La Casa Blanca plantea al G-20 reformas para acorralar a los paraísos fiscales

Deshacer parte del legado de su predecesor es una vieja tradición de los presidentes de Estados Unidos, una empresa a la que Donald Trump, acérrimo detractor de Barack Obama, se entregó con especial empeño. También el demócrata Joe Biden ha dedicado muchas de sus primeras acciones en la Casa Blanca a derribar parte de las obras de su anterior inquilino. En el terreno de la fiscalidad, el nuevo presidente no se va a conformar simplemente con deshacer sus políticas.

Necesitado de ingresos para financiar su megaplan de infraestructuras, valorado en dos billones de dólares, lo que Biden trata de impulsar es un auténtico cambio de paradigma con efectos más allá de las fronteras de Estados Unidos.

“Las empresas ya no van a poder esconder sus ingresos en paraísos fiscales como las islas Caimán o las islas Bermudas”, aseguró Biden esta semana en una comparecencia en la Casa Blanca en la que defendió su propuesta para reformar la fiscalidad corporativa en Estados Unidos, un plan que ha extendido al G-20 con vistas a crear un tipo mínimo del impuesto de sociedades a escala global.

De resistirse a cualquier medida internacional que cuestionara la soberanía fiscal de los países, Washington ha pasado a proponer un cambio de potenciales efectos “sísmicos”, según Biden, en la forma en que operan las multinacionales.

Tributo suplementario

Biden: “Las empresas ya no van a poder esconder sus ingresos en paraísos fiscales”

Además de proponer subir del 21 al 28% el impuesto de sociedades en Estados Unidos, que era del 35% cuando Trump llegó al poder), y elevar del 10,5% al 21% el gravamen sobre los beneficios obtenidos en el extranjero, el plan de la Casa Blanca incluye una tasa mínima del 15% que se aplicaría a todos los beneficios incluidos en la declaración financiera a sus inversores, independientemente de donde tributen.

De sacar adelante el plan, las multinacionales se quedarían teóricamente sin incentivos para asignar parte de sus beneficios a paraísos fiscales o jurisdicciones con tipos especialmente bajos, como los citados por Biden o Irlanda, por ejemplo, que ofrece un 12,5% frente al 21% que se aplica de media en la Unión Europea.

Las empresas tecnológicas son las que más facilidades tienen para, simplemente sobre el papel, mover sus ingresos entre países en busca de la fiscalidad más ventajosa y gigantes como Amazon no pagan prácticamente ningún impuesto federal, denuncia la Casa Blanca.

El tipo del 15% pretende asegurar que las empresas “más agresivas” en su política para eludir impuestos “se vean forzadas a asumir obligaciones fiscales significativas”, afirma el Tesoro en un informe publicado esta semana. La propuesta es no obstante más modesta que la que Biden planteó en campaña. La tasa del 15% solamente se aplicaría a las empresas que declaran ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares, en lugar del umbral de 100 millones que el demócrata planteaba antes de llegar a la Casa Blanca.

Según cálculos del Tesoro, solo 45 compañías, en vez de 180, tendrían que pagar este suplemento tributario. Como contrapartida, las empresas podrían deducirse las inversiones que hagan en áreas como la investigación o las energías renovables, un reconocimiento según The Wall Street Journal de que el plan original habría afectado a su habilidad de invertir en estos sectores.

Una promesa de campaña

La propuesta del nuevo recargo fiscal afectaría a 45 grandes empresas, en lugar de a 180

La reforma fiscal “cambia los términos del juego”, defiende la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. “Estados Unidos competirá con su capacidad de producir trabajadores preparados, investigación puntera e infraestructuras, no tratando de tener impuestos más bajos que las islas Bermudas o Suiza. “Nuestra recaudación fiscal ya está al nivel más bajo en varias generaciones, si sigue cayendo vamos a tener aún menos dinero para invertir en carreteras, puentes, banda ancha e I+D”, insiste Yellen.

Para convencer a otros países de la necesidad de aceptar un tipo mínimo del impuesto de sociedades y poner fin a la “carrera fiscal a la baja” de las últimas décadas, el plan de la Casa Blanca incluye duros límites a las deducciones que las empresas con sedes en otros países pueden hacerse si estos no se suman al cambio.

La propuesta fue bien recibida por los miembros del G-20, que se han planteado llegar a un acuerdo en julio. Según los cálculos de Tax Foundation, el tipo medio del impuesto de sociedades a nivel mundial ha pasado del 40% en 1980 al 24% en el 2020.

Ofensiva global

El G-20 se ha propuesto pactar en julio un tipo mínimo del impuesto de sociedades

Aunque Jeff Bezos, el consejero delegado de Amazon, una de las empresas que peor parada sale en todos estos debates, ha sorprendido al mundo esta semana con su apoyo a la idea de una subida de los impuestos a las empresas para así financiar mejoras en infraestructuras, las grandes empresas norteamericanas han expresado su “firme rechazo” al plan.

“Los políticos deberían evitar crear nuevas barreras a la creación de empleo y el crecimiento económico, especialmente durante la recuperación”, ha dicho en un comunicado la organización Business Roundtable, que reúne a los presidentes ejecutivos de 181 de las mayores corporaciones de Estados Unidos, Apple, JPMorgan Chase y Amazon entre ellas.

La reforma fiscal permitiría a Estados Unidos ingresar dos billones de dólares adicionales durante los próximos 15 años. Aunque algunas de las propuestas de Biden podrán ser adoptadas, la mayoría precisa del apoyo del Congreso para salir adelante.

Las precarias mayorías de los demócratas obligan a la Casa Blanca a negociar y el presidente ha dicho esta semana que está dispuesto a hacerlo. “El debate es bienvenido. Los cambios son seguros” pero “la inacción no es una opción”.

«Definan infraestructuras»

“Si pudiéramos ponernos de acuerdo sobre la definición de la palabra infraestructuras (…) creo que podría haber una salida pero debe de ser financiada de forma creíble, no mediante una completa revisión del código fiscal del 2017”, ha dicho esta semana Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Congreso. Los conservadores reclaman al presidente Joe Biden que limite su plan de infraestructuras a proyectos tradicionales como carreteras, puentes y la banda ancha de internet y elimine otros que se dirigen a luchar contra el cambio climático o crear centros para mayores o guarderías. Tal y como está redactado, afirma McConnell, el plan es “un caballo de Troya” para subir impuestos y hacer dispendios innecesarios. Las reclamaciones republicanas coinciden con las de la patronal Business Roundtable, cuyo presidente, Josh Bolten, sostiene que el plan de Biden “volverá a convertirnos en el país menos competitivo del mundo desarrollado”. La Casa Blanca ha presentado el plan de infraestructuras, valorado en dos billones de dólares, como una forma de “reconstruir mejor” el país tras la pandemia y estimular la recuperación.

Fuente: La Vanguardia

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