El Principado de Andorra ha reformado su ley migratoria, lo que cambiará de forma significativa las condiciones para quienes deseen mudarse al país, especialmente creadores de contenido y otros perfiles de alta renta. Antes conocido como un destino fiscal atractivo para influencers españoles y nómadas digitales, el Parlamento andorrano aprobó el 22 de enero una normativa más estricta para residir legalmente en su territorio.
Hasta ahora, el sistema permitía a nuevos residentes presentar un depósito reembolsable de 50.000 € ante la autoridad financiera, que podía recuperarse si se dejaba el país. Con la reforma, ese pago pasa a ser una contribución definitiva al Estado, sin posibilidad de devolución. Además, por cada familiar a cargo se añadirá un coste adicional de 12.000 €.
La normativa endurece también los requisitos de inversión. Quienes busquen la llamada “residencia pasiva” tendrán que demostrar ahora una inversión mínima de 1 millón de euros en activos en Andorra, o bien destinar 800.000 € a inmuebles. Existe una alternativa algo más asequible a través de un Fondo de Vivienda con un mínimo de 400.000 €, enfocada a incentivar la inversión en el mercado inmobiliario local.
Estos cambios se complementan con nuevas obligaciones sobre el tiempo de estancia mínima en el país (al menos 183 días al año) y reglas más estrictas para residencias temporales y permisos de trabajo. Solo ciertos perfiles de “interés especial” —como deportistas de élite o científicos destacados— seguirán con el régimen anterior.
El objetivo del Gobierno con estas modificaciones es avanzar hacia un modelo migratorio más exigente, ordenado y sostenible para Andorra, aunque no han faltado críticas de partidos como el Socialdemócrata y Concórdia, que votaron en contra de la reforma
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