- Xavier Espot sostiene que la intervención del mercado reduce los incentivos para construir nuevas viviendas
- El acuerdo de asociación con la Unión Europea se encuentra en su última fase de tramitación
- El jefe del Gobierno andorrano rechaza fijar un límite rígido al crecimiento demográfico
Andorra ha decidido cambiar el rumbo de su política de vivienda. Después de mantener congelados los alquileres desde 2020, el Principado ha aprobado una ley que permitirá retirar progresivamente parte de las restricciones aplicadas a los contratos.
La medida contrasta con la estrategia seguida por España, donde el control de los precios se ha convertido en uno de los principales instrumentos del Gobierno para tratar de contener la crisis habitacional.
Durante su intervención en la Trobada Empresarial al Pirineu, celebrada en La Seu d’Urgell, el jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, defendió que una regulación demasiado intensa puede reducir la oferta disponible. A su juicio, intervenir el mercado del alquiler desanima tanto a propietarios como a promotores y limita la construcción de nuevas viviendas.
Espot se mostró partidario de aplicar medidas selectivas, equilibradas y alejadas de planteamientos dogmáticos. También rechazó atribuir el problema de la vivienda exclusivamente al crecimiento económico y demográfico del país.
Como ejemplo, explicó que en el año 2000 residían una media de 2,5 personas en cada vivienda andorrana, mientras que actualmente esa cifra se sitúa en torno a 1,5. Este cambio en la composición de los hogares implica, según el dirigente, que incluso con una población estable el Principado necesitaría muchas más viviendas que hace dos décadas.
Retirada gradual de las restricciones
La nueva normativa establece que la liberalización de los contratos se llevará a cabo de manera escalonada entre 2027 y 2030. Durante ese periodo se eliminarán progresivamente las prórrogas obligatorias introducidas a raíz de la pandemia.
La reforma no supone, sin embargo, una liberalización completa. Las revisiones de las rentas continuarán sometidas a límites y los incrementos máximos anuales estarán vinculados al índice de precios de consumo. La ley permitirá asimismo actualizar los contratos con rentas más bajas, aunque dentro de los márgenes establecidos.
El texto incorpora además una medida destinada a evitar que los propietarios desalojen a sus inquilinos para elevar inmediatamente el precio. Cuando una vivienda se alquile a un nuevo residente, la renta deberá mantenerse inicialmente en el mismo nivel que pagaba el ocupante anterior.
Una economía todavía concentrada en sectores tradicionales
Espot, que cumple su segundo mandato —el máximo permitido por la legislación andorrana—, reconoció también que la transformación del modelo productivo continúa siendo una asignatura pendiente.
Pese a los intentos de diversificación impulsados durante los últimos años, el comercio, el turismo, la construcción y la banca conservan un peso dominante en la economía del país.
El jefe del Gobierno considera necesario atraer y desarrollar nuevas actividades que permitan compatibilizar la prosperidad económica con un crecimiento moderado de la población y la conservación de los recursos naturales. En todo caso, defendió que resulta preferible afrontar los desequilibrios derivados del crecimiento que gestionar las consecuencias de una crisis económica.
Rechazo a los límites rígidos de población
En materia demográfica, Espot se mostró crítico con la propuesta debatida en Suiza para limitar la población del país a diez millones de habitantes.
El mandatario calificó ese planteamiento de simplista y cuestionó que se establezca una cifra cerrada sin atender a las circunstancias económicas y sociales. Aunque reconoció que el crecimiento debe gestionarse y puede requerir límites, insistió en que estos deben diseñarse de manera específica y proporcionada.
El acuerdo con la Unión Europea entra en su recta final
Espot también se refirió al acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea. Según explicó, el contenido del pacto ya está cerrado y únicamente resta completar la última fase de su tramitación.
El documento deberá recibir el respaldo unánime del Consejo Europeo antes de su firma. El Gobierno andorrano confía en que se produzcan avances decisivos durante las próximas semanas, aunque Espot admitió que el Principado lleva cerca de un año y medio esperando y que su expediente no figura entre las máximas prioridades de la Unión.
Una vez obtenido el visto bueno europeo, el acuerdo tendrá que someterse a referéndum en Andorra. Todavía no existe una fecha para la consulta y Espot no descartó que se celebre después de que termine su mandato, previsto para abril de 2027.
El dirigente defendió la amplitud del pacto y aseguró que podría convertirse en una referencia para las futuras relaciones entre la Unión Europea y otros países. Según Espot, el acuerdo abarca más materias que los suscritos con Noruega y Liechtenstein.
Frente a quienes sostienen que un futuro Ejecutivo podría renegociar sus condiciones, el jefe del Gobierno expresó sus dudas sobre la posibilidad de reabrir unas negociaciones tan complejas con el objetivo de obtener un resultado mejor.
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