tres grandes marcas del sector, como son Deloitte, KPMG y EY.

Este requisito que exigía el cambio de auditor quedó sin efecto el pasado año cuando el Gobierno de Pedro Sánchez propició la aprobación de una enmienda promovida por los grupos parlamentarios del PNV y del PDeCat a la citada normativa. De acuerdo con la modificación legal introducida en el Parlamento se habilitaba la opción de que cualquier empresa pudiera renovar el contrato con su auditor histórico aunque hubiera alcanzado los célebres diez años ininterrumpidos de servicios. Como contrapunto a esta medida, que alteraba plenamente el espíritu de la normativa original, la enmienda exigía la puesta en marcha de un nuevo concurso al que podrían presentarse sin exclusión cualquiera de los grandes proveedores de auditoría.

Bajo estas nuevas condiciones, tal y como sucede en la práctica totalidad del Ibex, el Banco Santander ha emprendido el proceso de contratación para los próximos diez años a contar desde el ejercicio de 2026 en adelante. El concurso es de largo el premio gordo de todo el negocio de auditoría en España, máxime teniendo en cuenta el amplio perímetro internacional de la entidad que preside Ana Botín con presencia en los grandes países del mundo desarrollado además de España, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil.

Premio gordo de 1.300 millones
De acuerdo con los propios datos del Banco Santander el gasto anual destinado a labores de auditoría se sitúa en 130 millones de euros, por lo que el beneficiario del contrato asegurará una cartera de ingresos de 1.300 millones. Hasta ahora la candidatura de PwC se consideraba como la favorita para cualquier analista avezado en el mercado, máxime teniendo en cuenta los imponderables políticos que rodearon el cambio de la normativa original. Para cualquier sociedad que contrata sus acciones en bolsa es siempre engorroso un cambio de auditor y es lógico que los gestores de las grandes compañías prefieran trabajar con proveedores conocidos que, además, están más familiarizados con las prácticas contables de las sociedades que vienen auditando durante años.

El contrato del siglo está ahora en plena ebullición y precisamente las cuatro grandes empresas de auditoría ultiman en estas semanas las presentaciones de sus propuestas comerciales ante los responsables de auditoría del Banco Santander. Está previsto que la resolución del concurso no se dilate más allá de los próximos dos a tres meses pero en el camino, que parecía despejado para PwC, ha surgido un imponderable que hasta ahora venía siendo manejado como una contingencia futura y que en este momento se ha convertido en un obstáculo real y que puede resultar determinante.

El auto judicial hecho público este lunes por la Audiencia Nacional sobre la ampliación de capital que realizó el Banco Popular en 2016 ha afectado de lleno a PwC. La firma y dos de sus socios tendrán que sentarse en el banquillo en una causa que, sin perjuicio de sus consecuencias judiciales, tiene también su repercusión en el sistema financiero y pone en cuestión el papel del auditor. Es de presumir que el concurso del Banco Santander seguirá su proceso y que la capacitación técnica acreditada en España por PwC no se verá afectada, pero eso no significa que los más altos responsables de la entidad financiera sean totalmente indiferentes al nuevo procedimiento judicial. No se olvide que el Banco Popular fue finalmente transferido por un euro al Banco Santander después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera su inviabilidad.

La situación derivada de todos estos hechos abre ahora las opciones de los otros tres rivales en liza. Ninguno de ellos ha querido tirar la toalla frente a la presumible ventaja de PwC y ahora tienen una expectativa claramente muy superior para hacerse con el contrato. Aunque la firma de Gonzalo Sánchez siga con su cartel de favorita tanto Deloitte como KPMG cuentan con unas posibilidades que parecían remotas. Lo mismo se puede decir de EY si bien esta ‘Big Four’ cuenta con el hándicap que supone ser el auditor del BBVA. Nada impide que el Santander contrate a la firma que trabaja para su principal competidor en España pero eso es algo que debe decidir personalmente Ana Botín.

Fuente: https://theobjective.com/

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